Prisión para menos de un millar, había 1.900 reclusos; hubo un incendio y murieron muchos

Lagos Nilsson.

Es que los delincuentes deben ir a la cárcel, que se pudran allí o mueran como hijos de puta que son. Nadie quiere de verdad interrogarse por qué una persona  delinque, qué lo hace convertirse en ladrón, qué hay detrás de un asesinato. Las autoridades que gobiernan y administran el Estado están listas para reprimir —se diría que les gusta hacerlo—: hoy mismo hubo brutal represión a vecinos que no quieren se instale una cárcel en su barrio.

Pero para analizar las causas del fenómeno delincuencial, que en Chile es grave, todos se convierten en los tres monos del cuento: no ven, no escuchan, no hablan. Y a palos la ley no entra. Los muertos de San Miguel, eso sí, serán legalmente inhumados.

Addenda

Antes del crepúsculo qué dijeron los partidos políticos

La verdad, nada. La única organizaciòn con reflejos, al menos, fue el Partido Progresista: emitió una declaraciòn, hela aquí:

“El drama de la cárcel de San Miguel, nos muestra el rostro más oscuro y perverso de nuestra democracia”

-El líder progresista (Marco Enríquez-Ominami) solidarizó con las familias de las víctimas de la tragedia que afectó a la Cárcel de San Miguel. Además recordó que desde la campaña presidencial se ha propuesto tener una nueva mirada sobre el tema carcelario.

El Presidente del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, expresó su profundo dolor y espanto por el drama que afectó en la madrugada de hoy a la cárcel de San Miguel, y que ha cobrado más de 83 personas muertas, y decenas de heridos.

“Nadie puede mantenerse impávido frente a este drama, es doloroso y golpea el alma de nuestro país. Lo primero, mis condolencias, la de la directiva del Partido Progresista, y la de todos sus militantes, a las familias, en particular, a las madres y esposas, de las 83 víctimas de un sistema carcelario inhumano y del  siglo pasado”, señaló.

El fundador del PRO recordó que desde la campaña presidencial del 2009, los progresistas han señalado la necesidad de un profundo y radical cambio en las políticas penitenciarias. “El sistema carcelario está colapsado. Desde 1990 en adelante las políticas públicas en esta materia han estado fuertemente influidas por los discursos de ley y orden, que piden más cárceles, más penas, más mano dura y menos garantías para los imputados, siendo la prevención y la reinserción objetivos secundarios y menores. Los conceptos de “tolerancia cero” y de “puerta giratoria”, que son utilizados cada vez con más frecuencia por los políticos, son los que mejor reflejan este discurso. Se trata de segregar al que es calificado como delincuente, colocarlo en una situación Infra-humana”.

Marco Enríquez-Ominami recordó que Chile es el país de América Latina, junto a Panamá, con mayor tasa de personas presas, alcanzando a 305 personas por cada 100.000 habitantes, mientras Brasil, un país que hoy es considerado un referente, tiene 227 personas presas por cada 100.000 habitantes, en tanto Uruguay tiene 193.

“La situación carcelaria hoy es crítica. Existe hacinamiento y la curva de crecimiento de personas presas nos lleva a una situación de colapso. La cárcel, al menos como funciona en Chile, no contribuye a la reinserción de las personas presas. Es el rostro más oscuro y perverso de nuestra democracia, las cárceles son verdaderos nichos de infra-humanidad. De algún modo tenemos más muertos en cárceles que países que tienen pena de muerte”, dijo.

En este sentido, Camilo Lagos, vicepresidente de Asuntos Programáticos de la nueva fuerza progresista señaló que más que pensar en cárceles concesionadas y reforzar los mecanismos de disciplinamiento tradicional hay que pensar en una forma alternativa de enfrentar los conflictos que provoca la criminalidad y la violencia urbana.

“La cárcel no es un problema de hoy, ya durante la segunda mitad del siglo XX fue ampliamente criticada porque no cumple con los fines de la pena que son la prevención social. La única forma de pensar en un sistema que pueda brindar sanción y reparación frente a la violencia son las prácticas restaurativas en el medio libre”, aseguró.

“Lo que planteamos, y lo venimos diciendo desde la campaña electoral del 2009, es el reforzamiento de las estrategias de reintegración social en libertad ya sea a través de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad,  o a través de la extensión del uso de las estrategias restaurativas como la mediación penal. Debemos limitar el sistema privativo de libertad de tal modo que sólo se dé en los casos donde ya ninguna otra alternativa sea posible para aplicar una sanción social”, argumentó.
 
El líder progresista planteó que está muy expectante de la manera que se lleva el caso. A su vez, Marco Enríquez-Ominami señaló que “su principal preocupación es que se lleve un proceso justo”.

Después de dos meses de una exhaustiva investigación, el viernes pasado el Juez Carroza determinó que no requiere de Enrique Villanueva detenido para seguir el proceso investigativo, pero no pudo ser liberado porque se considera un “peligro para la sociedad”.

“Esta es otra expresión de lo anómala que es la aplicación de la ilegitima Ley Antiterrorista y su aplicación en este caso, que no permite que con dos votos a favor y uno en contra se le otorgue la libertad, y más aún, que el juez que encarceló a Villanueva, pida su la libertad y esta no se concrete”, señaló el ex diputado.

Por último, ex candidato presidencial afirmó que “rechaza tajantemente” el asesinato del ex senador, como el de cualquier otra persona.