Las guerras bolivarianas: la prensa y la cuestión agraria
La libertad de prensa y la libertad de expresión
La promulgación de una ley que regula el ejercicio de la prensa en Venezuela ha querido ser entendida por algunos analistas internacionales con sede en EEUU como una legislación mordaza que pone el control de los medios de comunicación en manos del Estado.
Lo cierto, en todo caso, es que los Estados tienen la responsabilidad de regular la práctica de los medios de comunicación, y en todos los países del mundo gobiernos de distintos signo político lo hacen cotidianamente, del mismo modo como se regulan las actividades de las personas naturales y jurídicas sin que ello constituya una reducción de las libertades cívicas.
Regular el ejercicio del periodismo -y la praxis de las corporaciones periodísticas, que es lo que está en juego en el caso venezolano- no es per se violatorio de la libre expresión; el gobierno de Chávez en esta materia expuso como fundamento de la ley aprobada el 15 de diciembre ppddo. el respeto a los derechos humanos con una visión integral, basados en el principio constitucional de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, razón por la cual los entes privados también deben garantizar el respeto a los derechos humanos de los demás.
En síntesis: que el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación no es un privilegio de aquellos, sino un derecho de toda la ciudadanía.
Lo novedoso de la ley vigente en Venezuela -en estos tiempos en que «el mercado» se ha convertido en la suma de todos los valores y en la medida de todos los actos- es que la norma se entiende además como un llamado a la corresponsabilidad en la formación integral de niños, niñas y adolescentes, así como en otros aspectos relativos a las programaciones de los medios radioeléctricos.
Ausencia de interlocutores válidos
La profunda crisis del Estado venezolano que se arrastró por tres décadas o más y cuya manifestación más disolvente fue la extrema corrupción de las dirigencias políticas -que infiltró a todos los sectores sociales- terminó por arrasar con los mecanismos de representación conformados en la democracia formal precisamente por los partidos.
Fueron los medios de comunicación en gran parte los que alentaron ese proceso. En cierto modo el gobierno de Chávez es producto de la aniquilación de los partidos y también de la búsqueda social de nuevas formas de democracia y representación.
El programa de gobierno de Hugo Chávez y el bolivarianismo, aunque lejos de constituirse sobre una plataforma socialista, perturbó el sistema de relaciones sociales, hirió intereses y molestó de sobremanera a los grupos en la cúspide de la pirámide social. Esos grupos son también los propietarios de los medios de comunicación y nunca constituyó un secreto sus asociaciones y relaciones económico-financieras con las elites estadounidenses: los capitalismos nacionales dejaron de existir hace generaciones.
A través de confusas argumentaciones que mezclaron -y mezclan- lo político-ideológico, el racismo, la economía y convertirse en voceros y dependientes del gobierno de EEUU y sus servicios de espionaje, los medios de comunicación intentaron convertirse en aparatos políticos: reemplazando a las entidades que contribuyeron a liquidar.
Conservan -es decir: mantienen para sus dueños- un buen porcentaje de audiencia; la sociedad Venezolana se ha polarizado, tal vez erróneamente, en torno del eje Chávez y no del programa bolivariano -lo que incidentalmente le permite al presidente ser el árbitro final y, a la vez, ganar nuevos espacios y descomprimir las presiones sobre su mandato.
La lucha entablada, así, contra Chávez resulta artificial y ajena a las necesidades de la mayoría de la población, hastiada sin dudas de un enfrentamiento tan vacío como estéril; que el funcionario estadounidense señor Reich -hombre de abundante y oscuro prontuario antidemocrático- en buen castellano eche combustible al fuego por la CNN no mejora las cosas.
El gobierno de Venezuela, por su parte, señaló a fines del año pasado que «ratifica su compromiso con las libertades públicas y los derechos comunicacionales del pueblo, derechos colectivos que tendrán preeminencia sobre la libertad particular de alguna persona o grupo. Con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV empezamos a construir y a ejercitar derechos y libertades individuales y colectivas».
La ley de tierras y la oligarquía del campo
La Ley de Tierras y Desarrollo Rural, promulgada en noviembre de 2001, en el paquete de 49 leyes aprobadas por el gobierno bolivariano es el instrumento jurídico que enmarca y regula la propiedad de la tierra en Venezuela. El Instituto Nacional de Tierras (INTI), es el organismo que asume la tarea de revisar la situación legal del agro, promueve la organización de los pequeños campesinos y entrega las llamadas «cartas agrarias», constancia legal de propiedad.
Los múltiples problemas que debió enfrentar el gobierno -cesantía, corrupción galopante en la industria petrolera, virtual quiebre de los servicios de salud, etc…- y el accionar de la oposición que significó hasta un confuso golpe de Estado impidieron avanzar con la velocidad esperada en la solución del grave problema agrario.
Desde noviembre de 2001 más de un centenar de campesinos pobres han sido asesinados, achacándose sus muertes al accionar de escuadrones de choque organizados por los grandes latifundistas.
A comienzos de enero de 2005 -incluyendo un acto en Caracas el día 10- el presidente Chávez revitalizó la presencia estatal en el campo. Los medios de comunicación privados respondieron con el anuncio de una situación de violencia que acabará con la paz nacional.
«…No es el camino correcto»
El presidente del gremio de ganaderos José Luis Betancourt dijo: «Este no es el camino correcto. Si se quiere eliminar la propiedad y la institucionalidad, significará la pérdida de la paz». La expropiación de tierras ociosas es un tema controvertido en Venezuela, y es uno de los argumentos que usa la oposición para calificar a Chávez como «castro-comunista» -término en boga a mediados de la década 1961/70 producto de la usina comunicacional de los expatriados cubanos en La Florida-.
El cinco de enero en Cojedes la gobernación del estado dictó un decreto, en virtud de la Ley de Tierras, para echar a andar la producción agraria. Una serie de asociaciones ciudadanas surgidas al amparo de los medios de comunicación insistieron en que los estados -Venezuela tiene una organización política federal- «no tienen facultad para hacer este tipo de decretos».
En la actualidad, según datos del Ministerio de Agricultura y Tierras, Venezuela importa más del 70 por ciento de los alimentos que forman parte de la canasta alimentaria. Presenta además la particularidad de tener más del 80 por ciento de las tierras cultivables en manos un cinco por ciento de los propietarios.
Uno de los problemas de la tenencia de tierras en Venezuela es, en muchos casos, la inexistencia de documentos que prueben el dominio y posesión de las mismas. Algunas -envueltas en complejas diligencias sucesorias y confilctos subsiguientes- fueron entregadas en otro tiempo a cambio de favores políticos por los gobiernos de turno; otras pretendidas propiedades son producto de apropiaciones, corrimiento de límites, etc…
Los grandes grupos importadores y comerciantes-más algunos políticos del viejo régimen-son los mayores acaparadores o presuntos propietarios de tierras.
Soberanía y alimentación
El artículo 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que «El régimen latifundista es contrario al interés social». De poco servirán los índices de crecimiento económico, que marcan una fuerte mejoría e impulso, si el país sigue condenado a importar casi las tres cuartas partes de sus necesidades de alimentos.
Implementar la soberanía alimentaria pasa necesariamente por revertir la situación del campo, lo que significa ejecutar un programa de promoción del campesinado en todos los órdenes, para aumentar y diversificar la producción de alimentos.
El latifundio en Venezuela -como otros países de América- conforma una situación tan grave -además de injusta-, que por lo menos dos gobernadores opositores a Chávez -Manuel Rosales, del Zulia, y Morel Rodríguez, de Nueva Esparta- señalaron su conformidad con el esfuerzo del gobierno federal.
«Una democracia que permita esa injusticia está perdiendo su esencia y termina convirtiéndose en una pantomima de democracia. Una revolución que permita este estado de injusticia, no puede llamarse revolución», dijo Chávez el 10 de enero.
La distribución de tierras se acompañará con una serie de medidas que implementarán la producción agraria: créditos blandos del Banco de Desarrollo Económico y Social, créditos para obtención de maquinarias, entrega de maquinaria a las cooperativas de campesinos, asesoría técnica para aprovechar los suelos y las temporadas de siembras, cursos de formación de Cooperativas, funcionamiento de silos para almacenar las cosechas, distribución de alimentos y comercialización de los productos a bajo costo en la red de mercados populares, etc…
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* Fuente: Dos artículos de Ernesto J. Navarro –Ley de tierras vs oligarquía del campo y Regular a los medios de comunicación es responsabilidad de los Estados– publicados en Paralelo 21 programa de la Radio de la Universidad de Guadalajara, México (Paralelo 21)