Paraguay: La Reforma Agraria no puede esperar
Sebastián Saade*
Los niveles de pobreza y los conflictos desatados entre los campesinos sin tierra y los terratenientes, instalan la necesidad de discutir la importancia de una reforma agraria integral.
El pasado 15 de agosto asumió la presidencia de Paraguay, el ex obispo Fernando Lugo, después de sesenta años de hegemonía del Partido Colorado. El presidente Lugo instaló en la campaña electoral la importancia de una nueva reforma agraria integral que termine con la concentración de la tierra en pocas manos.
Tomando en cuenta que Paraguay sienta la bases de su economía en un sistema agroexportador, necesita de una reforma agraria integral que modifique la distribución del ingreso, intensifique el desarrollo económico, mejore la productividad y el nivel de vida de los campesinos reduciendo los altos niveles de pobreza, y generando el acceso al trabajo de la tierra de cada vez más paraguayos.
Hace pocos días Lugo dijo que su Gobierno inició el proceso de recuperación de tierras fiscales entregadas de manera irregular en las últimas décadas para destinarlas a la reforma agraria, exigida por organizaciones de campesinos.
La medida busca bajar la tensión en el campo, en momentos en que grupos de labriegos que reclaman tierras amenazan ocupar decenas de haciendas en diversos puntos del país, cuya economía se sustenta principalmente en la exportación de soja y carne.
Un mes antes de la asunción del presidente paraguayo, la Federación Nacional Campesina inicio un programa de actividades que incluye debates, volanteadas y marcha de mujeres campesinas con el objetivo de instalar en la agenda nacional la necesidad de una reforma agraria. Al respecto, podemos citar las declaraciones realizadas por el presidente de la FNC, Odilón Espínola, publicadas en el Documento de Trabajo Nº 270 del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
“La primera medida es el debate con la sociedad, porque no solamente es la distribución de la tierra, nosotros pensamos que debemos partir desde ese punto, pero dentro del desarrollo nacional que significa la producción. El estado tiene que tener una política de transformación de la estructura agraria”, sostuvo Espínola por esos días.
La importancia de plantear y alentar una reforma agraria integral en el Paraguay se fundamenta en sus crueles indicadores de pobreza y concentración de la tierra, los cuales detallaremos mas adelante. Asimismo, las mencionadas desigualdades han devenido en importantes conflictos entre los campesinos y los terratenientes, los cuales llegaron a materializarse en persecuciones, represiones y hasta muertes de campesinos por parte del Estado paraguayo.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), realizada entre los meses de Octubre y Diciembre de 2005, Paraguay cuenta con una población de 5.837.253 habitantes, de los cuales el 58 por ciento vive en zonas urbanas y el 42 por ciento vive en zonas rurales, ocupando el primer puesto en Latinoamérica como el país con mayor proporción de población campesina.
También corresponde citar el lugar que ocupan los pueblos originarios en este país, los cuales representan según el Censo Nacional Indígena -realizado en 2002- el 1,7 por ciento del total de los habitantes, es decir, que la población empadronada en esta encuesta asciende a 87.099 personas.
Los indicadores de la pobreza según la EPH de 2005 calculan que el 15,5 por ciento de la población paraguaya vive en situación de pobreza extrema, es decir, personas que viven con ingresos menores al costo de una canasta básica de alimentos. Por su parte, el porcentaje de habitantes en situación de pobreza oscila en el 22.7 por ciento, los cuales poseen ingresos mayores al costo de de una canasta básica de alimentos pero menores al de una canasta básica de consumo total.
En Paraguay sucede un fenómeno muy particular, ya que los índices de pobreza son mayores en la ciudad (39,4 por ciento) que en el campo (36,6 por ciento) por primera vez desde 1997. Esta situación, según los especialistas, podría estar dada por el intenso ascenso de emigración forzada del campo hacia la ciudad en busca de mejores condiciones de vida.
Si bien la monopolización de las tierras es un fenómeno constante en toda Latinoamérica, en Paraguay los números indican que la concentración de la tierra lo ubica entre los países más desiguales del mundo en este rubro. Según el último censo agropecuario que data del año 1991, indica que el 1 por ciento de los propietarios concentra el 77 por ciento de las tierras, mientras que el 40 por ciento de los pequeños agricultores, los cuales poseen entre 0 y 5 hectáreas, son dueños del 1 por ciento de las tierras agrícolas.
La situación se agrava aún más si tenemos en cuenta que el 29,7 por ciento de la población rural, es decir, 120 mil familias del campo paraguayo, no posee tierras propias para trabajar. Las cifras mencionadas corresponden a datos oficiales según la encuesta integrada de hogares de la Dirección General de Encuestas y Censos (DGEEC), las cuales contrastan con las estimaciones que manejan las organizaciones sociales, quienes calculan que las familias sin tierras o con tierras insuficientes oscilarían las 300 mil.
En los últimos años, el crecimiento de los conflictos en el campo producto del cese del reparto de tierras fiscales es notorio. Este proceso trajo como consecuencia la expulsión de muchas familias del campo a la ciudad. Estas familias debieron buscar soluciones alternativas en la desesperación de no perder sus trabajos y su calidad de vida. Una de las metodologías adoptadas por las familias campesinas son las ocupaciones de tierras no explotadas, para ser trabajadas; como así también los cortes de ruta y manifestaciones, como forma de llamar la atención a un Estado que en la mayoría de los casos no resuelve las demandas planteadas.
El Informe de la misión investigadora de la FIAN sobre el estado de la realización de la reforma agraria, en tanto obligación de derechos humanos, denuncia que el Estado realizó un gran número de desalojos forzosos de las personas que ocuparon las tierras de forma pacífica. Esta práctica fue una decisión del Poder judicial, recayendo la responsabilidad de ejecución de la orden de destruir viviendas, bienes, cultivos y animales en las fuerzas de seguridad paraguaya. Si bien fueron cuatros casos los verificados por la Misión de la FIAN se calcula aproximadamente 350 casos entre los años 1990 y 2004.
Otro punto a destacar es la fuerte represión en contra de los campesinos que reclaman una reforma agraria que beneficie a todos los trabajadores del campo y no sólo a un grupo concentrado de empresarios. Según el Informe de la FIAN, las familias que se organizan para ocupar pacíficamente tierras que no cumplen su función económica y social, son detenidas, por lo general de manera arbitraria, con cargos penales en el curso del desalojo. La cantidad de personas detenidas e imputadas por invasión de tierras o por participar en cortes de rutas y otras manifestaciones de protesta alcanzó en el 2004 la cifra de 1.156 y un total de 7.018 en el período 1990-2004.
En los últimos meses de gestión del Partido Colorado se intensificaron las movilizaciones en busca de la libertad de cientos de campesinos detenidos por ocupación de tierras. Uno de los casos que podríamos citar es el de campesinos del asentamiento de Martín Rolón de San Ignacio, quienes se manifestaron frente al palacio de justicia de la mencionada localidad. En dichas manifestaciones se solicitó la libertad de 25 campesinos detenidos por la ocupación de tierras en la estancia de Silvio Vargas.
Según el diario paraguayo ABC, el martes 2 de julio, unos cuatrocientos campesinos sin tierra reingresaron a la Estancia Santa Herminia en el distrito de la Horqueta, aprovechando que agentes policiales habían abandonado el lugar el 26 de junio. Los campesinos habían sido desalojados de dicha propiedad el 20 de junio cuando intervinieron agentes de la Policía Nacional para cumplir con la orden de desalojo firmada por el juez penal de Garantías Julio Areco y montaron un campamento en las inmediaciones de la citada propiedad de 3.500 hectáreas, pertenecientes a Tang En Lin (coreano) y Newton Marín Salvatti (brasileño).
Existen pruebas irrefutables de la necesidad de una reforma agraria integral en Paraguay. Si bien se eligieron casos testigos de conflictos de los campesinos que luchan por trabajar la tierra para asegurar sus necesidades básicas, podríamos llenar hojas relatando la lucha campesina. Lugo y su gobierno tienen en sus manos la posibilidad de pasar a la historia como el presidente que contribuyó a crear una sociedad mas justa para los paraguayos. El tiempo responderá esta pregunta.
*Publicado en APM.