La ingenuidad del senador. – AVIONES, ACCIONES, IMAGEN Y DETRÁS

Dijo preocupado el senador Alejandro Navarro: «Las aerolíneas LAN –Línea Aérea Nacional– deberían cambiar de nombre porque afectan la imagen del país», y anunció un proyecto de ley para que ninguna empresa pueda utilizar el nombre de Chile o utilice la palabra nacional para identificarse.

«LAN, por más que lo diga su sigla, no es la línea aérea nacional. Hace tiempo dejó de serlo, tanto como empresa como por su conducta, es una empresa privada, y debe cambiar de nombre. Su dueño puede poner su apellido si quiere, LAP o Piñera Airlines, como quiera, pero no puede ser más nacional», apuntó.

Gatilló la determinación de Navarro la sospecha que envuelve al ex senador Sebastián Piñera –ex candidato a la Presidencia de la República, conspicuo millonario de la plaza y militante del partido Renovación Nacional–, que se identifica con la derecha política demócrata y sensible ante los problemas sociales, por mal uso de información privilegiada respecto al resultado del último ejercicio financiero de la empresa, en la que integra el directorio.

Esta información le habría permitido realizar un pingüe negocio: comprar acciones baratas y convertirse en el socio mayoritario de LAN un día antes de que el balance tomara estado público –lo que hizo subir el precio de las referidas acciones–. Piñera y la familia Cueto son en la actualidad los principales accionistas y controlan la administración de una de las mayores aerolíneas de América Latina, que opera directamente o a través de filiales en Chile, Argentina, Ecuador y Perú.

¡Estimable público… Comienza la función!

Según el senador Navarro es necesario evitar que la nombradía y reputación de una entidad comercial se asocie –con el riesgo de confundirse– con las características del país, lo que eventualmente podría afectar la imagen internacional de éste.

Tiene razón el senador Navarro. Una empresa mal administrada, que paga sueldos miserables –un maltrato a su personal– que apela a trabajadores contratados por otra empresa para cumplir determinadas tareas, que mantiene empleados de cualquier nivel de eficiencia y conocimientos bajo un eterno régimen de honorarios profesionales –»boleteando», se dice en Chile–, que busca casi por cualquier medio eludir el pago de los bajos impuestos a las ganancias de sus accionistas o propietarios directos y «personal jerárquico», ofende la imagen del Estado cuyas leyes la amparan.

Puede que LAN pertenezca a semejante grupo, puede que no. El senador no clarifica. Bueno sería que ilustrara a la ciudadanía con algunos ejemplos. Tal vez entre las salmoneras, constructoras de caminos, puentes, edificios; quizá entre las dedicadas a las «industrias» de la madera, de la celulosa, de los frutos del país, de la carne; o entre las pesqueras, las encargadas del agua potable, de la venta al detalle; puede que en la actividad bancaria y financiera, en la ditribución de combustibles de uso doméstico; quién sabe, en aquellas dedicadas con fruición a la medicina –»privada», por supuesto– o a la educación elemental, media y superior –no hablemos de la técnica ni menos de la formación científica–, lograría el procupado parlamentario otros argumentos para su loable iniciativa.

Y por si le sobra tiempo podría interiorizarse, con el mismo objetivo, acerca de los devaneos de la prensa comercial. Los estudios publicados por la Universidad Diego Portales –insospechablemente no anarquista ni desestabilizadora– le serían de gran ayuda. Y si quiere ahondar en el ámbito de los servicios, ¿cómo no recomendarle una pasantía en los principios del «lobby», como llaman ahora al tráfico de influencias?

Lo cierto es que un gran número de los subdesarrollados millonarios chilenos –y hay varios no tan subdesarrollados– hicieron sus fortunas durante los años dorados bajo la protección y con la complicidad de las charreteras del Tata López

¿o no era López el apellido del dictador por 17 años?, ¿fue de cierto dictador, si todos le dicen ex presidente?, ¿puede haber sido dictador un tipo que dictó una Constitución que todavía graciosamente se obedece y cumple, y que en virtud de esa Constitución legó al país monumentos jurídicos como leyes de enseñanza, normas electorales y previsión social librada a las argucias del mercado –que nadie quiere cambiar en el congreso nacional?

El senador es víctima de un lamentable olvido. El exceso de trabajo legislativo, algún viaje al exterior, el afecto por sus colegas del congreso, quién sabe, no le permitió recordar que Chile pasó de ser una imperfecta democracia hasa 1973 a un bien reprimido negocio administrado manu militari desde entonces y hasta entrados los noventas. Y que en la actualidad es una empresa, bajo custodia civil, cierto, pero no un país: una empresa, pero de pocos. La visión de los empresarios duramente forjados por el tata consiguió que el cambio de administración se produjera con suavidad.

Algún ya avejentado ex represor aquí y allá, uno que otro cómplice allá y aquí y en todas partes el silencio culpable de los estamentos dirigentes –a los que, desde luego, no aseguramos pertenezca el senador– camina airoso por el buen camino marcado en los años ochentas del pasado siglo. Pronto Chile dejará de ser una sociedad más o menos anónima para convertirse en cooperativa, cuyos socios, administradores, consejeros, aparato jurídico, distribuidores de sus productos y titulares de las cuentas bancarias donde se depositan las ganancias –en el país y en el exterior– ¡serán ellos mismos!

La imagen, el exterior

Chile carece de imagen en el exterior. Más allá de las fronteras impera la desinformación. El ciudadano peruano o argentino –pongamos por caso– cree que los chilenos «viven bien», que las «cosas funcionan», que la probidad es la norma, que no hay discriminación –étnica, social, sexual, laboral–, que con el sueldo una familia cubre sus necesidades, que…

Otros en el extranjero, los «inversores», saben cómo son las cosas en realidad. Pronto tendremos más plantas tipo Celco y más empresas tipo Pascua Lama buscando su lugarcito sobre aguas ajenas; menos territorio resguardado, pero más autopistas y puentes caídos; más torres como la planificada Jumbo o los «modernos edificios» de Ñuñoa; más candidatos con problemas de facturación inmunes e impunes; más colegios con profesores impagos y 50 alumnos por aula; más «universidades» sin bibliotecas, gimnasios, campos deportivos, laboratorios; más chicas y chicos llenando las bolsas de los supermercados por la propina; más trabajo precario. Y más droga en la calle.

Tiene razón en su ingenuidad Alejandro Navarro. Las entidades que se constituyen como aventura de negocio no deben llevar el nombre del país en su logotipo ni en la plancha de bronce o de plástico que distingue su puerta de otras puertas.

A juzgar por la tarea que se realiza en un edificio de Valparaíso, el congreso tampoco.