Nueva etapa en Uruguay: Demagogia o garantía de derechos supremos
Natalia Brite*
En Uruguay se reabrió el debate respecto de la amnistía que las Fuerzas Armadas se arrojaron tras la última dictadura militar en ese país (1973-1985). El Frente Amplio, junto a organismos de derechos humanos, encabezan el nuevo intento de desactivar ese reaseguro de la impunidad, con la salvedad de que fue dos veces refrendada por la sociedad.
El avance contra la ley que deja impune miles de delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Uruguay pude ser una nueva muestra de la profundización que quiere protagonizar José Mujica. Es el segundo presidente de ese país que pertenece al Frente Amplio (FA), órgano articulador de diversos partidos y corrientes que van del centro a la izquierda.
El antecesor del “Pepe” Mujica fue Tabaré Vázquez. Éste tiene como espacio de origen el Partido Socialista, de características más propias de la social democracia; y el actual presidente fue un reconocido militante de la organización político-armada Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, cuya acción directa a fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970 se desarrollaba bajo la metodología de la “guerra de guerrillas”. Altamente perseguidos por la dictadura militar impuesta en 1972, claro está.
Tras sobrevivir en la clandestinidad antes de 1973, y en las prisiones del Estado terrorista durante la dictadura, recuperó la libertad con el advenimiento de la democracia y volvió a la vida política en su país.
Así, fue uno de los fundadores del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector que se afirmaría como ala izquierdista al interior del FA. Desde 1994, cuando fue electo diputado por la ciudad de Montevideo su imagen de dirigente político y social fue en asenso en la consideración popular.
Desde esta posición, de marcado perfil de izquierda, se dirimió en internas contra el conservador Danilo Astori para resolver quién sería el candidato a presidente para el nuevo periodo constitucional, y ganó. Como muestra de compromiso con el partido gobernante, Mujica decidió llevar a Astori como compañero de fórmula, pese a las distancias políticas que tienen ente sí.
Finalmente, en octubre de 2009 la fórmula del FA ganó las elecciones y en marzo de 2010 Mujica asumió la presidencia de Uruguay. Antes de comenzar el camino hacia la primera magistratura, se había destacado –y generó controversia- por su relación y cercanía con el ex presidente argentino, Néstor Kirchner, y la actual mandataria, Cristina Fernández. Con la banda de presidente ya puesta, una de las primeras acciones de gobierno que encabezó fue el encuentro con esos aliados políticos.
En esa ocasión, el objetivo fue dar un cierre al conflicto sostenido desde 2006 entre ambos países por la instalación de una fábrica de pasta celulosa en la margen oriental del río Uruguay y que generó rechazo en la orilla argentina por los efectos ambientales de la misma. Vázquez no logró articular acuerdos ni motorizar diálogos fraternos.
Con la sintonía político-ideológica como telón de fondo, Mujica y Fernández arribaron a un acuerdo histórico que no solo resolvió el conflicto particular sino que sentó precedente para futuros debates entre esas naciones y en la región toda.
La nueva etapa en las relaciones de los países latinoamericanos con la administración de Uruguay ya tomaba forma. Poco después del acuerdo con Argentina, Mujica reposicionó a su país en el escenario regional al jugar un papel destacado en la Cumbre del Mercosur que se celebró en agosto en la ciudad de San Juan, en el oeste argentino.
Este repaso por el perfil del mandatario uruguayo, es antesala necesaria para hacer una lectura del nuevo intento por desactivar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Como dijimos, esta voluntad se enmarcaría en un plan de profundización del perfil progresista del gobierno del FA más allá de gestos demagógicos por, al menos, dos razones.
La primera es que se trata de dejar sin alcance una ley que fue dos veces refrendada en plebiscito, es decir, en dos ocasiones la mayoría de la sociedad uruguaya expresó en las urnas estar de acuerdo con esa norma. Incluso, uno de esas consultas populares se realizó bajo la administración del FA.
La segunda tiene ligazón la primera. Al tratarse de una ley que fue respaldada por la sociedad, enfrentarse a ese hecho exige cierto grado de controversia no solo con la derecha y los sectores conservadores y militares, sino con la sociedad misma que podrá valorar como negativa la intención de descartar su opinión.
Hasta el momento, el FA mantuvo relaciones equilibradas con la oposición, a diferencia de lo que pudo observarse en países como Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil y Paraguay. Pero la Ley de Caducidad es un tema que no tiene expectativas de consenso.
En la última semana, el Parlamento uruguayo comenzó a discutir una ley interpretativa que intenta dejar sin efecto la ley Caducidad mediante la declaración de inconstitucionalidad de tres de sus artículos. Según la oposición, se trata de una "total falta de respeto a la voluntad de los uruguayos".
La Ley de Caducidad impide juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, a excepción de aquellos casos que el Poder Ejecutivo declare no alcanzados por la ley. Gracias a ese pequeño margen, un mínimo de represores pudieron ser juzgados y condenados, en su mayoría altos mandos.
El nuevo intento por desafectar la ley de impunidad supone dar lugar a la premisa de que el Estado debe garantizar el respeto por los derechos humanos, cuestión que no debiera ser consultada sino simplemente cumplida. Sin embargo, para el legislador del FA, Jorge Orrico, "ninguna forma de democracia puede blanquear la inconstitucionalidad de esa Ley". Agregó que "se podría plebiscitar hasta la tortura, si quisiéramos, y estaría igual de mal”.
Pero según el senador opositor del partido Colorado, Ope Pasquet, “la Ley de Caducidad es la única ley de amnistía del mundo que ha sido ratificada dos veces por la ciudadanía. Ni en España, ni en Brasil, ni en Argentina, estas leyes fueron llevadas a plebiscito". Por este motivo el Estado no debería hacer las modificaciones necesarias para garantizar derechos supremos.
Además, desde el sector de Mujica se ha explicado que la neutralización de la ley no sólo es necesaria por su "flagrante inconstitucionalidad" sino que apunta a evitar que Uruguay sea condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El tema llegó a esa instancia internacional tras la denuncia que presentó Macarena Gelman, nieta recuperada del escritor argentino Juan Gelman.
La mujer nació en cautiverio en 1976 y su madre continua desaparecida. Gelman denunció al Estado por la vigencia de la Ley de Caducidad, impedimento para investigación y juzgamiento de ese crimen. El diputado del FA, Jorge Orrico expresó que "Uruguay no se puede someter a penas agraviantes, que dañan su imagen, y a condenas pecuniarias por incumplimiento. Por eso se tiene que sacar esta piedra del camino".
"Está el principio de autodeterminación de los pueblos, y Uruguay puede decidir en puridad de sufragio lo que quiere hacer. Y decidió, dos veces, mantener la Ley", dijo el senador a Efe. Además de la posible condena de la CIDH, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó en a mediados de 2009 que se derogue la Ley de Caducidad para ajustar la normativa nacional a los acuerdos internacionales en esa materia.
Sin embargo, para el derechista Partido Colorado en general, las decisiones de las cortes internacionales "no son acatadas" y si Uruguay no lo hace "no será ninguna excepción", según palabras Pasquet.
Al interior del FA también se han expresado críticas, aunque se trata de sectores minoritarios y en general votarían en consonaría con el resto del bloque oficial, que da casi por sentada su aprobación.
El tratamiento en comisión del texto interpretativo del la ley de caducidad se hará el lunes 18 de octubre, cuando el oficialismo le haya aplicado algunas modificaciones acordadas en el Parlamento. El acuerdo por la fecha de votación, que será el 20 de octubre en la Cámara de Diputados, se relaciona con el aplazamiento decidido por la CIDH para las audiencias sobre el estado del juicio que Juan y Macarena Gelman han planteado en ese organismo de la Organización de Estados Americanos. Las mismas se harán a mediados del mes de noviembre.
El proyecto de interpretación plantea en primer término que se declare “como interpretación auténtica de la Constitución de la República (…) el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República”.
En segundo lugar, establece que “que los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 15.848 violan los arts. 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República siendo consecuencia inaplicables”. El artículo tercero afirma que “toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación”.
Finalmente, el texto propuesto por el oficialismo establece que lo anterior se hará “sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, hayan o no sido incluidos en la caducidad establecida en el art. 1 de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley”.
¨*Periodista de APM