Nov 24 2004
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Opinión

Prensa: precaución, camino resbaloso

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Varias espadas de Damocles gravitan, y caen a menudo, en la comunidad iberoamericana sobre las cabezas de los periodistas, 26 de los cuales permanecen encarcelados en Cuba, 11 han sido asesinados (dos en Brasil, dos en Perú, dos en Colombia, dos en Nicaragua, uno en México, uno en República Dominicana y un auxiliar en Ecuador) y otros 336 han sido agredidos o amenazados, en los 12 meses transcurridos desde la anterior cumbre.


Cuba. En la isla caribeña no existe, pura y simplemente, prensa libre, y sólo, por imperativo constitucional de servicio a la revolución socialista, hay medios de comunicación oficiales. Cuba ocupa el puesto 166 (sólo por delante de Corea del Norte) en la clasificación mundial de la libertad de prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras (RsF). Veintiséis periodistas siguen encarcelados hoy, con penas de hasta 27 años, en una de las dos mayores prisiones del mundo (la otra es China) para profesionales de la información.

Venezuela. La actual Constitución venezolana limita la libertad de información a que ésta sea “veraz, oportuna e imparcial”. RsF denunció durante su gestación esas adjetivaciones restrictivas por considerar que la información periodística no tiene por qué forzosamente ser veraz, sino que el periodista debe buscar la verdad, con riesgo cotidiano de equivocarse. Y mucho menos debe ser “oportuna” (más bien a menudo “inoportuna”) ni imparcial (sino, en todo caso, plural).

A las diversas y concretas espadas de Damocles esgrimidas por el régimen venezolano (varios procedimientos judiciales contra medios; proyectos de ley de protección de la imagen de instituciones y funcionarios; control oficial de cambios e importación de papel prensa, sin contar la violencia verbal mostrada por el presidente de la República al invadir las ondas privadas con sus discursos -“cadenas”- agresivos contra los medios…) se añade ahora la ratificación de una peligrosa ley sobre el ejercicio del periodismo. Ésta exige titulación específica y la inscripción obligatoria en una corporación nacional para poder ejercer la profesión, cuyo ejercicio “ilegal” se castigará con ¡hasta tres a seis meses de cárcel!

Una periodista está procesada por la justicia militar y otra ha sido condenada a nueve meses de cárcel por “difamación”, mientras se producían hasta cinco detenciones y 65 agresiones o amenazas. El Gobierno impulsa una ley de responsabilidad social de radio y televisión en la formación juvenil, con sanciones que van hasta el cierre y cuya aplicación, incluida la censura previa, podría estar controlada por un “directorio” designado.

En Brasil, donde dos periodistas han sido asesinados, siguiendo una práctica de connivencia entre políticos corruptos y delincuencia, un proyecto de ley, promovido por el presidente Lula da Silva, preconiza la creación de un Consejo Federal de Periodismo, encargado de “orientar, disciplinar y controlar el ejercicio de la profesión (…) y vigilar el estricto respeto de los principios éticos y la disciplina”, y en el que los periodistas (debidamente titulados, según pretenden organizaciones profesionales) deberán inscribirse obligatoriamente. Esta disposición, y la ratificada en Venezuela, son contrarias a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La adhesión obligatoria a una asociación profesional, o la exigencia de títulos o diplomas para el ejercicio de cualquier actividad periodística, representan otras tantas trabas ilegítimas a la libertad de expresión”.

México. Un periodista ha sido asesinado en el ejercicio de su misión, y otro por motivos todavía dudosos, en este país, cuya libertad de prensa se ve amenazada violentamente, sobre todo en provincias, donde las autoridades políticas y policías locales pretenden acallar las críticas y denuncias de corrupción y connivencia con el narcotráfico. Un profesional ha sido secuestrado y una treintena amenazados o agredidos. Varios se han visto presionados por la justicia para revelar sus fuentes o procesados por difamación, castigada con penas de cárcel.

Colombia. En el tradicionalmente mayor cementerio de periodistas del mundo (un centenar asesinados en los últimos quince años) se multiplican las amenazas y agresiones (51) de los grupos armados y políticos corruptos. Dos periodistas han caído, entre Cumbre y Cumbre, bajo el fuego cruzado de las organizaciones guerrilleras y paramilitares, cuyos líderes figuran, junto a Fidel Castro, en la lista iberoamericana de Depredadores de la Libertad de Prensa establecida por RsF.

Perú. Dos periodistas asesinados, a todas luces por encargo de políticos locales corruptos, agravan la situación de la libertad de prensa en un país que padece todavía la influencia de los métodos de represión de tiempos de Alberto Fujimori. Se registraron 62 agresiones o amenazas.

República Dominicana El asesinato de un periodista y el intento de asesinato de otro en el mes de septiembre, dentro de un clima generalizado de amenazas por parte de bandas de delincuentes o parapoliciales, hacen temer la instalación de un clima de impunidad en el país, pese a las declaraciones oficiales de protección a la prensa.

En Argentina, los periodistas regionales siguen sufriendo acoso judicial, amenazas y presiones para que revelen sus fuentes, mientras Nicaragua retrocede en su libertad de prensa con los asesinatos de dos periodistas. En Panamá, el artículo 33 de la Constitución permite a los funcionarios que se consideren calumniados encarcelar a su agraviante, y el Código Penal prevé penas de cárcel por difamación y desacato a persona u órgano del Estado, como ha ocurrido en Ecuador, con un profesional condenado a 30 días, mientras un auxiliar de prensa era asesinado.

Las leyes contra la difamación son utilizadas a menudo en Iberoamérica como subterfugio penal y económico (frecuentemente establecen fuertes indemnizaciones) para asfixiar a la prensa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este año a Costa Rica, país anfitrión de la actual Cumbre, por violación de la libertad de expresión, derechos y garantías jurídicas de un periodista condenado en 1999 por “difamación”. En la sentencia se condena el que se forzase al periodista a demostrar la veracidad de sus denuncias de irregularidades cometidas por un ex diplomático y revelar sus fuentes.

Panorama En www.periodistadigital.com/boletin/object.php?o=36351, tomado de Espadas de Damocles sobre la prensa (www.elpais.es).

Nota

Sobre la ONG Reporteros sin Fronteras pende la acusación de parcialidad política y colaboracionismo con aparatos de espionaje y seguridad estadounidenses.
Puede leerse: www.pieldeleopardo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=383.

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