Abr 14 2009
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Opinión

Sí, las instituciones funcionan en Chile

Wilson Tapia Villalobos*

El ex presidente Ricardo Lagos tenía razón: las instituciones funcionan en Chile. Los escépticos, entre los que me cuento, nos quedamos con la pregunta: ¿a favor de quién? La respuesta tiene un cariz trágico si se consideran las consecuencias. En Chile, la justicia no es ciega; se explotan los recursos sin ecología: hay política sin ética; economía sin humanidad; medicina sin identidad con el paciente. Tenemos instituciones que funcionan, pero su producto no crea la estructura equitativa, equilibrada, que requiere la democracia para que sea eficiente.

Hay ejemplos recientes. El ex presidente peruano Alberto Fujimori acaba de ser condenado, en primera instancia, a 25 años de cárcel. La Justicia de su país lo consideró culpable como autor mediato de matanzas y secuestros durante el ejercicio de su gestión. En nuestro país, en cambio, la Justicia no fue capaz de fallar respecto del capitán general Augusto Pinochet Ugarte. Es más, todo el aparataje político se movió eficiente para liberarlo de su detención en Londres. Luego, acá, donde se había prometido juzgarlo, los tribunales se devanaban entre explicaciones. Si la demencia senil le permitía o no enfrentar un juicio. Y así pasó el tempo hasta que el capitán general murió. ¡Ah! Y se le hizo un funeral de Estado.

¿Acaso en democracia el poder militar no está sometido al poder político que es la representación del sentir popular? ¿O el ex presidente Patricio Aylwin tenía razón y hasta la democracia es en la medida de lo posible? Porque en el caso específico del capitán general, algunos de sus subordinados han sido condenados por crímenes de lesa humanidad, pero él aparece cual ciego y sordo frente a lo que ocurría en su gobierno.

Mientras tanto nuestros parlamentarios hacen competencia para mostrarse cual más severo frente a la delincuencia común. Los presos están hacinados en cárceles en que impera la ley de la selva. Carabineros y la Policía de Investigaciones han sido reiteradamente acusados de torturas. Incluso, el caso de Chile preocupa a organismos internacionales de DD.HH. Y los responsables de la estafa a miles de chilenos, en la colusión de las farmacias, sólo deberán pagar una multa. Para ellos, la cárcel no está en su futuro.

Eso es lo que el espejo muestra de la justicia. Pero tal reflejo es el resultado de muchos comportamientos. Y, a su vez, genera nuevas conductas. Que un ex zar de la hacienda pública sea presidente de uno de los conglomerados económicos más concentradores de riqueza en Chile, por lo menos sorprende. Es el caso de Eduardo Aninat, ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Hoy es presidente de la Asociación de Isapre.

Con razón, alguien puede protestar y decir que la gente, después de salir del gobierno, de algo tiene que vivir. Este doctor en economía de Harvard, no carece de demanda laboral. Debió renunciar tres meses antes de que Frei terminara su mandato para asumir en el Fondo Monetario Internacional, donde llegó a ser su director. Ha sido consultor del Banco Mundial y actualmente integra el cuerpo de expertos para el fomento del sector privado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ver aquí) Desde febrero de 2005 y hasta 2006 fue embajador de Chile en México. A su regreso al país ese año, este destacado profesional democratacristiano asumió el puesto que hoy ostenta en la empresa privada.

Y hay varios casos más en que relevantes hombres públicos asumieron como emprendedores. El de Pedro Mattar, ex Fiscal Nacional Económico, es el que se ha conocido en los últimos días. Después de dejar esa función, hace algo más de un año, hoy representa a Cruz Verde ante el Tribunal de la Libre Competencia. Hoy es contraparte de lo que él era ayer.

Si se quiere otro ejemplo de este trasvasije entre los intereses públicos y privados, puede mirarse el caso de Jaime Estévez. Después de sus estudios en el Seminario Menor, de ser uno de los discípulos connotados de Pedro Vuskovic, militante socialista, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Banco del Estado, ministro de Obras Públicas hasta el 2005, hoy es director de ENDESA. Se trata de la empresa española que, en conjunto con Colbún, impulsan el proyecto Hidroaysén.

La lista es larga, pero con algunos ejemplos basta. El traspaso de expertos entre el sector público y privado es una experiencia imposible de suprimir. Sin embargo cualquier chileno puede preguntarse si esta fluida relación no ha facilitado la concentración económica hasta llevarla en Chile a una de las más profundas del mundo. Un personaje con los contactos de cualquiera de los tres mencionados en esta crónica, tiene una llegada privilegiada a los cenáculos del poder político.

El problema no es simple y tiene un profundo contenido ético. Cuando uno de estos profesionales entra al mundo privado, ¿se acordará del interés general para guiar sus acciones? Si está en el mundo de los negocios, sería lícito que no lo hiciera. ¿Pero y lo logrado en su trayectoria pública? ¿Acaso no es eso parte del bagaje que sus contratantes buscan para sacar mejores dividendos al nuevo empleado?

Las instituciones funcionan, sí. Pero como están funcionando tienen al mundo en crisis.

* Periodista.
 

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