Ago 12 2008
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Política

Las aventuras político militares de Colombia

Sebastián Pellegrino *  

En aplicación de la Doctrina Bush, el gobierno de Álvaro Uribe continúa reconociendo como “errores” las acciones impulsadas mediante la trasgresión a las normas del Derecho Internacional.  

Nuevos problemas emergieron en la última semana para el gobierno de Álvaro Uribe: la emisora colombiana RCN difundió el lunes 4 de agosto un video en Internet que muestra los preparativos y la ejecución del Operativo Jaque realizado el pasado 2 de julio, y que terminó con la liberación de 15 rehenes que permanecían en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
 
Las imágenes arrojaron nuevos datos a los que se conocían desde la divulgación del producto audiovisual editado por el Ministerio de Defensa de Colombia luego del Operativo. Ahora se sabe que un oficial de la misión de rescate portaba en su uniforme el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el logotipo de la televisora ecuatoriana Ecuavisa. También se confirmó la utilización del signo distintivo del canal multiestatal Telesur.
 
En medio de la polémica mundial desatada por la utilización de símbolos ajenos al Operativo, el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, informó el pasado miércoles que cinco miembros de las FARC, que planeaban atentados en el departamento de Cundinamarca, fueron detenidos con explosivos. Las declaraciones del Ministro no arrojaron mayores detalles.
 
Lo cierto es que la afirmación del funcionario, por sí sola, no despeja las dudas sobre la veracidad de los supuestos planes, más aún teniendo en cuenta el delicado momento en que se produce tal declaración.
 
En este orden de ideas, puede decirse que la oportunidad, ilegalidad y creación de fuertes sentidos comunes, engloban los aspectos más frecuentes y constantes del complejo escenario colombiano en los últimos meses.
 
Desde el ataque del ejército neogranadino al campamento de Raúl Reyes, número dos de las FARC, ocurrido el 1 de marzo en territorio ecuatoriano, el Gobierno de Uribe justifica sus maniobras militares bajo el amparo de la conocida “guerra global contra el terrorismo”, en su versión latinoamericana de lucha contra las calificadas “narcoguerrillas”.
 
El Operativo Jaque realizado el 2 de julio también contó con una serie de hechos oportunos que llamaron la atención. El mismo día Colombia recibió la visita del candidato presidencial estadounidense John McCain, del Partido Republicano, quien goza del apoyo político de su correligionario George Bush, actual Presidente del país del norte.
 
Asimismo el golpe a la guerrilla resultó vital para frenar el proceso de investigación que contemporáneamente se realizaba en torno a la reelección del primer mandatario colombiano y las supuestas prebendas para la aprobación de la ley que permitió a Uribe su segundo mandato consecutivo.
 
Por lo demás, no queda claro cómo fue localizada la compañía de las FARC que fue sorprendida por militares desprovistos de armas en un punto preciso de la selva colombiana. La organización guerrillera controla actualmente más de un tercio del territorio de Colombia, dato que sorprendería a cualquier unidad de logística que pretenda hallar a 15 rehenes, entre ellos la conocida ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
 
Pareciera que el Gobierno colombiano se dirige cada vez más a la creación de un Estado donde la práctica política extraterritorial y unilateral es la premisa fundamental para su sostenimiento. Las incursiones de tropas neogranadinas en territorio venezolano y la violación de la soberanía ecuatoriana ocurrida en marzo apuntalan aquella especulación.
 
Tales hechos no resultan de decisiones estratégicas improvisadas ni por falta de sumisión a las reglas básicas del Derecho Internacional. Se trata en realidad de una decisión geopolítica enmarcada en el contexto de la renovación de la Doctrina Monroe por parte de la administración Bush hacia América Latina. Y Álvaro Uribe aparece como el pivote clave para la difusión y expansión de la nueva política exterior de Washington hacia la región. En otras palabras: la expansión de la Doctrina Uribe en Sudamérica.
 
Muestra de tal trazado estratégico por parte de la Casa de Nariño es la voluntad expresada días atrás por funcionarios del Gobierno de convertir a Colombia en el primer país latinoamericano que contribuya al refuerzo de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán (ISAF), la operación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el país de Medio Oriente.
 
Las negociaciones entre España, Colombia y la OTAN llevan varios meses de tratamiento. Bogotá planea incorporar 100 soldados al destacamento militar español desplegado en Kal-i-Naw, capital de la provincia de Badais, al noroeste de Afganistán. En dicha región España cuenta con un batallón de reacción rápida de 200 soldados.
 
La incursión militar colombiana en el escenario global forma parte de una serie de señales que la Casa de Nariño viene ofreciendo a las potencias occidentales con un claro objetivo: convertirse en el interlocutor privilegiado, especialmente de Estados Unidos, de esta parte del continente, en un contexto en que las intervenciones militares en Medio Oriente parecen no hallar el rumbo esperado. De hecho, el mes de julio alcanzó su peor nivel de violencia en Afganistán desde la invasión en 2001, con más de 260 civiles muertos.
 
En la tarea emprendida por el Gobierno colombiano, por afianzar el consenso social en torno a la propuesta doctrinaria de la gestión Bush, también participan las corporaciones mediáticas privadas que se encargan de aislar los sucesos y encapsular las noticias sin conectarlas en el contexto amplio de la puja mundial por el poder. Un ejemplo de tal afirmación se dio tras la concreción de la Operación Jaque.
 
Es preciso aclarar que aquí no se discute la trascendencia de la liberación de 15 rehenes que permanecieron aislados durante años en algún lugar de la selva colombiana. Pero sí es necesaria y útil para las frágiles democracias latinoamericanas la renovación de la concepción comunicacional que impera desde hace ya varias décadas, orientada por los parámetros económicos sin ningún tipo de restricción.
 
En realidad pocas voces de alcance masivo pusieron en tela de juicio la serie de coincidencias oportunas reseñadas anteriormente como tampoco juzgaron críticamente los episodios de violación de las soberanías vecinas de Colombia.
 
En cambio sí hubo una explosión informativa, aunque efímera, en torno al profesionalismo de los militares protagonistas de la liberación de los secuestrados por las FARC, y una permanente criminalización de la histórica organización guerrillera mediante la utilización de calificativos aislados pero más que eficientes: terroristas, organización criminal, narcoguerrilla, agrupación subversiva.
 
Esta selección terminológica y la omisión de asuntos de extrema gravedad como la intervención político militar sin fronteras ni recaudos en la utilización de insignias ajenas a la trama colombiana, posibilitó la escalada positiva en la imagen del Gobierno de Bogotá que sufría hasta hace unos meses un progresivo desgaste.
 
Volviendo sobre el disparador inicial de la presente publicación, es preciso reseñar las declaraciones de Álvaro Uribe y del Ministro de Defensa en torno a la utilización del emblema de la CICR en la misión de rescate del pasado mes de julio.
 
El Presidente señaló que el lunes 4 de agosto fue informado de que un oficial “equivocadamente y contrariando las órdenes dadas, reconoció que producto de su nerviosismo, al observar la cantidad de guerrilleros armados alrededor del helicóptero, se puso sobre su chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo del Comité Internacional de la Cruz Roja".
 
Sin embargo, las palabras del Presidente tampoco eran acertadas: la insignia del CICR fue utilizada desde el comienzo mismo de la Operación, como lo demuestra el video presentado por la emisora RCN. Esto implica premeditación y conocimiento por parte de los líderes militares a cargo de la misión.
 
Por su parte, el ministro Juan Manuel Santos señaló "Vamos a averiguar qué fue lo que sucedió. Vamos a tomar acciones". Pero también se encargó de restar atención a lo que el Gobierno colombiano califica como error: “este hecho no debe empañar el éxito de la operación de rescate de los rehenes, sanos y salvos, que fue aclamada por gobiernos, organismos y personalidades de todo el mundo”.
 
Desde el partido político opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) rechazaron la actitud del Gobierno de intentar ocultar la verdad sobre lo ocurrido, y señalaron que la divulgación del video obligó a Uribe a cambiar su versión inicial sobre el uso de insignias de la Cruz Roja, pero manteniendo la falsedad de que se emplearon por decisión personal de uno solo de los militares que participaron en el Operativo.
 
Un día después de la divulgación de las imágenes, el CICR expidió una declaración en la que recuerda que en toda circunstancia debe ser respetado su emblema, pues este es un símbolo protector que permite a sus representantes acceder a las zonas del conflicto y generar confianza entre las partes. Sin embargo, queda claro que tal mensaje no puede ejercer su eficacia sobre lo ya obrado.
 
Otra dificultad resurgió en los últimos días para el presidente Álvaro Uribe. La Comisión de Acusaciones del Congreso colombiano citó al mandatario a declarar por el presunto delito de cohecho en su reelección.
 
La citación se produjo en el marco del mismo caso de la ex parlamentaria Yidis Medina, condenada hace pocas semanas a 43 meses de prisión, por haber recibido prebendas del Ejecutivo para apoyar la enmienda legal que permitió el segundo mandato del actual Presidente.
 
Sin embargo, Uribe cuenta con la certeza de que la Corte Constitucional (máxima instancia en Colombia para dirimir asuntos sobre la Carta Magna) no revisará la legalidad de su propio fallo de 2005 que validó la decisión del Congreso de aprobar la reelección, pues los magistrados se declararon impedidos de rever el caso que por su tipo caduca un año después de la aprobación.
 
Ante tal negativa, distintas organizaciones sociales de Colombia han declarado que estudiarán la conveniencia de enviar el caso a instancias internacionales como el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para ser revisado.
 
Claro está que los aspectos mencionados anteriormente (oportunidad, ilegalidad y creación de nuevos sentidos comunes) sobre el actual escenario colombiano, atraviesan cada uno de los focos de tensión planteados hasta el momento.
 
La dinámica política unilateral, irrestricta y extraterritorial ejercida por el Gobierno colombiano implica el no reconocimiento de los principios básicos para la convivencia pacífica entre los Estados, y la aceptación del paradigma impulsado por la gestión Bush de acciones militares preventivas sin fronteras. Al igual que la “fallida hipótesis” de armas de destrucción masiva en Irak, sobran los ejemplos sobre intervenciones externas reconocidas finalmente como “erróneas”.
 
Nunca antes fue tan necesaria la creación de organismos supranacionales que regulen efectivamente los procesos políticos globales.
 
* Publicado en APM

 

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