Sep 6 2005
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Opinión

Los presos cubanos satisfacen los deseos políticos de Bush

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

 
El 9 de agosto, el Tribunal de Apelaciones de EEUU para el Onceno Circuito pareció haber comprendido esto cuando desestimó las condenas de 2001 a los cinco cubanos (Rubén Campa, René González, Gerardo Hernández, Luis Medina and Antonio Guerrero), enviados desde La Habana a la Florida para infiltrarse en los grupos terroristas anti-Castro.

Los jueces de la apelación decidieron: “El extendido prejuicio de la comunidad en contra de Fidel Castro y el gobierno cubano y sus agentes y la publicidad que rodeó el juicio y otros actos de la comunidad se combinaron para crear una situación en la que ellos no pudieran obtener un juicio justo e imparcial”. Su decisión coincidía con una anterior del Grupo de Trabajo de la ONU para la Detención Arbitraria, que decidió que la condena de los Cinco de Cuba era “arbitraria” y contraria al derecho internacional.

 
El caso ejemplifica el enfoque de Bush acerca de la justicia equitativa y el respeto por la ley, así como la ausencia de consistencia de su parte acerca del terrorismo. Es más, durante el juicio, los abogados de los Cinco señalaron esta situación al negar las acusaciones de espionaje por parte del gobierno.

 
El FBI arrestó a los Cinco como parte de la agenda política de Bush –no por ley o por los hechos–. En las elecciones del 2000, los abogados de Bush argumentaron que democracia significa limitar el derecho de los floridanos al voto y no contar el total de los votos. El Tribunal Supremo, dominado por los republicanos, convirtió esto en ley. Al juzgar a los Cinco de Cuba, los fiscales argumentaron que para defender al país del terrorismo tuvieron que procesar a los que estaban tratando de atrapar a terroristas. Sin embargo, los verdaderos terroristas siguen tomando el sol en la Florida.

 
Desde la toma revolucionaria del poder en 1959 hasta los años 90, los anticastristas organizaron desde la Florida miles de actos terroristas, con la ayuda y el aliento de la CIA. Varios presidentes aprobaron rutinariamente intentos de asesinato contra Castro y otros líderes cubanos (¿la motivación de Pat Robertson?), así como misiones de sabotaje, incluyendo la invasión de 1961 apoyada por la CIA en Bahía de Cochinos, Cuba.

 
Después del 11/9, Bush relacionó “terrorismo” con casi todo –excepto la violencia contra Cuba–. Para Bush, la palabra omnipresente se refería sólo a los terroristas “malvados”, como los gobiernos de Iraq, Irán y Corea del Norte, no a aquellos que practicaban el terrorismo como su vocación y usaban a Estados Unidos de aliado.

 
Un fanático anti-Castro había pasado varias décadas –con ayuda de la CIA– tratando de asesinar a Fidel Castro. Luis Posada Carriles, ahora de 77 años y detenido en una prisión de Texas por fraude de inmigración, también se enfrenta a un juicio por extradición debido a la acusación de que en 1976 conspiró exitosamente para volar un avión comercial cubano sobre Barbados –73 pasajeros y tripulantes murieron–.

 
Si los Cinco de Cuba van a un nuevo juicio, este pudiera convertirse en un embarazoso testigo para la Administración Bush. A no ser que mienta, él abundará en las palabras que dijo a reporteros de The New York Times el 12 de julio de 1998. Entre 1997 y 1998, una serie de bombas en hoteles provocaron daños a la propiedad, intimidaron a los turistas y finalmente mataron a uno de ellos. La seguridad cubana arrestó a un salvadoreño que confesó y nombró a Posada como el hombre que le pagó para colocar y detonar los explosivos. El dinero para la operación, según confesó Posada a los reporteros, provino de los que apoyan en Miami las acciones terroristas anticubanas.

 
Es más, los abogados de los Cinco de Cuba reconocieron que el FBI había hecho poco por detener los ataques contra Cuba por parte de los grupos de exiliados. Citaron a Alfa 66 como “implicados en ataques terroristas a hoteles cubanos en 1992, 1994 y 1995”. De 1994 a 1996, Hermanos al Rescate “violó el espacio aéreo cubano… para lanzar mensajes y volantes que promovían el derrocamiento del gobierno de Castro”. Miembros de la Fundación Nacional Cubano-Americana “planeaban hacer estallar una bomba en un cabaret en Cuba”.  Los fiscales no negaron que Cuba había enviado a los Cinco para trastornar la versión anticastrista de Al-Qaeda.

 
“Después de cada ataque”, señalaba el Onceno Circuito, “Cuba advirtió a Estados Unidos de sus investigaciones y pidió a las autoridades de Estados Unidos que actuaran en contra de los grupos que operaban dentro de Estados Unidos”. El 4 de septiembre de 1997, después de que varias bombas habían estallado en centros turísticos, los huéspedes que se encontraban en el vestíbulo del Hotel Copacabana de La Habana oyeron un fuerte ruido. Cuando se disipó el humo, empleados del hotel encontraron mortalmente herido a Fabio di Celmo, un hombre de negocios italiano de 32 años.

 
Cuando supo de esta muerte, preguntaron los reporteros del Times a Posada, ¿sintió algún remordimiento? “Dormí como un bebé”, respondió Posada. Como los malvados que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas, Posada aseguró que las muertes de civiles se convirtieron en daño colateral en su guerra contra la Cuba de Castro.

 
Durante sus más de cuatro décadas de organizar intentos de asesinato y misiones de sabotaje, Posada hizo un alto en los años 80 para colaborar en una operación encubierta de EEUU contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Trabajó con el teniente-coronel Oliver North para enviar suministros a los contras y a sus escuadrones de la muerte.

 
A fines de los 90 regresó a su profesión favorita y con otros tres cubanos exiliados (Ignacio Novo, Pedro Remón y Gaspar Jiménez), trataron de volar a Fidel Castro durante un discurso en Panamá.

 
El 20 de abril de 2004 un tribunal panameño los declaró culpable de “amenaza a la seguridad pública” y de “falsificar documentos”. Posada fue condenado a ocho años de prisión, pero junto con sus colegas del CVAM (Club de Vejestorios Asesinos de Miami), se libraron de la cárcel cuando la saliente presidenta de Panamá Mireya Moscoso les concedió el indulto en el 2004. Por mera coincidencia, instantáneamente Moscoso aumentó su fortuna en $4 millones de dólares.

 
En marzo de 2005 Posada Carriles, que aún es buscado en Venezuela y el Salvador, huyó a Miami. Al Departamento de Seguridad Interna le tomó dos meses reconocer que tenía a un terrorista en el país. El 17 de mayo agentes del Departamento arrestaron a Posada por entrada ilegal, no por sus voluminosas contribuciones al terrorismo.

 
La diferencia de tratamiento a los Cinco y a Posada plantea preguntas claves acerca de la ley en la era de la “guerra al terrorismo”. El 19 de julio, un panel de tres jueces del 4to. Circuito del Tribunal de Apelaciones de EEUU se reunió para tratar el caso de José Padilla. 

Un tribunal inferior había fallado que Padilla, ciudadano norteamericano y convertido al Islam, detenido por los militares sin acceso a lo judicial desde 2002, “debe ser acusado de un delito o puesto en libertad”.  El Abogado General de EEUU Paul D. Clement respondió que EEUU es un “campo de batalla” en la guerra contra el terror, por lo cual se justifica la detención indefinida de los supuestos “combatientes enemigos”.

 
“Usted mantiene a Padilla en una celda de Manhattan”, dijo el Juez M. Blane Michael, dirigiéndose a Clement. “Según las leyes de guerra, ¿qué derecho tiene usted a realizar una captura fuera de un campo de batalla y detenerlo mientras dure la guerra?… Para decir que Estados Unidos es un campo de batalla, ¿no necesitaba usted una autorización específica del Congreso? Como tribunal, no nos compete determinar leyes para la guerra”.  (Washington Post, 20 de julio de 2005.)

 
El juez también podía haber preguntado qué tipo de guerra al terrorismo permite al gobierno juzgar a los que fueron enviados a frustrar a los terroristas, como los Cinco de Cuba, mientras mantiene exenciones especiales para verdaderos terroristas como Posada. Venezuela, el país donde Posada conspiró para el sabotaje de 1976 al avión, ha exigido su extradición.  Funcionarios de EEUU se han burlado de la demanda.

 
Sin embargo, en el “campo de batalla” actual, Orlando Bosch, quien se complotó junto con Posada en el sabotaje al avión en 1976, vive libremente en Miami. Un cable desclasificado de marzo de 1988 enviado por el Secretario de Estado de EEUU George Schultz, dice al embajador de EEUU en Costa Rica que Bosch “llegó a Estados Unidos desde Venezuela sin visa norteamericana”.  Bosch tiene una “acusación pendiente por violación de la libertad bajo palabra… por disparar una bazuca contra un barco carguero polaco”. Schultz le pedía al embajador que investigara acusaciones de que Bosch había conspirado “para matar a Henry Kissinger (por entonces Secretario de Estado) durante una visita a Costa Rica en 1976”.  En 1989 el Presidente Bush desestimó las recomendaciones del FBI de negarle la entrada al país a este peligroso criminal.

 
Guillermo Novo, otro co-conspirador de Posada en el complot de Panamá para matar a Castro, cumplió condena por perjurio debido a que sabía del asesinato en Washington, D.C., en 1976 del ex canciller chileno Orlando Letelier.  En 1964 Novo también disparó con una bazuca contra la sede de Naciones Unidas.  En 2004 regresó a Estados Unidos sin provocar ni un quejido en el Departamento de Seguridad Interna. Actualmente trabaja para la Corporación Allapattah de Desarrollo de Negocios, una organización no lucrativa que recibe fondos del condado Miami-Dade.

 
Como consecuencia de la crucial decisión del Tribunal del 11no. Circuito, los fiscales declararon su intención de llevar nuevamente a juicio a los Cinco, si fallara la apelación. Piensen en Posada, el terrorista no arrepentido, y el tratamiento delicado aún estando detenido, y el de los Cinco, que pagan un alto precio por su sincero antiterrorismo.

 
Este caso tiene ramificaciones a largo plazo para procesar a los verdaderos terroristas, si los medios legales y académicos comenzaran a dar cobertura a los temas que plantea. Al analizar el significado de la penosa experiencia de los Cinco de Cuba, los ciudadanos aprenderían que no tenemos un gobierno de leyes. En su lugar, abogados tramposos conspiran para satisfacer los deseos políticos de Bush. 

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* Landau es miembro del Instituto para Estudios de Política. Farrah Hassen fue la Productora Asociada del filme Siria: entre Irak y un lugar difícil, con Landau.  Es miembro durante 2005 de IPS Seymour Melman.
Artículo publicado en la revista Progreso Semanal (www.progresosemanal.com).

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