Platas, platas y otras cosas. – ALGO NO HUELE BIEN EN PERÚ Y BOLIVIA
El secretario general del Partido Aprista, Jorge del Castillo, afirmó en Lima que informaciones vinculadas al proceso de cambio de gobierno permiten inferir que el presidente Alejandro Toledo y su cónyuge deberían ser investigados por la presunta comisión del delito de peculado. Otras fuentes precisaron que se han producido serios despilfarros a costa de las arcas fiscales.
Alán García, por su parte, anunció que someterá a una suerte de «régimen de adelgazamiento» a los aparatos estatales; entre las medidas a tomar está la eliminación de la oficina de la primera dama. García pidió a Toledo evitar una «fiesta de despedida» para los miembros más representativos del oficialismo.
Del Castillo señaló como ejemplo del mal uso de fondos públicos el costo de más de una docena de viajes al exterior de Toledo, Eliane Karp y altos funcionarios de su administración, así como los abultados egresos de las sedes diplomáticas peruanas.
El dirigente aprista aseguró que el «dispendio y la frivolidad» en el uso de los recursos caracterizó al gobierno de Toledo, que el próximo 28 de julio de 2006 debe traspasar el mando al presidente electo Alán García. Acusaciones de ésta índole que apuntan al entono íntimo de Toledo, han plagado su período de gobierno.
Ha trascendido en Lima que la oficina presidencial tiene asignado un presupuesto de casi US$ 12 millones para sus gastos. En cuanto a la primera dama, se señala que Karp no ha obedecido las notificaciones del Poder Judicial y el Congreso que investigan denuncias por irregularidades en el nombramiento y renta asignada a varios de sus colaboradores personales.
El secretario general del APRA denunció que durante el régimen de Toledo fueron incorporados a la administración pública alrededor de 180 mil empleados y personal en el exterior con rango diplomático, lo que demandará fuertes gastos al próximo gobierno aprista.
García promete un gobierno de austeridad que incluye la reducción de los altos sueldos a los funcionarios de confianza, parlamentarios y el propio presidente. Cabe recordar que el primer gobierno de García concluyó en medio de escándalos que lo sindicaban de amparar la corrupción en las esferas del Estado.
Como dato anecdótico se consigna que tanto el actual como el futuro presidente del Perú están casados con extranjeras. La mujer de Toledo, Elianne Karp, es oriunda de Bégica y Pilar Nores, segunda cónyuge de Alán García es argentina –la primera era peruana y lo acompañó en su autoexilio en París, donde el matrimonio llegó a su fin–. Las acusaciones que vinculan a la señora Karp de Toledo con maniobras corruptas son de vieja data, pero ésta las ha negado enfáticamente.
El Goñi en la picota
El gobierno de Bolivia anunció que procederá legalmente para que se investigue un saqueo a la nación, luego de que se difundió un vídeo sobre el retiro indebido de más de US$ 90 millones durante los últimos días del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada (alias Goni), en octubre de 2003.
La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, y los diputados oficialistas que destaparon el desfalco, Humberto Equiapaza y René Ramos, dijeron que hacían gestiones para denunciar ante la Fiscalía de la nación el retiro de las bóvedas del Banco Central de Bolivia de más de 800 millones de bolivianos – unos 99 millones de dólares–.
Parte de ese dinero se habría usado para «comprar» dirigentes sociales en medio de las movilizaciones populares, que concluyeron con la renuncia de Sánchez de Lozada. El ex presidente –siguiendo una viaja costumbre de los políticos derechistas latinoamericanos– huyó del país y vive en Estados Unidos.
El ex presidente del Banco Central en tiempos del gobierno de Sánchez, Juan Antonio Morales, aseguró que los vídeos y las consiguientes denuncias parlamentarias era un invento para desprestigiar su gestión y enlodar al ex primerm mandatario. En el mismo sentido se expidió el ex ministro de Gobierno (Interior) de Sánchez, Yerko Kukoc.
La denuncia de los diputados indica que entre el 13 y el 16 de octubre de 2003 fueron retirados del Banco Central, 250, 150, 25 y 800 millones de bolivianos, mientras en las calles del país una insurrección popular exigía la renuncia de Goñi. El vídeo, que se supone contiene parte de las filmaciones del equipo de seguridad de la institución bancaria, muestra a personal de seguridad del banco y funcionarios de gobierno moviendo en carritos de traslado montones de billetes que son colocados en bolsas.
Los legisladores sostoenen que el ex ministro Kukoc firmó las solicitudes de esos desembolsos y que el entonces titular de la cartera de Hacienda, Javier Comboni, autorizó dichaslas entregas. La mayor pàrte de esos dineros se repartiueron entre quienes se fugaron junto con el ex presidente.
Kukoc aceptó el manejó, desde el Ministerio de Gobierno, de dinero de los fondos reservados, pero las cifras, dijo –que citan los diputados del MAS–, «son exageradas», y que el vídeo es una producción apócrifa que «estuvo en el mercado negro» e incluso una persona le ofreció vendérselo. Señaló además que deben contribuir a aclarar la situación el ex ministro Comboni, el ex presidente del Banco Central y el propio Sánchez de Lozada, a quien hace unos días en un desplegado, exigió que regrese a Bolivia «a dar la cara» por lo que hizo durante su gestión y responder a las denuncias en su contra.
La ministra Muñoz diom a conocer las declaraciones de un chofer del Ministerio de Gobierno, Luis Larrea, quien afirmó haber sido testigo del retiro de fondos por parte del director nacional administrativo del ministerio a cargo de Kukoc, Filiberto Ugalde, a quien trasladó con el dinero del banco a las oficinas ministeriales.
Soldados extranjeros:
¿venezolanos o estadounidenses?.
La oposición a Evo Morales denunció la presencia de soldados venezolanos en el país, lo que fue de inmediato negado por el gobierno e hizo que el presidente replicara que se tienennantecedentes del ingreso al país de militares de Estados Unidos que se hacen pasar por estudiantes o turistas.
La embajada de Estados Unidos negó la acusación. Pero el ministro de Defensa, Walker San Miguel, confirmó que 20 estadounidenses, incluidos algunos militares, llegaron en los últimos días a la ciudad de Santa Cruz para participar en un seminario internacional sobre resolución de conflictos sociales, organizado por una universidad privada.
El Ministerio de Gobierno (Interior), por otra parte dio a conocer una lista con 24 nombres de militares estadounidenses que ingresaron al país para realizar visitas familiares, de turismo y capacitación académica en la primera quincena de este mes de junio.
En el informe se dan datos precisos de algunos sargentos provenientes de Miami, con base en el Fuerte Bragg, Carolina del Norte. Se indica la situación sospechosa de esas personas, ya que a su arribo acudieron a la embajada estadounidense, lo que generalmente sólo hacen militares y diplomáticos, y no estudiantes que supuestamente acudían a un seminario.
El seminario lo coordina Brent Beane, un conocido agente de la CIA en Bolivia. Para el gobierno no caben dudas de que el referido seminario es en realidad un curso de «antiterrorismo» –eufemismo en boga para la exportación desde EEUU de medidas para frenar los movimientos sociales que afecten sus intereses; el curso en cuestión tiene una parte secreta para personal de alta jerarquía de los gobiernos «amigos» de la Casa Blanca –o inflitrados en el caso de «gobiernos hostiles» y personal militar especializado en contrainsurgencia y de unidades especiales.
Exigen proceso a Sánchez
Los familiares de las víctimas de octubre del 2003 están dispuestas a permanecer frente a la embajada estadounidense en La Paz hasta que el gobierno de ese país otorgue la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, para que pueda ser juzgado en Bolivia. Se le imputa el delito de genocidio, pepetrado cuando en las jornadas de la Guerra del Gas, ordenó la represión a las protestas populares, con un saldo de más de 60 muertos, en su mayoría por balas de guerra.
El representante de los familiares de las víctimas, Néstor Salinas, denunció que el gobierno norteamericano protege al ex mandatario desde hace mas de dos años y medio. También se supone que en el país, autoridades y funcionarios judiciales actúan para favorecer la impunidad de Sánchez de Lozada.
Añadió Salinas que a casi tres años de la criminal represión, la justicia boliviana no ha procesado a ninguno de los responsables y ejecutores de la masacre. Agregando que incluso los aliados de Sánchez de Lozada, siguen aspirando a controlar el poder, como sería el caso del jefe nacional de Nueva Fuerza Republicana (NFR), Manfredo Reyes Vila, actualmente prefecto de Cochabamba, que junto a Jaime Paz Zamora del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Johnny Fernández de Unidad Cívica Solidaridad co-gobernaron con Sánchez de Lozada.
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Fuentes
– Agencia Noticias Mexicanas –Notimex–, corresponsalía en Lima.
www.notimex.com.mx.
– Diario La Jornada de México.
www.jornada.unam.mx.
– Agencia de Prensa BolPress,
www.bolpress.com.
– Servicio de Prensa Alternativa
www.serpal.info.