Ago 16 2005
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Economía

Paraguay: no hay derechos humanos en cuarteles y policias

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

El gobierno de Nicanor no ha encarado con seriedad ni ha trazado una política de Estado con relación al grave y acuciante problema de la tenencia de la tierra, que sigue ocasionando situaciones lacerantes para miles de compatriotas, según el defensor del pueblo adjunto Edgar Villalba.

Villalba afirma que en el campo los compatriotas se encuentran abandonados a su suerte y que, en búsqueda de poseer la tierra propia, se ven forzados a violentar el derecho a la propiedad privada con la consecuente, permanente y violenta represión contra ellos que han ocasionado innumerables heridos, detenidos en condiciones infrahumanas y hasta muertos.

Añade que se siguen observando y denunciando permanentes casos de torturas y maltratos en los cuarteles militares a conscriptos y civiles de oficiales, lo que denigra el uniforme militar y cuya falta de sanción hace que esto se vuelva reiterativo y constante, en tanto en las comisarías policiales de la República también se denuncian con mucha frecuencia casos de tortura y malos tratos contra detenidos comunes, en evidente abuso de autoridad y violación de derechos y garantías constitucionales por parte de las fuerzas policiales.

Otra falencia evidente es la falta de atención al problema indígena, lo que obliga al éxodo de ellos a las ciudades con las consiguientes consecuencias de desarraigo, mendicidad, enfermedad y prostitución.

Por otro lado, afirma que persisten igualmente altos niveles de corrupción en la administración pública –aduanas, puertos, zonas fronterizas– y se observa falta de decisión política para combatir con seriedad el contrabando, la evasión, la piratería y el lavado de dinero.

No se precautelan los intereses patrimoniales del Estado, como el caso de abandono de las naves de la ex Flota Mercante del Estado, el de honorario exorbitante en contra del BCP, sin que hasta la fecha se sepa de denuncias contra los magistrados y abogados –muchos de ellos contratados por el propio Estado y que traicionaron a sus mandantes– fueran denunciados y castigados.

En el mismo orden sostiene que el Poder Judicial sigue siendo antro de corrupción desde que numerosos jueces y fiscales son permanentemente denunciados por la comisión de diferentes hechos delictuosos, de ignorancia, de parcialidad manifiesta, de prevaricato, entre otros.

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* En la versión internet del diario de Asunción ABC Color (www.abc.com.py).

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