La «justicia» argentina: la ley de medios y el caso Marita Verón

Juan Guahán - CLAE

“Vidas Robadas” fue una exitosa tele-novela que la televisora privada argentina Telefé presentó entre marzo y octubre de 2008. Fue una ficción sobre Marita Verón, el caso emblemático de trata de blancas. Tuvo un final feliz. Hasta ahora eso no ocurrió en la vida real. Tampoco (hasta ahora) hay condenas. Tucumán y la justicia están en la picota., y la coyuntura tuvo   un “miércoles de bronca y furia”.
La justicia tucumana absolvió a los 13 acusados en relación a los delitos de privación ilegítima de la libertad y trata de personas, con motivo de la desaparición –en el año 2002- de Marita Verón.
Se sabe, pero es bueno ratificarlo, que los finales felices de las ficciones casi nunca tienen su correlato en la vida real. Los guionistas de aquella ficción, que Telefé pusiera al aire, contaron con el asesoramiento de la incansable Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, recientemente premiada por la Presidenta de la Nación. Soledad Silveyra le dio cuerpo, en la telenovela, a la historia de esa mujer que logró correr el velo de la trata de personas. Ahora se habla de aquello que todos saben pero muchos callan: la gigantesca trama de intereses y poder que rodea a los negocios sobre las mujeres esclavizadas para ser explotadas sexualmente.
El martes se conocerán los fundamentos en los que se basa la absolución de los 13 acusados. Pero los propios integrantes del Tribunal han salido, a los medios de prensa, a defenderse dejando entrever las razones de su sentencia. Ella se basa en dos cuestiones. No hay testigos directos del secuestro, los que hay son por dichos de terceros, testimonios que recogen comentarios de los propios acusados. El único testigo que lo habría presenciado está muerto. En segundo lugar, según sus aclaraciones, “los jueces no tienen certeza que la mujer vista en diferentes prostíbulos sea Marita Verón”. Las cinco mujeres que declararon haberla visto, compartiendo la misma situación de explotación sexual, no convencieron a sus excelencias. Como lo escribiera una periodista de “Página 12”, porque habrían de creerles si al fin y al cabo “son putas”. Montado en este “machismo” profundamente arraigado funciona este infame negocio.

Los delitos del poder y el poder de los Ale y los Atila
En otras oportunidades se ha comentado que hay delitos, como la trata de personas y el manejo de la droga, que no podrían tener la expansión que han alcanzado sin la complicidad de aparatos estatales. En este sentido una trilogía integrada por policía, justicia y poder político constituyen la base del sistema de protección a esas actividades. En este caso concreto las denuncias, efectuadas por Susana Trimarco, han sido rotundas sobre el Tribunal de Justicia.

No fueron menos graves sus acusaciones al Secretario de Seguridad de la Provincia, responsable por el accionar de la policía, cuya renuncia ya fue aceptada por el gobernador. Intervenir el Poder Judicial, como muchos lo están pidiendo, puede ayudar al futuro, pero ¿qué hacemos con las policías” y ¿cómo resolvemos el problema de los protectores políticos?

La madre de Marita Verón lo dijo con todas las letras: “Los Alé, en Tucumán, son una mafia organizada”. Pero… ¿quiénes son los Alé? Se trata de los hermanos Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono”. Hijos del dueño de un puesto de frutas y verduras en el Mercado de Abasto. Desde de la década de los 80 han hecho una larga carrera. Su historia empezó dentro de los barrabrava del club de fútbol San Martín de Tucumán. Eran “Los Alé” vs.”Los Gardelitos”. Primero les ganaron en la interna y luego los mataron (1986). Luego de exilios y maniobras varias, solo “El Mono” fue condenado por “exceso en la legítima defensa”. Para esos tiempos ya contaban con protección de policía, justicia y poder político.
Habían comenzado sus relaciones políticas en 1983 como custodios del intendente radical de la Capital tucumana. Desde ahí han recorrido un extenso camino y construido un poderoso imperio, con varias causas penales que los involucran. Dos de las mujeres procesadas en el caso de Marita Verón tienen hijos de Rubén. Su poder incluye una agencia de remises de la que varios centenares de automóviles forman parte. Cinco líneas de colectivos y 10 locales tragamonedas integran su patrimonio empresarial, sin contar propiedades rurales de muy dudoso origen. De aquel comienzo apoyando al radicalismo viró hacia el pejotismo. El ex gobernador Julio Miranda (1999/2003) fue acusado de tener un estrecho vínculo y darle protección. Éste se lo presentó a su sucesor, el actual gobernador. La presidencia del Club San Martín de Tucumán es la fachada pública, para mantener estas múltiples y efectivas relaciones. Todo ello, con muchos más datos, está en el expediente judicial, que ahora será motivo de apelación.

La Justicia, la Ley de Medios y el caso Marita Verón

En estas horas se ha hablado mucho del accionar de la justicia, las semejanzas y diferencias en ambos casos.
Con los riesgos de todas las generalizaciones, se puede decir que, en ambos casos, estamos ante aspectos de una “Justicia” que actúa como reducto del poder, defensora del “sistema”. Pero también, es justo reconocer que hay diferencias.
En el tema de la Ley de Medios se trata de una “Justicia” metida en la cuestión “oficialismo vs. oposición” que pone trabas al avance de políticas que enfrentan un aspecto del poder mediático. Esta pelea no terminó con el fallo favorable al gobierno del pasado viernes, ahora seguirá con variadas apelaciones.
En el caso tucumano, ya vimos que el problema no es entre oficialismo y oposición sino de una “justicia” que defiende intereses reaccionarios amparando negocios ilegales y atentatorios a la dignidad humana.

Un miércoles de bronca y furia

La semana pasada hablamos de un “jueves olvidable”, cargado de nubes tóxicas e insoportables inundaciones. Esta semana fue un “miércoles de furias y bronca”.  La sentencia tucumana fue el martes a la noche. Al día siguiente en distintos puntos del país hubo movilizaciones en contra de ese fallo. En el centro de la Capital Federal, fue semidestruida la Casa de la Provincia de Tucumán. Pero eso no fue todo, algunas horas después unos 100 mil simpatizantes boquenses celebraban su día. Al final de las celebraciones hubo vidrios rotos, algunos saqueos y ataques al Canal 13.
Todo ello terminó con la renuncia del Jefe de la Policía Federal, molesto con su “jefe directo” el Subsecretario de Seguridad, Sergio Berni. Éste tiene tendencia a moverse por fuera de la línea de mandos policial, ello no era del agrado de quien tenía el manejo de la fuerza.

Justicia y reforma constitucional
De un modo reiterado se está constatando de qué modo la “Justicia” es el poder estatal donde encuentran más respaldo los sectores reaccionarios. Ello está siendo visualizado por gran parte de la opinión pública. El gobierno parece dispuesto a tomar cartas en el asunto. La Presidenta lo destacó en su discurso en los multitudinarios festejos en la Plaza de Mayo, el pasado domingo. No solo lo hizo con referencia al fallo vinculado a la Ley de Medios, sino que tocó una fibra sensible a la opinión pública poniendo a los jueces como responsables que los delincuentes reincidan en su accionar. Trató de evitar el debate ideológico en esta materia, para no contradecir sus posiciones “garantistas”, colocando el problema en el plano de la “corrupción”.
Dentro del gobierno se está estudiando el tema. La cuestión de la trata de personas ya ha sido incorporada a la agenda de “Sesiones Extraordinarias”, luego que se dejó que perdiera carácter parlamentario –por no tratarlo- un proyecto que tenía media sanción de senadores.
La Presidenta plantea la “necesidad de democratizar el sistema judicial”. Es posible que mañana, cuando reciba a Susana Trimarco, haya más señales al respecto. La diputada Diana Conti, adalid de la lucha por la reelección de Cristina, sostuvo que “tendrían que tener mandato periódico y ser sometidos al escrutinio, como el resto de los poderes”.
Parece que el tema judicial puede ayudar a la reforma constitucional, que aspira el kirchnerismo. Una reforma, del tipo de las que se está proponiendo, demandaría una reforma constitucional. Colocar allí el eje puede contar con un fuerte apoyo de la población, al que sería difícil oponerse, para terminar con este retardatario poder estatal. De paso…
De este modo el gobierno encuentra un aire inesperado en la coyuntura, para insistir en su proyecto estratégico de reforma y reelección.