Sep 1 2013
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CulturaPol铆tica

Extraordinario debate en la Corte Suprema argentina sobre la ley audiovisual

El extraordinario debate sobre la ley audiovisual convocado por la Corte Suprema muestra un rasgo de madurez de la democracia argentina, que en diciembre cumplir谩 30 a帽os. Fue un paso gigantesco hacia la transparencia y expuso con nitidez el contraste entre la defensa de un inter茅s econ贸mico y los derechos de la sociedad. Aunque el gobierno no siempre lo advierta, la Corte sigue siendo uno de los grandes activos de este per铆odo.

Durante dos ma帽anas y con un cronograma de precisi贸n escandinava, que s贸lo contempl贸 un cuarto intermedio de quince minutos, la Corte Suprema de Justicia escuch贸 todos los argumentos posibles a favor y en contra de la plena vigencia de la ley audiovisual. Lo sucedido constituye un paso gigantesco hacia la transparencia en el debate p煤blico sobre cuestiones de inter茅s general.

La apreciable diferencia en el desempe帽o de los equipos de abogados y especialistas presentados por el Grupo Clar铆n y por el Estado Nacional, y de los respectivos amigos del tribunal que apoyaron las posiciones de cada uno, conspira contra las pretensiones del multimedios, que hizo girar su posici贸n sobre la menor rentabilidad que obtendr铆a si cumpliera con la ley, pero no atin贸 a fundamentar de qu茅 modo esto afectar铆a su libertad de expresi贸n. La m谩s afamada de sus defensoras no vacil贸 en decir que s贸lo el Grupo Clar铆n pod铆a hacer periodismo de investigaci贸n cr铆tico del gobierno, por la escala monumental de sus negocios.

Frente a esta visi贸n mercantilista, justificada en una posici贸n liberal conservadora sobre la autonom铆a de la empresa que no admite l铆mite alguno, la representaci贸n del inter茅s p煤blico opuso una concepci贸n estructural m谩s propia de este siglo, que incluy贸 el derecho de todos a expresarse, el de la sociedad a recibir informaci贸n de fuentes plurales y diversas, y la obligaci贸n del Estado de intervenir para asegurarlo. Una contradicci贸n dif铆cil de salvar apareci贸 en la descoordinada defensa del Grupo Clar铆n. Por un lado sostuvo que la concentraci贸n que ha conseguido en los 68 a帽os de vida que cumpli贸 el primer d铆a de la audiencia no excede del 40 por ciento del mercado audiovisual.

Por otro, insisti贸 en que si se atuviera al tope del 35 por ciento fijado por la ley desaparecer铆a la 煤nica voz cr铆tica que existe en el pa铆s. Ni intent贸 explicar por qu茅 la diferencia entre democracia y dictadura depender铆a del control de ese 5 por ciento del mercado. Se ahorr贸 una ridiculez adicional, aunque no parecer铆a que haya satisfecho as铆 la curiosidad de la Corte. Mientras circulan inevitables y contradictorias versiones acerca de cu谩ndo y c贸mo votar谩n los jueces supremos, la argumentaci贸n vertida a lo largo de siete horas en las que pocas cosas quedaron sin decirse no s贸lo contribuye a ilustrar a los magistrados sino tambi茅n al resto de la sociedad, destinataria de la ley cuya aplicaci贸n fue frenada por medidas cautelares interpuestas en distintos lugares por el mayor grupo de medios del pa铆s. La razonabilidad de ese techo del 35 por ciento se hizo evidente para todos.

Un equipoarg corte-suprema

Un aspecto llamativo de la audiencia fue el desnivel entre los equipos enfrentados. Es probable que esto no se deba s贸lo a la calidad de los profesionales de cada uno, sino a la mejor preparaci贸n para la audiencia y a la 铆ndole de los valores que cada uno expresaba. El mi茅rcoles, la Corte escuch贸 a los amicus curiae y no hizo preguntas. Con las partes actu贸 a la inversa: el grueso de la audiencia se dedic贸 a la presentaci贸n de preguntas pertinentes e inc贸modas que el conjunto de los jueces hab铆a preparado sin previo aviso para las partes, que reci茅n al final tuvieron diez minutos para una declaraci贸n de cierre.

El presidente Ricardo Lorenzetti ejerci贸 en forma impecable su autoridad. Confeccion贸 un cuestionario incisivo hurgando en los puntos d茅biles de cada uno. Supo repreguntar, interrumpi贸 a quienes se iban por las ramas de la ret贸rica y siempre manej贸 la situaci贸n con seguridad. Cuando uno de los abogados de Clar铆n insist铆a en la rentabilidad econ贸mica como fundamento de la libertad de expresi贸n, Lorenzetti le explic贸 que la pregunta versaba sobre la sustentabilidad, en las condiciones actuales del mercado y en caso de aplicarse la ley, y su relaci贸n con la libertad de expresi贸n protegida por la Constituci贸n. Esa pregunta crucial qued贸 sin respuesta clara. La firmeza del juez era proporcional a las vacilaciones de la parte.

Una ra铆z del problema fue que el Grupo Clar铆n present贸 a tres oradores sin establecer un orden de jerarqu铆a entre ellos. Su integrante m谩s notorio, por el llameante pelo rojo, es el abogado junior del estudio S谩enz Valiente, Dami谩n Fabio Cassino, de 44 a帽os, nacido en Chivilcoy, igual que el CEO del Grupo, H茅ctor Magnetto. Muy amigo de Pablo Casey, a quien en Chivilcoy llaman El Cachila, hijo de Alicia Magnetto, la hermana Chita, ambos ingresaron juntos al estudio S谩enz Valiente. Cassino desarroll贸 as铆 una relaci贸n propia con el t铆o del Cachila Casey: ha sido abogado personal de Magnetto en diversas causas y lleg贸 a integrar como suplente el directorio del Grupo.

El terceto se complet贸 con los conocidos constitucionalistas Alejandro Carri贸 y Mar铆a Ang茅lica Gelli. Pero como el tribunal conoce bien el derecho aplicable, se interes贸 por conocer c贸mo relacionan las partes los hechos de la causa con aquellos principios generales. En consecuencia, la voz cantante fue la de Cassino, especialista en defensa de la competencia y concentraci贸n econ贸mica, pero no muy fascinante expositor, quien durante toda la audiencia mostr贸 un marcado rictus hep谩tico.

Las espor谩dicas intervenciones de Gelli eran m谩s pertinentes, pero tambi茅n ella recal贸 en un discurso pol铆tico, sobre la distribuci贸n de publicidad oficial y un supuesto cepo publicitario privado que dar铆an ventajas a los competidores de su cliente y termin贸 sugiriendo que el Estado subsidiara otras voces para que pudieran subsistir en el impenetrable coto de caza del gigante. Por la misma raz贸n, fue casi nula la actividad en el equipo contrario del constitucionalista Eduardo Barcesat, a quien Lorenzetti interrumpi贸 antes de que terminara de carretear porque no se ce帽铆a a la pregunta formulada. Carri贸, quien tambi茅n es penalista, mostr贸 su conocimiento de los tratados y decisiones del sistema interamericano de protecci贸n de los derechos humanos y de los fallos de la Corte argentina sobre libertad de expresi贸n, pero fue perdiendo relevancia ante cada pregunta.

Cassino machac贸 sobre el monotema del Grupo Clar铆n, que es su rentabilidad. Lleg贸 a decir que el Grupo no podr铆a subsistir en un entorno competitivo. En el cierre de la parte estatal le respondi贸 Mart铆n Sabbatella: si esto fuera as铆, el resto de los prestadores que presentaron sus propuestas de adecuaci贸n a la ley tendr铆an vocaci贸n suicida. M谩s s贸lida en apoyo del Grupo hab铆a sido el mi茅rcoles la intervenci贸n como amicus curiae de Eduardo Oteiza, profesor de la Universidad de Palermo que en 2010 sucedi贸 como presidente de la Asociaci贸n por los Derechos Civiles a Carri贸, cuya defensa de los hijos de la directora de Clar铆n provoc贸 una crisis interna por la que debi贸 dejar el liderazgo de esa ONG que hab铆a fundado. arg clarin

Oteiza expuso sobre la regulaci贸n del cable en los Estados Unidos como representante de las Asociaciones de Empresas de Televisi贸n Pagada para Iberoam茅rica, con precisiones que luego refut贸 muy bien el directivo del CELS Dami谩n Loreti, quien descaliffic贸 la aplicaci贸n autom谩tica a la Argentina de fallos de tribunales estadounidenses dado el distinto entorno. All铆 no se justifican los topes que fija la ley argentina por la sobreoferta de alternativas en un mercado con m煤ltiples actores: empresas satelitales y telef贸nicas, televisi贸n digital terrestre, que brindan quinientas opciones al p煤blico.

Tambi茅n intervinieron por Clar铆n dos funcionarios de Defensa de la Competencia con los presidentes Ra煤l Alfons铆n y Fernando De la R煤a, el disc铆pulo de Carlos Nino Gabriel Bouzat y el economista Carlos Winograd. Durante el seminario que este a帽o organiz贸 en Manhattan la Universidad de Columbia, Winograd aleg贸 a favor de Clar铆n, presentado como 鈥渆xperto independiente鈥, pese a que hab铆a asesorado en la fusi贸n de Cablevisi贸n y Multicanal. Acaso porque desde hace a帽os ense帽a y pasa buena parte del a帽o en Francia e Inglaterra, fue el m谩s sincero expositor del Grupo. Brind贸 as铆 s贸lidos argumentos a favor de la posici贸n oficial.

Seg煤n Winograd, la pericia contable estableci贸 que de contraerse la oferta del Grupo, Clar铆n no podr铆a afrontar el pago de su deuda externa. Es la misma discusi贸n que se plante贸 a la salida de la convertibilidad con las prestadoras de servicios p煤blicos a las que no se les permiti贸 aumentar tarifas. En la mayor铆a de los casos se demostr贸 que su endeudamiento no fue invertido en la prestaci贸n del servicio concesionado, sino para financiar fuga de divisas mientras incumpl铆an con planes de inversi贸n.

Para Winograd, el modelo de econom铆a de escala y producci贸n masiva que practica su contratante s贸lo puede subsistir agrediendo a los competidores. Esta tendencia al monopolio, que seg煤n varias exposiciones de la parte contraria y algunos amicus (Miguel Rodr铆guez Villafa帽e por las cooperativas, la excelente expositora Cynthia Ottaviano como Defensora del P煤blico) se concret贸 con pr谩cticas predatorias, fue una de las razones para la sanci贸n de la ley.

Ante una pregunta, los desconcertados lawyers del Grupo Clar铆n 鈥渟e pelean por no responder鈥, twite贸 desde La Pampa el joven constitucionalista Gustavo Arballo, quien vio la audiencia por Internet, otra saludable innovaci贸n de la Corte, mientras los medios del Grupo la cubrieron de modo incompleto y selectivo. Vistos los resultados, es incomprensible que el Grupo Clar铆n haya dejado en el banco de los suplentes a Mar铆a de los Milagros P谩ez, experta en comunicaciones del estudio S谩enz Valiente, quien estaba registrada para exponer y a quien Lorenzetti no hubiera podido vapulear.

Otro que deber铆a devolver la plata que cobr贸 es el semi贸logo Eliseo Ver贸n, quien est谩 m谩s para jugar a las bochas en el pueblito italiano de Monte Cerignone, donde compr贸 una parroquia vac铆a frente al convento de Umberto Eco. En el otro extremo, el joven Lucas Grossman, profesor de San Andr茅s, intent贸 descalificar el informe de 2004 de la Relator铆a para la Libertad de expresi贸n, afirmando que hab铆a sido redactado por un pasante. Ignor贸 as铆 que ese trabajo (que postul贸 la necesidad de regular los medios, porque la excesiva concentraci贸n que tiende al oligopolio o el monopolio amenaza en forma indirecta la libertad de expresi贸n) fue realizado bajo la supervisi贸n del ex Relator Eduardo Bertoni, aprobado por la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de la OEA, con lo cual pas贸 a ser una de las fuentes obligatorias de derecho argentino reconocidas por la Corte Suprema en el reciente fallo Carranza.

Vamos las chicas

El equipo estatal fue encabezado por Graciana Pe帽afort, una joven abogada de 36 a帽os, la persona m谩s joven que subi贸 al estrado. Junto con la Procuradora General Alejandra Gils Carb贸, la Procuradora del Tesoro Angelina Abbona y las juezas de la Corte Elena Highton y Carmen Argibay, ejemplifica el rol sobresaliente que en el actual gobierno han asumido las mujeres. Graciana fue una de las redactoras de la ley y desde el ex Comfer y la Afsca intervino en todos los expedientes iniciados en su aplicaci贸n.

En 2011, cuando Gabriel Mariotto dej贸 el cargo con la misi贸n de imponer la comunicacion popular2autoridad regulatoria sobre el gobernador bonaerense Daniel Scioli, Pe帽afort fue desplazada de la Afsca por la conducci贸n bic茅fala que lo sucedi贸. Acompa帽贸 un tiempo a Mariotto en la Legislatura, hasta que recal贸 como directora de jur铆dicos del ministro de Defensa Agust铆n Rossi. El efecto de su inesperada irrupci贸n fue espectacular, en pocos minutos naci贸 una estrella.

Abbona tuvo la inteligencia de conferirle la jefatura del equipo, pasando por alto aquellos enojosos episodios, que hirvieron en las redes sociales a medida que Graciana ocupaba el centro de la escena con una contundencia 煤nica. Sin un solo papel, respondi贸 con exactitud a cada pregunta, con citas precisas de la ley actual y de la anterior, y decidi贸 sobre la marcha qui茅n responder铆a cada cosa.

Adem谩s fue concisa y mostr贸 una gran capacidad para construir cada frase con econom铆a y claridad, las mismas caracter铆sticas que el d铆a anterior mostr贸 V铆ctor Abramovich, amicus curiae por la Universidad de Lan煤s. La secund贸, como mejor pudo, el hombre de confianza de Mart铆n Sabbatella en Mor贸n y la Afsca, Daniel Larrache; con buena comprensi贸n de lo que se discut铆a y d贸nde estaba, el economista Horacio Am铆lcar Seillant, y con algunos pincelazos otro buen conocedor de la ley, Pablo Wisnia.

Graciana s贸lo se alej贸 de la perfecci贸n ante las pregunta siete y diez. La primera, sobre el riesgo de que la desinversi贸n afectara las fuentes de trabajo. Respondi贸 que los sindicatos participaron en la elaboraci贸n de la ley, que estableci贸 una protecci贸n espec铆fica con respeto por las incumbencias profesionales. No sab铆a, porque ya la hab铆an ido, que adem谩s la Afsca y el sindicato de televisi贸n firmaron en noviembre de 2012 un convenio protocolizado por el Ministerio de Trabajo que garantiza las fuentes de trabajo y las condiciones convencionales como requisito para aceptar las transferencias, supervisado por una comisi贸n mixta que integran los trabajadores.

La segunda, cuando le recordaron que el Estado dijo que las licencias eran un privilegio otorgado en forma temporal bajo estrictas condiciones, y que no puede generar un derecho adquirido, y le preguntaron si eso implicaba que pod铆a quitar las licencias ya otorgadas y las nuevas sin derecho alguno. Esa no es una afirmaci贸n de la ley, sino de un escrito anterior en la defensa del Estado. Pe帽afort respondi贸 que el derecho del licenciatario ser铆a el de defensa en el procedimiento administrativo.

El subprocurador Horacio Diez revel贸 el trasfondo al agregar que en el caso dearg grpo clarinl Grupo Clar铆n podr铆a haber una responsabilidad del Estado al ordenar la adecuaci贸n al tope de licencias establecido por la ley, pero que eso deber铆a dirimirse en otro juicio. Ya lo hab铆a dicho la Corte el a帽o pasado: la cuesti贸n es patrimonial, no de libertad de expresi贸n. Del mismo modo, ninguna falencia del Estado en la implementaci贸n de las dem谩s disposiciones de la ley puede argumentarse a favor del Grupo Clar铆n.

Amigos son los amigos

Tambi茅n rayaron alto algunos amicus favorables a la vigencia de la ley. En respuesta a la visi贸n tradicional de la Asociaci贸n de Propietarios Adepa (que quiso presentarse como independiente pero s贸lo fue admitida como amiga de parte), para la cual toda regulaci贸n afecta la libertad de expresi贸n, Abramovich precis贸 que los privilegiados por la estructura social siempre impugnan las acciones afirmativas que intentan revertir patrones estructurales de exclusi贸n social, invocando la igualdad de trato formal para no perder sus beneficios. En el caso de los medios, resisten las normas que procuran limitar la concentraci贸n 鈥渄esde la trinchera de la libertad de expresi贸n concebida con una mirada liberal-conservadora鈥.

Para esta visi贸n, se trata de una cuesti贸n de autonom铆a personal que impone l铆mites al Estado, como una coraza protectora. La visi贸n opuesta reconoce los l铆mites al Estado, como la prohibici贸n de censura, pero concibe a la libertad de expresi贸n como un derecho colectivo, afectado por estructuras sociales desiguales y excluyentes. En este enfoque estructural, el Estado tiene el deber de intervenir para transformar esas condiciones estructurales y favorecer el debate p煤blico, aun si para eso interfiere con la autonom铆a de algunos.

El fallo de la C谩mara y las posiciones del Grupo Clar铆n objetan la regulaci贸n como una restricci贸n indebida, sin advertir que tambi茅n constituyen obligaciones jur铆dicas del Estado, de ra铆z constitucional y basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, como el art铆culo 13 de la Convenci贸n Americana de Derechos Humanos, que pone el acento en las obligaciones positivas del Estado de garant铆a y de protecci贸n estatal frente a actores no estatales, agreg贸 Abramovich. Esto se enlaza con el principio de igualdad de los art铆culos 42 y 75 inciso 23 de la Constituci贸n Nacional, que incorporan la idea de igualdad estructural y los deberes de protecci贸n estatal.

La C谩mara invierte la carga de la prueba y deja a cargo del Estado probar la razonabilidad de una restricci贸n de la libertad de expresi贸n, en pos de garantizar una ampliaci贸n de los espacios de participaci贸n para el resto. La pregunta sobre la razonabilidad deber铆a ser en qu茅 medida una empresa funcionando en un mercado competitivo, ajustada a los techos de propiedad que establece la ley, puede ser sustentable. Basta mirar al resto del mercado para obtener la respuesta.

Abramovich concluy贸 con una cita del profesor estadounidense Owen Fiss, que explicita dos versiones contrapuestas de la libertad de expresi贸n, a煤n dentro del liberalismo pol铆tico: 鈥淓l Estado puede ser opresor pero tambi茅n puede constituir una fuente de libertad. Este punto de vista, inquietante para algunos, descansa sobre varias premisas. Una de ellas se refiere al impacto de las concentraciones privadas de poder sobre nuestra libertad. A veces se necesita del Estado para contrarrestar esas fuerzas鈥.

*Presidente del Centro de Estudios Legales y Socailes, periodista y escritor. Publicado en P谩gina 12

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