Tabaré abre las telecomunicaciones a privados: malestar generalizado
Samuel Blixen*
Tabaré Vázquez ignoró la fuerte oposición del Frente Amplio a un decreto sobre la habilitación a privados de los servicios de tevé cable, Internet y telefonía que integran el Plan Cardales. El malestar generalizado incluye al presidente electo, que pretende incluir el tema de telecomunicaciones en las negociaciones sobre la transición.
El primer elemento de discordia entre el gobierno saliente y el entrante se instaló el lunes 30 de noviembre, cuando aún no habían transcurrido 24 horas del cierre de las urnas: en una reunión calificada como un "consejo de gobierno ficto", el presidente Vázquez anunció formalmente la puesta en vigencia de un decreto que instrumenta la aplicación del Plan Cardales y que había sido resistido por todas las fuerzas políticas del Frente Amplio (FA).
El decreto concede la habilitación a empresas privadas para ofrecer los servicios de "triple play" (televisión por cable, Internet y telefonía fija), que según el espíritu del Plan Cardales (Convergencia para el Acceso a la Recreación y al Desarrollo de Alternativas Laborales y Emprendimientos
Sustentables) está preferentemente destinado a los sectores más pobres de la población con el objetivo de universalizar el acceso a las telecomunicaciones.
Aunque la norma impulsada por Vázquez estipula condiciones para la adjudicación de contratos de habilitación, el secretariado ejecutivo del Frente, el PIT-CNT, el sindicato de trabajadores de ANTEL, diversas organizaciones sociales y organismos universitarios rechazan la iniciativa por considerar que lesiona el monopolio de la telefonía fija, traslada al sector privado la trasmisión de datos que hoy maneja ANTEL Data, fortalece a los canales privados de televisión y eventualmente abre las puertas a las grandes trasnacionales de las telecomunicaciones.
El presidente electo, José Mujica, compartió los temores del secretariado del PIT-CNT sobre los peligros de una trasnacionalización de las telecomunicaciones durante la charla que mantuvo con dirigentes de la central obrera, el miércoles 2, cuando planteó la necesidad de impulsar la reforma del Estado. El dirigente Marcelo Abdala confirmó a Brecha que durante la reunión la central expuso su rechazo al decreto impulsado por Vázquez, y que Mujica anunció su disposición a "armar un equipo para analizar todos los
temas de las telecomunicaciones".
El senador Eduardo Bonomi informó que el MPP pretende que el tema del Plan Cardales sea incorporado como uno de los asuntos a negociar en el proceso de transición hacia el nuevo gobierno que se abre con la actual administración. En el MPP, según pudo sondear Brecha, la oposición al decreto fue sustentada por la senadora Lucía Topolansky y la diputada Ivonne Passada., quienes se inclinan por impulsar una ley de telecomunicaciones. Otras fuente sindicaron que el
presidente electo no ocultó su malestar por el contenido del decreto y la forma en que se tramitó.
El PIT-CNT, según Abdala, intenta actuar con celeridad para evitar que la puesta en práctica del decreto genere situaciones de hecho. En ese sentido el dirigente sindical anunció que en las próximas horas será presentado ante la
Presidencia un escrito solicitando a Vázquez que modifique dos artículos del decreto, aquellos que, por vías indirectas, podrían dejar en manos de las grandes trasnacionales el control de los contenidos de la televisión por cable, el servicio de banda ancha y competir con ANTEL en la telefonía básica mediante la modalidad IP (señal de voz por Internet).
Un decreto cuestionado
Las interrogantes sobre el grado de participación de empresas privadas en la prestación del triple play y el deterioro que podría sufrir ANTEL (inicialmente el Cardales fue concebido para ser operado a través de la telefónica estatal con participación de empresas nacionales) estimuló el
rechazo a la norma que se puso en vigencia el lunes 30. Una lista primaria de quienes están en desacuerdo abarca a ministros, la mayoría de los grupos políticos del FA, el PIT-CNT, la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Sociedad Uruguaya de Actores, la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay, el Grupo Medios y Sociedad, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Uruguay y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, y hasta la propia Unidad
Reguladora en Servicios de Comunicaciones (URSEC).
El decreto deposita en el LATU la elaboración de los informes que garanticen la sustentabilidad de los aspectos técnicos y de cobertura social de los proyectos presentados por las empresas para la posterior decisión del Poder Ejecutivo. Al cierre de esta edición el sindicato de trabajadores de ANTEL discutía la oportunidad de presentar un recurso de revocación del decreto sobre el Cardales, y analizaba otras medidas a tomar, aunque se señalaba que el recurso no tiene efectos suspensivos.
*Periodista y ecritor uruguayo. Publicado en el semanario Brecha