Oct 6 2004
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Economía

Informe académico: Chile y los Derechos Humanos

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

En el país de Salvador Allende continúan violándose todavía los derechos humanos consagrados en su propia legislación, la Constitución -que data de 1980-, la carta de Naciones Unidas y diversos tratados internacionales ratificados por el Congreso.

Los derechos más lesionados atañen a la libertad de expresión, de las naciones originarias, de la mujer, de los inmigrantes, de las personas con discapacidad, de las minorías sexuales; y el derecho al trabajo, a la salud y a la educación. Además existen pésimas condiciones carcelarias y se cometen frecuentes abusos policiales.

Todo esto ocurre “aquí y ahora”, según el segundo “nforme Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2004. Hechos de 2003, un informe de 318 páginas publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), una casa de estudios conservadora, libre de toda sospecha izquierdizante. El resultado de la investigación fue difundido en mayo de 2004 sin que la prensa haya publicado ningún comentario hasta hoy.

A contrapelo de la imagen internacional de un Chile próspero, con su pueblo feliz bajo la doctrina neoconservadora del libre mercado, las violaciones de los derechos humanos no son el recuerdo de una vieja pesadilla, asociada sólo a los 17 años de la dictadura de Pinochet. El trabajo jurídico “cubre los hechos más relevantes acontecidos en Chile en materia de Derechos Humanos en el año 2003”, explica el prólogo de Felipe González Morales, director del Informe.

“Se trata del segundo estudio de este tipo preparado por el Programa de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad”, precisó el académico.

El estudio -también una radiografía transversal del sistema judicial chileno- concluyó que en las cortes existe renuencia jurídica en la aplicación de los tratados internacionales ratificados por Chile. La lectura del informe deja un sabor amargo sobre el rol de los tribunales en la preservación de los derechos garantizados por el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros compromisos del Estado referidos al Derecho Internacional.

“…Se constató, a propósito de diferentes derechos específicos, que la actuación del sistema judicial chileno resultó especialmente crítica en el contexto actual, dado que en una serie de materias el mismo aparecía -debido tanto a su diseño orgánico y procesal como a lo sustantivo de sus decisiones- como un obstáculo significativo para que tales derechos (consagrados en la Constitución Política y en tratados internacionales de los cuales Chile es parte) adquirieran plena efectividad”, señala el documento.

fotoLa Suprema esconde la cabeza

El trabajo académico cuestiona severamente el comportamiento de la justicia como nunca lo ha hecho ninguna instancia política.

La Corte Suprema respondió el informe anterior (2003) de los juristas universitarios, pero evadió las observaciones centrales de la crítica. El informe de este año reconoce que la justicia acomete son seriedad y diligencia las violaciones de los derechos perpetradas por la dictadura, pero “en lo que se refiere a las violaciones actuales priman criterios formalitas e interpretaciones restrictivas de derechos que no parecen tener como objetivo central la protección de estos”.

En las decisiones judiciales existiría una suerte de anteojera frente a los estándares internacionales de derechos humanos que forman parte del sistema jurídico chileno desde hace 15 años. La mayor renuencia a aceptar esta realidad se encuentra en la Corte Suprema, señala los investigadores.

Para los juristas universitarios, “el papel del Poder Judicial para la protección de los derechos de las personas en un sistema democrático resulta crucial”, por tratarse “del lugar por excelencia al que los ciudadanos debieran poder acudir para que se restaure el imperio del Derecho cuando éste ha sido transgredido por otros Poderes Públicos o por terceras personas”. Los académicos abogan porque “se produzca en Chile un cambio a este respecto”.

Universidad sui generis

fotoLa UDP actualiza a los abogados en el nuevo derecho internacional que obliga a Chile desde que ratificó diferentes tratados internacionales, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanas, el 21 de agosto de 1990. A la vez incluye esas nuevas materias jurídicas en la formación que imparte su Facultad de Derecho. También mantiene una Clínica de Interés Público que tramita casos concretos ante la Corte Interamericana de Justicia establecida por el Pacto de San José de Costa Rica.

Según el informe “Chile fue objeto de especial atención de parte de dichos organismos, sin cuya iniciativa las violaciones a los derechos humanos hubieran sido de aún mayor envergadura” durante el período estudiado (2003.)

Sin embargo, Chile también “fue objeto de especial atención” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la dictadura (1973-1990) frente a detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, torturas ejecuciones extrajudiciales y exilio, pero la elite política de la Concertación de Partidos por la Democracia que gobierna al país desde 1990 le dio la espalda al mismo aparataje jurídico que invocó antes, en su lucha contra Pinochet.

“En la práctica, el cumplimiento por parte del Estado chileno de las resoluciones pronunciadas por este organismo ha sido escaso”, indica el informe de la UDP. En definitiva, la justicia de Chile todavía no toma conciencia de que también debe cumplir con el sistema jurídico de la Organización de Estados Americanos, además de aplicar cabalmente las normas que garantizan derechos humanos en la legislación interna y en la Constitución, que data desde 1980. Es decir: el país “vive en democracia” pero con la Constitución de la dictadura.

El rector de la UDP, Francisco Javier Cuadra Lizana, es un controvertido personero de derecha que se desempeñó como ministro Secretario General de Gobierno de Pinochet. En cambio el nuevo vicerrector académico es Carlos Peña González, jurista de ideas progresistas. Felipe González Morales, director del Informe, explicó que realizan ese trabajo amparados por la libertad académica que existe en esa casa de estudios, durante una conversación con motivo del lanzamiento del primer informe a comienzos de 2003, época en que la Universidad tenía también otro rector y Peña sólo era decano de la Facultad de Derecho.

Los informes anuales de esta Universidad dedican por lo menos el 10 por ciento de su espacio al recuento de las violaciones del derecho a la libertad de expresión.

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* Periodista y escritor.

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