Honduras. – LA SEGURIDAD A BALAZOS CON LOS DDHH
Díaz García se encontraba desarrollando una destacada labor como defensor de derechos laborales de los trabajadores de la seguridad privada que en forma reiterada son víctimas de irrespeto a sus garantías laborales. El abogado Díaz García, había sido víctima de amenazas a muerte y de hostigamiento constante.
El 27 de noviembre recibió un mensaje electrónico en el celular de un compañero de trabajo que amenazaba su vida. Textualmente decía lo siguiente «The life of Dionisio García could be in danger¡!!! Take care, loock for someone closer to your enemies !!!». En los días previos, Dionisio Díaz García, realizó junto a inspectores regionales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social una inspección en las instituciones del Estado donde SETCH brinda servicios de seguridad, entre las que figuran HONDUTEL, IHSS, Hospital Mario Catarino Rivas y la ENEE.
El 27 de noviembre, Dionisio Díaz había sido informado vía teléfono por una persona que solicitó el anonimato que el Supervisor de SETECH, de apellido González, manifestó que procedería contra él por andarse metiendo en asuntos de la empresa.
El asesinato de defensores de derechos humanos constituye la práctica más brutal de irrespeto a los derechos fundamentales.
Honduras se está convirtiendo en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Este tipo de crímenes pretenden sembrar el miedo y la incertidumbre en la sociedad, y que las víctimas de violaciones a derechos humanos no encuentren apoyo para el reclamo de sus derechos violentados. Situación que solamente podrá ser revertida con acciones firmes del Estado para castigar a los responsables.
El COFADEH se encuentra sumamente preocupado por el efecto de estos atentados, en el contexto actual en que el ejercicio efectivo de las libertades se encuentra seriamente comprometido por la tolerancia sistemática del Estado, hacia las fuerzas de seguridad privada como instrumentos de hostigamiento y persecución de defensores de derechos humanos y periodistas de investigación. Esta tolerancia y omisión del Estado son los pilares sobre los que descansa la impunidad y el actual esquema de persecución y hostigamiento a los miembros de ASJ.
Antecedentes
Desde el mes de marzo de 2006, Dionisio Díaz García había asumido la defensa de 16 guardias de seguridad que laboraban para la empresa Delta Segurity Services, propiedad del Señor Elvin Richard Swasey, y Seguridad Técnica de Honduras, (SETECH) subsidiaría de Delta Segurity Services. Las presiones contra la Asociación y sus empleados se agudizaron desde el mes de agosto de 2006, cuando las acciones judiciales comenzaron a resolverse a favor de los empleados, por demandas interpuestas en el Juzgado Primero de Letras del Trabajo.
Como Delta Segurity Services no tiene domicilio acreditado, Dionisio Díaz procedió a solicitar una prohibición de actos y contratos sobre los vehículos de esta empresa acreditados en la Dirección Ejecutiva de Ingresos. La prohibición fue otorgada y notificada a la DEI. Como acto seguido, Díaz García en representación de sus defendidos solicitó un embargo sobre un Vehículo de SETCH.
El 23 de agosto de 2006, hombres armados entre los que figuraba un individuo vestido con el uniforme de la Empresa Seguridad Técnica de Honduras (SETCH), sustrajeron el vehículo que había sido embargado por ASJ y el Juzgado del Trabajo, como parte del proceso de reclamación. Para lograr su objetivo amenazaron de muerte al vigilante del parqueo (estacionamieno) donde había sido resguardado bajo la custodia del abogado Dionisio Díaz García.
Desde esas fechas la Empresa Delta Segurity Services y SETECH han desarrollado una campaña de intimidación y desprestigio en contra de la ASJ y sus funcionarios especialmente en contra de las periodistas Dina Meza, directora de Proyecto, Claudia Mendoza, Rosa Morazán y el periodista Robert Marín.
Dina Meza y Robert Marín, fueron querellados, mientras la institución acusada de evadir impuestos y violar derechos laborales a sus empleados como parte de la campaña de desprestigio impulsada en este contexto.
El COFADEH condena el asesinato del abogado Díaz García y exige al gobierno adopte medidas especiales de protección a favor de todos los miembros de ASJ, en respuesta a los constantes atentados fatales, amenazas, actos de hostigamiento y estigmatización en contra de la institución y sus miembros.
EL COFADEH urge al Estado de Honduras a investigar este crimen en forma exhaustiva, juzgar y sancionar a los responsables, así como adoptar las medidas necesarias para asegurar que los miembros de la ASJ reciban la debida protección a su vida e integridad personal.
EL COFADEH solicita al Gobierno de la República que revoque la medida discrecional adoptada el 29 de agosto de 2006, en la que autorizó a las empresas de seguridad realizar labores de seguridad pública, delegando de esta forma la responsabilidad del Estado en personas particulares, con historial de violaciones a los derechos humanos. Los propietarios de muchas agencias de seguridad privada pertenecieron a los escuadrones de la muerte que se organizaron en los años ochenta para reprimir disidentes políticos.
El modus operandi empleado en el asesinato del abogado Dionisio Díaz García, recuerda el implementado en el asesinato del defensor de derechos humanos Miguel Angel Pavón, Presidente Regional del CODEH en San Pedro Sula ocurrido el 14 de enero de 1988, ejecutado por miembros del Batallón de Inteligencia 3-16, responsables de cientos de asesinatos y desapariciones forzadas durante los años ochenta.
De igual forma, COFADEH solicita una auditoria a todas las empresas de seguridad que operan en el país a fin de que estas cumplan con las leyes y respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales, y de comprobarse irregularidades suspender y cancelarles las licencias de operación.
El COFADEH solicita a la comunidad internacional y nacional exigir al Estado de Honduras tome las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de la periodista Dina Meza y su familia, la periodista Rosa Morazán, la periodista Claudia Mendoza, y el periodista Robert Marín, y del abogado Mauricio Aguilar, a fin de que los hechos de que han sido objetos no queden impune y se disponga de mecanismos efectivos para proteger la vida y la integridad tanto de ellos como de su familia.
De igual forma, garantice la protección efectiva a todos los miembros de la organización y garantice el derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocidos, como lo establece la Declaración Universal de los Defensores de las Naciones Unidas, aprobada en 1998 y las Resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.
Tegucigalpa, 05 de diciembre de 2006.
Acciones
Solicitamos envíen sus llamamientos y acciones de solidaridad exigiendo protección para los colegas de ASJ a:
Señor Manuel Zelaya Rosales
Presidente de la República de Honduras
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: (504) 2214552
Licenciado Roberto Micheletti Bain
Presidente del Congreso Nacional de la República
Tel: (504) 232-80-97
Fax: 238-60-48
Abogada Vilma Cecilia Morales
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 234-23-67
Abogado Arístides Mejía
Ministro de la Secretaría de Defensa
Comayaguela
Tel: (504) 2372841 – 238-09-85
Fax: (238-38-30
General Alvaro Romero
Ministro de Seguridad
Ministerio de Seguridad Pública
Edificio Poujol, 4o piso
Col. Palmira (Blvd. Morazán)
Tegucigalpa, Honduras
Fax: +504 220 4479
Abogado Leonidas Rosa Bautista
Fiscal General del Estado
Ministerio Público
Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, Honduras
Fax: (504) 221-56-67
Lrosa@mp.hn
Doctor Ramón Custodio López
Comisionado Nacional de Derechos Humanos
Boulevard Suyapa, antiguo Edificio de Cannon
central@conadeh.hn.
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