Ago 25 2008
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Política

Semana decisiva para gobierno boliviano y nueva Constitución

Prensa Latina

La semana que comienza hoy es cardinal para las decisiones que adopte el gobierno boliviano ante las demandas de sectores populares sobre la aprobación mediante decreto de una nueva Constitución Política del Estado (CPE).

De acuerdo con Sacha Llorenti, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, el Ejecutivo deberá responder a esa exigencia de la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), señalada la víspera en Cochabamba.

Para los líderes de las principales agrupaciones gremiales, la nueva carta magna, aprobada en Oruro en diciembre de 2007, también deberá ser refrendada en un sondeo popular, en 2009.

En un encuentro que duró dos días, el CONALCAM, que aglutina a diversos sectores populares y al partido de gobierno, Movimiento al Socialismo (MAS), demandó la urgente refundación del país andino.

En ese sentido, solicitaron al presidente Evo Morales a convocar un sondeo nacional mediante Decreto.

La norma también contribuiría a la elección de subprefectos, consejeros departamentales y a los nuevos gobernadores de La Paz y Cochabamba, cuyas autoridades fueron revocadas en un plebiscito el pasado 10 de agosto, precisaron.

Llorenti remarcó que no existe nada más democrático que someter temas nacionales a la decisión del soberano (pueblo).

Por otra parte, el Palacio Quemado anunció que las fuerzas armadas de Bolivia custodiarán desde este lunes las principales distribuidoras de gas natural y petróleo y los campos de energéticos.

La medida responde a amenazas de los comités cívicos de la Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) de cerrar las válvulas de los carburantes en demanda de ingresos por la devolución del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).

Asimismo piden se incrementen los precios al carburante en el mercado internacional, sobre todo en los envíos a Argentina y a Brasil.

Morales anunció además que se estudia la promulgación de un decreto que permita sancionar a cualquier gobernador departamental que perjudique la economía nacional.

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