Los que torturaron, sus jefes y sus colaboradores

«El Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura recopila los testimonios de más de 35.000 víctimas: hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos, que fueron objeto de las más brutales aberraciones».

«Los 28.000 casos presentados (en el escrito de los sobrevivientes) corresponden sólo a una parte de los (…) que sufrieron las prácticas estatales de tortura, muchas personas no presentaron su testimonio por encontrarse fuera del país o en lugares apartados, o porque no estuvieron dispuestas a revivir y verbalizar lo ocurrido por pudor, dolor, miedo o desconfianza; y también hay un grupo significativo que murió en espera.

Son palabras preliminares. Las últimas las pronunciarán -o no- los poderes del Estado a través los actos de quienes gobiernan y administran justicia por un mandato que incluye entre los mandatarios a quienes, a lo largo de muchos años -dos generaciones- lenta, agónicamente, sin mayores recursos, lograron producir este documento.

Los colaboradores

En los años negros de la dictadura militar civil -encabezada por el también oscuro general- sólo el 0.2 por ciento de los recursos de amparo -habeas corpus- presentados ante los tribunales de justicia fueron admitidos por los magistrados; el 99.8 por ciento se rechazaron sin más trámite. No constituye delirio que se nombre al juez Urrutia Manzano, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, entre los colaboradores del régimen.

Siete meses después del golpe de Estado Urrutia puntualizaba: «…puedo señalar que los tribunales de nuestra dependencia han funcionado en la forma regular que establece la ley, que la autoridad administrativa que rige el país cumple nuestras resoluciones y a nuestros jueces se les respeta con el decoro que merecen». ¿Cómo definiría decoro ese hombre sin conciencia?

No atenta contra la honra de nadie que se recuerde, por ejemplo, que el empresario Ricardo Claro prestó dos buques de su flota a la armada para servir como calabozos flotantes y lugares discretos para el «interrogatorio» de prisioneros políticos, agotada tal vez la capacidad del buque-escuela Esmeralda.
O que el también empresario -pero del sur, maderero-, Luis García Guzmán contribuyó eficaz y eficientemente al asesinato de campesinos mapuche.

Tampoco atenta contra nadie recordar la firmeza con la que Sergio Fernández -hoy senador, ayer ministro del Interior- firmaba órdenes para espiar, controlar, detener personas luego tragadas por la maquinaria dictatorial. Dice el documento, luego de esbozar su «carrera» política: «Fue el único de la lista que (…) cuando Pinochet fue detenido en Londres, se contactó con la Cancillería para conocer los alcances de la decisión de Garzón, la que adjudicó a una ‘campaña internacional fuerte, larga y persistente de la izquierda, donde realmente no ha habido contraparte'».

¿Será acaso una agresión transcribir, otro ejemplo. que el médico Camilo Azar -que desde el primero de agosto de 2003 atiende en Integramedica de Alto Las Condes, Santiago- fue alguna vez suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI y esté involucrado en el asesinato de Federico Álvarez?

No sólo médicos, también enfermeras participaron, algunas jubilosamente, ya en centros de torturas ya en clínicas clandestinas, de las torturas. María Elena Bolumburú fue una de ellas.

En 1984 los doctores Víctor Carcuro y Guido Díaz Paci fueron cómplices -dice el documento de los sobrevivientes, de la muerte de Mario Fernández López, en La Serena, al norte del país. Días Paci, pediatra, tiene un largo historial de brutalidad, lo que no le impide, en la actualidad, ejercer su profesión en un recinto militar.

No son pocos los periodistas que colaboraron -ardientes entusiastas, fríos ambiciosos, voluntarios ignorantes- con los propósitos de la dictadura. Este informe menciona a más de un puñado cuyos textos o cuyas líneas de trabajo contribuyeron a tapar el desastre humano que tenía lugar en el país.

Uno es Mario Carneyro, director entonces de La Tercera, poco menos que el diario de «los servicios». Otro Joaquín Lavín, editor general de El Mercurio. También Julio Arroyo, del mismo diario, el hombre del «plan z». Los nominados son demasiados; algunos aun ejercen ese compromiso con la verdad que es el periodismo.

El objetivo

«Una vez conocidos los responsables, es deber del Estado -en cumplimiento estricto de los pactos internacionales ya suscritos y considerando el principio de continuidad del Estado- encausar a todos estos criminales y condenarlos de modo ejemplar. Es la única manera de dar una lección de civismo a las nuevas generaciones de chilenos que no se merecen que la historia de nuestro país les sea ocultada», dice el documento. Y agrega más adelante:

«Esperamos que nuestra labor esté acompañada por una política de colaboración de parte del Gobierno, parlamento y tribunales. De no ser así, estamos nosotros y la gran mayoría ciudadana que no acepta silencio ni censuras por más que se apele a los intereses nacionales».

Y continúa:

«En ese contexto creemos que el Estado tiene que dar cuenta a la ciudadanía de cuáles son las modificaciones en su estructura que aseguren que sus integrantes no van a ser los torturadores de mañana, porque el Chile que queremos debe estar construido en base a la democracia, participación, pluralidad ideológica y diversidad cultural.

«Para ello es indispensable concebir un país que reconozca su historia compuesta por aciertos y vergüenzas, y asuma la justicia como elemento reparador, sólo así se pueden construir las identidades nacionales que permiten avanzar unidos como nación».

¿Podrán los hombres públicos y las mujeres estadistas evitar la burla de que alguien como el militar Pedro Fernádez Ditto sea condenado a 600 días de reclusión -en un recinto del ejército y sin perder su grado y prebendas- por rociar con combustible a un estudiante -Rodrigo Rojas, que murió quemado vivo- y a una muchacha -Carmen Gloria Quintana- que logró sobrevivir pese a que la arrojó en un sitio eriazo para que allí muriera?

Leo la nómina de los «autores», que comienza con el general de ejército Gustavo Abarzúa. «Director de la CNI y posteriormente el jefe del DINE, puesto que ocupó hasta su retiro. Él es uno de los hombres de confianza de Pinochet y ocupó dos de los mas altos puestos en aparatos represivos (… ) fue detenido por su participación en la financiera clandestina La Cutufa».

Cuando llego al capítulo de los colaboradores civiles encuentro el nombre de Osvaldo Enrique Romo Mena. «En 1995, durante una entrevista con la periodista Nancy Guzmán, Romo reveló detalles espeluznantes en relación a la tortura que se llevaba a cabo por la DINA. Uno de los pocos violadores de derechos humanos en Chile que actualmente (1998) cumple condena».

Veintidós personas desaparecidas, se indica, son la causa de sus procesos. Una de ellas, la número siete en ese ordenamiento de 22 -quizá cuál será su ubicación en una lista completa de miles de asesinados-, esa persona, es Gloria Ester Lagos Nilsson.

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Sobre el trato a los presos políticos y la memoria histórica puede leerse una entrevista con el profesor Luis Vitale -que fuera prisionero de la dictadura- en: www.pieldeleopardo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=615.