NACIÓN MAPUCHE: ¿REPRIMIR O RESPETAR?

(Gulumapu, marzo de 2006 / Azkintuwe). El señor Francisco Vidal, ministro del Interior del gobierno saliente de Chile, ha expresado en una conferencia de prensa realizada el 27 de febrero en Temuco algunos conceptos y apreciaciones sobre el llamado “conflicto mapuche” que creo necesario replicar.

El señor Vidal se congratula de los logros obtenidos durante el Gobierno de Lagos “gracias a la colaboración de las fuerzas policiales, de la fiscalía, de la decisión política del gobierno de querellarse” para disminuir los actos de violencia en la región. Y enseguida rechaza las denuncias de abusos y hostigamiento hecho por miembros de comunidades indígenas y por autoridades de organismos internaciones de derechos humanos.

Y agrega que, si uno sólo se quedara con el punto de vista de los “agredidos”, y el punto de vista “internacional que no apliquemos ley antiterrorista ni ley de seguridad interior”, el gobierno se cruzaría de brazos y se inmovilizaría. Según el ministro, de lo que se trata es de avanzar, de cuidar el Estado de Derecho, y “el que se sale de él, recibe las sanciones del estado de derecho”.

¿Qué se le podría objetar a las declaraciones del ministro Vidal? En primer lugar el concepto reduccionista de “Estado de Derecho” que el personero ocupa, lo que tiene graves implicancias para la práctica democrática. Más aun cuando tal concepto es utilizado a propósito de un balance “exitoso” del gobierno que concluye. El Estado de Derecho exige además del imperio de la ley penal, que parece obsesionar a las autoridades en determinadas circunstancias, que exista un reconocimiento y garantía de los derechos humanos, de tal manera “que el contenido y aplicación de las reglas de conducta formalizadas se inspire en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana y de los grupos que ella forma natural y espontáneamente”, como señala el profesor Alejandro Silva Bascuñan.

Pero el señor Vidal, asumiendo el rol de elocuente intérprete de las funciones del Estado, privilegia de manera inaceptablemente desequilibrada un aspecto de las funciones o tareas que se le ha asignado al cuerpo político, cual es el otorgar seguridad. Y olvida que ese quehacer sólo puede hacerse de una determinada manera; a saber, con pleno respeto a los derechos humanos que el mismo orden jurídico reconoce como los más altos valores que lo inspiran, lo articulan y le franquean un límite irreductible.

Porque si bien es cierto que el régimen democrático entrega al Estado el monopolio de la fuerza, al mismo tiempo le exige sujetar esa violencia a los derechos que el mismo sistema pretender salvaguardar y en donde encuentra su justificación. Amén de que la seguridad personal debe ser entendida como una finalidad a ser alcanzada para todos los ciudadanos por igual, sin discriminaciones de ninguna especie. Incluyendo a los “agredidos”, aunque le pese a nuestro ministro.

Donde más claramente aparece de manifiesto ese desequilibrio ha sido a propósito del uso indiscriminado de la legislación antiterrorista en contra de personas mapuches. El problema ahí reside precisamente en una calificación de los hechos y de una invocación de la ley antiterrorista que resulta del todo desproporcionada, donde se invoca y muchas veces se aplica una legislación destinada a combatir un flagelo que pone en juego las bases de la institucionalidad de un país, y en último término la paz mundial, respecto de unos hechos en donde claramente no están en juego esos valores.

En la Araucania no hay terrorismo ni asociaciones ilícitas. Eso lo ha dejado establecido el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco a propósito del último juicio seguido en contra de comuneros mapuches por la supuesta asociación ilícita terrorista (cláusula décima segunda, c/ Patricia Roxana Troncoso Robles y otros, R.U.C. 02 00 14 24 99 – 0). Y, por lo que demás, es lo que han afirmado las mismas autoridades de gobierno ante los foros internacionales.

Política penal y reclamo mapuche

Pero más allá de la utilización de la ley antiterrorista, lo que es cuestionable es la política penal general que ha aplicado el gobierno, como decisión de una expresa “voluntad política” del Gobierno, para encarar la protesta y acciones mapuches, tal como viene a reconocer el ministro del Interior.

Esa voluntad política es un grave error de Estado en un país pluriétnico. Y lo es porque olvida que se aplica a personas mapuches, es decir, un pueblo indígena, involucradas en un proceso de reclamación y protesta social por el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos, sean derechos culturales, derechos de propiedad sobre sus tierras ancestrales, o derechos de participación política.

Derechos que no sólo son legítimos sino que están consagrados en el derecho internacional, son materia de costumbre internacional y de jurisprudencia de Cortes Internacionales, cuyo contenido normativo es por tanto obligatorio para el Estado de Chile
(ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Mary y Carrie Dann vs. Estados Unidos, Comité de la ONU para la Eliminación de todas las formas de Racismo en su Recomendación General XXIII, numeral 5, Corte Interamericana de Derechos humanos, sentencias Mayagna [sumo] Awas Tingni; Comunidad Moiwana vs. Suriname; Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay y caso Yatama vs. Nicaragua).

Si el conflicto étnico ha escalado es por la falta de voluntad política de encarar esas obligaciones estatales,. La voluntad política de acallar los reclamos indígenas con represión, es un error de la razón de Estado en sociedades pluriétnicas del siglo XXI. El principal problema radica precisamente en la incapacidad estructural que ha manifestado el mismo Estado para poder responder a las legítimas reclamaciones y demandas indígenas, sin asumir el real alcance de la cuestión étnopolítica, y privilegiando un gobernabilidad cortoplacista, mostrando el lado más descarnado del Leviatán.

Resulta especialmente chocante e ilegítimo usar el aparato punitivo del Estado, en su forma más intensa y agraviante, para perseguir y sancionar conductas que se enmarcan en un conflicto que el mismo Estado no se allana a darle una solución adecuada y conforme a Derecho.

El gobierno que termina su mandato ha erosionado la propia legitimidad del Estado ante el mundo indígena.

Como muy bien señaló el Defensor Regional Público de la Novena Región, José Martínez –aludiendo a la doctrina del jurista y magistrado argentino Raúl Zaffaroni– en el juicio seguido por asociación ilícita terrorista ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, el poder no se puede dejar encandilar por la ilusión de que a través de la punición se va a dar solución al gravísimos problema social que se vive al sur del país con las tierras aledañas a las comunidades mapuches.

Esa aparente solución, que afecta casi únicamente a aquellos que están más vulnerables al poder punitivo, tiene el grave inconveniente de neutralizar o paralizar la búsqueda de soluciones reales o eficaces. Además de provocar una grave deslegitimación al Estado de Chile respecto de aquellos que menos razones tienen para sentirse interpretados por él. Todo estos antecedentes resultan indispensables de tener en cuenta a la hora de analizar el conflicto mapuche, que más que mapuche es un problema de relación –subordinación– de un Estado con un pueblo. Y también para ponderar los logros y desatinos del gobierno que se va.

Herencias y desafíos

El nuevo gobierno que asume el 11 de marzo de 2006, ineludiblemente, deberá abordar las reclamaciones de derechos mapuches con toda su antigua complejidad y su renovada legitimidad. Es la transición todavía pendiente. Pero esa tarea de suyo compleja tiene ahora la dificultad adicional de la pesada herencia que deja el gobierno de Lagos, de aplicación de una política penal errada, desproporcionada, e irresponsable, que ha socavado la propia legitimidad estatal, debilitando los puentes de dialogo y bases de confianza interétnica en la región de la Araucanía.

Poner en debate y cambiar la política penal es un deber ineludible.

Rescatar el verdadero concepto y los principios que inspiran a un Estado de Derecho y seguridad jurídica en una democracia, e ir al fondo de los asuntos de derechos de los pueblos indígenas, será uno de los primeros desafíos del nuevo gobierno, y de las nuevas autoridades regionales, que tendrán el imperativo de marcar las diferencias con un gobierno que ya es pasado, e imprimir el sello de una nueva gobernabilidad que se proclama de los ciudadanos, respetuosa de los derechos humanos, fundamento último del Estado de Derecho y de la democracia pluriétnica.

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* Integrante del Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas de la universidad ARCIS, Chile.

Este artículo se publicó iriginalmente en el periódico mapuche Azkintuwe.

Addenda

Bajo el título Las contradicciones de la política indígena. Los veranos calientes de Vidal el mismo periódico publica las declaraciones aludidas del ministro el viernes tres de marzo de 2006, recogidas críticamente en un artículo de José Alwyn, un experto en los asuntos que plantea la comunidad mapuche.

Dicho texto puede leerse en el citado periódico
(www.nodo50.org/azkintuwe/mar3_2.htm).