Más de 600 mil chaqueños argentinos afectados por problemas de tierras
APM*
Una superficie y población que prácticamente equivalen a los de la provincia de Jujuy, son las que actualmente se encuentran afectadas por conflictos de tierra o medioambientes en la región chaqueña argentina. Estas son las cifras que arroja el relevamiento de 52 casos, realizado por el Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), que agrupa a organizaciones de la sociedad civil, académicos y técnicos que trabajan en la región
Según la información obtenida hasta el momento, estas situaciones de conflicto están afectando a unas 600 mil personas de este territorio, mayoritariamente comunidades campesinas y aborígenes que habitan las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y Norte de Santa Fe.
Más de la mitad de los conflictos considerados en este informe se inician a partir del año 2000 y aumentan considerablemente, lo que coincide con la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña argentina.
Los datos difundidos por la Redaf, si bien son una aproximación a esta problemática, dan cuenta de la incidencia que tanto los conflictos por la tenencia de la tierra como medioambientales tienen en el Chaco Argentino. Un valor de este informe es que los datos relevados provienen de las propias familias afectadas.
El informe señala que en el 60% de los conflictos de tierra la situación de los campesinos e indígenas se ve agravada por el uso de la fuerza para realizar acciones de usurpación y/o desalojo por parte de presuntos dueños. En Santiago del Estero se informó de la acción de seguridad privada, contratada para desalojar a los campesinos.
Desde la percepción de las familias y comunidades afectadas, es el Estado quien mayoritariamente está actuando en contra de sus intereses (54 %). Esta percepción se relaciona con que la causa mayoritaria de los conflictos de tierra tiene su origen en la falta de títulos de propiedad, donde los afectados sienten falta de voluntad política o negligencia y demoras de parte del poder ejecutivo para resolver esta situación.
Algo similar ocurre con el Poder Judicial, en tanto los afectados perciben, entre otras situaciones, que existe una interpretación sesgada del Código Civil, que suele favorecer a quien tiene los títulos de propiedad y no a quienes tienen la posesión de las tierras. De ahí el origen de las innumerables ordenes de desalojo que padecen las familias.
Un segundo registro del observatorio, informará próximamente de otros 68 casos en estudio.
Aunque en primera instancia el emergente principal sea el conflicto de tierra, siempre está involucrado el medioambiente, debido a que la otra parte del conflicto viene a ocupar las tierras con una propuesta productiva diferente a la que practican las familias.
Cerca del 40% de los casos de conflicto ambiental relevados tienen su origen en la deforestación y le siguen en importancia cerca de un 30% de casos dónde el origen es la contaminación industrial o fumigaciones con agrotóxicos. A esto se deben agregar diversas situaciones registradas (14%) en las que la lucha de las familias es preventiva, es decir para evitar que se genere la deforestación o contaminación.
Merecen especial atención los casos de conflicto medioambiental causados por Obras Públicas. Si bien no son la causa mayoritaria de los casos relevados (14%), estos afectan, principalmente, a ecosistemas importantes de la Región, como son el Bañado la Estrella en Formosa, y los Bajos Submeridionales en Santa Fe, involucrando extensas superficies y gran cantidad de población. Dichas obras en estos ecosistemas provocan múltiples consecuencias: cambios en su dinámica natural, inundaciones, sequías, desertificación, deforestación, pérdida de biodiversidad, entre otras..
Tanto campesinos como aborígenes perciben que el causante de los conflictos ambientales en su gran mayoría es el Estado (79%) ya sea por acción u omisión. En los casos restantes (21%) señalan como responsables a empresas privadas.
En tanto, según señalaron las personas afectadas, una constante en los casos relevados por el Observatorio es el protagonismo de las organizaciones campesinas y aborígenes (95%) para su defensa en situaciones de conflicto tanto por la tenencia de la tierra como medioambientales.
A pesar de las dificultades, las familias destacan como logros dentro del proceso, que el conflicto ha conllevado un fortalecimiento de sus organizaciones, mayor conocimiento de sus derechos y su legitimación frente a espacios de poder, entre otros. Consideran que su acción organizada es la que ha permitido la promulgación de algunas leyes y el cese, por lo menos temporal, de las acciones que los afectan.
*Agencia de Prensa del Mercosur