Mar 25 2018
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PolíticaSociedad

Miles de argentinos movilizados a 42 años del golpe que instaló la dictadura: ni un genocida suelto

Una marcha multitudinaria, que desbordó todas las expectativas, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, culminó con un acto central en la mítica Plaza de Mayo, a 42 años del golpe de Estado a cívico-militar-eclesiástico de 1976, que instaló la dictadura más cruenta en la historia del país, con un saldo de cientos de muertos y 30 mil desaparecidos.

Desde antes del mediodía, el centro de Buenos Aires se fue llenando de manifestantes, recibidos a lo largo de la marcha por una serie de afiches colgados por la organización villera La Poderosa: “30.000 no pudieron venir, la columna de Cambiemos tampoco”, “Afuera (Patricia) Bullrich, adentro (de la cárcel) genocidas” o “Las víctimas de los vuelos de la muerte no se ahogaron, Santiago Maldonado tampoco”, eran algunos de los mensajes.

Una de las primeras columnas en llegar a la Plaza fue la de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, conformada por hinchas de clubes que participan en los torneos de primera división y en los del ascenso.

Por primera vez marcharon los hijos y familiares de represores, que los han denunciado por sus crímenes de lesa humanidad.

El documento de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, así como dirigentes de agrupaciones como HIJOS y la Liga por los Derechos del Hombre, giró no sólo en torno a la necesidad de sostener la memoria, la verdad y la justicia, sino criticó al gobierno de Mauricio Macri por la violencia institucional, la grave crisis social, los despidos, la extensión de la pobreza y el hambre, las diversas violaciones a las leyes y a la Constitución, reclamando por una justicia que asegura impunidad al poder actual.

El documento hizo una reivindicación de la lucha de los militantes de los años setenta, criticó “la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad” desde que asumió el actual gobierno y se condenó “el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en las áreas que dependen del Estado”. También censuró la persecución política. Los grandes medios, como Clarín y La Nación, fueron mencionados como cómplices que apoyaron la dictadura y ahora actúan ligados al oficialismo, al ocultar la verdad de lo que sucede en el país.

Resaltó que en los últimos años “hemos sido testigos del atropello sistemático de los derechos más básicos de las personas, la fragmentación de los poderes institucionales, la criminalización y represión de la protesta social, la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para perseguir y escarmentar a los trabajadores, militantes, dirigentes y cualquier actor que se contraponga a las medidas regresivas que el presidente (Mauricio) Macri y la gobernadora (María Eugenia) Vidal lanzan para imponer el plan neoliberal del hambre, la violencia y la miseria”.

Uno de los ejes discursivos giró en torno al beneficio de la prisión domiciliaria que se otorgó a algunos condenados por delitos de lesa humanidad y que está en evaluación para otros 96 que han sido figura clave de la dictadura, incluso juzgados en países como Italia y Francia, y en su momento en España, como Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta.

Los organismos señalaron a las fuerzas de seguridad por la responsabilidad de la Gendarmería Nacional en la represión a una protesta mapuche en la ruta 40 de la provincia de Chubut, en un operativo que terminó con varios heridos y la muerte del joven artesano Santiago Maldonado. Fue el Estado y el gobierno es responsable, indicaron los portavoces. Recordaron al joven mapuche Rafael Nahuel, fusilado por la espalda en Río Negro por la Prefectura, y al niño Facundo Ferreira, por la policía de Tucumán, como casos emblemáticos.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto señaló que llevan 42 años buscando a sus nietos desaparecidos “y ya hemos resuelto 127 casos. Pero faltan cientos. Somos muchas familias las que necesitamos saber dónde están y qué se hizo con estos hijos (…) Reiteramos al gobierno que no permitiremos ni un retroceso en memoria, verdad y justicia. Ni un genocida suelto”.

Hubo un momento muy emocionante cuando aparecieron en la plaza Carlos Zanini, ex secretario legal y técnico del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández, y el dirigente social y político Luis D’Elía, dos de los presos políticos ilegalmente detenidos y liberados esa misma mañana.

Desde el escenario se hizo referencia a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico Sur desde el 15 de noviembre pasado, y se le exigió al Gobierno que “diga la verdad” sobre lo ocurrido con la nave y que se condene a los eventuales responsables..

Dura crítica

El documento sostiene que en los últimos años “hemos sido testigos del atropello sistemático de los derechos más básicos de las personas, la fragmentación de los poderes institucionales, la criminalización y represión de la protesta social, la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para perseguir y escarmentar a los trabajadores, militantes, dirigentes y cualquier actor que se contraponga a las medidas regresivas que el presidente (Mauricio) Macri y la gobernadora (María Eugenia) Vidal lanzan para imponer el plan neoliberal del hambre, la violencia y la miseria”.

El Gobierno “sustentado por los grandes grupos económicos que financiaron la dictadura”, con el aval de “una importante cantidad de gobernadores” trazó una política que incluye “metodologías planificadas, en las que combina la utilización de los medios de difusión más poderosos, el sector más reaccionario de la justicia, el propio estado y las fuerzas represivas, para asesinar por la espalda si cometes un delito menor, ser desaparecido para aparecer flotando en un río si te animas a una protesta contra los grupos concentrados y en defensa de los pueblos originarios” o “permanecer detenido de manera ilegal si encarnas la protesta social y la reivindicación de los derechos básicos”, añadieron.

Describieron una “realidad dramática” en la cual “la educación pública y sus trabajadores no son más que un “blanco legítimo” de la mal llamada “modernización”, la salud pública sólo es un costo que debe ser paulatinamente eliminado y los entes fundamentales para el desarrollo de país como la Anses, el Conicet, INTI, INTA y otros similares se encuentran con parte del personal despedido o en vías de ello”.

Los únicos beneficiados son “las grandes concentraciones económicas que reciben día a día la brutal transferencia del esfuerzo de todo el pueblo argentino”. Respecto de la política de derechos humanos, se afirmó que este gobierno “se burla de manera macabra y no se conforma con intentar generar una amnistía encubierta con el fallido 2×1, sino que presiona al Poder Judicial para enviar a cientos de genocidas a sus casas”.

En el documento se sostuvo que el gobierno “intenta banalizar el espanto, tergiversa la realidad con su propaganda y miente, miente, miente sabiendo que algo quedará”. La política oficial busca “devolver favores a los asesinos, que al servicio de los mismos grandes intereses que hoy encarnan este proceso neo liberal, hace más de 40 años perpetraron la mayor persecución y matanza de la historia”.

Los organismos de derechos humanos advirtieron que “jamás permitiremos que estas políticas siniestras tengan éxito y seguiremos movilizando y multiplicando esta resistencia en cada calle de cada ciudad o pueblo hasta ponerle fin a tanto atropello y tanta injusticia”. Por ello exigieron “el fin del encubrimiento político judicial a dos miembros nefastos de la justicia local, como son el Juez Pedro Federico Hooft y el fiscal general Fernández Garello, quienes representan y encarnan la permanencia y perpetuidad del aparato judicial de la dictadura militar en nuestros días”.

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