Abr 1 2008
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Cultura

Sociedad interamericana de prensa (II). – SOBRE SUS AMOS Y OTRAS ANDANZAS

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Los golpes de la SIP

En este sentido, Gargurevich destaca la temprana conformación de un eje CIA, SIP y agencias de noticias, como parte de la estructura de dominación estadounidense, formando un poderoso aparato para los planes desestabilizadores en América Latina[5].

Quizás el caso más emblemático de acción desestabilizadora de la SIP, haya sido el de su campaña de propaganda sucia contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, derrocado en 1973 por la combinación de fuerzas reaccionarias chilenas y la CIA, a partir de la implementación de una fuerte guerra psicológica.

El periodista chileno Hernán Uribe asegura que a lo largo de toda la historia de Chile, no hubo un período en el que reinara una libertad informativa de tal magnitud que incluso cayó en el libertinaje y en claras violaciones a la ética profesional, como en el período presidencial de Allende. El propio presidente Allende, en 1970, declaró a la agencia Prensa Latina que su gobierno estaría a favor de una irrestricta libertad de prensa, pero también propiciaría que todos los actores sociales y corrientes ideológicas tuvieran acceso a la opinión.

“Actualmente, esos derechos están consagrados formalmente, pero su ejercicio en la práctica aparece restringido a sectores minoritarios que tienen una situación prominente desde el punto de vista financiero”, señalaba Allende, según un recuento hecho por el también periodista Ernesto Carmona. Sus palabras, obviamente, no podían gustar a los magnates mediáticos. Menos cuando Allende apuntaba hacia un tema central, al indicar que los medios en los regímenes capitalistas se convierten no en instrumentos de información, sino en instrumentos de desinformación de los intereses populares.

Guiados por la CIA, los medios opositores chilenos, con el diario El Mercurio a la cabeza, no podían responder a la petición de Allende de informar en forma objetiva y mantener con hidalguía sus puntos de vista. Por el contrario, se dedicaron a difundir falsedades y a intentar dar una imagen de persecución a la prensa, echándole leña al fuego en el que cocinarían la dictadura pinochetista. De allí que Allende reclamara, el 12 de febrero de 1973:
“Nos hemos visto obligados a señalar la falta de autoridad moral y el interés tergiversado de aquellos que se cobijan en la Sociedad Interamericana de Prensa. No nos inquieta la crítica. No sólo la aceptamos, sino que la reclamamos”.

Uribe resalta también que fue la CIA la encargada de manejar a la gran prensa chilena y a los afiliados de la SIP en una campaña de propaganda negra contra Allende, hecho corroborado por papeles desclasificados en Estados Unidos. En este marco, el diario El Mercurio, propiedad de Agustín Edwards, quien fungía como vicepresidente de la SIP, recibió los dólares suficientes para su campaña contra Allende, y llegó incluso a dejar de circular durante un día, alegando amenazas, “con el objetivo de armar un escándalo desinformativo que clamara ‘por el cierre’ de El Mercurio”.

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De acuerdo con el periodista chileno, las falacias fueron tales que la campaña denunciaba que se agrediría a la prensa cortándole el suministro de papel, cuando en realidad el gobierno no tenía relación en el negocio del papel, pues el productor monopólico de ese elemento era una empresa privada.

En la investigación realizada por Gargurevich, se demuestra que esta campaña de desestabilización en el Chile de Allende incluía el deterioro de la imagen del gobierno de la Unidad Popular, tanto interna como externamente. Ese “frente externo” estaba conformado por los diarios miembros de la SIP. Las noticias eran redactadas por la CIA, difundidas por las grandes agencias de prensa y publicadas por los afiliados sipianos.

La SIP llegó incluso a reunirse en Santiago de Chile en octubre de 1972, reunión a la cual Allende no se negó, a pesar de la oposición de diversos sectores chilenos, conocedores de las intenciones de la organización. Aquella reunión en la que de nuevo se “defendía la libertad de prensa” tuvo, por supuesto, una amplia repercusión mediática.

El trabajo de la SIP y sus asociados en el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, ocurrido en 1954, también ha sido develado por documentos de la CIA, desclasificados en 1999, y recogidos en el libro “La CIA en Uruguay” del historiador Roberto García[6].

La investigación histórica hecha por García prueba que las prioridades propagandísticas establecidas por la CIA en contra de Arbenz eran de inmediato reflejadas por la prensa de derecha de Uruguay. Medios como El País y El Día publicaban editoriales sobre la “infiltración comunista” elaborados por la CIA, incluso con errores de traducción del inglés y descaradamente destacados por ambos periódicos con un solo día de diferencia.

Las pruebas se encuentran en documentos como “CIA, Guatemala­ General Plan of Action” (Doc. Nº 135875, 12 November 1953), que establece los contenidos esenciales del plan de desinformación continental contra Arbenz; y “CIA, Hemisphere Support of PBsuccess” (Doc. Nº 913376, 16 February 1954), que detalla los apoyos hemisféricos para el plan de desinformación.

Toda esta operación estaba coronada por la infaltable denuncia de la SIP sobre violación a la libertad de prensa en Guatemala. En su publicación oficial “Press of the Ameritas” (Num. 25, Vol. 1, marzo 1º de 1954), la SIP apoyaba sus preocupaciones en una conferencia de prensa ofrecida por Jules Dubois, presidente del Comité de Libertad de Prensa de la SIP, luego que el presidente Arbenz alertara que la prensa estaba fomentando una intervención extranjera en su país.

De la misma manera, Gargurevich establece en su investigación los paralelismos entre la operación puesta en marcha para derrocar a Allende en Chile con la campaña que logró la derrota del primer ministro de Jamaica, Michael Manley, en las elecciones de octubre de 1980, acusadas de fraudulentas. Manley había sido señalado por Estados Unidos de inclinarse hacia el comunismo -con todo lo que eso significaba en el marco de la Guerra Fría-, tras establecer relaciones diplomáticas con Cuba, sumarse a los no alineados, elevar los impuestos a empresas transnacionales y declarar que su país se encaminaba hacia un socialismo democrático.

En este caso, el papel que jugó El Mercurio en Chile fue adjudicado a The Daily Gleaner, que en 1979 fue acusado por la Asociación de Prensa de Jamaica de asumir una conducta no profesional, y cuya feroz campaña contra el gobierno de Manley fue ampliamente reproducida por los diarios afiliados a la SIP.

Es conocida también la vinculación CIA-gran prensa contra el gobierno sandinista en Nicaragua, denunciada en 1981 por los periodistas nicaragüenses; y en general contra los gobiernos nacionalistas, socialistas, progresistas en la región que tomen medidas que puedan afectar a los intereses de las oligarquías locales y de Estados Unidos.

La propaganda negra continúa

Luego de probar con éxito estos esquemas de propaganda negra contra gobiernos democráticos y populares, el eje CIA-SIP continúa aplicándolos en América Latina, siendo obvia su utilización en el caso de Cuba, Argentina, con la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; Bolivia, con el gobierno de Evo Morales; Ecuador, con el presidente Rafael Correa; y Venezuela, con la Revolución Bolivariana impulsada por el presidente Hugo Chávez.

En el año 2005, el ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, denunciado por su vinculación con la dictadura uruguaya, cargó contra el gobierno del presidente Néstor Kirchner, al cual acusó de “manejar la publicidad de manera selectiva” y “tratar con desconsideración” a los medios de comunicación. La queja de Arbilla iba dirigida a la disposición del gobierno argentino de distribuir la publicidad oficial con criterio de equilibrio, entre los medios pequeños, medianos y grandes.

Contra Evo Morales, en el año 2006, la SIP señaló que en Bolivia estaba en peligro la libertad de prensa ante el propósito de apoyar la formación de una red de medios comunitarias, a pesar de que estos medios constituyen una herramienta para la democratización de las comunicaciones, a través de la gestión de las propias comunidades.

En cuanto al gobierno de Rafael Correa, el periodista ecuatoriano Alberto Maldonado ha denunciado que la SIP ubica al presidente Correa como “hostil a la prensa”, sólo por sus expresiones para calificar a determinados medios y representantes de la prensa, frente a acusaciones y calificativos que estos han usado en su contra sin ninguna discreción.

Sobre Venezuela, la SIP ha vertido numerosas acusaciones a lo largo del gobierno del presidente Hugo Chávez, reiterando el modelo de propaganda negra, según el cual estaría en peligro la libertad de expresión.

En el caso de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión –conocida como Ley Resorte– en el año 2004, la SIP, fiel a su precepto de que “la mejor ley de prensa es la que no existe”, afirmó que esta legislación estimulaba la censura previa, cuando en realidad buscaba promover el derecho del pueblo a una información oportuna y veraz. Sin embargo, en abril de 2002, la SIP avaló el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Venezuela y no se pronunció sobre el black out informativo de los canales privados el 13 de abril, ni sobre el cierre de Venezolana de Televisión durante el efímero gobierno de facto.

Por otra parte, el lazo de la patronal de la prensa con los intereses de Estados Unidos ha quedado de nuevo en evidencia, como lo destaca Steinsleger, cuando el 13 de octubre de 2003, la entonces consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, ordenaba en teleconferencia a la Asamblea General de la SIP, apoyar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, cuya dimisión pedían los bolivianos luego de una intensa represión policial.

La SIP defiende el viejo orden

La Sociedad Interamericana de Prensa no sólo ha desatado campañas en contra de gobiernos legítimos, sino que ha tocado también a organizaciones internacionales del propio sistema de Naciones Unidas, que se han puesto al lado de los pueblos latinoamericanos en la lucha por la democratización de las comunicaciones. Así ocurrió en los años setenta contra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cuando ésta promovía el derecho de los Estados a establecer políticas comunicacionales.

En esa década, los países no alineados iniciaron un ágil movimiento exigiendo la creación de un Nuevo Orden Económico Internacional (Noei) que superara las injusticias del orden que prevalecía hasta el momento. Aparejado a este Noei, el Movimiento de los No Alineados, en su Declaración de Argel de 1974, proclamó la necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic), que contribuyera a la democratización de las comunicaciones, utilizando entre otras fórmulas, la definición de políticas nacionales de comunicación. Denunciaba el Noal al sistema informativo existente como un instrumento de dominación.

La respuesta de Estados Unidos contra esta propuesta fue inmediata y constituyó una cerrada defensa a la doctrina del libre flujo de la información[7], en lo cual de nuevo la SIP actuó como su aliada. A esa doctrina, los países del llamado Tercer Mundo oponían la exigencia de un flujo equilibrado, a través de la reestructuración de los sistemas de información y comunicación, contra la unidireccionalidad de los mensajes y la concentración mediática.

Las denuncias contra ese “libre flujo” encontraron una aliado en el informe “Un solo mundo, voces múltiples”, presentado en 1980, resultado del trabajo de una comisión nombrada por la Unesco y presidida por el Premio Lenin y Premio Nobel de la Paz, Sean MacBride. En ese documento, conocido como Informe McBride, se exponía el desequilibrio del flujo informativo y se planteaba la necesidad de mayor justicia en el intercambio de información, así como de menor dependencia en relación a las corrientes de comunicación.

La SIP se convirtió en una de las más feroces voces opositoras al Nomic y a la implementación de políticas nacionales de comunicación (PNC), en una actitud reaccionaria de lucha contra cualquier posibilidad de democratización de la comunicación, que lógicamente atentaría contra los intereses de los poderosos grupos mediáticos.

El argumento central que alzaron en su ofensiva contra el Nomic fue el más trillado de toda la época de la Guerra Fría: ese nuevo orden olía a conspiración comunista y estaba impulsado por la Unión Soviética.

Para frenar cualquier acción gubernamental que favoreciera la democratización comunicacional, la SIP se unió a otra patronal regional, la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR). Ambas atacaron además en otro frente, al descalificar la acción de la Unesco, organismo que bajo la conducción del senegalés Amadou M’Bow había decidido impulsar el Nomic, estableciendo el vínculo entre comunicación y desarrollo. El acoso contra la Unesco no cesó hasta que Estados Unidos e Inglaterra anunciaron su retiro del organismo, denunciando la politización de este foro; y se obtuvo el nombramiento del español Federico Mayor Zaragoza, una figura considerada mucho más dócil ante los intereses dominantes. De allí que el investigador venezolano Oswaldo Capriles concluyera:

El castigo sufrido por Unesco es una de las principales lecciones que pueden sacarse en cuanto a la terrible fuerza que las organizaciones de agencias y medios noticiosos occidentales, en especial estadounidenses, tienen, no solamente en cuanto a capacidad específica para influenciar opinión a través de la tergiversación de la información, sino en cuanto a la capacidad para presionar directamente los gobiernos y obtener resultados políticos de tal gravedad en la escena de los organismos del sistema internacional de las Naciones Unidas. (1996, p. 42)

Los encargados de esta campaña fueron principalmente The New York Times, las agencias de noticias AP, UPI y AFP, y sobre todo la SIP y la AIR.

La acción de la SIP fue particularmente fuerte en 1976 en contra de la Conferencia de San José de Costa Rica, donde los gobiernos latinoamericanos se reunieron para debatir sobre políticas nacionales de comunicación. La SIP, al no haber solicitado el estatus de observador en la Unesco, no fue invitada a la reunión; sin embargo, la patronal emprendió una campaña asegurando que al no invitarla se rehuía el debate y, en un golpe de efecto, anunció una reunión paralela en San José, “bajo la gritona dirección de un periodista dominicano, ex portavoz del fenecido dictador Trujillo”, como señalaba Capriles.

En un análisis detallado de la campaña de la SIP y la AIR contra la Unesco, Capriles indica que ambas patronales lograron inundar la prensa del mundo con una guerra de opinión en la cual se impuso la idea de la existencia de una “tesis Unesco”, inspirada por la “extrema izquierda” y atentatoria contra la libertad de expresión. Adicionalmente, los ataques se concentraban contra aquellos países que apoyaban la conferencia, mientras que en los grandes diarios disminuían las noticias negativas sobre los países que se mostraban dispuestos a colaborar.

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Los comunicados emitidos por la Unesco no eran publicados por casi ningún periódico, mientras que cualquier documento emitido por el llamado “Comité para la Defensa de la Libertad de Información”, creado por la SIP y por el International Press Institute (IPI) como uno de sus frentes de batalla, era reproducido en todos los medios afiliados. La campaña de la SIP era repetida en Estados Unidos por los periódicos del grupo Hearts y el New York Times[8]. Entretanto, desde “El Noticiero de la SIP”, se mezclaban hechos sin conexión, acusaciones de antisemitismo, denuncias de maniobras de la “aplanadora rusa-Tercer Mundo” para arremeter contra la Unesco.

Aunque una de las estrategias aplicadas por la SIP fue insistir en un supuesto complot contra la libertad de expresión orquestado por gobiernos de extrema derecha y de extrema izquierda, lo cierto es que como revela Capriles:

“En los países de gobierno dictatorial existió de hecho un acuerdo tácito entre gobiernos y medios difusivos sobre la base de situaciones previas de entendimiento, lo que demuestra de paso que los medios comerciales no estaban exigiendo democracia o libertad, sino defendiendo privilegios oligopólicos para su actividad publicitaria, actividad que en cambio consideraban amenazada en aquellos países de régimen de democracia formal, por el hecho de ser en estos -o al menos en algunos de ellos- donde se había planteado el tema de las políticas de comunicación, como elemento necesario para un avance o perfeccionamiento de la democracia”. (Capriles, 1996, p. 57)

Algunos de los acuerdos de esa reunión de Costa Rica consistían en crear una agencia latinoamericana y caribeña de noticias, establecer formas de cooperación para el desarrollo de las comunicaciones rurales, formar un consejo latinoamericano de comunicación social, exigir una circulación equilibrada de comunicación e información en el plano internacional y reconocer el derecho a la comunicación como derivado del derecho universal de expresión. Sin embargo, todos estos propósitos fueron abandonados por los gobiernos ante la fuerte presión mediática.

Particularmente en Venezuela, la SIP encontró el apoyo de la patronal Fedecámaras, que el 3 de agosto lanzó una declaración en la cual hablaba sobre la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión y alertaba contra el peligro totalitario.

Desde entonces hasta ahora, la SIP se ha mantenido actuando contra los intentos de reivindicación del derecho a la comunicación y a la información veraz. Es por ello que a finales de los noventa, acusó al gobierno de Rafael Caldera de tener tentaciones totalitarias, buscando impedir que presentara su propuesta del derecho a la información veraz en la VII Cumbre Iberoamericana, reunida en la isla de Margarita, en 1997.

En aquella cumbre, a pesar de la violenta oposición de la SIP, se aprobó por primera vez un párrafo que habla sobre garantizar el derecho a la información veraz, en el acuerdo 38 de esa conferencia, que aún está vigente. Este principio encontró luego caminos más firmes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra en el artículo 58 el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial.

El lenguaje de la SIP. ¿Libertad de prensa o libertad de empresa?

En su lenguaje oficial, la SIP se esmera en utilizar conceptos que legitiman su comportamiento y la autoerigen en un referente a la hora de definir qué es la libertad de prensa y de decidir quién respeta esta libertad y quién no. No obstante, cuando hace esto, está incurriendo en la usurpación de un derecho colectivo de los pueblos y oculta en nombre de quiénes actúa verdaderamente esta organización patronal. Veamos algunos ejemplos:

* La SIP se empeña en hablar como representante de los periodistas, pero como hemos visto, se trata de una organización empresarial que sólo representa a los dueños de los medios. Por lo tanto, no puede hablar en nombre del gremio periodístico, como lo han denunciado periodistas de todo el continente.

* La SIP se abroga el derecho de decidir quién viola y quién respeta la libertad de expresión. Como advierte el periodista Ernesto Vera, la libertad de expresión es un derecho individual, del cual se deriva la libertad de prensa, pero en el tiempo de los medios masivos se convierten en un derecho colectivo. Es entonces un derecho de la sociedad y no de los dueños de la gran prensa. Dejarlo efectivamente en sus manos, es como si confiáramos que el derecho a la salud fuera defendido y definido sólo por las grandes clínicas privadas.

Oswaldo Capriles, en su libro “Poder político y comunicación”, señala también que la SIP utiliza la libertad de prensa para presionar en la opinión pública. Al presentarse como los encargados de definir en cuáles países hay libertad de prensa y en cuáles no, consiguen mantener presionados a los gobiernos y presentarse ante la opinión pública con un valor que no tienen. Recuerda además que se nos oferta la concepción dominante de la libertad de expresión como un exclusivo privilegio de los dueños de los medios.

En definitiva, ¿quién tiene derecho a la libertad de expresión, sino la sociedad? Es por eso que se denuncia con frecuencia la pretensión de la SIP de fusionar la libertad de prensa con la libertad de empresa, que no es más que la defensa de su capacidad de realizar negocios, tal y como lo expresa la Felap:

Siendo esta sociedad una agrupación nucleada con base en propietarios y editores de periódicos, la libertad de prensa que dice defender no puede ser otra que la libertad de empresa que necesitan sus miembros para participar en el comercio de la prensa y utilizar la noticia con una mercancía u objeto de consumo (2006, p. 28).

* La SIP pretende definir, sin la participación de otras instancias de la sociedad, qué es la libertad de expresión, un derecho que no les ha sido otorgado y del cual se han apropiado a partir de su poder económico. Esta pretensión de la SIP es muy clara en su Declaración de Chapultepec, en la cual se expresa una apología de un concepto de libertad de prensa que pretende una prerrogativa de los medios de difusión. La organización empresarial inició el proyecto de Chapultepec en 1994 y actualmente asegura que los diez puntos establecidos en la Declaración se han establecido como “el estándar reconocido mediante el cual el hemisferio mide la libertad de prensa y expresión”.

De hecho, aseguran que a partir de 1994, se ha tomado “un concepto abstracto”, como el de libertad de expresión y se le ha dado una configuración que ha permitido que la gente ya no dé respuestas “confusas, esporádicas e incoherentes” cuando se le pregunta qué es libertad de expresión.

* La SIP invariablemente se presenta como la defensora de la prensa independiente. Vistos los cuantiosos ejemplos de manipulación y desinformación, habría que preguntarse, ¿esa prensa es independiente de qué? Independiente de los intereses populares; dependiente de los dueños del dinero y del poder.

* La SIP se opone duramente al concepto de información veraz, alegando que si lo aceptan tendrían que rendirles cuentas a los gobiernos, y que estos podrían censurar a la prensa al ser los que definan qué es la información veraz. Es esta una falsa dicotomía, porque es la sociedad la encargada de denunciar a los medios cuando mienten. El dilema no es SIP vs. Gobierno, sino SIP vs. Sociedad.

* La SIP siempre se ha manifestado en contra de las leyes de prensa, defendiendo en su lugar el concepto de autorregulación. Sin embargo, el hecho de que alguien tenga dinero para poseer un medio de prensa que alcanza a centenares de miles o millones de personas, no lo coloca sobre la sociedad o al margen de la sociedad; igual debe responder y asumir una responsabilidad ética y social; si no, estaríamos ante la paradoja de un poder antidemocrático que actúa como contralor de otro poder, este sí democráticamente constituido, sin tener que rendir cuentas y sin posibilidad de ser cambiado.

Habría que recordar, como lo hace Vera, que la prensa se apoya para su existencia en preceptos constitucionales que no se compraron con dinero, sino con el sacrificio y la sangre de todos los que lucharon por tener independencia.

Poderosos, pero no todopoderosos

A pesar de este historial de alianzas imperialistas, manipulaciones y desinformación, en los últimos tiempos gobiernos progresistas, de izquierda o revolucionarios, han logrado obtener victorias en procesos electorales en América Latina, aun en contra de la voluntad y la posición de los grandes medios de prensa, lo cual representa una derrota para los poderosos de la SIP. Esto evidencia, sin duda, un crecimiento de la conciencia crítica de los pueblos, aun cuando las campañas de propaganda negra continúan haciendo daño e intentando doblar la voluntad popular de avanzar hacia la transformación de nuestras realidades.

Una idea defendida por Ernesto Vera, luego de años en el ejercicio del periodismo, es que los dueños de los medios son poderosos, pero no todopoderosos. Y su punto débil radica precisamente en que su mensaje ofende la inteligencia humana y no se identifica con la realidad de la inmensa mayoría de los destinatarios. Es por ello que aun con menos recursos, tecnológicos y financieros, es preciso insistir en la tarea de desarrollar la conciencia crítica sobre lo que significan esos medios y sobre quiénes son sus dueños, y los dueños de esos dueños.

Referencias

Capriles, O. (1996). Poder político y comunicación. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Carmona, E. (2003, septiembre 14). Allende y la libertad de prensa. Tomado aquí.

Díaz Rangel, E. (1991). La información internacional en América Latina. Caracas: Monte Avila Editores.

FELAP (2006). FELAP. Treinta años de principios. México: Universidad de Colima.

Gargurevich, J. (1981). A golpe de titular. CIA y periodismo en América Latina. Praga: Videopress.

La República (2000). La República renunció a la SIP. Tomado aquí.

La República (2000, octubre 23). Durante la gestión de Arbilla en la dictadura masacraron a la prensa. Tomado de aquí.

Maldonado, A. (2007). Correa ya está en la lista negra de la SIP. aquí.

Mazzarovich, G. (2007, agosto 20). La CIA ordenaba; El País y la SIP ejecutaban. Tomado de aquí.

MacBride, S. et al (1993). Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica.

MinCI (2004, diciembre 6). Comunicado oficial del Ministerio de Comunicación e Información ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Tomado de aquí.

Red Voltaire (2005, marzo 5). Néstor Kirchner y la SIP: “No nos vengan a decir cómo funciona la libertad de prensa los que para imponer sus ideas mataron, asesinaron y secuestraron”. Tomado de http://www.voltairenet.org/article124103.html

Rodríguez, C. (1950). Crónica de un New York entrevisto. La Habana: La Vanguardia.
SIP (1994). Proyecto Chapultepec. Tomado de aquí.
Steinsleger, J. (2006, octubre 11). SIP: Mordaza de libre presión. Tomado de aquí.
Uribe, H. (2002, marzo 30). En busca de un Pinochet perdido. Tomado de aquí.

Notas

[1] Las informaciones y reflexiones aportadas por el periodista cubano Ernesto Vera surgieron de una entrevista personal realizada para este trabajo. Vera es presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

[2] En 1950, la SIP tenía un total de 778 miembros, 424 eran estadounidenses, 314 eran latinoamericanos y 22 canadienses y europeos.

[3] Para dar respuesta a este llamado, pasarían 25 años, pues fue sólo en 1976 cuando se creó la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), bajo el principio de apoyar siempre el derecho de los pueblos a la información veraz. Para fundar la Felap fue fundamental la acción del combatiente periodista peruano Genaro Carnero Checa, quien logró que el presidente de México para ese entonces, Luis Echeverría, le diera apoyo al nacimiento de la organización. Hoy en día, las acciones y declaraciones de la Felap continúan siendo silenciadas por los grandes medios.

[4] Las citas sobre este libro de Selser están recogidas por el periodista José Steinsleger, en el artículo “SIP: Mordaza de libre presión”, publicado por el diario mexicano La Jornada, el 15 de octubre de 2006. Sobre este tema de la SIP, Selser también es citado con frencuencia por Juan Gargurevich. Steinsleger anota que si la SIP fuese una entidad realmente comprometida con la libertad, la independencia y la democracia, el edificio que en Miami alberga su sede debería llamarse Gregorio Selser (1922-1991), en lugar de Jules Dubois.

[5] El investigador venezolano Oswaldo Capriles, en un libro titulado “Poder político y comunicación”, puntualiza que sin duda las agencias de seguridad estadounidenses han estado involucradas en la conformación de la SIP, aunque los dueños de los medios no necesiten mucha presión para mantener posiciones coincidentes con el complejo industrial-político-militar estadounidense, dado su lugar dentro de las élites dominantes. De allí se explica la tendencia ultraconservadora que otorga a la SIP.

[6] Las notas sobre el libro de García fueron publicadas en el diario uruguayo La República, el 20 de agosto de 2007, bajo el título “La CIA ordenaba; El País y la SIP ejecutaban”. La reseña del diario recuerda que Arbenz encabezó el segundo gobierno de lo que se llamó la “primavera democrática” en Guatemala y fue derrocado el 27 de junio de 1954, por una invasión de “un ejército libertador” organizado, financiado y armado por EEUU.

“La operación de la CIA para derrocar a Arbenz se denominó “Sucess” y fue la primera que incluyó la implementación de “un aparato de construcción de opinión a nivel continental” según la definición propia de los EEUU. La operación fue autorizada por el presidente de EEUU, Dwigth Einshower e instrumentada por el entonces canciller John Foster Dulles, y su hermano Allen, director de la CIA. Los hermanos Dulles, eran accionistas de la United Fruit Company, propietaria de enormes latifundios y plantaciones en Guatemala, afectados por la Reforma Agraria emprendida por Arbenz para darles tierra a los miles de campesinos e indígenas privados de ella”.

[7] Ya en la Conferencia Interamericana de Chapultepec, realizada en 1945, Estados Unidos había impulsado la aprobación de una resolución relativa a la libre circulación de noticias. Como destaca el periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel, en su libro “La información internacional en América Latina”, estas resoluciones podían ser inobjetables en la letra, pero en la práctica “sólo beneficiarían al único país en capacidad de hacer circular todo tipo de mensajes comunicacionales, consciente del poder de la información”.

Un año después, en 1946, el Departamento de Estado informaba que un subsecretario de Estado se ocuparía de los asuntos de comunicación, con la función expresa de romper las barreras que se oponían a la expansión de los medios estadounidenses en el planeta, asumiendo la libertad de prensa como parte de la política exterior estadounidense.

[8] La reportera del New York Times, Deidre Carmody, sostenía los argumentos de la SIP y se quejaba de la imposibilidad de presentar los alegatos de la UNESCO afirmando que no había sido posible contactar a ninguno de sus funcionarios en la conferencia de Costa Rica, cuando luego quedó al descubierto que no sólo no estaba acreditada como corresponsal para el evento, sino que tampoco se encontraba en San José.

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* Periodista.
Tomado de www.aporrea.org

La primera parte de este ensayo puede leerse aquí.

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