Justicia argentina: ¿Y si “sus Señorías” se someten a las urnas?

Víctor Ego Ducrot*

La corporación togada de Argentina está infectada por elementos antidemocráticos de todo pelaje, inclusive por defensores del genocidio y del terrorismo de Estado. Quizá haya llegado la hora de que los jueces surjan del voto popular.

En un comunicado firmado por seis de sus siete jueces, la Corte Suprema de Justicia le pidió “mesura” a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando ésta salió al cruce de una seguidilla de resoluciones judiciales en contra de sus políticas de Estado, todas resoluciones solicitadas por los jefes de la oposición que se reconocen como destituyentes o neogolpistas.

Recordemos que el carácter violatorio de la Constitución por parte de la llamada oposición fue admitido por una senadora de esa misma oposición, Roxana Latorre, quien admitió que en la cámara alta del Congreso “se respira un espíritu golpista”.

El comunicado conocido a principios de marzo, improcedente y de dudosa legalidad, es más que revelador del posicionamiento del tribunal supremo, toda vez que nada dice y por consiguiente hasta ahora calla con silencio cómplice, acerca de la reciente decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, que protege a la principal accionista del mayor oligopolio mediático del país –el Grupo Clarín-, Ernestina de Noble, quien para la organización Abuelas de Plaza de Mayo es madre de dos hijos apropiados por los genocidas tras la desaparición y asesinato de sus legítimos padres.

La Corte Suprema nada dice cuando la jueza María José Sarmiento, una de las que acudió solícita a los pedidos de la oposición en contra del gobierno, tuvo el tupe de manifestar que ni ella ni su familia sabían acerca del procesamiento de su padre, el coronel de Inteligencia del Ejército Luis Alberto Sarmiento, por múltiples delitos de lesa humanidad, cometidos durante la pasada dictadura militar.

Después de años de conformaciones arbitrarias y a gusto de quienes sometieron al país a los designios del más férreo neoliberalismo, esta Corte Suprema fue integrada tras un procedimiento de reconocida transparencia, por decisión política del ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo esa decisión no ha bastado para desmontar la maquinaria corporativa que domina al Poder Judicial, en manos de la derecha más ultramontana.

En caso de la jueza Sarmiento habla por sí solo. El diario Página 12 informó la semana pasada lo siguiente: ”el padre de la jueza que suspendió la aplicación de los decretos de necesidad y urgencia que crearon el Fondo del Bicentenario y removieron al presidente del Banco Central es el coronel de Inteligencia del Ejército Luis Alberto Sarmiento, a quien dos policías rosarinos señalaron como el responsable de las torturas hasta la muerte del estudiante Angel Enrique Brandazza, Tacuarita, secuestrado en la semana del regreso de Perón a la Argentina, el primero en la lista de la CONADEP.

Durante la última dictadura Sarmiento fue jefe de Inteligencia y ministro de gobierno en Misiones, donde el fiscal general pidió hace ya cuatro años su procesamiento por participar en crímenes de lesa humanidad. La lentitud del proceso hizo que aún no haya sido llamado a indagatoria. Poco conocido fuera del Ejército hasta que su hija saltó a la fama, fue uno de los principales jefes operativos de la represión durante la dictadura de Onganía-Lanusse, y continuó incluso después de su retiro durante la de Videla-Viola-Galtieri-Bignone. El parentesco no es causal de recusación en un proceso de enorme importancia para el gobierno que impulsó el enjuiciamiento de aquellos crímenes, pero ayuda a entender el insólito comportamiento de la jueza María José Sarmiento”.

Conforme a una larga tradición constitucionalista, los integrantes del Poder Judicial son designados a perpetuidad y gozan de un régimen salarial, jubilatorio e impositivo de privilegio y, al contrario de los otros dos poderes del Estado – el Ejecutivo y el Legislativo -, no surgen del voto ciudadano. Es decir, permanecen por afuera del espíritu primordial del Estado de Derecho, que debería ser el principio de soberanía popular.

Esa misma tradición sostiene que tal régimen de designación y permanencia en los cargos, en principio a propuesta del Ejecutivo y con acuerdos parlamentarios, solo removibles por mal desempeño y por comisión de delitos, tras el cumplimiento de un procedimiento especial, tiene la función de proteger la independencia del Poder Judicial, como sustento de las garantías y derechos que reconoce la Constitución.

Se trata de una tradición constitucionalista cooptada por una concepción aristocratizante, elitista y corporativa del sistema democrático, que requirió de bibliotecas enteras para justificar la violación de la propia lógica democrático burguesa: si el Estado cumple con sus atribuciones a través de tres poderes, impregnados todos por la dimensión de los político, ¿por qué sólo uno queda al margen del paradigma rector del propio Estado de Derecho?

No existe ninguna contradicción entre la necesidad de un Poder Judicial independiente de los otros dos poderes, como resguardo de las garantías y derechos que reconoce la Constitución, con el hecho de que sus integrantes también se sometan al mandato del voto, es decir al principio de soberanía popular: que los ciudadanos que eligen a quienes legislan y administran también puedan elegir a quienes arbitran conforme a al ley (surgida del voto) y aseguran los derechos y garantías (de carácter constitucional).

Todos tendremos más y mejor democracia cuando se cumplan con las normas previstas para modificar la situación de derecho y de hecho, con mecanismos trasparentes y guardianes de la idoneidad requerida, de forma tal que la sociedad pueda decidir quiénes son sus jueces.

*Director del Observatorio de Medios de Argentina y de la Agencia de Prensa del Mercosur