Honduras: ¿puede un acuerdo satisfacer a la izquierda y a la derecha?

Saul Landau y Nelson P. Valdés.*

¿Recuerdan a los conspiradores que secuestraron y llevaron al exilio al presidente Manuel ("Mel") Zelaya y a los que ayudaron a brindar una fachada de legitimidad al golpe de estado del 28 de junio de 2009? Casi dos años después, este grupo de aristócratas terratenientes, hombres de negocios y gorilas militares se sumaron a la mayor parte de Latinoamérica para dar la bienvenida al regreso de Mel a Honduras. Hasta la secretaria de Estado Hillary Clinton y los estenógrafos de los medios trataron el regreso a casa de Mel en 2011 como si él hubiera dirigido un triunfante equipo hondureño de fútbol.

Para los pocos con memoria, en 2009 Mel “amenazó la democracia” al pedir a los ciudadanos que votaran a favor o en contra de cambiar la Constitución. Ahora Washington sonríe satisfecho —como si esa antigua república bananera hubiera regresado a su servil posición entre las naciones “democráticas” en la OEA.

En 2009, la festiva Hillary Clinton trató de legitimar el golpe hondureño. El Departamento de Estado se había alineado con los neoconservadores, Chiquita Banana, los magnates hondureños de los negocios y los altos jefes militares para condenar a Zelaya por sobrepasar a la sagrada Constitución.

Hillary ha olvidado sus indignadas condenas y apoya el acuerdo obtenido por su archi enemigo, el presidente venezolano Hugo Chávez (socialista), su aliado colombiano, el presidente Manuel Santos (conservador), y el títere hondureño recientemente adquirido, el presidente Porfirio Lobo (conservador) para saludar al regreso del progresista Zelaya.

Los golpistas no previeron que los gobiernos latinoamericanos —progresistas o conservadores— colaboraran, como Colombia y Venezuela, fuera de los dominios de la OEA y EE.UU. Pero les agradan los resultados. En la superficie, los acuerdos mostraron que los latinoamericanos han llegado a la madurez, donde la derecha y la izquierda pueden unirse (excepto Ecuador) bajo el concepto de la ley y como región al excluir a EE.UU. y Canadá, y solucionar sus problemas. Pero tras esta fachada rosa se oculta la misma sociedad de la oligarquía local y la Doctrina Monroe

¿Cómo ocurrió este “milagro”?

El 9 de abril de 2011, los presidentes Santos y Chávez lograron que Lobo y Zelaya llegaran a un acuerdo en Colombia —algo que ni el Departamento de Estado ni la OEA habían logrado. (Ecuador se opuso a eliminar las restricciones de la OEA a Honduras debido a que los acuerdos no incluyeron llevar ante la justicia a los que realizaron el golpe y asesinaron y torturaron a cientos en el período siguiente)—.

Ahora, la Secretaria de Justicia y derechos Humanos se compromete a “atender denuncias.” El gobierno promete respetar y proteger los derechos humanos. Además, se reconoce al Frente Nacional de Resistencia Popular como fuerza política y partido.

El 22 de mayo, Lobo y Zelaya —la víctima del secuestro— firmaron los Acuerdos de Cartagena. Santos y Chávez sirvieron de testigos. Los dos hondureños acordaron respetar la constitución, garantizar el seguro regreso de Zelaya a Honduras, con el reconocimiento explícito que él participaría de manera completa en la vida política. De manera similar, estas condiciones se aplicarían a los ex ministros de Zelaya que actualmente se encuentran en el exilio. Todos los cargos criminales contra Zelaya desaparecen.

En 2009, Zelaya trató de eliminar algunos institucionalizados rasgos anti democráticos ofreciendo a los electores la oportunidad de decidir, por medio de un plebiscito, si deseaban cambiar partes de la Constitución —como los límites a los períodos en un cargo (Artículo 234)—. Wáshington y la oligarquía hondureña temían que tal acción permitiría a Zelaya utilizar el apoyo de la iniciativa del ALBA para obtener recursos capitales. Apoyada por el presidente venezolano Hugo Chávez, el ALBA pretende establecer una alternativa latinoamericana al “libre” comercio. Esos recursos posteriormente él podría utilizarlos para mejorar la vida de los pobre hondureños, un paso hacia su posible reelección.

Esa fórmula había funcionado en Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Al derrocar a Zelaya y sacar a Honduras del ALBA, la oligarquía hondureña y Washington podrían mantener al país en las manos del viejo orden.

Sin embargo, en enero de 2011, las fuerzas que odiaban a Zelaya parecían contradecirse. Con el apoyo de Washington, la legislatura aprobó la legalidad de celebrar un plebiscito acerca de terminar con el límite de período en el cargo, la misma razón por la que habían secuestrado y exiliado a Zelaya. Los plebiscitos y los referendos fueron aprobados tan solo meses antes de que surgiera el Acuerdo de Cartagena. Lo que fue ilegal en el 2009, ahora no lo es.

Un medio masivo curioso habría preguntado: “¿Por qué la oligarquía con la bendición encubierta de Wáshington que inicialmente había secuestrado y exiliado a Zelaya porque planeaba realizar un plebiscito para averiguar si el pueblo hondureño deseaba realizar una convención constituyente para reescribir la Constitución ahora se desmiente y aprueba esas nociones que antes eran pecaminosas?”

Hasta el Tribunal Supremo, que en 2009 había declarado que las intenciones de Zelaya eran anticonstitucionales, decidió en 2011 que estos cambios se habían convertido mágicamente en legales y eran totalmente beneficiosos para las “aspiraciones del pueblo”.

Partidarios norteamericanos entregarán decenas de millones a cualquier candidato seleccionado por la oligarquía, pero Zelaya, que ya no es jefe de Estado, no es elegible para obtener fondos del ALBA. Con su Partido Liberal escindido, Zelaya tiene menos empuje.

El liderazgo de base que luchó por el gobierno de Zelaya y su líder en 2009 sufrió el grueso de la represión y los asesinatos políticos. Quieren que los culpables sean llevados ante la justicia. Sus exigencias funcionarán en contra de la “reconciliación”.
Los Acuerdos de Cartagena hicieron posible que Honduras regresara a la OEA — lo cual ya sucedió—. Las “sustanciales” acusaciones en contra de Zelaya y la charlatanería leguleya utilizadas para justificar el golpe han desaparecido. (WikiLeaks reveló que en 2009 la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa informó a Washington que los llamados argumentos legales eran una tontería.)

Así que Honduras sufrió una breve interrupción del buen desarrollo de la “democracia” latinoamericana.

El golpe encantó a la oligarquía hondureña y sus partidarios en Wáshington, pero el resto del mundo lo desaprobó. Por ejemplo, las instituciones extranjeras de préstamos suspendieron o prorrogaron los préstamos a Honduras. Para fines de 2010, Lobo y compañía comprendieron que las inversiones no fluirían sin “reconocimiento” formal e informal.

En el pasado, los hondureños, como era de esperar, jugaron a las sillas musicales; los oligarcas (el poder económico) también compartieron por la vía electoral la rotación en el liderazgo político. Detrás del júbilo inicial por los Acuerdos de Cartagena acecha un panorama posiblemente sombrío.

Puede que los hondureños se enfrenten de nuevo al dominio oligárquico, pero ahora, con la aprobación latinoamericana. A no ser, por supuesto, que los que resistieron el golpe puedan trabajar con Zelaya y ganar unas elecciones con una alternativa real del pueblo. Justicia para las víctimas del golpe —pero los muertos y los torturados tendrán que esperar.

* Saúl Landau es cineasta, su último filme, Por favor, que el verdadero terrorista se ponga de pie, es distribuido por Cinema Libre Studio.
Nelson Valdés es Profesor Emérito de la Universidad de Nuevo México.
En http://progreso-semanal.co