Sep 28 2009
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Política

Prohíbe dictadura hondureña las manifestaciones públicas por 45 días

Arturo Cano*

El país “en calma” de Roberto Micheletti se muerde la cola. A los ya habituales toques de queda y las incursiones en barrios populares que han derivado en balaceras, allanamientos ilegales y detenciones inconstitucionales, según organismos de derechos humanos, el gobierno de facto agrega un decreto que lo autoriza a suspender a los medios de comunicación que “atenten contra la paz y el orden público” y prohíbe las manifestaciones públicas durante 45 días. Todo, en aras de “mantener la democracia” en Honduras, como machaca a cada rato, en televisión y radio, el gobierno de Micheletti.

El decreto debe ser aprobado aún por el Congreso, aunque un alto funcionario del gobierno dijo a una agencia informativa que ya está vigente. En todo caso, se trata de “legalizar” acciones que el gobierno de facto ya realiza desde hace tres meses: cada vez que quiere saca del aire a los medios incómodos y cada vez que quiere disuelve las manifestaciones “no autorizadas”.

En todo caso, además, en el Congreso el golpismo es mayoría absoluta.

El decreto, ya publicado en la Gaceta Oficial establece la suspensión de medios de comunicación que atenten “contra la paz y el orden público”, y de manifestaciones habladas o televisadas que vayan “contra la dignidad humana de los funcionarios públicos o las decisiones gubernamentales”.

Van contra Radio Globo y Cholusat Sur

Tiene, naturalmente, dedicatoria. Va contra Radio Globo y la televisora Cholusat Sur, los únicos medios que no sólo dan voz a la resistencia, sino que son parte de ésta (muchas veces, incluso, tiran línea o dan cabida a rumores). Desde su llegada al país, Zelaya ha hablado recurrentemente con ambos medios.

El decreto de marras establece que las concentraciones públicas deben contar con permiso de las autoridades y da facultades a las fuerzas del orden para “disolver” cualquier manifestación no autorizada. Igualmente, permite la detención de personas sin orden escrita.

Desde la embajada de Brasil, el presidente José Manuel Zelaya llama a los diputados a no dejar pasar esa “barbaridad” de decreto y a sumarse al “diálogo” propuesto por él desde su retorno hace una semana. Quizá sea la última vez que lo haga a través de Radio Globo.

Según el gobierno de facto, las restricciones a la libertad de expresión, de asociación y tránsito fueron acordadas en Consejo de Ministros realizado el pasado martes 22, justo unas horas antes del violento desalojo de los zelayistas que permanecían en las inmediaciones de la embajada de Brasil.

“Ahora está peor la cosa”

Tras desear que todos hayan ido a sus templos a orar, el canciller del gobierno de facto, Carlos López Contreras, repite este domingo que en diez días, de no definir el estatus de Zelaya, la embajada de Brasil pasará a ser “una oficina privada, lo que no quiere decir de ninguna manera que, por cortesía y por la relación de civilidad que tiene el gobierno de Honduras, vaya a meterse en ella”. La respuesta del presidente Luiz Inacio Lula da Silva no es nada cortés: “Brasil no tolerará un ultimátum de un gobierno golpista”.
Las pulsadas de los golpistas con el gigante brasileño no parecen causar ningún efecto en la resistencia que se reúne, como es habitual, a planear las acciones de la semana.

Esta vez no es igual. Zelaya ha llamado a sus seguidores a concentrarse en la capital del país, pero no se ve de dónde va a salir la reata que aguante el último jalón, o el gas para la “ofensiva final” que quiere el presidente refugiado en la embajada.

¿Brasil? Eso queda muy lejos. Bertha Cáceres, líder del Consejo de Organizaciones Indígenas, es de las que piden no confiar en “resoluciones de la ONU o de la OEA. Nosotros vamos a forjar nuestro propio destino como pueblo”, dice, a tres pasos del féretro con el cuerpo de Wendy Elizabeth Ávila, de 24 años, recién casada.

“Todos los días, desde el 28 de junio, hemos recibido los gases lacrimógenos, pero ella era especial, porque padecía asma”, dice su viudo, Edwin Espinal.

Wendy no sobrevivió a la crisis asmática que le vino luego de los gases frente a la embajada de Brasil. “Tenía un ideal, convicciones, quería llegar al final de esta lucha”, dice su viudo. Sobre el templete del auditorio sindical, el sacerdote Fausto Milla, un anciano entrón, combina rezos con arengas.

“Una mala noticia para los golpistas: ¡acaba de llegar, deportada de Estados Unidos, una hija de Roberto Micheletti!”

La emisora Radio Globo informa poco más tarde que al aeropuerto de Toncontín llegó Bianca Micheletti, acompañada de Carmen Martínez y Gloria Alvarenga, también ex funcionarias de la embajada de Honduras en Washington.

La feliz ovación dura muy poco. Las caras largas del Frente Nacional de Resistencia desaparecen apenas unos instantes. Todavía no se conoce el decreto que autoriza a soldados y policías a dispersar manifestaciones, a detener sin orden, a sacar del aire radio y televisión, y ya los zelayistas se auguran malos días. “Ahora está peor la cosa, los golpistas están muy crecidos”, dice una maestra de artes plásticas que no ha parado en tres meses.

Los periodistas van del velorio al aeropuerto de Toncontín, donde las vallas de militares no dejan pasar a nadie, para ver a los funcionarios de la OEA que serán expulsados en unas horas.

El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Porfirio Lobo, dirá poco después que la deportación de los funcionarios fue mala idea. “Esto no puede seguir; por Dios, que se sienten a dialogar”, dice, en referencia a Zelaya y Micheletti, el hombre a quien muchos dan por ganador de la elección del 29 de noviembre. Eso, si hay elecciones. Eso, si Micheletti no decide emitir otro decreto y quedarse en la presidencia que siempre soñó. Aunque quizá nunca se imaginó que sería un presidente sin visa y con hija deportada de Estados Unidos, ese país que tanto admiran las elites hondureñas.

*Enviado especial de La Jornada

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