Mar 17 2009
491 lecturas

Cultura

Juicio oral a Elena Varela: en juego libertades ciudadanas básicas

Lucía Sepúlveda Ruiz*

Hoy 17 de marzo se realiza en Rancagua la audiencia de preparación del juicio oral contra Elena Varela, la documentalista chilena cuya detención en una cárcel de alta seguridad por tres meses, dio la vuelta al mundo el año 2008.
Última hora: se posterga la instancia.

Fue detenida el 7 de mayo, y escarnecida públicamente como terrorista. Obtuvo la libertad condicional en medio de denuncias de que todo era un atentado a la libertad de expresión y un montaje policial que posibilitó el requisamiento de su material de filmación sobre la lucha del pueblo mapuche y sobre el legendario comandante Pepe, líder mirista de los años 70.

En la Cámara de Diputados

En la antesala del juicio, el pasado 11 de marzo Elena Varela se reunió con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (ver imagen de apertura). La verdadera novela de terror que la Agencia Nacional de Inteligencia ANI, asistida por oficiales de la policía de Investigaciones de Chile ha montado para inculpar a la documentalista chilena, dejó estupefactos a varios miembros de esta Comisión.

El relato del trato vejatorio, cruel y degradante a la que fue sometida la documentalista, narrado directamente por ella, acompañada por miembros de la Asamblea por los Derechos Humanos y organizaciones mapuche, impactó a los parlamentarios. Asistieron Sergio Ojeda Presidente de la Comisión, los diputados Enrique Accorsi, Sergio Aguiló, Lily Pérez, Gabriel Ascencio, Tucapel Jiménez, Iván Paredes, Karla Rubilar, Felipe Salaberry, Gabriel Silber, Ximena Vidal, y Gastón Von Mühlenbrock, es decir parlamentarios de todas las tiendas políticas.

El diputado Tucapel Jiménez reaccionó negándose a creer que en democracia pudieran suceder los hechos que se denunciaban y que eran tipificados como conductas propias de una dictadura. Asimismo las diputadas Pérez y Rubilar se mostraron visiblemente conmovidas por el relato, aunque Elena estima que el tiempo asignado se hizo escaso para ahondar más en su exposición. Hubo otros diputados que no prestaron atención.

En Rancagua

Dos semanas se estima que durará el juicio en Rancagua, ya que el fiscal Servando Pérez Ojeda también acusa a otros dos chilenos, Kenny Sánchez Contreras, un ex mirista retornado desde Suecia, y Sergio Reyes Matus, ex empleado de Forestal Mininco, para quienes el fiscal pide 20 años de prisión.

Un equipo encabezado por el ex juez Juan Guzmán y al que se suma la acuciosa labor del abogado Jaime Madariaga, defensor de presos políticos mapuche, refutará los cargos por los cuales el Ministerio Público ha pedido quince años de cárcel para la ganadora de los más importantes fondos públicos de apoyo al cine en Chile. Varela es directora de los documentales Newen Mapu Che, la fuerza de la gente de la tierra y Sueños del Comandante, entre otros. La cineasta llega al juicio flanqueada por muestras de solidaridad de los documentalistas argentinos que hoy marcharán a la embajada chilena en Figueroa Alcorta y Tagle para proyectar sus materiales con la consigna:
“¡Si tocan a uno tocan a todos. Libertad a Elena Varela, devolución de todos sus materiales – libertad a todos los presos politicos mapuches – libertad de expresión en toda Latinoamérica!”

También confía Elena en el movimiento de apoyo a su libertad gestado en Chile con participación de trabajadores de la cultura, comunicadores de medios independientes y organizaciones sociales y de derechos humanos. Destacadas personalidades de la cultura y el medio académico presentaron el año pasado una denuncia por su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para este movimiento de apoyo, el intento oficial de vincular a la cineasta con la planificación de un asalto a un banco en 2004 o un robo con homicidio en Machalí en 2005 no resiste análisis, ya que las pruebas que se dieron a conocer públicamente y que fueron incluidas por el gobierno en su respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son risibles: armamento de juguete y materiales de campaña utilizados para la filmación de escenas del intento guerrillero del MIR en Neltume en 1981.

Como testigos a favor de la documentalista desfilarán en el estrado destacadas personalidades del medio audiovisual chileno.

La ley de delación compensada

El Fiscal hará uso de testigos amparados en la ley de delación compensada, una legislación aprobada a comienzos de la transición, que incentiva a detenidos y sus familias a delatar a miembros de organizaciones que se supone son peligrosas para el Estado a cambio de protección. Las pruebas así obtenidas serán esgrimidas por el ministerio público contra Elena Varela y Kenny Sánchez. Se sabe ya de una testigo protegida, Andrea Gaete, viuda de un ex miembro del grupo sindicado como autor de los asaltos.

Aunque la Fiscalía ya descartó presentar las pruebas exhibidas a la prensa en mayo pasado, no ha devuelto las 300 cintas grabadas con material de alta definición, y su acusación descansa en la vinculación sentimental que tuvo la cineasta en 2004 con Juan Moreno Venegas, sindicado por la fiscalía como dirigente del EGP, Ejército Guerrillero del Pueblo, una facción que reconocería orígenes en el MIR histórico.

Actualmente buscado por la justicia, Moreno se se presentó entonces ante la realizadora con otra identidad, como una fuente que le entregaría información valiosa sobre el conflicto mapuche, por su pretendida calidad de periodista. Varela iniciaba su investigación sobre el tema, ya que carecía de nexos con esas luchas y se había trasladado recién desde Santiago al sur del país, a su llegada de Alemania.

El carácter de fuente que la defensa le confiere a Moreno y otros entrevistados por la documentalista no es menor, ya que los creadores audiovisuales han sostenido que el secuestro del material filmado vulnera los derechos de Elena Varela y por extensión amenaza los de todos los documentalistas. Por coincidencia, en estos mismos días el senado chileno tiene en tabla la votación del proyecto de ley firmado por la presidenta Bachelet, y ya aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, que extiende el resguardo del derecho de protección de la fuente a los audiovisualistas, generado precisamente por el impacto de este caso.

Se estima que la iniciativa es de fácil despacho y del mayor interés para el Ministerio de Cultura que encabeza Paulina Urrutia, por lo que las negociaciones para lograr su aprobación han sido intensas y aparentemente exitosas.

Intencionalidad de la fiscalía

Aunque a Elena Varela la fiscalía intenta involucrarla con una organización que realizó asaltos con resultado de muerte, los interrogatorios a los que fue sometido todo el equipo que trabajaba con ella –también detenido inicialmente– eran sólo sobre el conflicto mapuche y los atentados incendiarios contra las forestales y no hay ninguna filmación ni objeto encontrado en los allanamientos que esté relacionado con esas acciones.

El equipo jurídico sostiene que las acusaciones deben fundarse en hechos ciertos y fundados y no en suposiciones, porque de otra manera sólo se logra “desacreditar al gobierno y sus órganos” e infundir temor a nivel nacional.

La presión ejercida por niveles superiores para que se mantuviera una acusación tan feble sólo puede entenderse como parte de una intencionalidad que persigue el amedrentamiento de los intelectuales que desarrollan su labor de creación en lugares de conflicto social y político y se relacionan con personas perseguidas.

El mensaje es claro: quienes se vinculan con las luchas del pueblo mapuche, cada vez más criminalizadas, se verán también alcanzados por esa dinámica y serán enjuiciados. Igualmente, quienes con su obra operen contra el síndrome del olvido y rescaten la memoria colectiva de las luchas del pueblo, quienes trabajen con los niños y las nuevas generaciones para romper el miedo imperante en la sociedad chilena y especialmente en el campo, lejos del ámbito urbano, no serán tolerados por el sistema.

Elena cometió el crimen de hacer ambas cosas, y con su cámara no sólo grabó a los dirigentes perseguidos de las comunidades mapuche que recuperan sus tierras ancestrales, sino también a los niños de Neltume, que dijeron que querían conocer la historia de su pueblo, y a los sobrevivientes de la guerrilla mirista que explicaron por qué y dónde se asentó un grupo de combatientes.

La música de los documentales es de Elena Varela, que es también compositora, directora de orquesta y musicóloga. Fueron cinco años de trabajo, casi el mismo tiempo que la fiscalía dice que ella dedicó a planificar asaltos a bancos. En www.ojofilm.cl (la productora de Elena Varela), se pueden ver los trailers de los documentales y una presentación de su obra que abarca muchos otros ámbitos, como la formación de jóvenes documentalistas. Y en You tube se la puede ver dirigiendo la orquesta sinfónica de niños de Panguipulli.

Pero ¿sabrán los jueces qué significa hacer un documental, cómo se hace una investigación, cuánto tiempo lleva producir, filmar, editar? De eso y de lo que hay detrás de cámaras, de la motivación que lleva a un creador a filmar, del impulso vital que hace que un autor no descanse ni duerma hasta llevar a término su idea se hablará en este juicio especial que pocos habrían imaginado puede ocurrir en el país gobernado por la presidenta Bachelet, en su período de mayor popularidad, y cuando en el senado se sienta en la testera Jovino Novoa, en un impensado regreso del pinochetismo a las alturas porteñas. Así estamos en Chile.
Esta novela continuará….
 

* Periodista
http://periodismosanador.blogspot.com
 

Addenda, última hora.

El juicio contra Elena Varela –acusada de asociación ilícita y de vínculos con grupos terroristas– se postergó para el 29 de abril, se informó hoy martes en tribunales.

Varela, que realizaba un documental en el sur de Chile sobre el conflicto entre las reivindicaciones mapuche y las empresas forestales, fue detenida el 7 de mayo de 2008 y conducida a un penal donde estuvo recluida hasta el 13 de agosto, apartir de entonces vive con el régimen de reclusión nocturna. La suspensión se debió a que se agregó un nuevo querellante, que no fue informado a la defensa.

Marisol Reyes, una de los juristas que defiende a la cineasta, explicó a la Agencia ANSA de noticias "que la postergación es responsabilidad ‘del mismo querellante al no preocuparse de que su escrito no fuera notificado a todas las partes. Pero también es un error de administración de tribunales que son los encargados de notificar a las partes vía correo electrónico’. Varela –señala el despacho– está acusada por el Ministerio Público de formar parte de una organización que se dedica a perpetrar crímenes. A la documentalista le fue incautado todo su material visual, lo que fue tajantemente rechazado por sus pares, quienes lo consideraron un atentado a la libertad de expresión y creación".
 

  • Compartir:
X

Envíe a un amigo

No se guarda ninguna información personal


Su nombre (requerido)

Su Email (requerido)

Amigo(requerido)

Mensaje

Añadir comentario