Las represas en el Aysen en la Patagonia: faltas a la probidad y problemas de sentido común

Patricio Segura Ortiz.*

Habló la Contraloría. Más de cinco meses después de hecha la consulta en el marco de una investigación periodística, el organismo fiscalizador de los órganos públicos estableció la incompatibilidad entre evaluar estudios de impacto ambiental y recibir aportes de las empresas cuyos proyectos son escrutados.

Algo que desde hace bastante tiempo en la Región de Aysén se venía denunciando —en privado, en público, a través de los medios periodísticos— y ante lo cual ninguno de los involucrados puede hoy aludir ignorancia. Es más, había que aplicar puro sentido común.

Hoy todos acatan el pronunciamiento. Los alcaldes, cuya gestión fue cuestionada, han salido con mayor y menor claridad a decir que siempre hubo buena intención, que recibían recursos para sus comunidades, que en nada las dádivas de las trasnacionales han hecho que les tiemble la mano al momento de realizar observaciones a los estudios de impacto ambiental sobre los cuales les corresponde pronunciarse.

También ha salido HidroAysén a expresar que todo se hizo por "la gente" y que acatará el dictamen, en circunstancias de que a los privados nos les corresponde seguir instrucciones de la Contraloría por no ser órganos del Estado. Pero bueno, de todo hay en la viña de la justificación.

Aún así todavía quedan vacíos en este festival de buenas intenciones, responsabilidad social empresarial y aplicación práctica de la tristemente conocida doctrina de que el fin justifica los medios. Incluso transgredir la Ley de bases generales de la administración del Estado en lo que a probidad se refiere.

Lo primero es saber si HidroAysén y Energía Austral asumirán solidariamente (por ética, no por un tema legal) los costos que eventualmente significará a los municipio las faltas a uno de los cuerpos legales que les rigen. En esto, está claro que las vías de acción legal son varias y ya hay concejales y organizaciones que estiman prudente que este aviso tenga repercusiones concretas.

Y lo segundo, un poco más sutil, es saber qué ocurrió con la seriedad con que empresas como HidroAysén y Energía Austral debieran estar actuando en nuestra región. Dónde está el alto nivel que se esperaría de trasnacionales, a las que no les faltan los recursos económicos, hecho más que demostrado con los convenios, contratos, becas y el reparto descarado de prebendas en esta alejada región.

Y reiteramos, no fue una sorpresa lo que dictaminó la Contraloría. Se había dicho en múltiples ocasiones, por múltiples vías, de múltiples formas. Y se hizo caso omiso. Y una vez más, la explicación es la involuntaria omisión.

Al igual que Endesa se equivocó con la publicación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles allá por 2005, que la obligó a hacer dos veces el mismo trámite.

Lo mismo cuando HidroAysén usó sin autorización la imagen de sus detractores, Mate Amargo, para un spot institucional, o cuando patrocinó un libro de Félix Elías que muestra sin autorización fotografías de Oscar Ziehlmann, quien ha expresado públicamente su crítica a las represas. O cuando tuvieron que pasar meses para que se notificara de la demanda del conjunto costumbrista al gerente general de HidroAysén, Hernán Salazar, porque casualmente (a pesar de ser el tema público y notorio, como diría un abogado) no había podido ser ubicado. O lo mismo con el gerente general de Energía Austral, Alberto Quiñones, quien por meses tampoco pudo ser notificado —al no localizársele primero y luego por estar de viaje de trabajo, y luego de vacaciones— de su formalización por otro “involuntario” error de su empresa al cortar ilegalmente bosque nativo en Puerto Aysén.

Con todas estas inconscientes equivocaciones uno tiende a preguntarse ¿dónde están las compañías serias y responsables, que debieran darnos garantías de que harán las cosas bien y que no pondrán en riesgo la naturaleza de Aysén, las comunidades, las actividades productivas hoy presentes? Al igual que ocurrió en Los Angeles cuando hace unos años se desbordó el río Biobío, mató a nueve personas y dejó casi 200 damnificados por responsabilidad de Endesa y sus embalses ¿escucharemos mañana a los ejecutivos de HidroAysén o Energía Austral decir que cualquier accidente se debió a un involuntario error?

Perdonen por no ser tan ingenuos. Lo que ha ocurrido en estos hechos, y que se comprobó con el dictamen de la Contraloría, no son simples desaciertos. Hubo la intención manifiesta de actuar incorrectamente, de "bypasear" a la ciudadanía, aprovechando al máximo el mínimo que exige la Ley, e incluso por debajo.

Está claro, así, que los municipios no tienen toda la responsabilidad de lo ocurrido. Porque han sido Endesa y Colbún, y Xstrata mediante sus sociedades y ejecutivos, quienes han inducido a los municipios a infringir la probidad pública. Bajo su especial concepto de responsabilidad social empresarial.

Decir lo contrario, es ser muy caradura. O, simplemente, tener graves problemas de sentido común. Y cualquiera de estas dos razones es cual más grave e inaceptable.

Periodista.
En www.eldivisadero.cl