La derecha «en pie de guerra»; Evo tentado a gobernar con decretos
Bolpress
Legitimado con el voto de más de 2,1 millones de bolivianos y bolivianas, y en el ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, el Presidente Evo Morales convocaría mediante decreto supremo a un referéndum para aprobar el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE); y con otro decreto redistribuiría el Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) y regalías petroleras en función a la población y el nivel de desarrollo humano de las regiones.
No defraude a dos tercios de la población nacional que le ratificaron su confianza en el referéndum revocatorio del 10 de agosto, pidieron al Presidente Morales dirigentes de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), un organismo social pro gubernamental integrado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – Csutcb; Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – Cidob; Federación Nacional de Cooperativistas Mineros – Fencomin; Federación de Juntas Vecinales de El Alto – Fejuve; Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – Conamaq; Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y Confederación Nacional de la Pequeña y Micro Empresa – Conamype.
En una asamblea nacional realizada el viernes y sábado, los líderes de la Conalcam exigieron al gobierno de Morales que garantice la refundación de Bolivia mediante la aprobación del proyecto de Constitución redactado por la Asamblea Constituyente, para lo cual tendría que convocar a referéndum mediante decreto supremo.
Las organizaciones sugirieron al Presidente que decrete una nueva redistribución de recursos económicos del IDH y regalías entre municipios y prefecturas tomando en cuenta variables de población y nivel de desarrollo humano. Además, plantearon que llame a elecciones de prefectos, subprefectos y consejeros departamentales, también mediante decreto.
En el ampliado nacional de la Conalcam se decidió organizar "coordinadoras departamentales del cambio" e iniciar una movilización permanente a nivel nacional, departamental, municipal y comunal para consolidar la unidad de Bolivia y la revolución democrática y cultural del gobierno.
El Vicepresidente Alvaro García Linera considera que ya es inevitable la aprobación del proyecto constitucional apoyado por la gran mayoría del pueblo. "Hace ocho años una de cada cinco personas estaba con el proyecto; el 2005 tres de cada seis personas estaban con el proyecto, hoy de cada 10 bolivianos siete están con este proceso de cambio. El 67 por ciento de los bolivianos le ha dicho al Presidente Evo siga, continúe, avance, dirija".
Evo Morales pidió a las organizaciones sociales que garanticen la victoria del Sí a la nueva Constitución y que le ayuden "a administrar el 67 por ciento de votos que recibí del pueblo boliviano".
Según el presidente de la Cámara de Diputados Edmundo Novillo, es necesario aprobar la nueva Carta Magna en el menor tiempo posible porque la actual Constitución fue "rebasada" por algunos liderazgos departamentales que llevaron adelante consultas autonómicas ilegales.
El gobierno da por descontada la aprobación de la nueva Constitución, pero deja en manos del gabinete de ministros la tarea de evaluar si es o no posible atender las sugerencias del Conalcam en un momento de extrema polarización política y en puertas de una "guerra económica" por el IDH y contra la Constitución del MAS.
Medidas cívicas
Cívicos y prefectos opositores de derecha reanudan las movilizaciones callejeras este lunes 25 de agosto exigiendo la restitución del IDH. Está previsto un bloqueo indefinido de vías internacionales, tomas de pozos petroleros y gasoductos, y otras acciones de hecho.
"Nos declaramos en pie de guerra entre tanto y cuanto el gobierno persista de imponer modelos totalitarios y racistas en el Chaco", anunciaron el vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz Roberto Gutiérrez; el presidente del Comité Cívico de Camiri David Rodríguez; el representante del Comité Cívico Cordillera Franz Michel; Marco Antonio García del Comité Cívico de Cuevo; Felipe Mosa del Comité Cívico de Villamontes; Reynaldo Bayar del Comité Cívico de Tarija, y el representante cívico de Pocitos y Yacuiba Gabriel Escalante.
Los cívicos del chaco desconocieron el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en las regiones de la "media luna"; declararon "nulo" cualquier intento de expropiación de tierras en Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca o Tarija, y solicitaron a los gobiernos departamentales que saneen la tierra en el marco de las autonomías.
"Un pequeño grupo de cívicos extremistas de derecha ha declarado que están en pie de guerra, pero ¿quién está en guerra en Bolivia?", cuestionó el viceministro de Gobierno Rubén Gamarra y emplazó a líder cívico cruceño Branco Marinkovic y al prefecto Rubén Costas "a que digan si están de acuerdo con las decisiones".
"Pueden hacer su paro, lo respetamos; pero agredir a Bolivia bloqueando, interviniendo, afectando su sustento energético, el fluido que garantiza el dinero para salud, para los profesores, las alcaldías, prefecturas, el TGN, para YPFB, es sin duda una agresión brutal y criminal contra Bolivia", reclamó García Linera.
Morales no permitirá el cierre de válvulas de gasoductos e instruyó a las Fuerzas Armadas que den seguridad a las instalaciones hidrocarburíferas y anunció que castigará a los prefectos que perjudiquen a la economía nacional aplicando un nuevo decreto.
El ministro de Hacienda Luis Arce presentó el domingo el anunciado decreto, a través del cual se dispone que "los gastos que demanden la reparación y puesta en funcionamiento de las instalaciones afectadas así como los recursos que el Estado deje de percibir serán cubiertos por recursos que les pudiera corresponder a dichas entidades (Prefecturas), los cuales serán debitados automáticamente de sus cuentas por el Ministerio de Hacienda".
La norma establece el procesamiento de las autoridades prefecturales, municipales, funcionarios y otros que instiguen y dañen las instalaciones petroleras y perjudiquen el aprovisionamiento de hidrocarburos, en base al Código Penal.
Por otro lado, los dirigentes cívicos reunidos en Villamontes el viernes pasado desahuciaron cualquier posibilidad de diálogo y rechazaron de manera contundente la convocatoria a cualquier referéndum.
El presidente del Senado Oscar Ortiz (Podemos) propuso hacer una pausa en los procesos electorales hasta que se realice una auditoria al Padrón Electoral, al Registro Civil y a identificación Personal, además de buscar una concertación nacional con la ayuda de representantes de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según el jefe de bancada de Podemos en el Senado Roger Pinto, se debería renovar totalmente a la Corte Nacional Electoral (CNE). "El comportamiento del señor Pinheiro, de la señora Oporto, especialmente la funcionalidad del Señor Exeni ante el Poder Ejecutivo no nos genera la confianza para seguir adelante con otro proceso, por eso creemos que cuando se trate la designación (de vocales la próxima semana) tiene que haber una recomposición total de la CNE".
La derecha rechaza de plano el modelo masista de "Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario", que rescata como valor social principal el respeto e igualdad de todos los ciudadanos, y los principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social.
El gobierno recomendó a los opositores no perder de vista el mensaje que ha dado el pueblo en las urnas. García Linera reconoció que una parte de la población que votó en contra de Morales quiere autonomías. "Esto hay que saberlo entender como mandato, como necesidad, de esa manera las autonomías ya no serán un pretexto de unas logias que engañan al pueblo, que lo maltratan y le mienten".
"No es fácil convertir un proyecto partidario en un proyecto nacional (…) eso se llama liderazgo histórico nacional". El Movimiento Al Socialismo (MAS) se convirtió en la primera y única fuerza política a nivel nacional, es un proyecto político nunca antes visto en los últimos 50 años de historia republicana, destacó García Linera.
Morales propuso a los senadores del MAS iniciar una huelga de hambre desde el lunes en la Cámara Alta para aprobar una ley que permita a los bolivianos que viven en el exterior votar en el referéndum constitucional.
Desesperación
Evo Morales aseguró que los prefectos y cívicos de derecha están dando sus últimos pataleos y buscan ocultar el fracaso de la reunión del autodenominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) en Villamontes, a la que ningún prefecto asistió.
Y es que las fisuras en el Conalde ya son inocultables. En los últimos días, Tarija, Chuquisaca y Pando se han desmarcado de la línea dura de Santa Cruz y Beni. "Creo que no hubo una invitación al diálogo, pero nosotros señalamos de manera reiterativa nuestra apertura permanente al diálogo, lo hemos hecho público y yo espero que esta puerta nunca sea cerrada y que el gobierno aproveche el deseo que tenemos muchas autoridades", afirmó el prefecto de Tarija Mario Cossío.
"Con el pretexto del IDH, la derecha empezó una huelga de hambre y tenemos información de que no había ninguna huelga de hambre, fracasó la huelga; convocaron a un paro en algunas regiones, otro fracaso; convocaron a un bloqueo de caminos, otro fracaso", resaltó Morales.
Los cívicos también amenazaron con suspender de manera indefinida el envío de carne de res al occidente boliviano, fundamentalmente a La Paz, pero los carniceros paceños aseguraron que en ningún momento dejaron de llegar camiones frigoríficos con carne de Beni y Santa Cruz. Voceros de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) informaron que la venta se normalizaría esta semana, luego de que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Gabriel Dabdoub criticara la antipopular medida de presión.
Se percibe que el inicial bloque cerrado de la oposición de derecha tiende a romperse por sectores importantes del empresariado privado. Resulta sugerente que los empresarios de Cochabamba hubieran criticado abiertamente las últimas medias de presión de los cívicos orientales.
El diputado Miguel Machaca (MAS) opina que los cercos "son un fracaso cuando se usan en contra del pueblo y sólo tienen éxito cuando son una estrategia de lucha de los más pobres para debilitar a los opresores", como las movilizaciones indígenas del siglo XVIII contra los tributos y los abusos de corregidores o la insurrección popular de 2003.
Un grupo radicalizado de unionistas vinculados al Comité Cívico y a la Prefectura de Beni intentaron asesinar a los dirigentes de la Federación de Campesinos del Beni Walter Casanovas y Katia Chávez de Casanovas. "Mi esposo recibió un garrotazo en la cabeza y le hicieron 12 puntos, además recibió una puñalada en dirección a los riñones en la espalda con una profundidad de 2 centímetros, a mi me golpearon brutalmente gente pagada por la prefectura y cívicos, para eso si tienen plata", relató Chávez.
El presidente del comité cívico de Beni Alberto Melgar declaró a radio Panamericana que la población beniana está desesperada y "quieren hacer una revolución armada en Beni". Advirtió que la situación es insostenible, "esto se nos está yendo cada vez más de las manos; nosotros estamos abogando para que no existan focos de violencia".
En la otra vereda política también se radicalizan. Los colonizadores de San Julián (Santa Cruz) se encuentran en estado de emergencia, preparan un cerco a Santa Cruz desde esta semana y amenazan con tomar una fábrica del cívico Marinkovic cerca de San Julián.