Jul 19 2012
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Opinión

Nacionalización y proyecto país: Chile no es copiar y pegar*

A pesar de la evidente ausencia de estudiantes en las asambleas de nuestras facultades —producto del cierre de semestre—, con la notoria excepción de INAP, el país ha tenido una semana agitada…

 

– Los pescadores se han tomado las calles de Constitución, Valparaíso y Coronel para luchar contra la Ley de Pesca (o Ley Longueira) que prácticamente decretaría la muerte del rubro;
– pobladores de Santiago partieron tempranamente una marcha que culminaría en calle General Velásquez, exigiendo la expropiación de por lo menos tres hectáreas de un terreno para la construcción de viviendas sociales;
– se mantiene la huelga del sindicato de call center Konecta, que ayer junto a la ACES se tomaron la sede y el pasado lunes se lanzaron a la línea 5 del metro protestando por sus pésimas condiciones laborales; y finalmente,
– grupos de estudiantes y trabajadores, convocados por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y la CONFECH, irrumpieron en distintos puntos del país exigiendo la renacionalización del cobre.

 

¿Por qué hoy?
Hace 41 años, en el marco de un proyecto país liderado por Salvador Allende, la llamada “vía chilena al socialismo”, se promulgaba, por aprobación unánime del Congreso, la ley de nacionalización de la gran minería del cobre. Un proceso que no estuvo exento de dificultades.

 

Sin duda, la construcción del Estado chileno y su “estable” institucionalidad política no ha sido, en toda su historia, ajena al fortalecimiento de una burguesía nacional o extranjera, preservando en el mismo proceso la función extractora de la economía (y no su diversificación), manteniendo intacta la manera de producir y naturalizando la precarización de la clase trabajadora.

 

El pionero en esta materia fue el gobierno de Manuel Bulnes al nacionalizar en 1842 las guaneras del actual Mejillones y Coquimbo, otorgando un sinfín de prebendas al capital británico; continuaría, una vez agotada esta fuente, Balmaceda proponiendo la nacionalización del salitre para el fortalecimiento de la burguesía criolla, a lo que el aparatismo de Douglas North respondió con un guerra civil que derrocó al presidente de la fría estatua en Plaza Italia; y por último, está la nacionalización del cobre.
El contexto abunda, y llegando a hoy, el circuito político ha sido más o menos unánime en su posición:la nacionalización de los recursos naturales es una necesidad país.

 

Así lo expresa Ricardo Bugueño, director nacional de la CTC: “Aquí tenemos un problema y solamente uniendo a todas las organizaciones de la ciudad y a los sindicatos es posible revertir la situación, que ha venido ocurriendo a través del tiempo, con respecto a las privatizaciones de todos los recursos naturales no renovables que tenemos en nuestro país”.

 

Desde la Concertación, hace algunos meses, Camilo Escalona (P.S.) expresó su intención de no ceder espacio a la explotación indiscriminada de los recursos naturales por manos extrajeras, a propósito de la nacionalización de la empresa YPF allende la cordillera:
“Ayer el extremismo privatizador cedió, gracias a las dictaduras, riquezas que no tenía legitimidad para entregar; hoy la democracia en el continente reclama un nuevo trato”.

 

El mismo Guillermo Teillier, secretario general del PC, afirmó:
“Todos los recursos naturales deben estar en manos del Estado, eso no implica que no exista la participación de privados, la explotación en asociación con el Estado”.

 

Sentencias ambiguas que plantean la posibilidad abierta de transformar el carácter recaudador del Estado. Sin embargo, no existe detrás de ellas un elemento que articule el por qué nos vemos en la necesidad de nacionalizar nuestras riquezas, sin que se trate sólo de profundizar el carácter rentista del Estado, sino de una transformación concreta de las condiciones de vida del pueblo chileno.

 

Cuando hablamos de la nacionalización no podemos someternos a las limitaciones propias de la eficiencia o las posibilidades concretas de exportar materia prima, principalmente porque una mirada de país tiene que ver con disputar el sentido de la propiedad social que se decreta, donde efectivamente la producción y sus consecuencias lleguen a todos los rincones de la sociedad.

 

Esta tarea se podrá medir utilizando áreas de la educación, como la formación de técnicos y profesionales, que aborden desde sus disciplinas, la forma concreta que asumen las riquezas para un desarrollo sustantivo de las condiciones de vida.

 

Boric (FECH) plantea:
“Cuando hoy se dice que faltan recursos para reformas importantes como, por ejemplo, la reforma educacional, nos parece que los recursos están al alcance de la mano de todos los chilenos, eso sin perjuicio de la inversión que se necesita, pero se debiera establecer algún tipo de estatutos que permita que el Estado se haga cargo, sin por eso echar necesariamente a toda inversión extranjera”.

 

Una vereda contraria a lo que Allende estructuraba en su discurso:
“Es por eso que cada hombre y cada mujer debe entender que queremos colocar al servicio del hombre de Chile la economía, y que los bienes de producción esenciales deben estar en el área de la economía social, para poder, de esta manera, aprovechar sus excedentes y elevar las condiciones materiales, la existencia del pueblo, y abrirles horizontes espirituales distintos”.

 

No se trata solamente de cambiar el Estado, su carácter y de darle más recursos, sino de la transformación completa de la sociedad, dando las bases materiales para fundar una nueva, cuyo piso de construcción sea el trabajo y la igualdad sustancial.

 

El movimiento social, los estudiantes y la nacionalización

 

En ese sentido surge un problema en el seno de los movimientos sociales, no sólo de raíz teórica, sino práctica, y que abunda hoy en día en las razones de corte identitario que exaltan la unión sectorial, o la llamada unidad de trabajadores y estudiantes, y está relacionada con que hoy no se asumen las condiciones concretas en las que se desenvuelve cada sujeto, tanto por los distintos niveles de avance ideológico como por su dinámica organizativa, forzando la articulación en torno a la demanda, cuestión que viene a ser más un saludo entre dirigentes que una confluencia de horizontes.

 

En otras palabras, existe un copy-paste de una obra del gobierno de la Unidad Popular. Se retrotrae a la actualidad en forma de demanda por el litio o nuevamente por el cobre y se pone detrás de esto a los estudiantes, argumentando que se han superado las demandas “gremiales”, que el estudiantado esta cada vez más consciente y que ahora piensa la sociedad.

 

Pero ¿qué piensan realmente los estudiantes? ¿Cómo aportan las universidades en un proceso de nacionalización de los recursos naturales?

 

En esa línea, cuando la CONFECH se suma a la convocatoria justificando la disponibilidad de recursos frescos cae en el maximalismo de pensar una articulación por arriba, que en ningún caso es antesala de una nueva configuración del sujeto estudiantil, ni del movimiento social en general. Simplemente, termina subsidiando su fuerza —aquella que no ha podido hacer presión efectiva al modelo— por medio de la puesta en escena frente a los medios.

 

El politólogo argentino, Atilio Borón, lo presentaba como un cuestionamiento a escala latinoamericana:
“Ante una burguesía imperial y sus aliados locales fuertemente organizados no podemos oponer tan sólo la abnegación militante y el grito que denuncia la inhumanidad del capitalismo, desentendiéndonos alegremente de la decisiva problemática de la organización”.

 

Superar un aspecto gremial de la lucha estudiantil no tiene que ver con sumar demandas superficialmente o ser masa de maniobra para cada coyuntura en la que malamente se sumen los trabajadores, sino que en la incorporación en la disputa de sentido al interior de la Universidad; siendo más concreto: si la discusión se trata del cobre y la minería, entonces la Escuela de Ingeniería debería disponer sus esfuerzos disciplinarios en ese ámbito.

 

Allende, de hecho, atiende que una de las consecuencias más lamentables de los recursos naturales en manos del capital foráneo tenía que ver con la precarización del conocimiento que producía la educación chilena en esos años:
“Ello no sólo permitió que salieran de la patria cantidades fabulosas de dinero, riquezas inmensas para ir a tonificar economías extrañas, sino que esta misma dependencia nos impuso no sólo, repito, la salida de recursos económicos, sino, al mismo tiempo, limitó nuestras posibilidades de preparación técnica. Vivimos, y nos quisieron imponer desde fuera, en el manejo técnico de la más fundamental de las riquezas nuestras, limitando las posibilidades de acceso a los altos mandos de la ciencia y de la técnica para nuestros profesionales, situación que, por cierto, colocaba en inferioridad al chileno frente al extranjero”.

 

¿Es la nacionalización de los recursos naturales una demanda sólo para que el Estado pueda financiar su educación y hacerla gratuita para las familias?

 

Es una pregunta a la que nadie puede negarse, pero que está profundamente alejada de la realidad y es utópico entender que cambiando el diseño de Estado, cambia el diseño de sociedad. ¿Qué tanto sirve entregar más fondos al Estado, ya sea nacionalizando empresas o mediante reformas tributarias, si no están los mecanismos para que esos recursos puedan llegar a parar a todos los chilenos por igual?
——
Editorial de La Chispa, 11 de julio de 2012.
www.lachispa.cl

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