Mar 26 2010
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Sociedad

Piñera-dinastía DC contra Cuba por presos, pero ¿cómo camina Chile en materia carcelaria?

Ernesto Carmona.*

Arrecia la campaña contra Cuba en Chile y gran parte de América Latina. El pretexto no es novedoso: los “derechos humanos”. La cámara alta chilena sacó su tradicional acuerdo anual, redactado esta vez por el senador demócrata cristiano Patricio Walker Prieto, quien visitó el lunes en La Moneda a Sebastián Piñera, acompañado de sus colegas Ximena Rincón y Andrés Zaldívar, todos DC.

 

Para estos efectos da lo mismo que sean legisladores de gobierno u oposición: la identidad DC-gobierno es total. Por lo demás, la DC fue la cuna del jefe del Estado y todavía co-dueño Colo Colo y la estación de TV Chilevisión.

El tema central de la reunión fue el deceso del preso común cubano en huelga de hambre Orlando Zapata y la suerte de otros detenidos, incluidos uno que otro “periodista” fabricado por la Oficina de Intereses de EEUU, con menos rigor que los “periodistas ciudadanos” que produce CNN.

Zaldívar sabe de presos, porque siendo presidente del Senado en 1998 usó su condición de representante del Estado (no fue elegido para eso) cuando hizo denodados esfuerzos internacionales por liberar a Pinochet de su prisión dorada de Londres, donde fue detenido por orden de la justicia española. Aquella vez dijo que por razones de Estado, el ex dictador y entonces senador vitalicio debería ser juzgado en Chile.

Como todo el mundo se enteró, la liberación fue obtenida después por Ricardo Lagos mediante un acuerdo político con Tony Blair encubierto por “razones de salud”. En cuanto descendió del avión, la TV mostró al “enfermo” abandonando la silla de ruedas, en una suerte de milagro acaecido por sólo pisar el suelo patrio, y Pinochet jamás fue juzgado seriamente, excepto los esfuerzos hechos por el juez Juan Guzmán.

Dinastías de poder

La tríada DC que más se identifica con Piñera representa dinastías del ala derecha que controlan a la DC y ejercen su poder en parte del país. Rincón es la esposa de Juan Carlos Latorre, el presidente del partido demócrata cristiano, mientras la familia Walker sacó tres legisladores en diciembre. Matías Walker Prieto heredó la diputación por Coquimbo de su hermano Patricio (izq)., que fue elegido senador por la sureña XI Región (Aysén), en tanto Ignacio Walker Prieto resultó electo senador por la V Región Cordillera (Valparaíso). Zaldívar representa en el Senado a la VII Región (Maule Norte) y Rincón al Maule Sur (Linares y Cauquenes).

En 1992, la dinastía Walker adquirió la localidad de Puerto Sánchez –en la región de Aysén– incluidas sus 150 familias, colegio y posta de primeros auxilios. El Ministerio de Bienes Nacionales les vendió 16 mil hectáreas por poco más de 80 mil dólares (40 millones de pesos), o sea, a cinco dólares la hectárea.

Entre los negocios Walker está la planta reductora Alumysa, que al vendérsela a la transnacional Xstrata Copper pasó a llamarse Energía Austral, hidroeléctrica –que heredó los derechos de agua y dominios de la ex reductora de aluminio–. En el período de la cámara alta 1990-1998, el primo y ex senador por Atacama Ignacio Pérez Walker, instalado como presidente de la Comisión de Minería del Senado, influyó en favor de la transnacional Barrick Gold Corporation, que tomó posesión del yacimiento aurífero Pascua Lama. El ahora senador Ignacio Walker Prieto fue canciller de Ricardo Lagos y diputado en los periodos 1994-98 y 1998-2002.

En la VII Región opera el agricultor Antonio Walker Prieto, que exporta fruta desde la quinta parte de un predio de 600 hectáreas de manzanos, peras, cerezas y kiwis, con un capital declarado de cuatro millones de dólares, después que la empresa familiar vendió el resto de la hacienda. “Estamos tratando de desarrollar una central hidroeléctrica en Puerto Sánchez y en cualquier momento puede que la mina de cal que tenemos en la zona empiece a dar más”, advirtió Antonio.

Según la Revista Capital, el patrimonio Walker abarca áreas diversas como la mina de zinc y oro El Toqui (en Aysén), la compañía minera Calaysén, la empresa Marítima del Sur, el transporte lacustre Mar del Sur y la forestal Maderas de Aysén, entre otras.

Según El Mercurio, Patricio posee el 10% de Inversiones Wapri SA (Walker Prieto SA), el 8% de Agropecuaria Walker Prieto SA, el 50% de Asesorías e Inversiones Ilihue Ltda. y el 3% de Proyectos Aysén SA. El economista Juan Walker Prieto constituyó la sociedad de responsabilidad limitada Energías Renovables de Aysén, dedicada a generar, comercializar y suministrar energía eléctrica en la patagonia chilena, con 66,67% de participación de la dinastía Walker Prieto. Los hermanos Francisco, Tomás y Antonio no son DC: apoyaron de frente la candidatura de Piñera.

Derechos humanos en casa

En Chile existen prisiones diseñadas para 35.845 personas, pero a fines de 2009 allí vivían 52.260 presos en “condiciones sanitarias inferiores al nivel normal”, según el informe anual de Amnistía Internacional. La mayoría de esta población carcelaria excedida en 46% vive en condiciones de extrema pobreza y sufre constante violación de sus derechos humanos, pero esta situación no interesa a senadores DC como Walker, Rincón y Zaldívar, porque no garantiza cobertura de prensa y los presos no votan.

Tampoco les conmueve la situación del comunicador mapuche Pascual Pichún Collonao, detenido en Temuco injustamente –por motivos políticos y étnicos, por no decir racistas–el 26 de febrero, día anterior al terremoto.

El año pasado, el cuerpo de Gendarmería (que vigila a los presos de las cárceles públicas y privadas) tuvo que investigar 88 denuncias de abusos, 19 menos que las 107 del 2008. Sólo en un caso hubo sanción a los guardiacárceles responsables de maltratos, otros 11 sumarios fueron cerrados y 76 siguen pendientes. Si sólo estos detenidos torturados se declararan “presos de conciencia” e hicieran huelga de hambre, tendríamos en Chile un caso más gordo de derechos humanos, pero nadie garantizaría el interés político ni la cobertura de prensa porque en este país no hay ninguna revolución, sino todo lo contrario.

Como dijo el Presidente Lula, de Brasil, ¿qué pasaría si todos los presos comunes de repente se declararan prisioneros políticos? No les faltaría razón porque gran parte del delito tiene su origen en la exclusión social y en la ausencia de oportunidades de educación y trabajo para todos por igual, que es la característica de nuestras sociedades latinoamericanos, excepto Cuba.

Sobreproducción de presos

Entre los presos chilenos hay 1.411 menores, cuyos delitos a balazos suelen atraer la morbosa atención de la gran prensa, sin que nadie se pregunte por qué esos niños delinquen. Tampoco se cuestiona que los menores transgresores perfeccionen sus habilidades delictivas en las prisiones, en vez de recibir rehabilitación adecuada. El gobierno de Michelle Bachelet rebajó la responsabilidad penal en Chile a la edad de 14 años en 2007, mientras el derecho a voto se ejerce desde los 18, sin que hubiera reclamos de los legisladores preocupados por los DDHH.

Las cárceles de adultos de Santiago encierran al doble de gente que permite su capacidad original. Chile tiene más población carcelaria respecto a sus habitantes que cualquier otro país hispano parlante de la región. Según el Centro Internacional de Estudios Carcelarios del King’s College de Londres, en 2008 Chile tenía 279 presos por cada 100 mil habitantes, sólo superado por Surinam, con 356.

Causan conmiseración los presos comunes de Cuba, ahora disfrazados de políticos, pero los dardos con pretextos humanitarios también apuntan a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, sin olvidar a Ecuador, Irán y muchos otros países, mientras los israelíes violan "a granel" los derechos humanos en Palestina, sin que existan reclamos del parlamento chileno.

Chile, que en todo imita el modelo del país del norte, también va tras los pasos de EEUU en el tamaño de su población encarcelada. Con menos del 5% de los habitantes del mundo, el país del norte alberga a casi la cuarta parte de los presos del planeta. Y también lidera los índices, con más de 700 presos por cada 100.000 habitantes, según apuntó The New York Times el 24 de abril de 2008.

El país de Obama tiene 2,3 millones de personas tras las rejas, prácticamente seis veces la población de Surinam. China, que posee cuatro veces más habitantes que EEUU, tiene cerca de 1,6 millón de presos. Si todos esos reclusos se declararan presos de conciencia el problema sería mayúsculo. La lucha contra la delincuencia fue la principal bandera electoral de Piñera, que prometió abarrotar aún más las cárceles y llenar al país de policías.

Piñera ha sido cuestionado por su propia gente de la UDI por no vender antes de asumir sus acciones de LAN, Colo Colo y Chilevisión, mientras los senadores de la oposición lo ayudan a vestirse, según críticas del diputado Gabriel Ascencio, también DC, quien solicitó una investigación de la Contraloría por la doble condición de Piñera como presidente de un país y accionista de corporaciones. Otras críticas por la foto de Walker, Rincón y Zaldívar con Piñera hizo el miércoles el diputado DC Jorge Burgos.

La DC ya no es monolítica y la Concertación busca su destino como oposición, con los socialistas adhiriendo a las condenas a Cuba.

Como jefe de Estado, Piñera puede negociar con otros Estados los destinos aéreos de LAN. Y también decide sobre las concesiones de TV, como la de su canal Chilevisión, a través del Consejo Nacional de Televisión, a cuyos directivos tiene que designar para que sigan vigilando y regulando el espectro televisivo. Además, nombra a los directores del canal de la competencia de Chilevisión, es decir, Televisión Nacional de Chile (TVN), “el canal de todos los chilenos”. No tiene problemas con el Colo Colo porque los conflictos de las sociedades anónimas deportivas y los clubes los dirime el subsecretario (viceministro) de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle, socio suyo como co-dueño del equipo de fútbol. Para Piñera, ser presidente es un negocio redondo.

El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter se esmera en llamar a la prensa –como cualquier jefe de policía– para mostrar el botín cada vez que capturan una banda de microtráfico, pero nadie le echa el guante a los grandes saqueadores del país ni a los constructores de edificios truchos, como los que hizo en Concepción (Arauco II y Castellón) la empresa Echeverría Izquierdo, SA, de Fernando Echeverría, el intendente de Santiago y ex asociado suyo en el rubro a través de la constructora Aconcagua. Pero la TV sólo muestra a la autoridad capitalina preocupada de recoger los escombros regados en la ciudad… mientras los habitantes de sus edificios, a 500 Km al sur, se quejan porque tienen que seguir pagándole la hipoteca y a la vez desembolsar un alquiler para seguir viviendo.

El negocio carcelario en Chile

Chile mantiene a tantos presos supernumerarios en cárceles privadas que el año pasado el ministerio de Justicia debió pagar el equivalente a 700.000 dólares (353 millones de pesos) de sobreprecio, o multa, al grupo francés Vinci, dueño del negocio de la prisión Santiago-I por concepto de “sobrepoblación” en ese penal durante el último semestre de 2008.

El Estado debe pagar por contrato 7.350 dólares (equivalentes a 100 “unidades tributarias mensuales”) por cada día que se sobrepase el límite carcelario. En 2008 se rebalsó la capacidad en 93 oportunidades, originándose el pago extra. Santiago-I se construyó para 3.081 presos, pero allí suelen encerrar a más de 3.600, según un documentado reportaje de Mauricio Becerra en el periódico El Ciudadano.

En otras palabras, se está enviando a prisión más gente de la que cabe. En vez de aumentar los recursos para educar a los chilenos, o darles salud y educación, el Estado se esmera por mantenerlos encerrados. Se gasta más dinero en mantener presos que en becas de estudio o alimentación, subsidios familiares, a discapacitados o fondos de inversión social, anotó el periódico.

En el penal privado de Puerto Montt se pagan más de mil dólares al mes por cada preso, prácticamente lo mismo que cobra la clínica para ancianos Senior Suites, de Ñuñoa (Santiago), que ofrece un buen pasar y cuidados médicos a pensionistas de la tercera edad. Según Gendarmería, al 30 de junio de 2008 la tarifa promedio por persona en las cárceles privadas superaba los 600 dólares mensuales.

Los presos tampoco se dan la gran vida. El familiar de un reo de Santiago-I comentó a El Ciudadano que “tienen dos comidas al día, duermen en camas de cemento con una delgada colchoneta y les pasan 2 frazadas para que se abriguen”. También se ve afectada la salud mental de prisioneros segregados en celdas individuales que deben ingresar a las nueve de la noche en Santiago-I o a las siete de la tarde en Rancagua. No tienen contacto con nadie hasta el día siguiente.

Al declarar ante una comisión investigadora de concesiones carcelarias de la Cámara de Diputados, el capellán del penal de Rancagua, Luis Escobar, dijo que “las cárceles concesionadas eliminaron la convivencia gregaria de los presos, por lo que la soledad es una gran carga psicológica”. Hasta agosto de 2008 hubo 10 suicidios en su cárcel, citó El Ciudadano.cl del 16 de enero de 2009. Los reclusos crecen en Chile a una tasa de 20% anual. El 23% de la población encarcelada está imputada y el 77% condenada.

Bajo los gobiernos de la Concertación, y con la participación de la DC, el Estado Chile se propuso erigir 10 cárceles privadas para 16 mil presos. Un consorcio integrado por Besalco, Sodexho y Torno Internazionale (Bas) ganó concesiones para explotar el negocio por 20 años en los penales construidos en Iquique, La Serena y Rancagua, en tanto Santiago-I y Valdivia se adjudicaron al grupo Vinci.

Los penales a construirse en Concepción y Rancagua fueron abandonados por las concesionarias, provocando la investigación de la Cámara de Diputados, mientras los proyectos Santiago-II y Talca, aún no eran construidos. Según las cifras obtenidas por El Ciudadano, las prisiones privadas albergan a la quinta parte de la población penal chilena en presidios en Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Santiago, Valdivia y Puerto Montt. El negocio fue justificado porque evitaría el hacinamiento y mejoraría la calidad de vida de los presos, pero la realidad suele mostrar lo contrario.

Una vez privatizadas las cárceles, el siguiente negocio previsto es que el Estado pague para “rehabilitar” a los presos. Pero hay desconfianza, porque si llegara a ocurrir una rehabilitación de verdad… se acabaría el negocio.

* Periodista.
Despacho de www.argenpress.info

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