La amazonia brasileña ¿en el umbral de una nueva era?

Marina Silva*

La Amazonia brasileña se encuentra en una situación límite. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva debe decidir si desea liderar la transición hacia nuevos parámetros de desarrollo global o prefiere continuar avalando la sobreexplotación de los activos sociales y ambientales en beneficio de una minoría.

Varios estudios recientes han expuesto diferentes facetas del modelo económico arcaico y predatorio que todavía predomina en la Amazonia brasileña. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por el gobierno federal, las administraciones estatales y municipales, y la sociedad civil –lo que dio como resultado una reducción continua de los índices de deforestación desde 2005–, el hecho es que el 17% del bosque tropical brasileño ya ha sido consumido; y los mecanismos y prácticas que destruyen la biodiversidad, perjudican los servicios ambientales (1), generan conflictos sociales, empobrecen la cultura, marginan poblaciones, agravan el calentamiento global y comprometen la imagen de Brasil, continúan vigentes.

La edición de junio de 2009 de la revista Science (2) incluye un estudio sobre el tema, firmado por investigadores del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), que bautiza este modelo como “boom-colapso”, en alusión al efecto “sube y baja” que caracteriza la economía de la región: grandes ganancias financieras para un pequeño grupo al principio, seguidos de pérdidas y perjuicios para la sociedad en general.

Los investigadores constataron que, en el corto plazo, mejoran los indicadores socioeconómicos, como por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, los beneficios duran alrededor de una década y media, agotándose cuando se terminan la explotación de madera y la productividad de la ganadería. En ese momento, entonces, los municipios pasan a presentar índices de calidad de vida parecidos a los del período anterior a la deforestación, con una diferencia fundamental: perdieron la oportunidad de hacer un uso adecuado de los activos naturales y de crear una economía sostenible con una distribución de la renta más ecuánime. Sumado a eso, heredan suelos degradados, desempleo, concentración agraria, éxodo rural, miseria urbana y, por supuesto, el fin de los bosques y de los recursos naturales disponibles.

El año pasado se publicaron asimismo otros importantes trabajos realizados por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que describen las prácticas deletéreas de poderosos grupos empresariales y sus negocios globales, lo que causó un fuerte impacto en la opinión pública.

En octubre de 2008, la ONG Repórter Brasil redactó una lista de las empresas establecidas en San Pablo que se benefician con el avance predatorio de la actividad agropecuaria y maderera ilegal sobre el bosque, además de mantener relaciones comerciales con propietarios e inversores rurales que explotan el trabajo esclavo. La divulgación del trabajo, titulado “Conexiones sustentables San Pablo-Amazonia: quién se beneficia con la destrucción de la Amazonia” (3), dio como resultado la firma de tres pactos empresariales para el control de las cadenas productivas de la madera, la ganadería y la soja oriundas de la Amazonia.

La organización Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña publicó, en abril de 2008, el informe “La hora de la cuenta – Ganadería, Amazonia y coyuntura” (4), en el que explica que la Amazonia se consolidó como una importante región productora de carne debido a la instalación de megafrigoríficos, financiados con recursos públicos subsidiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil del orden de los 6.000 millones de reales en 2008, un récord histórico. De ese monto, casi nada se destinó al aumento de la productividad y la recuperación de tierras degradadas o abandonadas. El informe muestra incluso que uno de los factores centrales para la viabilidad de la ganadería en las principales regiones productoras de la Amazonia es la invasión y la posesión ilegal de tierras públicas, acompañada de deforestación irregular.

A comienzos de este mes, Greenpeace Brasil divulgó por su parte, después de tres años de estudios, el informe “La farra del buey” (5). Allí, la organización ambientalista revela que la destrucción de la Amazonia se debe mayoritariamente al sector ganadero, responsable de una de cada ocho hectáreas de bosques tropicales destruidas en el planeta. Ese trabajo analiza las fuertes inversiones gubernamentales destinadas a ese sector, con el objetivo de consolidar el liderazgo de Brasil en la exportación de carne bovina y duplicar su participación para alcanzar los dos tercios del mercado mundial de aquí a 2018. El informe hace también una lista de varias empresas nacionales e internacionales que se abastecen de productos de esa cadena productiva ilegal y antiética, y acusa al BNDES de contribuir a la devastación ambiental, en la medida en que financia a los frigoríficos sin exigir contrapartidas ambientales.

*Senadora de la República Federativa del Brasil por el Estado de Acre en representación del Partido de los Trabajadores (PT), fue ministra de Medio Ambiente (2003-2008)