Interventor o neoliberal, según el bolsillo: La Junta Agraria y su visión del Estado

 Leonardo Montero* 
 
Las corporaciones del agro argentino continúan su embate contra el Gobierno argentino con el objetivo de recortar el papel estatal. A su vez, le reclaman que actúe en épocas de vacas flacas. 

La discusión acerca del papel que el Estado debe afrontar, es una discusión eterna. Difícilmente se llegue a una posición única entre los que abogan por un Estado interventor y entre los defensores del paradigma neoliberal (estos atraviesan tiempos complicados por el auge estatizador de Washington y sus aliados).

En Argentina esa disputa también es histórica. Por un lado, las bases del modelo liberal capitalista orquestado por la dictadura que usurpó el poder entre 1976 y 1983, no han podido ser desarticuladas. Del otro lado, el intervencionismo estatal ha chocado en reiteradas oportunidades con los sectores de poder económico más concentrado.

No es objetivo de este artículo abrir el debate acerca de cuál es el esquema adecuado o respecto al modelo que adopta o debería adoptar el actual Gobierno argentino. El objetivo es continuar el análisis de lo que se conoce como la “crisis del campo” en Argentina.

En ese sentido, luego de desatado el conflicto allá por marzo del presente año, se resaltó que detrás de la protesta agraria, se escondía (se esconde) un disconformismo acerca del papel del Estado. El nuevo lockout lanzado por la Junta Agraria en los primeros días de octubre volvió a dejar al descubierto esa estrategia. (Ver: “La Junta Agraria vuelve a la carga”, APM 03/10/2008).

De ese modo, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, ha repetido hasta el hartazgo que los productores rurales pueden sufrir una crisis mayor a la de la década del 90, si el gobierno de Cristina Fernández no modifica su política agropecuaria.

Buzzi hace referencia a los miles de pequeños productores que perdieron sus tierras y su trabajo durante la “década neoliberal”. Durante esos años, el entonces presidente Carlos Menem dejaba el camino libre para que los grandes productores incrementaran sus fortunas. El Estado no intervenía, el Estado prácticamente no existía.

Los repetidos pronósticos de Buzzi no son respaldados por datos concretos. De hecho, es una de las características del presidente de la FAA dictar vaticinios sin que la realidad lo justifique. Así, se cansó de repetir que “no iba a defender a los que manejan la soja en Argentina” y, a esta altura de las circunstancias, los mayores beneficiarios de las protestas agrarias han sido los grandes exportadores del grano.

El ejemplo viene a cuenta de que durante los años 90, los grandes productores rurales aplaudieron la política oficial de dejar que el mercado se regule asimismo. El resto de los ruralistas exigía otra tipo de políticas, con un Estado “más participativo”.

En la actualidad, la FAA (nuclea a gran parte de los pequeños y medianos productores) se encuentra en la misma vereda que los gigantes agropecuarios. ¿Por qué? El actual boom de la soja aporta suficientes ganancias para esos sectores.

Ante esto, la implementación de retenciones a las exportaciones de granos es un insulto para aquellos que gozan de la famosa renta extraordinaria. Entonces, es allí cuando el Estado no sirve, cuando la intervención estatal es confiscatoria e ilegal.

Durante los meses que duró el conflicto entre la Junta Agraria y el Gobierno argentino, el precio internacional de la soja no paraba de subir y de alcanzar cifras record. No obstante, la actual crisis financiera que golpea a los mercados internacionales ha hecho retroceder el valor de la oleaginosa.

En ese contexto, surgió el nuevo lockout de las patronales del agro. Ahora se reclama la eliminación de las retenciones o, en su defecto, un dólar más alto. También exigen subsidios estatales para los productores afectados por las sequías, para la producción de leche y las economías regionales.

Con menos de tres meses de diferencia, los representantes del agro cambiaron su orientación ideológica desde un Estado liberal a uno interventor. Cuestión de ganancias, lo demás… no importa.

En otras palabras, lo sintetiza perfectamente el subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Guillermo Martini, citado por el semanario argentino Miradas al Sur. “¿Qué piden en esta nueva protesta? ‘Subsídiennos para que ganemos plata’. Hay que entender entonces que los que integran la dirigencia agraria son socialistas en la dificultad y capitalistas en la bonanza”.

En definitiva, hay que dejar en claro una cuestión esencial y abarcadora a todos los grupos de poder económico, sin importar banderas: cuando el dinero sobra, el Estado estorba.

En el caso de las patronales del agro argentino, no sólo molestan las retenciones. También los irrita que controlen que su actividad este en regla. Una de las exigencias del reciente lockout es la flexibilización de las regulaciones que aplica la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). “La Oncca se ha convertido en una cueva de ratas”, remató el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Hugo Biolcati.

Lo que los representantes agrarios llaman una “normativa regulatoria distorsiva” no es más que un control sobre el cumplimiento de las normas comerciales en el mercado de ganados, carnes, granos y lácteos. Es una regulación destinada a que los grandes actores del mercado no tengan espacio para maniobras evasoras. Además, se intenta garantizar el abastecimiento interno.

A esto se suma que la Oncca, es la encargada de instrumentar las compensaciones al sector agroalimentario. El mencionado Biolcati es dueño de los tambos El Broquel y Estancias La Dorita y desde que el sistema de compensaciones se puso en práctica en 2007, han recibido unos 250 mil dólares. La “cueva de ratas” le vino bien a Biolcati, quien recorre sus campos en un avión propio.

Por otro lado, el jueves de 9 de octubre, la Secretaría de Agricultura anunció que se destinarán algo más de 65 millones de dólares para ayudar a los productores afectados por la sequía. Además, el Gobierno explicó que se usan unos 300 millones de dólares para infraestructura y servicios, 330 millones en créditos del Banco Nación, 100 millones para las economías regionales y 235 millones para sostener la agricultura familiar.

Con estos aportes, el Gobierno comienza a cubrir algunas de las exigencias que la Junta Agraria hizo en los últimos meses. Sin embargo, los hombres del agro se mostraron disconformes con los anuncios y exigieron más concesiones.

Esta claro que pese a los discursos, las corporaciones agrarias no tienen intenciones serias de fomentar la agricultura familiar o las economías regionales y su reclamo es únicamente respecto a las grandes exportaciones.

En conclusión, esta claro que el objetivo de las patronales es un país agroexportador, donde el Estado deje el camino despejado para la realización de sus negocios. Mientras no logren esto, el reclamo seguirá pese a lo abultado que aún así resultan sus ganancias.

En ese sentido, la Junta Agraria padece una especie de esquizofrenia que no trastorna su personalidad sino su ideología. Cuando el precio de la Reina Soja es alto, adoran el libre mercado. Cuando los valores del “yuyito” bajan, aparece su espíritu socialista.
 

 * Publicado en APM