Jujuy: Tierra arrasada en los dominios de la familia Blaquier
Irina Hauser*
Al menos tres pesonas murieron durante un violento desalojo de campsinos de un predio de la empresaa azucarera Ledesma, en uno de los latifundios de la familia Blaquier, emblema de explotación tanto como de la represión y la barbarie dictatorial. Estremece consignarlo.Los muertos en la norteña provincia argentina de Jujuy son un policía y dos jóvenes que estaban en la ocupación. Renunció el ministro de Gobierno de la provincia. Denuncian que participó en el desalojo personal de seguridad de la empresa.
En un gran terreno triangular, arado pero con algunos brotes de caña que emergen del suelo, se instalaron el miércoles pasado quinientas familias. Allí armaron sus carpas precarias, con palos y techos de nylon.
El predio, en Libertador General San Martín, Jujuy, pertenece al Ingenio Ledesma, al que desde hace cerca de cuatro años cientos de personas sin vivienda le piden que ceda quince hectáreas para poder construir sus casas, ya que la localidad está cercada por la expansión de la empresa y no quedan tierras disponibles. El miércoles por la noche parecía avanzar una negociación, conducida por referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras organizaciones en representación de la toma, pero ayer a la madrugada un ejército policial apareció en el lugar e invocando la orden de desalojo de un juez local reprimió con ferocidad a los ocupantes hasta entrado el mediodía.
La embestida terminó con por lo menos tres muertos –un policía y dos jóvenes que estaban en la ocupación–, un chico gravísimo por un disparo en la cabeza y, según estimaban en la CCC, unos treinta heridos, varios de ellos con balas de plomo. El gobernador Walter Barrionuevo dijo que se sentía “sorprendido, impotente y con bronca” y, al igual que el titular de la Cámara de Diputados y candidato a sucederlo, Eduardo Fellner, atribuyó los hechos a motivaciones “políticas” preelectorales. Barrionuevo desplazó al jefe del operativo policial y por la noche renunciaba también su ministro de Gobierno, Pablo La Villa, responsable del manejo de la fuerza.
La represión policial se desató a las seis de la mañana, aunque desde la noche anterior había policías recorriendo en cuatriciclo los cañaverales lindantes con la tierra donde se encuentran instaladas las familias. Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez (Capoma), un organismo de derechos humanos, estuvo en el momento en que aparecieron “cientos de policías de Infantería y Caballería”. Aunque no hay números oficiales exactos, quienes vieron el despliegue calculan que hubo entre 300 y 500 efectivos tirando gases lacrimógenos y disparando a mansalva.
“Aparecieron el predio directamente, sin intentar ninguna clase de diálogo para que la gente se fuera, empezaron a reprimir en medio de la oscuridad”, relató. “Tiraron proyectiles de goma antitumulto, pero no tengo dudas de que también tiraron balas de plomo”, dijo. Enrique Mosquera, de la CCC, añadió que nunca fueron recibieron notificación de la orden de desalojo y que la represión “fue brutal”. Según relato, por la mañana dos bebés de barrios aledaños tuvieron que ser hospitalizados por dificultades respiratorias provocadas por los gases, pero estaban fuera de peligro.
El intendente Ale coincidió en buena medida con la descripción: “Habíamos quedado que hoy (por ayer) íbamos a poner grifos comunitarios para la gente que está en la toma, hicimos una ordenanza para que el gobierno provincial intercediera y nos encontramos con que la policía ejecuta a la madrugada el desalojo. Intenté que esto no ocurriera, las tierras no son mías y no tengo fondos para hacer viviendas. Tenemos un problema habitacional en toda la provincia. Cuando desde el Ministerio de Gobierno ordenaron el repliegue policial ya había por lo menos tres muertos”, protestó Ale.
Munición gruesa
El comisario jujeño Hugo Sosa dijo que sus agentes no utilizaron balas de plomo sino sólo “munición antitumulto” y acusó a los manifestantes de haber tirado bombas molotov. Mosquera aseguró: “Sólo teníamos piedras”. Al ser consultado por este diario también dijo que el jefe de seguridad privada de Ledesma “estaba entre la policía, participando del operativo”. La empresa emitió un comunicado donde dice que “lamenta profundamente” los “graves acontecimientos de violencia” y dijo que espera el esclarecimiento de lo sucedido.
En una conferencia de prensa, el gobernador Barrionuevo –alineado con el kirchnerismo– dijo que estaba “consternado por las muertes de estos jóvenes”. “No encuentro explicación, me parece rarísimo.” Agregó que le llamó la atención que un juez penal de San Pedro de Jujuy (Jorge Samman) firmara una orden de desalojo durante el último día de la feria judicial, y después se fuera tan livianamente”, pero que también le preocupaba la supuesta participación del “personal de seguridad del Ingenio Ledesma”. A la vez sembró sospechas sobre la actitud de la CCC, “que ya sabía la noche anterior que saldría la orden de desalojo” y remarcó que “hay una media docena de efectivos policiales que sufrieron heridas con arma de fuego en distintas partes del cuerpo”.
Barrionuevo anunció que pasó a disponibilidad al jefe del operativo, el comisario mayor Néstor Vera. Igual aseguró que la policía no lleva balas de plomo a los desalojos. Fellner, candidato a sucederlo en la gobernación, sostuvo que “estos hechos tienen claramente un transfondo político, mediático, donde algunos usaron la necesidad de la gente de tener un terreno y casa propia, con un claro objetivo, las futuras elecciones”. Junto a ellos estaba el ministro de Gobierno, La Villa, de quien depende la policía. Al rato, presentó la renuncia.
*Publicado en Página 12