Organizaciones sociales rechazan bases de EEUU en Colombia
Omar Vera*
En lo que podría ser la primera reacción pública en contra de la posible instalación de bases militares de EEUU en Colombia, un grupo de organizaciones sociales y políticas de Bogotá realizó un acto cultural y político junto a la histórica Casa del Florero, donde hace 199 años se produjeron los hechos que desencadenaron el el grito de independencia colombiano.
El acto de rechazo, que contó con la presencia de dirigentes de la Gran Coalición Democrática, las centrales obreras y a las principales redes de lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), buscó conmemorar los 226 años del nacimiento del Libertador rechazando el anuncio que, el pasado 20 de julio, día de la independencia de Colombia, hiciera el presidente Álvaro Uribe Vélez de la próxima firma de un acuerdo con el gobierno de Barak Obama para entregar la base aérea de Palanquero, en el Magdalena Medio, a los militares de EEUU, junto con al menos tres bases más, cuya ubicación no ha sido revelada por el gobierno, pero que la prensa especula podrían ubicarse en Malambo (Atlántico), Apiay (Meta), Bahía Málaga (Valle del Cauca) o Tumaco (Nariño).
La entrega de estas bases, junto con la compleja red de más de doce grandes instalaciones militares que hoy reciben financiación directa o alojan personal de EEUU en labores del Plan Colombia, aumentaría la intervención militar de la potencia del norte en nuestro país, que ya mantiene a un número incalculable de uniformados y ‘asesores’ norteamericanos en suelo nacional y que está convirtiendo a Colombia en una amenaza para los países vecinos. Por esto, los manifestantes que hoy salieron a las calles bogotanas no dudaron en denunciar que la instalación de los puestos de control gringos no hará otra cosa que agudizar el conflicto interno y sería usado como excusa para aumentar las tensiones con los países vecinos que, con excepción de Panamá y Perú, han optado por regímenes alternativos que se enfrentan a los intereses de EEUU en la región.
Adicionalmente, la instalación de las mencionadas bases enfrenta un conflicto adicional, cuando el Comando Sur de EEUU busca que el reemplazo del Puesto de Seguridad Cooperativa que hasta la semana pasada estuvo en Manta (Ecuador) siga permitiendo el control sobre todo el litoral pacífico del continente, mientras el gobierno colombiano busca que las operaciones que se desplieguen desde estas instalaciones refuercen la llamada ‘política de seguridad democrática’ y sirvan para golpear a la insurgencia, lo que implica, según Uribe, que “el acuerdo con los Estados Unidos de América [sirva] para erradicarlos por siempre”.
El posible acuerdo entre el Ministerio de Defensa colombiano y el Comando Sur de los EEUU debería pasar en los próximos meses por el Congreso de ambos países para su trámite constitucional y ser ratificado por ambos mandatarios para su puesta en marcha, Sin embargo, dado que el tratado que creó la base de Manta, en 1999, violó las propias normas constitucionales de Ecuador, los manifestantes han advertido que es necesario mantener la movilización para exigir que este tratado cumpla con la mínima legalidad y sea posible, cuando menos, imponer a los militares norteamericanos unas reglas de juego que impidan que sigan cometiendo delitos en nuestro país. Mientra tanto, se anuncian nuevas movilizaciones para rechazar cualquier tipo de instalación militar de EEUU en suelo colombiano.
Ubicación de las bases de EEUU en Colombia
Con el cierre de la base de Manta, ubicada en la costa Pacífica de Ecuador, y la propuesta del gobierno colombiano para que ésta sea trasladada a suelo colombiano, los intereses de Estados Unidos en el continente se juegan una carta fundamental. La base gringa estaría dispersa en varias instalaciones militares colombianas para, de este modo, multiplicar la ‘guerra preventiva’ y el control de buena parte de Suramérica.
No sólo se trata de la ubicación de uno de los principales centros de operaciones y de control de los gringos en el mundo. De dispersarse en el territorio colombiano, las operaciones de la base que funcionaba en Manta, cuyo fin decidió el gobierno de Rafael Correa, la intervención de la potencia del norte en Colombia se consolidaría.
Los recursos que, como los del Plan Colombia, se destinan a la guerra aumentarían considerablemente, mientras se exportaría la militarización de la sociedad y el intervencionismo gringo a los países vecinos, internacionalizando aún más el conflicto colombiano.
Pero la cosa no termina allí. Según diversos analistas, el traslado rápido de recursos naturales, especialmente acuíferos de lugares como el Nudo de los Pastos, y de materias primas hacia territorio norteamericano, que se facilita por esta costa mucho más que por el Caribe, harían del puerto sobre el Pacífico una necesidad para la economía más poderosa del mundo, en momentos de una recesión que le podría hacer perder algunos de sus privilegios.
Adicionalmente, el creciente comercio con China a través del Océano Pacífico preocupa profundamente en Washington, especialmente en momentos de crisis y de aumento de los gobiernos de izquierda en el continente. Por eso, el control de lo que entra y sale por los puertos ubicados en este litoral, se vuelve una de las tareas urgentes a resolver mediante la militarización, pues quien controla las aguas controla el movimiento de los cargueros y, con ello, el comercio internacional.
El Comando Sur de los Estados Unidos, que concentra casi diez veces el personal del Departamento de Estado para América Latina, responde así a la pérdida del control sobre algunos mercados o renglones específicos de los mismos, en los países de la región que mejores condiciones puedan tener para priorizar el comercio con China, pasando por encima de los intereses de las multinacionales gringas, luego de que los gobiernos de Venezuela y Brasil manifestaran su interés por lograr acceso a puertos del Pacífico para la exportación de hidrocarburos y mercancías diversas.
Manta y el Plan Colombia
La participación de personal y equipos de la base de Manta en el conflicto colombiano no es nueva. Desde la aprobación en el Congreso de EEUU del Plan Colombia, esta instalación militar ha sido crucial para el desarrollo de las operaciones contrainsurgentes en el suroccidente y para el control de los cielos y costas colombianos.
La más reciente muestra de esta participación fue denunciada el año pasado por el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, quien indicó que un avión de inteligencia Lockheed HC-130 de la fuerza aérea norteamericana despegó de Manta la noche del 29 de febrero de 2008 y regresó a esa instalación al día siguiente hacia las 4:00am, pudiendo haber servido de refuerzo a las aeronaves colombianas que bombardearon el campamento de las FARC en Angostura, territorio ecuatoriano, durante la llamada ‘Operación Fénix’, considerada ilegal por la OEA y que terminó con la muerte de ‘Raúl Reyes’, 25 guerrilleros y cuatro civiles más. En ese momento, el ministro Ponce dijo que “la CIA estaba en pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Angostura”.
Efectivamente, el complejo de más de 24.000 hectáreas ha sido el epicentro de muchas operaciones fundamentales para que los éxitos de la llamada ‘política de seguridad democrática’ hayan dado resultados para sus financiadores en Washington. La conexión de Manta con Tres Esquinas y Larandia (Caquetá), así como con la ofensiva del Plan Patriota (2003-2007) sobre Putumayo y Nariño, fueron realizadas gracias a información recopilada por aviones Awac y P3 de la inteligencia aérea norteamericana que partieron de Manta. Así lo indican los registros de navegación de dichas aeronaves y los informes de resultados que los militares colombianos presentaron en su momento sobre varias de las ofensivas tácticas realizadas contra las FARC en el suroccidente colombiano.
El pretexto de ejercer control al contrabando de cocaína y otras sustancias psicoactivas, bajo el que se cobijó a la base de Manta en el momento de su creación, nunca fue alcanzado: más bien, el puerto ecuatoriano se convirtió en epicentro de inteligencia en el continente y soporte fundamental en la Iniciativa Regional Andina, nombre que se le dio al Plan Colombia en sus implicaciones para los países vecinos.
Luis Ángel Saavedra, director Inredh, señala en este sentido que el trabajo de su organización y de la Coalición No Bases, ha permitido saber que, en Ecuador, “esa base no sirvió para el control del narcotráfico: Manta ahora es el primer puerto de exportación de droga en el país, nuestra conclusión es que nunca controlaron el narcotráfico sino que la base sirvió para apoyar logísticamente la implementación del Plan Colombia”, agregando que “el conflicto colombiano involucra a la región: parece ser que la intención del gobierno colombiano es desbordarlo para desestabilizar a los países que, de alguna manera, han optado por regímenes progresistas y que se oponen a la política de intervención de Estados Unidos”.
* Publicado originalmente en Periódico POLO