Micheletti quiere negociar con garrotes y armas sobre la mesa

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Arturo Cano*

Corre aquí, en tegucigalpa, la historia de que Hugo Llorens, el embajador de Estados Unidos, no sabía qué hacer con el canciller del gobierno de facto, Carlos López Contreras. Por la mañana decía una cosa y por la tarde, luego de ir a su casa y hablar con su esposa, Armida, regresaba hecho una fiera y decidido a cerrar cualquier posibilidad de un arreglo que incluyera el regreso de Manuel Zelaya a la presidencia.

Eso ocurría a un mes del golpe de Estado. Nada ha cambiado. La esposa del canciller y la organización que ella encabeza con otros representantes de la “sociedad civil”, siguen siendo la línea dura del golpismo.

Tres representantes de la Unión Cívica Democrática (UCD) ofrecen rueda de prensa en la Casa Presidencial y proclaman el fin de la historia negra de esta nación: “A partir del 28 de junio, Honduras dejó ser una república bananera, y (eso) ha sido reconocido por todos los pueblos del mundo en consideración que nos hemos mantenido firmes en que lo que sucedió en esa fecha fue para mantener la democracia”.

Los dirigentes de la UCD han venido a expresar su respaldo al decreto con el que Roberto Micheletti estableció el estado de sitio. Y se muestran felices por la “determinación con la que se le hizo frente a la amenaza que causó tanta intranquilidad, de la supuesta ofensiva final que dijo el ex presidente (Zelaya)”, dice Luz Mejía quien, como otros líderes de la UCD, se presenta como “ciudadana” preocupada por Honduras, aunque tengan en sus hojas de vida una carrera política. Ella, por ejemplo, fue diputada por el Partido Liberal y es articulista de un diario partidario del golpe. Por ese trabajo ganó un Premio Nacional de Periodismo. Y está contenta de que con el cierre de Radio Globo y del Canal 36 se haya dado fin “a los actos delictivos que se dicen amparados en la libertad de expresión”.

La UCD ha sido la organizadora de las “marchas blancas” en respaldo al golpe de Estado. Por estos días se dedica a acopiar bebidas y alimentos que lleva a los soldados que resguardan de los zelayistas la embajada brasileña y muchos edificios públicos.

“Un deseo de dialogar en serio”

Generosos, los dirigentes aceptan que el decreto que suspende libertades básicas “sea ajustado y revisado”. Pero, eso sí, advierte Luz Mejía: “Que de ninguna forma se considere la posibilidad de dejarnos desamparados”.

La UCD es auspiciada por los empresarios que la resistencia acusa de haber tramado el golpe de Estado. Es, por así decirlo, la “base social” del golpismo que con su existencia logra no entrometer (o quemar) a los partidos políticos en el apoyo a la “sucesión presidencial”. Sus líderes son los que mejor manejan el discurso “anticomunista” y “antichavista” que todavía algunos políticos prefieren disimular. Por eso, aunque vinieron a apoyar el decreto de Micheletti, también le advierten que no aceptarán “ningún arreglo político que viole la Constitución”. Y eso en buen castellano significa que no aceptarán el retorno de Zelaya bajo ninguna circunstancia.

Mientras Micheletti juega a la “consulta democrática”, se filtran datos sueltos del “diálogo” entre el gobierno de facto y Manuel Zelaya, ahora bajo los auspicios de la jerarquía católica. Nada firme hasta ahora, pese a frases repletas de buenos augurios de algunos enviados internacionales.

“Vemos en ambos lados un deseo de dialogar en serio… El acuerdo de San José no está escrito en piedra, puede ser modificado. Se trata de un diálogo en que las partes tendrán la libertad de mejorar el pacto”, dice, aunque su rostro nada optimista diga otra cosa, John Biehl, el enviado de José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos.

“¡Ahí viene Goriletti!”

La consigna principal ya no alude a Zelaya, refugiado a dos calles de ahí, sino al horizonte que llevó a la izquierda hondureña a juntarse con un terrateniente de Olancho: “La Constituyente viene, y nadie la detiene”.

Sólo cuando la pequeña marcha pasa frente a los soldados que taponan la calle de la sede brasileña se escucha el grito de “¡Mel, aguanta, el pueblo se levanta!”

A unos pasos, sin poder ver a sus seguidores, Zelaya dice que está dispuesto a enfrentar los tribunales, cosa que no le permitieron cuando lo echaron del país.

Hay “esperanza de que una vez que empiece el diálogo se suspendan (las cosas antidemocráticas); no puede haber diálogo rodeado de ellas”, dice Biehl, de la OEA.

Cosas como que el gobierno cierra medios, disuelve protestas, incursiona en los barrios, allana viviendas. Todo, mientras al mundo le dice que el diálogo es su ruta.

El líder campesino Rafael Alegría no ha escuchado al enviado de la OEA, pero coincide con él: “¿Cómo quieren diálogo con garrotes y pistolas en la mesa?” Poco después, en el Parque Central, echa a correr antes de que comiencen los gases lacrimógenos.
 

*Enviado especial de La Jornada

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