Percepción de las fuerzas armadas en Chile

Un reciente informe sobre torturas, asesinatos y otros métodos violadores de los derechos humanos aplicados en Chile entre 1973 y 1990 ha terminado de sepultar la fama y la simpatía popular que alguna vez acompañaron a las fuerzas armadas del país. El documento elaborado por una comisión estatal (conocido como Informe Valech por el nombre de su presidente, un obispo católico de ese apellido) sólo ha confirmado lo que una mayoría sabía y venía denunciando desde que comenzaron los crímenes.

El comité investigador recogió el testimonio de 35 mil hombres y mujeres que fueron apresados por razones políticas y llevados a unas 1.200 cárceles instaladas en cuarteles militares, bases navales y aéreas, barcos de guerra y mercantes, comisarías policiales, estadios y escuelas. A un 90 por ciento se les aplicó brutales torturas, incluidas las mujeres que reconocieron más 3.300 violaciones.

En los primeros años de la tiranía fueron asesinados unas cinco mil personas de las cuales hay aún un millar de desaparecidos, cuyos cadáveres, se presume, fueron escondidos o lanzados al mar según testimonios de algunos de los escasos uniformado enjuiciados. Al enfatizar el presidente Ricardo Lagos que aquella fue una política institucional, los altos mandos actuales han debido aceptarlo, pero alegan que las responsabilidades son individuales.

El informe que ha conmocionado al país asigna también responsabilidades al Poder Judicial, a los civiles que desempeñaron altos cargos y a los medios de comunicación permitidos por el régimen militar. Algunos de esos cómplices políticos dirigen hoy los partidos derechistas que forman la oposición al presidente Ricardo Lagos y hasta se ostentan como «democráticos».

Mas, queda claro, que la culpa central la tienen los institutos armados, la policía uniformada (Carabineros) y las policías secretas creadas por Pinochet. ¿Cómo pudo ocurrir tal cuadro de atrocidades en una nación que otrora se distinguía por una democracia liberal y por una fuerza armada que solía respetar el poder civil?

A la vez que sus homólogos latinoamericanos, el ejército chileno nació en la segunda década del siglo XIX como una imprescindible herramienta para lograr la independencia de España. Curiosamente, empero, los propios historiadores militares sitúan su origen en una cédula (decreto) firmado en 1608 por el rey Felipe III¹: «Tal es el origen del actual Ejército de Chile, honra y prez de la nación» se lee en el texto del caso.

Esta cita marca otro rasgo característico de la institución, pues prez equivale nada menos que a estima, honor que se adquiere o gana con una acción gloriosa… Protagonista de dos guerras victoriosas contra de Bolivia y Perú -en la primera y segunda mitad del XIX-, este ejército adoptó el lema Jamás vencido, que resonó con fuerza con ocasión del golpe de Estado de septiembre de 1973, aunque aquella «guerra» fue la de un solo bando armado en contra de un pueblo indefenso.

El pensamiento anticomunista que enarbolaron los confabulados para justificar el golpe y luego instalar la tiranía, tiene base en la sostenida penetración ideológica y manipulación de los ejércitos latinoamericanos por Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial (SGM). La motivación fue la de armar un sistema interamericano de defensa para oponerse a las potencias del Eje (Alemania, Italia, Japón), pese a que el conflicto jamás llegó a tierra firme americana.

Cuando se firmó en 1952, un Pacto Militar Chileno-Estadounidense, ya había surgido la Guerra Fría y se acentuaba la expansión de EEUU por todo el mundo. Luego, el triunfo de la Revolución Cubana al inicio de 1959, provocó una suerte de pánico en Washington, pues simultáneamente crecían en América Latina los movimientos populares. El almirante Harold Briggs clamaba: «¡Vamos a perder América Latina; ya la estamos perdiendo!»²

Emerge entonces la tesis del «enemigo interno», la necesidad de enfrentar a la «subversión comunista». A ese enemigo no sólo había que enfrentarlo; había que exterminarlo ya que estaba en peligro la «seguridad nacional». Por tanto se incrementa la colaboración estadounidense en el área militar.

Se crea la Escuela de las Américas donde se enseña la doctrina anticomunista que tan bien desarrollaran Hitler y Churchill. Se aprende a torturar, a despreciar al ser humano si éste es siquiera proclive al izquierdismo. Pinochet fue un aventajado alumno de dicha escuela y completó sus «estudios» como agregado militar de Chile en Washington.

Ese fue el equipamiento intelectual de los golpistas de 1973 que provocaron la muerte del presidente constitucional Salvador Allende y la eliminación de miles. de sus compatriotas En ese entonces y desde la presidencia de John F. Kennedy la doctrina del enemigo interior había avanzado hasta el aserto que «consideraba que las fuerzas armadas debían, con prioridad, desempeñar funciones políticas y policiales»³.

En 1991, cuando se realizó la primera investigación acerca de la violación de los derechos humanos en Chile por un comité nombrado por el presidente Patricio Aylwin (Comisión de Verdad y Reconciliación), el ejército que todavía comandaba pinochet, descalificó el documento con las siguientes palabras: «El ejército, en aras del prestigio y dignidad elementales de la institución, manifiesta su fundamental discrepancia con el informe y le niega tanto la validez histórica como jurídica».
Ahora el actual comandante en jefe, general Juan Emilio Cheyre, ha debido admitir públicamente que las tropelías fueron el resultado de una política institucional.

La imagen que ahora tiene la ciudadanía de las entidades armadas del país es la de un desprestigio total. El cabecilla del golpe, ya cercano a los 90 años, está desaforado y juzgado no sólo por crímenes como secuestros y asesinatos, sino también por corrupción. Otro tanto ocurre con generales que dirigieron la policía secreta hecha a la medida de la Gestapo hitleriana, algunos de los cuales han sido incluso condenados. Es fácil colegir que esa situación constituye, además, un serio peligro para la soberanía nacional.

Pero hay más. Toda la barbarie cometida por pinochet y los suyos conforma el delito de genocidio, definido universalmente como la exterminación de parte de una población por motivos políticos, raciales o religiosos. Ya en 1976 la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas incluyó a pinochet -y a todos los participantes en torturas y asesinatos políticos- entre quienes han cometido crímenes contra la humanidad.

Abogados chilenos defensores de los derechos humanos no descartan ver al ex dictador y a su pasado círculo de hierro en el banquillo de un tribunal internacional.

Notas

¹ Balart Contreras, René: Las Fuerzas Armadas y la historia
política chilena, Santiago, Punto Final,Documentos, 1973.