LOS CAUDALES DEL RÍO DE LA CRISIS

EL ESPEJO FRANCÉS

El apabullante triunfo de la derecha francesa, en el país que protagonizó algunos de los más importantes movimientos sociales del siglo pasado, debe ser un toque de atención para los latinoamericanos.

Por debajo de la euforia que regocija estos años a muchos progresistas, las distancias con los más pobres y el abandono de las posiciones históricas pueden estar abriendo el camino a las fuerzas más reaccionarias de la región.

La octava tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin parece describir casi a la perfección la relación entre los suburbios poblados por inmigrantes y el presidente Nicolás Sarkozy. «La tradición de los oprimidos nos enseña que ‘el estado de excepción’ en el que vivimos es la regla», escribía poco antes de su muerte, en plena noche fascista.

El aserto inspiró al filósofo italiano Giorgio Agamben a la hora de escribir Estado de excepción (Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2004), un documentado y exhaustivo estudio de lo que considera como «una guerra civil legal» en curso en la actualidad en todo el mundo.

El estado de excepción o de sitio, emancipado de la situación bélica a la que estuvo ligado orignariamente, pasó con el tiempo a ser utilizado como medida para contener desórdenes, crisis políticas y aún económicas. Considera que en la actualidad vivimos en estado de excepción permanente –agudizado luego del 11 de setiembre de 2001– que sintetiza la profunda transformación que viven las democracias.

La actualidad de su pensamiento es evidente. En Francia hace menos de dos años se aplicó el estado de emergencia durante la revuelta de las periferias como única forma de contener a los jóvenes que en tres semanas quemaron nueve mil vehículos. El jefe de Policía dio por terminada la revuelta la noche que ardieron sólo 98 autos, ya que el promedio de la última década es de 100 coches incendiados por noche.

Este solo dato revela la profundidad de la guerra social que se libra en uno de los países más ricos del mundo; la dificultad para contener a millones de jóvenes marginalizados y la «necesidad» de medidas policiales permanentes. La represión, casi 600 procesados, vino antes que los planes sociales con los que inútilmente se intenta apagar los incendios.

En paralelo, las izquierdas han claudicado ante el modelo neoliberal o se enzarzan en disputas que les impiden trabajar unidas, antes y durante los procesos electorales. El abandono de la crítica al modelo y el vaciamiento del discurso de izquierda, es respondido por la gente con la deserción, lo que explica en buena medida ese 40% de abstenciones en las legislativas francesas. Mientras la derecha dice las cosas claras y promete mano dura contra los jóvenes pobres de las periferias, la izquierda mayoritaria se hace la distraída y enarbola un discurso impreciso y confuso.

La rebelión de los jóvenes pobres de las periferias francesas está en la base del apabullante triunfo electoral de la derecha. Algo similar sucedió luego de mayo del 68, cuando la sociedad atemorizada ante la revuelta votó masivamente por Charles de Gaulle, símbolo del orden. Pero la izquierda pagó caro el precio de no colocarse incondicionalmente del lado de los rebeldes: se quedó sin los votos y sin la posibilidad de forjar un potente movimiento social en el que se fusionaran los inmigrantes y los trabajadores franceses precarizados, los del más abajo con los del abajo, por usar una metáfora zapatista.

Lo que sucedió en Francia tiene enorme actualidad para los latinoamericanos. Buena parte de las izquierdas abandonaron su identificación con los más pobres, como sucede en Brasil con el Partido de los Trabajadores, y sustituyen el compromiso con los de abajo con planes sociales asistenciales. En paralelo, los gobiernos que se proclaman progresistas o de izquierda, sobre todo los de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, siguen aplicando medidas que profundizan el neoliberalismo. El resultado está a la vista. El derechista (casi menemista) Mauricio Macri será el próximo gobernador de Buenos Aires. En poco más de dos años un presidente de derecha sustituirá a Lula en Brasil. En Chile sucederá lo mismo.

En la capital argentina la crisis del progresismo arranca con el incendio de la discoteca Cromañón, donde a fines de 2004 murieron casi 200 jóvenes muy parecidos los que quemaban coches en París. Ante el dolor de los familiares y amigos, que se movilizan hasta el día de hoy exigiendo responsabilidad a los políticos corruptos que autorizan discotecas que no reúnen condiciones mínimas de seguridad, los políticos progres se hicieron los distraídos.

En Chile hay decenas de presos mapuches por defender sus comunidades de las empresas forestales, mientras los gobiernos de la Concertación apoyan a los usurpadores. Similar actitud mantiene el gobierno ante los estudiantes secundarios a la vez que defiende el lucro en la enseñanza.

Ni qué decir de la actitud de Lula, que apoya el agronegocio mientras libera los cultivos transgénicos y apoya a los empresarios de la caña de azúcar que mantienen relaciones de esclavitud con los cortadores.

En su ensayo, Agamben esboza, con sombrío pesimismo, un diagnóstico que en buena medida explica el éxito de las derechas y la parálisis de las izquierdas: «El totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político».

En América Latina, donde los pobres sufren una guerra permanente por parte de las multinacionales de la minería, del agronegocio y la forestación, no hay más margen para la omisión: o las izquierdas se incorporan a las luchas de los de abajo y toman partido en esa «guerra civil legal», o la lucha de éstos los debilitará a tal punto que ya no podrán sostenerse en el poder. En su lugar tal vez vuelvan las derechas, pero la responsabilidad no será de los de abajo.

(En: www.alainet.org).

Chile:
EL MODELO NEOLIBERAL ENTRÓ EN CRISIS

Un nuevo y hondo malestar se advierte en Santiago. En las paradas de autobús y del Metro, en barrios populares como La Victoria, trinchera en la resistencia a la dictadura, en los pasillos de hospitales públicos y en las puertas de los colegios, se expresa en voz alta una nueva conciencia sobre los problemas de Chile y los responsables de que el “modelo” –del que todavía se ufanan los políticos de derecha y de izquierda– esté dando claras señales de agotamiento.

A lo largo de quince meses el gobierno de Michelle Bachelet ha acumulado problemas y se le han abierto varios frentes. Primero fue la masiva y maciza protesta de los estudiantes secundarios contra una ley de educación heredada del dictador. La movilización consiguió poner sobre la mesa el problema del lucro en la enseñanza, que buena parte del oficialismo se niega a considerar.

Cuando aún no se habían acallado los ecos de las asambleas estudiantiles –llamadas a convertirse en un separar las aguas de una cultura política que gira en torno a la representación–, la puesta en marcha del Transantiago (sistema de transporte colectivo privado) provocó una crisis política que puede arruinar a la Concertación Democrática –alianza demócrata cristiana – socialista que administra el sistema electoral chileno desde que en 1990 Pinochet dejó la presidencia–. El malestar trepó varias grados a principios de mayo con el asesinato de un obrero forestal por el cuerpo de Carabineros, en el sur mapuche donde la rabia ancestral se siente a flor de piel.

Por primera vez en años los políticos se muestran preocupados por el rumbo que toman los acontecimientos. El “modelo” económico hace agua. Un reciente estudio de dos economistas de la Universidad de Chile, Orlando Caputo y Graciela Galarce, señala que en 2006 se produjo una salida récord de capitales: 25 mil millones de dólares, un 17% del PBI. Aseguran que la economía chilena vive un “agotamiento” y que “sólo el aporte de la minera estatal Codelco permite que no se manifieste una crisis”. En el país que ha glorificado como ninguno al sector privado, es el sector estatal el que está salvando la situación.

La mayor parte de los capitales que fugaron, o retornaron según la jerga tecnocrática, pertenecen a la minería que se vio beneficiada con la desnacionalización del cobre. El sindicalista Pedro Marín declaró al diario Clarín: “Codelco tiene 30% del negocio y las extranjeras el 70%. Pero en sus aportes al fisco es al revés: Codelco aporta 70% y las extranjeras 30% pese a sus ganancias”. La impresión es que la situación económica del “modelo” pende de un hilo, pero de cobre: en 2003 se cotizaba a 80 centavos de dólar la libra, este año alcanzó los tres dólares.

La situación es muy grave porque la salida de capitales en 2006 equivale al 84% del presupuesto del Estado y de continuar amenaza con frenar en seco el crecimiento.

La cuestión del Transantiago es más grave aún, porque desnuda ante la población la perversión del “modelo”. El gobierno entregó a privados la remodelación del caótico sistema de transporte colectivo de la capital. El Transantiago se inspira en el Transmilenio de Bogotá: grandes unidades circulan por carriles separados con recorridos principales y secundarios. Se estrenó en febrero y fue un caos. Faltan unidades porque los privados no quieren arriesgar. En los barrios más pobres, donde es menos rentable, los autobuses no llegan o lo hacen con enormes lagunas de tiempo. La población debe caminar kilómetros para llegar a una parada donde puede esperar hasta una hora la llegada de un autobús. Miles han perdido sus empleos por llegar tarde. Y el metro está tan congestionado que no da abasto.

A la ira inicial, que generó algunas manifestaciones espontáneas, le siguió la indignación a medida que se conocen los niveles de improvisación y de especulación de los empresarios. Como el servicio da pérdidas (30 millones de dólares sólo en abril) el gobierno decidió auxiliar a los privados. El eficiente metro estatal fue forzado a prestar dinero al Transantiago y ahora el gobierno Bachelet propone al parlamento un préstamo de 290 millones a una empresa privada que incumplió contratos. Hasta diputados de la democracia cristiana cuestionan que el Estado esté apoyando la ineficiencia empresarial. El ex presidente Eduardo Ruiz, un demócrata cristiano neoliberal, pidió que se establezca “un sistema de transporte estatal como en las grandes ciudades del mudo”. Algo impensable unos años atrás.

Un sector de la gobernante Concertación difundió hace dos semanas un documento titulado Las disyuntivas, en el que pide “introducir rectificaciones al actual modelo de desarrollo, enfrentar las desigualdades y avanzar en la construcción de un sistema integral de protección social”. El oficialismo siente que se le hunde el suelo. Va más lejos. Critica un modelo para el que “más importante que la cohesión social de un país es su nivel de reservas fiscales”; denuncia “graves problemas de calidad de la educación, la salud, la vivienda, la protección el ambiente” y un largo etcétera; advierte sobre “la precaria calidad de nuestra democracia” y censura “las enormes injusticias y desigualdades”. Casi un manifiesto de la oposición de izquierda.

En realidad, el problema está en otra parte. Ahora la protesta social tiende a ir más allá de los sectores que siempre estuvieron a contrapelo del modelo neoliberal chileno como el pueblo mapuche y la juventud contestataria.

La larga huelga en el sur, donde siete mil obreros forestales doblaron el puño de los poderosos y soberbios empresarios del Grupo Angelini, uno de los más fuertes de Chile, es todo un síntoma de los nuevos tiempos. Los obreros usaron maquinaria pesada de la empresa para resistir a los Carabineros, con un saldo de varios heridos y un muerto.En algún momento las protestas de obreros, pobladores, mapuches y estudiantes pueden confluir. Sabemos que cuando a los de abajo no los frena la represión, los de arriba empiezan a pensar en introducir cambios para retocar el maquillaje.

(Publicado –en francés– el 12 de junio de 2007 en www.lecourrier.ch. En castellano se publicó en www.lafogata.org).

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* Periodista