Dic 20 2006
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Opinión

¿POR QUÉ TANTA PRISA PARA EJECUTAR A SADDAM HUSSEIN?

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

I. En su edición del 12 de diciembre, el diario Clarín de Buenos Aires publicó la siguiente información:

Aseguran que Saddam será ejecutado inmediatamente si la Corte de Apelaciones confirma la sentencia

Una fuente gubernamental iraquí dijo que se hará así “por razones de seguridad”. El mismo destino correrían los dos ex colaboradores de Hussein que también fueron condenados a muerte. Los restos del ex dictador serían enterrados
en un lugar secreto.

Si la Corte de Apelaciones confirma la pena de muerte dictada por un tribunal especial contra el ex dictador iraquí Saddam Hussein y dos de sus ex colaboradores por la matanza, en 1982, de casi 150 chiítas en la aldea de Dujail, los tres serían ajusticiados de inmediato.

II. Diferentes organizaciones –entre otras Amnesty International y Human Rights Watch– y juristas de renombre internacional se han pronunciado sin ambigüedad sobre el carácter ilegítimo del tribunal que juzgó a Saddam Hussein, un simple títere del ocupante estadounidense el que, de hecho, lo ha constituido y financiado.

Ilegitimidad agravada por la violación de los derechos de la defensa, cuya manifestación más grosera ha sido el asesinato de tres abogados defensores.

El Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ahora disuelta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Opinión número 31/2006 –Iraq y Estados Unidos, referida a Saddam Hussein Tikriti– de setiembre 2006 ha
dicho, entre otras cosas, que el artículo 27(2) del Estatuto del Tribunal establece que las sentencias deben ejecutarse dentro de los 30 días, lo que en el caso de aplicación de la pena de muerte tendrá por resultado un irremediable y precipitado fin de los procedimientos (subrayado del autor).

Agrega el Grupo de Trabajo que el proceso ha dado lugar a una serie de violaciones del derecho de defensa y no ha sido conducido por un tribunal independiente e imparcial, de conformidad con lo que establece el artículo 14 de la Convención Internacional sobre derechos civiles y políticos.

Saddam Hussein es señalado como responsable de diversos crímenes atroces, entre ellos la muerte de 5.000 kurdos en octubre de 1988, gaseados en la localidad de Hallabjah, pero el tribunal títere lo ha juzgado y condenado a muerte sólo por la
matanza de 150 chiítas en 1982 y ha omitido juzgarlo por otros crímenes.

Ahora se hace pública la impaciencia del tribunal –y de sus amos estadounidenses– por ejecutarlo lo más rápidamente posible, lo que tendrá por resultado “un irremediable y precipitado fin de los procedimientos”, como ha dicho el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Es decir a que nunca se ventilarán públicamente los otros crímenes que se atribuyen a Saddam Hussein.

Ello se debe a que un proceso ante un tribunal independiente e imparcial contra Saddam Hussein y sus colaboradores inmediatos por todos los crímenes que se les imputan hubiera llevado al banquillo como cómplices a personajes encumbrados de distintos países.

Veamos.

III. En setiembre de 1993 debía comenzar en los Estados Unidos el proceso por el financiamiento ilícito al régimen de Saddam Hussein durante la guerra Irán-Iraq por un monto de varios miles de millones de dólares, a través de la sucursal de Atlanta (EEUU) de la Banca Nazionale del Lavoro italiana.

Pero el día dos de ese mes y año la ministro de Justicia del gobierno de Clinton, Janet Reno, anunció un acuerdo con el principal imputado, Chris Drogoul, ex director del Banco de Atlanta. La consecuencia de este acuerdo fue que no hubo
juicio, sólo una audiencia para fijar el monto de la pena, de conformidad con el sistema del plea bargaining.

El juez Marvin Shoob, que se había ocupado antes del caso, dejó entrever claramente que no iba a aceptar la versión de que el traspaso ilegal durante varios años de miles de millones de dólares a Iraq era obra de una sola persona, director de una sucursal de un Banco italiano, sin que llegara jamás al conocimiento de los servicios secretos y de las cancillerías de los grandes países, comenzando por los Estados Unidos.

Al juez Shoob le parecía más plausible que tales operaciones formaran parte de un aspecto de la política extranjera que se quería mantener oculto. El jmagistrado no pudo verificar su hipótesis, pues le fue retirado el expediente.

Si se hubiera abierto el proceso, era previsible que la defensa de Drogoul hubiera pedido que comparecieran, entre otras personalidades, Bush padre y James Baker III, quien fue secretario de Estado del gobierno de Bush padre, miembro del gobierno de Reagan y ahora formó parte de la comisión que ha recomendado el retiro progresivo de las tropas estadounidenses de Iraq.

El asesor del banco italiano Banca Nazionale del Lavoro no era otro que Henry Kissinger, titular de Kissinger Associates (Véase Christopher Hitchens, Les crimes de monsieur Kissinger, ediciones Saint-Simon, Francia, 2001, pág. 187). El mismo Kissinger que en 1991, en plena guerra del Golfo, explicaba a una Comisión del senado estadounidense porqué había que dejar en el poder a Saddam Hussein.

La política de no apoyar a los movimientos internos de oposición a Saddam Hussein continuó por lo menos hasta 1995, como explica un ex funcionario de la División de Operaciones de la CIA destacado en misión ese año en la zona norte de Iraq, controlada por las fracciones kurdas (Robert Baer, La chute de la CIA, ediciones Gallimard, Paris 2003, capítulos 14 a 18).

IV. En mayo de 2003 Amnesty International publicó un informe de 73 páginas titulado Catálogo de fracasos: Exportaciones de armas del G8 y violaciones de derechos humanos (AI INDEX: IOR 30/003/2003, 19 Mayo 2003). La parte referida a Iraq se titula ¿Quién armó a Iraq? y, entre otras cosas dice:

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“A la sombra de los masivos preparativos militares encabezados por Estados Unidos contra Iraq de finales de 2002 y principios de 2003, surgieron pruebas de que todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como varios Estados de Europa Oriental, habían suministrado armas y material afín al gobierno de Iraquí.

“Antes de la Guerra del Golfo de 1991, al menos 20 países fueron acusados de estar implicados en el desarrollo de la base tecnológica de diferentes programas de armas iraquíes, y concretamente del programa de armas químicas. (Cordesman, A. H., Weapons of Mass Destruction in the Middle East. Brassey’s, Londres, 1991, pp. 64-65). En diciembre de 2002, el gobierno iraquí entregó a la ONU un expediente de 12.000 páginas en el que figuraban los nombres de empresas británicas, francesas, rusas, estadounidenses y chinas como proveedores de tecnología armamentística a Iraq.

“Diecisiete empresas británicas citadas como proveedores a Iraq de tecnología armamentística nuclear, biológica, química, de misiles y convencional serán sometidas a investigación y podrían ser enjuiciadas”. Según el expediente 24 firmas estadounidenses vendieron a Iraq armas que incluían tecnología nuclear y de misiles, y alrededor de “50 subsidiarias de empresas extranjeras hicieron sus negocios de armas con Iraq desde Estados Unidos”.

Alemania aparecía como el mayor socio de Iraq en el comercio de armas, con 80 empresas que vendieron tecnología armamentística a este país. Aunque la mayor parte del comercio finalizó en 1991, con el estallido de la Guerra del Golfo, Rusia, China y, según los informes, Portugal, vendieron armas a Iraq después de 1991 contraviniendo las resoluciones de la ONU. (Revealed: 17 British Firms Armed Saddam with his Weapons, The Sunday Herald, 23 de febrero de 2003; Portugal sold arms to Iraq in violation of UN embargo: report, Agence France Presse, 27 de febrero de 2003). Según los informes, la ONU afirmó que “la divulgación de los nombres de las empresas sería contraproducente.

“En agosto de 1991, los inspectores de armas de la UNSCOM –órgano de la ONU– elaboraron una lista de empresas que habían proporcionado tecnología a los programas de armas químicas y biológicas de Iraq. La lista no se hizo pública, pero los gobiernos pueden obtener información sobre la implicación de las empresas de su país mediante una solicitud especial a la ONU. (Made in the USA, LA Weekly, 21-27 de marzo de 2003. Los gobiernos de Alemania, Estados
Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China deben divulgar la lista de empresas que suministraron tecnología a los programas de armas químicas, biológicas y de otra índole de Iraq).

“Algunas empresas alemanas han sido sometidas a investigaciones penales por presunta infracción del embargo de armas contra Iraq. El Reino Unido y Estados Unidos han sido acusados de apoyar el programa de armas químicas y biológicas de Iraq mediante la venta de productos químicos y de tecnología.

“Las empresas británicas vendieron miles de kilos de ingredientes básicos de gas nervioso y de gas mostaza a Iraq e Irán el año pasado, confirmó ayer el Ministerio de Comercio […] Las cifras del Ministerio muestran que se han exportado a Iraq 2.000 kilos de difluoruro de metilfosfonilo. Este es el ingrediente básico del gas nervioso sarín […] Empresas británicas vendieron
asimismo 38.000 kilos de metilfosfonato de dimetilo y otros ingredientes del sarín a Iraq.” (Andrew Beitch, The Guardian, 6 de abril de 1984).

“Se calcula que cuatro años después de la publicación de este artículo, en marzo de 1988, 5.000 personas fueron asesinadas deliberadamente y miles resultaron heridas como consecuencia de los ataques con armas químicas realizadospor las fuerzas iraquíes contra la ciudad de Hallabjá, en el norte de Iraq. La mayoría de las víctimas eran civiles, muchas de ellas mujeres y niños”.

(Fin de la cita de Amnesty International).

No debe sorprender entonces el silencio de las grandes potencias cuando en octubre de 1988 Saddam Hussein hizo gasear a 5000 kurdos en Hallabjá.

V. Estos hechos, que son del dominio público, se pretendieron ocultar censurando el informe de 12.000 páginas presentado por Iraq en diciembre de 2002 al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Al llegar el informe al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, en lugar de ser entregado al Secretario General como correspondía, fue secuestrado –con el asentimiento del presidente de turno del Consejo de Seguridad– por funcionarios estadounidenses, quienes adujeron que estaban mejor equipados que la Secretaría de la ONU para hacer las fotocopias.

Antes de entregar copias a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, el informe fue “depurado” (¿por quién?) de algunas partes, con el pretexto de que la difusión de las mismas podía violar el tratado de no proliferación nuclear.

Ya en el momento del insólito secuestro del informe de Iraq por funcionarios estadounidenses trascendió que el mismo fue “depurado” de las partes que indicaban quiénes proveyeron de armas y otros materiales “sensibles” a Iraq: empresas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China, entre otras. es decir empresas de todos los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad y de algunos otros Estados.

Los diarios Tageszeitung de Alemania y The Independent de Gran Bretaña, publicaron el 18 de diciembre de
2002 extensas listas de las empresas involucradas en el comercio de armas con Iraq, que figuraban en la parte censurada del informe. Ningún Estado protestó por la mutilación del informe, realizada con la finalidad evidente de encubrir a quienes proveyeron de armas y material para producir gases letales al régimen de Saddam Hussein.

Así es como los antiguos padrinos de Saddam, grandes violadores de los derechos humanos a escala internacional, se cubren con un manto de impunidad y es probable que mueran en la cama y reciban honores póstumos, como Pinochet.

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* Abogado. Representante de la Asociación Americana de Juristas ante las Naciones Unidas en Ginebra.

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