Resabios de la dictadura: Militares brasileños salen de las sombras
Rodrigo Menitto*
Con diferentes manifestaciones los militares muestran una resistencia organizada frente a los juicios promovidos por organismos de Derechos Humanos y promotores del poder judicial.
En los últimos meses Brasil ha entrado en la senda de revisar los actos cometidos por la última dictadura militar. Como en otros países de la región, las acciones llevadas a cabo en torno a ello ha desatado manifestaciones que parecían (solo parecían) haber quedado sepultadas, y se gesta una disputa política que engloba al conjunto de la población brasileña. (Ver: “Brasil no quiere mirar su pasado”, APM 15|08|2008)
Para mediados de agosto por lo menos 175 ex-militares ya presentaron a la Justicia Federal en Brasilia acciones contra el Gobierno Nacional. Su objetivo es “reivindicar” una indemnización por daños morales, físicos y sicológicos sufridos durante el combate de la guerrilla del Araguaia en la década del 70. Otros 425 ex-militares ya tienen preparados sus acciones. Piden 50 mil reales para cada uno, que representarían en total 300 millones de reales. En su mayoría son de rango inferior que van desde sargentos, cabos y soldados que al ser aniquilada la guerrilla fueron dispensados de las Fuerzas Armadas. Han creado incluso la Asociación Brasileña de Ex-Combatientes de la Guerrilla del Araguaia. Por su parte la Abogacía General de la Unión presentó a la Justicia Federal su parecer de que el tiempo para las demandas ya prescribieron.
A meados de los años 60 el Partido Comunista del Brasil comienza a mandar militantes para la zona conocida como el Bico do Papagaio, lugar limítrofe entre los estados de Pará, Maranhão y Tocantins, región central. Estuvieron al frente de la organización guerrillera los ex-deputados comunistas João Amazonas y Maurício Grabois, al mando de 80 guerrilleros.
En 1971 el ejército tiene indicios de un foco guerrillero y través de informantes capturan al ex-presidente del Partido de los Trabajadores (PT) y actual deputado José Genoino. A partir de ese momento, el ejército brasileño tuvo que realizar tres grandes ofensivas durante 4 años para vencer a cuatro columnas guerrilleras mal pertrechadas. De los 80 guerrilleros apenas un cuerpo fue encontrado, los demás permanecen desaparecidos. Consta de testimonios de prisioneros que les eran mostrada fotos de cabezas decapitadas para intimidarlos durante los interrogatorios.
La dictadura brasileña -contrario a las demás de Sudamérica- fue la que mejor planificó su retirada estratégica del poder. Por lo general, los militares brasileños eran divididos entre la línea dura (partidarios de la continuación de la dictadura) y los pro apertura. El principal articulador de la última posición era el general Ernesto Geisel que estuvo en el poder de 1974 a marzo de 1979. Conjuntamente con todo su gabinete realizaron elecciones muy controladas entre el partido oficial, Alianza Renovadora Nacional (ARENA), y el único partido permitido por ellos, el Movimiento Democrático Brasileiro (MDB), donde se aglutinaba la oposición.
Con la consigna de una "apertura lenta, gradual y segura" los militares fueron preparando con gran inteligencia la salida manteniendo la tropa unida y fuerte ante cualquier futuro ataque legal de sus acciones en el pasado. Este proceso concluye con el general João Figueiredo en 1985, quien deja la presidencia para abrirle el camino el diputado conservador José Sarney del estado de Maranhão.
Por este motivo, no es casual que ante cualquier intento de juicio contra las Fuerzas Armadas, ya sea por las organizaciones de derechos humanos o promotores federales, se vea una reacción en bloque de los militares.
En la tarde del 7 de agosto de este año, la voz pastosa del general Gilberto Barbosa de Figueiredo llenó el Salón Noble del Club Militar, en Rio de Janeiro, con sus 600 invitados. Un seminario organizado con el objetivo de contestar al ministro de Justicia, Tarso Genro, y al secretario especial de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, ante la iniciativa de juzgar a militares por sus crímenes de lesa humanidad.
Entre los invitados estaba el coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-jefe del DOI-Codi (Departamento de Operaciones de Información y Centro de Operaciones de Defensa Interna) de San Pablo, el centro más conocido de torturas a militantes populares del país.
Brilhante Ustra es acusado por los organismos de Derechos Humanos de participar -entre 1970 y 1974- en el asesinato de 40 presos políticos y de la tortura de otros 502. Junto a él estaban el comandante militar del Leste, general Luiz Cesário da Silveira, y el director del Departamento de Enseñaza e Investigación del Ejército, general Paulo César de Castro.
En el lujoso salón, el presidente del Club Militar, el general Figueiredo, anunció a los panelistas: el general Sérgio Augusto Avellar Coutinho, ex-jefe del Centro de Inteligencia del Ejército; el abogado Antônio José Ribas Paiva, de la Unión Democrática Ruralista; y Waldemar Zveiter, ex-ministro del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
"La amnistía de 1979 no era para idealistas que rompían con la legalidad con la esperanza de un país mejor", dijo el general Coutinho, al citar como referencia las amnistías concedidas sobre todo a militares hasta los años 50. "Era amnistía para marxistas, marxistas-leninistas, revolucionarios malos, perversos, que no olvidan la derrota", agregó en un tono casi histérico sobre un largo aplauso de la platea.
A todo esto, Coutinho expresó: "Existe, en Brasil, un proceso revolucionario socialista en curso, sutil y enmascarado, con una apariencia democrática, derramando la violación de los principios básicos del Derecho", sentenció el general en medio de aplausos de una platea selecta añorante de volver a tiempos de dictadura.
El segundo panelista fue el abogado Antônio José Ribas Paiva. Para él la supuesta "insurgencia" patrocinada por el ministro Genro y el secretario especial Vannuchi es, ante todo, un acto de ingratitud. "Los tipos que hoy se rebelan contra la ley que los beneficiaron estaban fuera del país, no estaban ni siquiera trabajando", en referencia a los exiliados políticos.
Por su parte, el tercer panelista, Waldemar Zveiter, 76 años, ex ministro del STJ, sostuvo que no hay referencia a la tortura en la ley de amnistía porque ese crimen no fue tipificado hasta 1997 en Brasil. Por lo tanto, en su raciocinio "los crímenes semejantes a la tortura fueron amnistiados". Zveiter, además, le mandó un mensaje al ministro Tarso Genro: "O él se desmonta del caballo, o monta bien; porque sino lo vamos a tirar de allá".
Tampoco faltó por parte del ex-ministro descalificaciones al presidente Inácio Lula Da Silva: "Acá elegimos a un metalúrgico, inclusive con el detalle de hablar con cuatro dedos, pero no tuvimos la sabiduría de los polacos y lo reelegimos". El jurista hizo alusión al dedo perdido por el presidente brasileño en sus años de obrero en un accidente de trabajo. La presunta "sabiduría polaca", es una referencia a Polonia que eligió al metalúrgico Lech Walesa como presidente en 1990, pero que no consiguió la reeleción.
Lo que más llama la atención no es la actitud pusilánime de los militares y sus arengas seudo fascistas, pero si la total inercia por parte del gobierno brasileño. No hubo contestación pública, ni por parte del presidente ni por ningún ministro, mucho menos sanciones acordes a la intransigencia militar. Fue un trago amargo que bajó por la garganta como si nada.
Estas acciones sorprenden en gran medida; la arrogancia, la desfachatez con la que los militares expresan sus palabras no hacen otra cosa que anunciar al pueblo brasileño y al mundo que su poder y su influencia todavía se mantiene, y en la mentes de las más altas cúpulas de los mandos militares existe un pensamiento retrogrado.
Será por eso que nadie se extrañó -al escuchar de boca del diputado federal Jair Bolsonaro, Partido Progresista por Rio de Janeiro cuando salía del seminario- las siguientes palabras: "El gran error fue solo haber torturado y no matado".
Frase que dijo Bolsonaro al ver la manifestación del Grupo Tortura Nunca Más y de la Unión Nacional de los Estudiantes que pedían juicio y castigo a los militares torturadores.
Desde la otra vereda, el lunes 18 de agosto en San Pablo, se organizó el seminario internacional Derecho a la Memoria y a la Verdad; realizado por la secretaria especial de Derechos Humanos y la revista Carta Capital. Este suceso contó con la participación del juez español Baltazar Garzón, conocido por emitir el pedido de captura al dictador chileno Augusto Pinochet cuando éste se encontraba en Londres en 1998. El secretario especial de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, y el editor Mino Carta, junto al español, fueron los panelistas. La platea fue compuesta por jueces, integrantes del Ministerio Público Federal, abogados, familiares de las víctimas y militantes de Derechos Humanos.
Paulo Vannuchi, ante las diferentes investidas militares, mantuvo la decisión de seguir el debate contra los torturadores: "No nos pidan la reconciliación sin la verdad. No nos pidan la reconciliación diciendo que Vladimir Herzog cometió suicidio porque entró en depresión, cuando sabemos que él fue preso y muerto bajo tortura". En referencia al periodista y miembro del Partido Comunista asesinado en 1975 por militares en San Pablo.
El evento sirvió también para escuchar a militantes de Derechos Humanos de larga trayectoria que siguen firmes en la lucha. Para Mari Amélia de Almeida Teles, de la Comisión de Familiares de Presos Políticos del Brasil "es necesario que sean apuradas las responsabilidades, hay que localizar los cuerpos, criar condiciones para el sepulcro de los desaparecidos políticos. No se puede simplemente dar vuelta a la página, es preciso imprimir esta página de la historia del país".
"Hicieron una gran ensalada, juntaron todo lo que estábamos proponiendo, inclusive esa historia de alterar la Ley de Amnistía. No es verdad, nadie propuso eso", dijo Clara Scharf, activista de los Derechos Humanos y compañera de Carlos Marighella, dirigente de la Alianza Libertadora Nacional, muerto en 1969 por agentes de la dictadura. "Yo estaba en la audiencia pública en Brasilia, en la cual estaban los promotores, jueces y familiares, y nadie habló que era necesario cambiar la legislación, la prensa distorsionó todo eso",dijo Scharf.
Actualmente en Brasil está en el banquillo de los acusados el más emblemático torturador: el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, principal comandante del DOI-Codi de San Pablo. La causa llegó al Tribunal de Justicia de San Pablo a través de los familiares del periodista Luiz Eduardo Merlino, militante del Partido Operario Comunista. Merlino tenía 23 años cuando fue capturado en su casa en la ciudad de Santos, litoral paulista, ante la presencia de su madre, tía y hermana el 19 junio de 1971. Aparecería cuatro días después en la morgue con el cuerpo cubierto de hematomas y heridas.
El 12 de agosto, fue negada la apelación del coronel Ustra presentada por sus abogados en la causa de la muerte de Merlino. Todavía le queda una última instancia de apelación a cargo del desembargador Elliot Akel, que pidió más tiempo para analizar la causa. Además tiene otras dos causas en el Forum Civil en la capital paulista. Una tercera en la Justicia Federal que investiga sus actuaciones en misiones de secuestro y tortura a militantes populares.
Oficiales del Ejército, investigadores y comisarios que participaron en la represión política en la dictadura están preocupados con la decisión del Ministerio Público Federal (MPF) de San Pablo de entrar con acciones en la Justicia para responsabilizar torturadores y autoridades por crimines en el DOI-Codi paulista.
Uno de ellos es el "Capitán Lisboa", ex-comisario David dos Santos Araújo, que hoy preside la empresa de seguridad Dacala. Él es acusado de torturar -en abril de 1971- al entonces dirigente Joaquim Alencar Seixas del Movimiento Revolucionario Tiradentes, y su hijo Ivan Seixas. También fue señalado por Amélia Teles, en 1991, durante la investigación sobre el hallazgo de los restos mortales de militantes en el cementerio paulista de Perus. Frente a la acusación de Teles el ex comisario afirmó: "Nunca torturé a una mujer fea".
Los hacedores que abren un haz de luz dentro del sistema jurídico brasileño son los procuradores de la República Marlon Weichert y Eugênia Fávero. "Entendemos que todos los homicidios fueron cometidos dentro de un contexto de persecución generalizada a la populación civil. Por eso, están insertados en el concepto de crimen de lesa humanidad, a los cuales no cabe prescripción", explicó la Procuradora en referencia a la base legal a ser utilizada contra los militares.
Dentro del debate nacional generado desde el gobierno brasileño para juzgar a los torturadores de la última dictadura, más de cien juristas (abogados, promotores y jueces) firmaron un manifiesto marcando los reales alcances de la ley de amnistía.
“Nunca hubo en Brasil una legislación de amnistía que englobase los crímenes practicados por los agentes del Estado brasileño durante la dictadura militar instaurada en 1964. La Ley 6.683/1979 concede amnistía apenas a los crímenes políticos, los conexos a estos y a los crímenes electorales, no mencionando entre ellos la amnistía para crímenes de tortura y desaparecimientos forzosos, lo que se aleja su aplicabilidad en esas situaciones. La Constitución de 1988 que en su art. 8º, dio amnistia a todos los perseguidos políticos y así es hecho por la Ley 10.559/02, que no refiere, en ningún momento, la amnistía a las violaciones de Derechos Humanos”, dice parte del manifiesto de los juristas.
En conmemoración de un nuevo aniversario de la Ley de Amnistía (28 de agosto de 1979) y en concordancia con el Manifiesto de los Juristas, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), la Orden de Abogados de Brasil (OAB) y la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) lanzan un llamamiento bajo el título “Tortura no es crimen político: por la verdad y la reconciliación”, con el objetivo de seguir el debate y juntar fuerza política para apoyar los juicios a los militares torturadores.
“Es hora que la sociedad civil se manifieste, mostrando que no solo a los juristas les interesa este debate, sino a todos los brasileños que creen en el Estado Democrático de Derecho. Es en este sentido, la UNE, OAB y ABI formulan y firman este documento, pidiendo a todos para sumar fuerzas a este movimiento contra “la impunidad y el olvido”.
Se empiezan a mover las primeras piezas de un largo juego político. Son varios los obstáculos que se deberán enfrentar para llegar a destrabar el burocrático sistema jurídico brasileño, para saldar la deuda dejada por la dictadura militar. Todavía no existen antecedentes condenatorios que marquen un camino y den respaldo político a magistrados y promotores para llevar a torturadores, asesinos y comandantes a los tribunales. La dimensión de las trabas ya se reflejó en el mismo Supremo Tribunal de Justicia, máximo órgano jurídico, donde el ministro Gilmar Mendes dio su parecer en contra, porque supuestamente estas revisiones del pasado dejan las instituciones democráticas inestables.
Si además tenemos en cuenta que el mismo presidente Lula -a pesar de dejar que los ministros continúen promoviendo discursivamente los juicios- no realiza apoyos públicos ni a favor ni en contra. Esta ha sido una característica del primer mandatario brasileño a lo largo de estos años en el poder, su irreductible posición conciliatoria. Diferente a sus pares, como los presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner o Evo Morales que en momentos claves han atacado de igual a igual a sus opositores. Sin embargo, la historia ha enseñado, más de una vez, que no se puede estar bien con dios y con el diablo.
Aún así, desde Argentina las noticias de las condenas a militares torturadores, como a Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi, mueven las aguas y la discusión vuelve a tomar fuerza en la escena política. Se observa con atención y admiración lo que la sociedad argentina ha logrado a través de la movilización y la lucha constante por los Derechos Humanos.
Las manifestaciones por parte de los militares brasileños no solo muestran su decisión de resistir, sino que también dejan entrever el miedo a un pueblo determinado en forjar justicia; tanto tiempo aplazada por los dueños del poder.
*Publicado en APM