México: ELECCIONES CONTAMINADAS POR EL ATRASO EN EL ESCRUTINIO
La jornada electoral de ayer terminó en un impasse indeseable y preocupante que, aunque deja el saldo positivo de una participación ciudadana masiva y civilizada, confirma algunos de los peores temores previos a los comicios: el escenario de la indefinición prolongada de los resultados, una autoridad electoral rebasada por los contendientes y la perspectiva de un veredicto que no va a ser fácilmente aceptado por las fuerzas rivales, no sólo por la indefinición en la que terminó este larguísimo día, sino por las distorsiones en que se desarrollaron las campañas previas y por la indebida intervención del gobierno federal en el proceso para invalidar una de las candidaturas y favorecer a otra.
A la precisión, la normalidad y la calma en que se desarrollaron las votaciones, elementos que no pueden ser minimizados en el balance, y antes inclusive de que cerraran las últimas casillas, siguió un primer manotazo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual, por boca de su dirigente, Mariano Palacios Alcocer, puso sobre la mesa la exigencia de que el Instituto Federal Electoral (IFE) se abstuviera de divulgar los resultados del conteo rápido a las 11 de la noche.
«Rechazamos categóricamente, por el bien del país, que se interfiera la probabilidad de una encuesta a la certeza del conteo de voto por voto que la ley prevé, ordena, vigila y protege», expresó. Momentos después, el jefe de campaña del perredista Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Acción Nacional (PAN), Jesús Ortega y Manuel Espino, respectivamente, salieron a anunciar resultados favorables para sus respectivos candidatos presidenciales.
Para cuando el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, dijo finalmente que el conteo rápido no podía ser divulgado porque la diferencia entre los punteros era muy pequeña, su autoridad estaba ya severamente cuestionada. En ese entorno, los reclamos de triunfo formulados poco después, con diferencia de pocos minutos, por López Obrador y por el panista Felipe Calderón Hinojosa, terminaron de generar un escenario de confusión e incertidumbre generalizadas.
Ahora resulta inevitable preguntarse en qué medida pudo haber incidido la demanda de silencio del PRI en la decisión del IFE de guardar los resultados hasta el miércoles próximo, y por qué la autoridad electoral renunció a un margen adicional de espera de dos horas y dar un adelanto a la una de la madrugada de hoy, posibilidad que tenía previsto en caso de que las tendencias hacia las 11 no fueran todavía nítidas.
En estas circunstancias, la crispación y la tensión resultan tan indeseables como inevitables, y resulta obligado formular un llamado a la moderación, la prudencia y la responsabilidad, a los líderes de las fuerzas políticas en pugna y a los seguidores de los dos candidatos que dicen haber ganado la titularidad del Poder Ejecutivo. En este espíritu, resulta necesario otorgar, pese a todo, el beneficio de la duda a la autoridad electoral, e instar a la ciudadanía a esperar con la mayor serenidad posible el resultado definitivo de la elección.
La calma y la civilidad necesarias en el momento presente no deben implicar, desde luego, falta de interés ni una credulidad ciega e incondicional. Los ciudadanos deben mantenerse atentos al recuento de sus propios sufragios y demandar que, en las próximas 72 horas, el IFE presente cifras nítidas, rigurosamente contadas y libres de toda sospecha.
Al gobierno federal cabe demandar –los antecedentes justifican la exigencia– que se abstenga de intervenir en las horas difíciles que faltan para definir al ganador de la elección presidencial. Por lo que hace a los partidos políticos, resulta imperativo que eviten, en este lapso, cualquier tentación de negociar entre ellos, en cualquier sentido, al margen del sufragio popular. La clase política, las autoridades y la mayor parte de los medios empezaron a contaminar desde hace muchos meses lo que habría debido ser, desde las primeras horas hasta la noche de ayer, la fiesta cívica de los ciudadanos. Ahora deben comportarse con un sentido máximo de responsabilidad para evitar que el impasse electoral derive en una descomposición nacional que no beneficiaría a nadie.
DESMENTIDO DESPUÉS DEL DOMINGO
El escritor Carlos Fuentes desmintió su autoría de la carta en la que manifestaba su decisión de votar por uno de los candidatos a la Presidencia de México, publicada en la revista Por la Libre y reproducida oportunamente por Piel de Leopardo.
He aquí la explicación del error periodístico.
El siete de junio pasado la editora de porlalibre.org recibió de uno de sus contactos en México una misiva titulada Carta de Carlos Fuentes al PRI y al PAN. Con la publicación del escrito recibí varios e-mails de lectores mexicanos consultando por la autenticidad y/o «legitimidad-ilegitimidad» de éste. Luego de hacer una serie de gestiones para confirmar la autoría, sin éxito, tome la decisión de no hacer un desmentido hasta que lo hiciera públicamente el propio escritor mexicano.
La semana pasada Fuentes escribió en el diario Reforma un artículo donde comenta en adelanto la contienda electoral de ayer en México, y en el que concluye con la siguiente advertencia: «Circula un escrito apócrifo que usurpa mi firma para dar un retrato falso, desdibujado y mal escrito de mis ideas políticas. Dejo claro que ni escribí ese panfleto ni lo apruebo. Más que nada, me siento ofendido por el estilo –confuso, profuso y difuso– que sólo un enemigo mío y de la literatura se atrevería a endilgarme. Vale».
El «confuso, profuso y difuso» Carlos Fuentes de ese texto apócrifo declaraba que «no dudaré en dar mi voto, junto con el de millones, por Andrés Manuel López Obrador».
El desmentido
La doble conmemoración que tendremos en 2010 marca la oportunidad que se nos presenta para reformar al país.
Las buenas propuestas –que las hay– de los dos contendientes principales a la presidencia se ven a menudo anegadas por la marea de insultos, descalificaciones y mentiras propias de las campañas por el poder no sólo en México: en todo el mundo. Por eso, es saludable que en los pasados diez días, dos estadistas mexicanos –el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el presidente Ernesto Zedillo– nos hayan recordado que el país tiene metas colectivas que no deben perderse de vista en el fragor de la lucha electoral.
Cárdenas, en buena hora, fue designado presidente de las comisiones asesoras de nuestra doble conmemoración –Independencia de 1810, Revolución de 1910– en 2010. Digo que ya era hora porque tanto en Chile como en Argentina las comisiones del Bicentenario de la Independencia fueron creadas desde hace varios años. El nombramiento de Cárdenas corona los esfuerzos reiterados de la UNAM y del Rector Juan Ramón de la Fuente y de los senadores Raymundo Gómez Flores, Tomás Vázquez Gil y Enrique Jackson. No se puede crear para el porvenir sepultando al pasado.
Llegamos tarde, pero llegamos. A veces se me ocurrió que a la derecha mexicana le interesaba más celebrar el yunque de la consumación en 1821 (Iturbide) que el grito de la iniciación en 1810 (Hidalgo).
El caso singular de México es que en 2010 no sólo recordamos la Independencia, sino también la Revolución. Dos actos de fundación que se dieron en medio de y gracias a la violencia. Estados Unidos, Francia, Hispanoamérica, Rusia, China: la revolución, «partera de la historia», rara vez se da en la paz. Y las revoluciones, como hechos de fundación, suelen legitimarse a sí mismas en el acto mismo de realizarse.
Digo todo esto porque en 2010 México tendrá una oportunidad excepcional para la cual debemos estar preparados desde ahora. Es la oportunidad de reformar al país, la de refundar la República en un clima de paz y democracia. Esta es la ocasión que no debemos desaprovechar, sea quien sea nuestro presidente a partir del 1º de diciembre de 2006.
Para lograrlo, Cárdenas y Zedillo nos proponen una agenda para el cambio que el triunfador del domingo que viene debe tomar muy en cuenta. Cárdenas pide que se inicie «un acto fundacional que conduzca a un proceso de revisión cuidadosa y de amplia discusión democrática de nuestra Constitución». Por su parte, Zedillo puntualiza una agenda del desarrollo económico que incluiría la reforma tributaria, el fomento de la inversión y el ahorro, la creación de nuevos mercados y productos, el incremento de la competencia interna y la apertura comercial.
Todo ello es deseable, apuntó el ex presidente, pero nada es posible sin el Estado de Derecho. Todo proyecto para crecer y combatir la pobreza requerirá instituciones. Instituciones que cobren impuestos eficazmente, que utilicen los factores de la producción con más validez, que eliminen obstáculos al crecimiento con justicia.
O sea: hay condiciones que son necesarias pero que también son insuficientes si no se dan dentro de un Estado renovado.
La renovación del Estado ha sido, también, tema constante de mi malogrado amigo Adolfo Aguilar Zinser y de mi viejo compañero Porfirio Muñoz Ledo. Hay, pues, un coro importante de voces que, más allá de la coyuntura electoral, piden una indispensable reforma de leyes, instituciones, metas y procedimientos que equivalen, en palabras de Cárdenas, a una «refundación de la República» que, según Zedillo, implica ponernos de acuerdo en una sola cosa: el Estado de Derecho como fundamento del cambio.
Escribí en este mismo periódico, después de conocer en vivo los proyectos argentino y chileno, que nuestra águila con dos cabezas –Independencia y Revolución– nos pide aportar ideas, de aquí al año 2010, para una discusión abierta y plural sobre el país que queremos. Se trata de animar la participación ciudadana en proyectos de desarrollo, motivando iniciativas, creando, como lo hizo en Chile Ricardo Lagos, redes de alianzas para el desarrollo. Se trata de que el ciudadano se sienta parte de la sociedad y de la nación. Se trata de abrir un horizonte de posibilidades.
Creo que estas metas no están divorciadas de la solución de los dos problemas más agudos del México actual: la pobreza y la inseguridad. El siguiente Jefe del Ejecutivo tendrá que poner toda su voluntad en enfrentar las lacras de la miseria y de la criminalidad. No lo podrá hacer si pierde de vista los proyectos mayores del país: poner al día las leyes fundamentales y consolidar el Estado de Derecho. Nada se logrará -y poco durará- si se realiza fuera del contexto de la Ley.
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* Ambos artículos citados este lunes tres de julio de 2006 por la revista digital Por la libre (www.porlalibre.org.