Dic 12 2007
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Política

Presos políticos mapuche. – LA MUERTE ACECHA, EL GOBIERNO CALLA

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Patricia Troncoso Robles, presa política mapuche de 38 años de edad, Héctor Llaitul Carillanca, de 39, y Juan Millalén Milla, de 40 años, son calificados como “en situación de cuidado que requiere supervisión médica diaria más exámenes de laboratorio periódicos por posible empeoramiento de sus condiciones vitales”.

Héctor Llaitul, presenta una pérdida de peso de 22,6 kilos, la más alta pérdida del grupo, en tanto que Patricia Troncoso tiene 18 kg menos y Juan Millalen, 13,9 kg.

Mareos, dificultad para conciliar el sueño, calambres, bradipsiquia (extrema lentitud para reaccionar) y presión baja (hipotensión ortostática) son algunos de los síntomas de
los comuneros registrados en el informe del equipo médico. A la fecha del examen los pacientes llevaban 58 días en huelga de hambre en demanda de la libertad de todos los presos políticos mapuche y del fin de la militarización (represión) en las comunidades.

Se han multiplicado los gestos de apoyo a nivel popular, mientras continúa el silencio del ejecutivo. El pasado lunes, al inicio (punto 2) de la Declaración Final del Congreso de Derechos Humanos realizado en Santiago y clausurado en el edificio Diego Portales**, se acordó: “Exigir al Estado de Chile y a sus representantes la libertad definitiva de los prisioneros políticos mapuche y el fin de la aplicación de la ley antiterrorista ante sus demandas políticas, sociales y culturales”.

Que intervenga Evo Morales

En una entrevista publicada en La Nación de Santiago el dirigente aymara boliviano Felipe Quispe afirmó, de regreso de su visita a la cárcel de Angol, que solicitará la intervención del presidente Evo Morales ante la presidenta Bachelet para buscar una solución a la situación planteada.

El lunes10 de Diciembre (2007), Día Internacional de los Derechos Humanos, los presos políticos mapuche cumplían un día más de huelga de hambre. Pamela Pessoa, que integra el colectivo de Familiares de los Presos Políticos Mapuche informó a esta periodista:
“El abogado Alberto Espinoza, de FASIC ha hecho algunas gestiones y espera reunirse próximamente con alguien de gobierno. El ex Juez Guzmán estuvo el domingo nueve en la cárcel con nuestros presos. Y también recibieron la visita del malku boliviano Felipe Quispe. Pero hasta el momento, seguimos sin respuestas ni pronunciamientos concretos y públicos de nadie de gobierno”.

Huenchullán absuelto

Jorge Huenchullán, que habita en la sitiada comunidad de Temucui (comuna de Ercilla), fue absuelto el día cuatro de Diciembre. Su caso muestra una vez más la forma en que funciona en Chile la institución Justicia para los indígenas: fue absuelto por tercera vez en un juicio realizado en el Tribunal de Garantía de Collipulli.

Estaba acusado desde agosto de 2006 por supuesta agresión al ex director de CONADI, Jaime Andrade, en una reunión en la propia comunidad de Huenchullán. La acusación no tuvo sustancia alguna.

La historia de esta comunidad en los últimos años muestra cómo carabineros de la zona, en connivencia con René Urban, vecino de Temucuicui, periódicamente detiene a miembros de esas familias –el último fue Omar Huenchullan– para amedrentarlos y sacarlos de la vista de Urban, que tiene abundante fuerza policial a disposición y al parecer no se siente cómodo en la vecindad.

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* Periodista.
Su página: http://periodismosanador.blogspot.com.

usr10@gmail.com.

Addenda:

Por qué fueron condenados

Los dirigentes mapuche cumplen condenas de 10 años y un día por el supuesto delito de incendio terrorista de una plantación perteneciente a Forestal Mininco S.A. Fueron además condenados a pagar 425 millones de pesos por concepto de indemnización. Estas condenas han resultado de la aplicación de la Ley Antiterrorista, lo que ha permitido sancionarlos con penas de máxima gravedad y suspender las necesarias garantías procesales para un justo y legal juzgamiento.

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(El gobierno no dice esta boca es mía, el ministro del interior, Belisario Velasco izq.) no parece estar dispuesto a tomar cartas en el asunto, los mapuche ya entreabrieron la puerta de su propia muerte; si ello ocurriera, y fatalmente deberá ocurrir si la situación no cambia, no faltará una llorona disfrazada con el manto de estar compungida –o un llorón vestido con el lenguaje de la hipocresía– que dirá, como suelen decir en el gobierno cuando alguna trapacería o error grave logra estado público, sin arrugarse que “da la cara”.
No es necesario que exhiban su torpe rostro en la tele, se necesita que honren su palabra, que se ajusten a la ley, que impidan la muerte. De esos comuneros en huelga de hambre y de la cultura mapuche.
No lo harán. No les importa. Lo han traicionado todo, ¿que le hace una raya más a un animal rayado?

A través de esta acción de ultima ratio los presos mapuche solicitan a las autoridades del gobierno chileno que se les otorgue de inmediato su libertad y se proceda a la revisión de sus causas. Que, en este contexto, se declare la inaplicabilidad de la ley antiterrorista en su caso, puesto que les asiste la convicción de que su proceso judicial careció de las garantías mínimas para asegurar un debido proceso y que, además, no es aplicable a los delitos que se les imputa el tipo penal terrorismo.

Se trata de situaciones que han sido constatadas por diversos organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, el Relator Especial de la ONU sobre libertades fundamentales y derechos de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, el Comité Derechos Económicos y Sociales, también de la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos y, en marzo de este año de 2007, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Todas estas instancias internacionales han condenado el uso de legislación antiterrorista para la persecución de la protesta social, y eventualmente de delitos comunes que puedan haber cometido los mapuche en el marco de los conflictos por tierras. Estos organismos han hecho un llamado a las autoridades para que en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, a través de la suscripción de los principales tratados sobre derechos humanos, reviertan a la brevedad esta situación.

De particular relevancia en este sentido es lo señalado en marzo este año por el Comité de Derechos Humanos, al manifestar su preocupación ante “la definición amplia de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, lo que ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras”. Respecto a la misma Ley el Comité observa que las garantías procesales, conforme al 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos del que Chile es signatario, se ven limitadas bajo la aplicación de esta ley.

Para abordar esta situación dicho Comité recomienda en forma vinculante al Estado chileno “adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo, de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos”. Agrega que “tal definición debe limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo y asegurar que las garantías procesales establecidas en el Pacto sean respectadas”. (parág. 7)

La situación que estos organismos de derechos humanos constatan y denuncian adquiere mayor connotación este año en que la Organización de Naciones Unidas ha aprobado la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, y Chile concurrió con su voto ha dicha aprobación.

El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas se suma a la condena internacional e insiste en representar que la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de los dirigentes Mapuche – hoy una vez más en huelga de hambre – no garantiza el derecho humano al debido proceso, y en la práctica ha determinado la aplicación de condenas totalmente desproporcionadas para acciones que en ningún caso pueden ser tipificadas en el restrictivo campo de las acciones terroristas.

Mantenemos la convicción, ya expresada en ocasiones anteriores, de que sus condenas son injustas y que su encarcelamiento es la dramática consecuencia de la política de criminalización de la protesta social indígena impulsada por los gobiernos de la Concertación de Partido Políticos por la Democracia.

A pesar de que la Presidenta Bachelet, en reunión con organizaciones indígenas congregadas en Nueva Imperial, efectuada durante su candidatura presidencial, asumió el compromiso de dar cumplimiento a las recomendaciones del Relator de la ONU para los derechos indígenas, eso no ha ocurrido. Por el contrario, se han mantenido las situaciones de criminalización de la protesta mapuche por la vía de aplicar a sus dirigentes tipos delictivos comunes, cuyas penas han sido agravadas a través de modificaciones legales efectuadas recientemente, como es el caso del delito de abigeato o robo de animales y, asimismo, manteniendo en prisión a dirigentes indígenas condenados por aplicación de la ley antiterrorista.

Otra muestra de esta política se expresa en el hecho de que se han mantenido inalterables las situaciones de intervención de los territorios indígenas, mediante la ejecución de megaproyectos extractivos de recursos naturales en dichos espacios, sin procesos de consulta adecuados y muchas veces en contra de la voluntad de las comunidades indígenas. Lo más grave, sin embargo, sigue siendo la tolerancia a situaciones reiteradas de abusos policiales en comunidades indígenas, las que no obstante haber sido denunciadas a las autoridades, se mantienen como una práctica habitual que no es investigada ni menos sancionada. Ello además de la indolencia de las mismas frente a hechos de extrema gravedad, como es una huelga de hambre que se extiende por 56 días.

Hasta aquí la infomación brindada en el periódico www.mapuexpress.net.

El gobierno sigue callado.

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