Resabios de la dictadura militar: Brasil no quiere mirar su pasado
Jesica Salvatierra*
El presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva decidió amparar la vigente Ley de amnistía a los militares. Marca así una diferencia con las políticas de Derechos Humanos llevadas a cabo por Chile, Argentina y Uruguay.
El máximo jefe del Estado brasileño intentó apaciguar la disputa que se generó a partir del cuestionamiento, por parte de dos de sus funcionarios, sobre los alcances de la amnistía. Asimismo, intentó alejarse del centro de la discusión alegando que la interpretación de la norma debía hacerla el Poder Judicial y no el Ejecutivo.
El conflicto se desató cuando el Ministro de Justicia, Tarso Genro, y el Secretario de Derechos Humanos, Paulo Vannuci, defendieron el castigo a los militares y policías que actuaron en la última dictadura durante los años 1964-1985. Al respecto, consideraron que la ley no debería resguardar a los torturadores, por entender que esa práctica no es un delito político, amparado por la amnistía, sino un crimen bárbaro.
En Brasil, dicha norma fue una decisión producto de la misma dictadura llevada a cabo en 1979. Su implementación consintió que se impida juzgar a todos los militares involucrados en torturas, secuestros y desapariciones, a la vez que concedió la liberación de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados.
La vigencia de esta Ley imposibilita en la actualidad, la investigación y condena de cualquier individuo involucrado en torturas y muertes. Las palabras con la que se pronunció el presidente brasileño fueron más bien de un apoyo a la ley de amnistía, que un compromiso con la justicia por los delitos cometidos.
De este modo, el mandatario, sostuvo que la sociedad debe “transformar” a sus muertos en “héroes y no en víctimas” y afirmó que no hay que buscar sólo incriminar a los “villanos” que los mataron. La indulgencia de sus declaraciones y la intención de alejarse del debate conforman una estrategia para no alterar el curso actual dentro de las filas castrenses y evitar el descontento en el seno de las fuerzas armadas.
Sin embargo, las respuestas de los militares brasileños no se hicieron esperar, acusaron de “terroristas” a los ministros y presentaron distintos artilugios, utilizando una supuesta lista de los crímenes realizados por organizaciones de izquierda. Con el claro objetivo de desligarse de las acciones criminales.
En tanto, estas acusaciones giraron en torno a la militancia política de izquierda de ambos funcionarios durante 1970. A raíz de ello, el titular de Justicia afirmó: "Ellos revelaron nuestras fichas, lo que muestra que tienen todavía información de la época nunca revelada. Es necesario que entreguen todos los archivos".
El gobierno de Brasil liberó parte de los registros públicos de la dictadura militar, aunque organizaciones de derechos humanos sostienen que el trabajo es insuficiente. De este modo, se evidencian que parte de las estructuras de aquella época parecen mantenerse en pie, mientras se impida que sean juzgados los militares responsables de la violación de los derechos humanos en el país.
Simultáneamente, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, se pronunció en contra de revisar la amnistía y dijo que “cambiar esa legislación sería lo mismo que revocar lo decidido, que fue una pacificación nacional”. “Estamos construyendo el futuro y no el pasado”, explicó.
De igual manera, el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Gilmar Mendes, se opuso a esa posibilidad y sostuvo que Brasil no debería imitar a países vecinos. El jurista aseguró que “la inspiración de nuestros hermanos de América Latina no es la mejor. Tan es así, que no produjeron estabilidad institucional. Por el contrario, se produjo bastante inestabilidad a lo largo de los tiempos”.
A diferencias de otros países Latinoamericanos como Argentina, Chile y Uruguay, que también vivieron duras dictaduras, Brasil nunca enjuició a nadie por los abusos perpetuados en el régimen dictatorial. Por lo que, los fantasmas del pasado en América del Sur resurgen el ámbito de la lucha contra las violaciones a los derechos humanos.
Tal es el caso de Argentina -que a partir del año 2006- declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de los indultos a los militares dictados por el gobierno del ex presidente Carlos Saúl Menem en 1989. La anulación de estas normas permitió juzgar a los representantes de las fuerzas armadas responsables de los delitos de lesa humanidad.
La política de derechos humanos emprendida por el ex presidente Néstor Kirchner conformó uno de los pilares de su gobierno y abrió una posibilidad histórica de someter a un proceso de juicio y castigo a los militares acusados de los crímenes. Sumado a esto, se conformaron espacios para la memoria, con la creación de museos en los centros clandestinos de detención.
Durante el 2006 se abrieron los procesos judiciales. Tal es el caso del ex Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, que fue condenado a reclusión perpetua por haber cometido numerosos delitos. La presidenta, Cristina Fernández continúa manteniendo la misma política que el anterior mandatario y se mantienen los juicios a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Particularmente en Argentina, los organismos de defensa a los derechos humanos han tomado protagonismo en la escena en reclamo de justicia.
Por su parte, en el caso de Chile es relevante recordar que durante el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, se sentaron las bases de lo que después se denominaría el Plan Cóndor. Por el cual, las cúpulas dictatoriales de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia se unieron de forma coordinada en la persecución y eliminación de “opositores”.
La “Operación Colombo” está considerada el inicio de la colaboración entre las dictaduras sudamericanas de la época (que posteriormente se conocería con el nombre de Operación Cóndor). Esta maniobra fue elaborada en 1975 por Augusto Pinochet y el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), coronel Manuel Contreras.
En 1978, el gobierno militar de Pinochet decretó una amnistía (Decreto-ley Nº 2191), concebida con el propósito de proteger del procesamiento a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en el lapso comprendido entre 1973 y 1990. Pero con el retorno a la democracia la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Decreto-ley Nº 2191 era inconstitucional.
Actualmente, bajo el respaldo de la presidenta Michelle Bachelet, fueron procesados militares, agentes y colaboradores de la Dirección de Inteligencia Nacional -la policía secreta del régimen-, por la desaparición en 1975 de 119 opositores. El procesamiento está relacionado con la llamada "Operación Colombo", un montaje creado para encubrir la desaparición de personas.
Este procesamiento masivo por violaciones a los derechos humanos es considerado como el más numeroso en la historia de Chile, donde hay abiertas unas 400 causas, por este mismo motivo, desde el retorno a la democracia, en 1990.
Por la "Operación Colombo" fue procesada parte de la cúpula de la DINA, incluyendo a su máximo responsable, el general en retiro Manuel Contreras, así como también el brigadier retirado del ejército Miguel Krassnoff Martchenko, y el coronel jubilado Marcelo Moren Brito, que acumularon varios procesos por otras causas de violaciones a los derechos humanos.
Anteriormente, en diciembre de 2005, había sido procesado por este mismo caso Augusto Pinochet. Sin embargo, falleció un año después, a los 91 años, sin haber sido juzgado por las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, ni por delitos económicos vinculados a cuentas secretas que se le imputaban.
La política del actual gobierno chileno se encuentra encaminada a juzgar a los responsables de los delitos de asesinato, tortura y desaparición de personas. Y como en el caso argentino, Bachelete conformó un memorial en la localidad de Paine, en las afueras de Santiago, en homenaje a 70 detenidos-desaparecidos.
En tanto, que en Uruguay se comenzó el juicio contra el ex dictador Gregorio Álvarez, acusado de la desaparición de unas 200 personas durante el régimen de 1973-1985. Actualmente Álvarez, tiene 82 años y está en prisión, por el proceso iniciado en su contra a finales de 2007.
Entre 1978 y 1979 ejerció como comandante en jefe del ejército y posteriormente fue designado Presidente de facto. Su mandato se extendió hasta 1985 cuando se comenzaron las negociaciones para la reapertura democrática.
La dictadura militar comprendió el período de 1973 a 1985 y, durante esa época, se produjo una dura represión contra organizaciones de izquierda. El caso más relevante es el de tupamaros y otras que se alzaron en armas desde finales de los años 60.
Unos 200 uruguayos desaparecieron durante el gobierno militar, la mayoría secuestrados en Argentina en operaciones conjuntas realizadas por las fuerzas de seguridad de los gobiernos militares en la región, enmarcadas en el Plan Cóndor.
Como en el caso de Argentina y Chile, Uruguay tuvo que anular la Ley de Caducidad de la prevención punitiva del Estado, Ley 15.848 de 1986, que impedía el juzgamiento por las violaciones a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad. En el caso contrario de Brasil, estas leyes continúan vigente, por lo que los delitos de lesa humanidad quedan impunes.
Hay que tener en cuenta que estas leyes fueron engendradas por las distintas dictaduras, a fin de asegurarse la inmunidad procesal. En los hechos, estas normativas, se constituyeron efectivamente como una medida de autoamnistía.
El indulto, actualmente es incompatible con el deber del Estado de garantizar los derechos de los individuos, a fin de que cualquier violación a las normas sea condenada. Al mismo tiempo, esa condena representa un castigo para que a futuro no se repitan tales crímenes.
A nivel internacional diversas convenciones y tratados protegen a la población contra el genocidio, la tortura y la desaparición forzada. Comparten este parecer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En Brasil todavía no se ha logrado cicatrizar totalmente las heridas dejadas por la dictadura y periódicamente resurge la polémica sobre la llamada Ley de Amnistía. La postura indulgente adoptada por el presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva, dista mucho de la política de los derechos humanos tomadas por sus pares sudamericanos.
La rápida reacción de las fuerzas armadas brasileñas en entera oposición por la revisión de la amnistía, deja un una preocupante presunción acerca de que los enclaves de poder siguen estando controlados por miembros del antiguo régimen militar.
*Publicado por APM