Ene 17 2008
316 lecturas

Economía

Televisión chilena. – RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESION

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Introducción

El derecho a la libre información y expresión se ve severamente restringido en Chile en la generalidad de los medios de comunicación social y especialmente en la televisión.

Para comprender bien esta realidad es necesario tener en cuenta que los titulares de este derecho –así como del conjunto de los derechos humanos fundamentales– son todas y cada una de las personas que conforman la sociedad. Y que los medios de comunicación constituyen el instrumento crucial para que dicho derecho pueda ser realmente ejercido.

Así, la vigencia de este derecho se da fundamentalmente cuando los medios de comunicación se convierten en instrumentos efectivos para que las múltiples opiniones existentes en una sociedad puedan expresarse; y cuando aquellos medios informan veraz y cabalmente al conjunto de la población sobre los temas de interés público.

Lo anterior requiere de la máxima pluralidad posible en cuanto a la propiedad y control de los medios; de normas constitucionales y legales que garanticen la libertad de los medios; y de una cultura democrática que incentive la libre expresión y la búsqueda y el acceso a la información de interés público, tanto por parte de las personas como de los medios.

Además, es muy importante tener en cuenta que en la sociedad contemporánea el medio de comunicación más influyente es, lejos, la televisión. Por tanto, los requisitos mencionados tienen especial relevancia en la forma como se estructuran y operan los canales de televisión.

Lamentablemente, en nuestro país este medio se estructura y opera de un modo absolutamente restrictivo para la vigencia efectiva de este derecho. Estas limitaciones tienen gran alcance y, lo que es más grave, pasan muy desapercibidas para la generalidad de la población, la que tiende a verlas como consustanciales a la existencia misma de la televisión. Las principales de ellas se esbozan a continuación.

1.- Autocensura de temas de gran interés público

En primer lugar, existe en nuestro país una total uniformidad de orientaciones en los canales nacionales de televisión abierta. En ninguno de ellos se registran opiniones o se efectúan reportajes críticos del modelo económico, social y cultural vigente.

Es más, ni siquiera podemos ver en ellos informaciones detalladas o debates sobre los temas del más alto interés público, como por ejemplo: distribución del ingreso; políticas del cobre; tratados de libre comercio; legislación laboral y sindical; duración efectiva de la jornada de trabajo; nivel de remuneraciones y pensiones de la gran mayoría de los chilenos; condiciones laborales de los trabajadores temporeros y de la industria salmonera; situación de los trabajadores subcontratados; progresiva concentración oligopólica en las diversas ramas de la producción y del comercio; altos costos para el usuario y rentabilidad de los servicios públicos privatizados; gran concentración en la propiedad de los medios masivos de comunicación social; etc…

Las demostraciones más evidentes y palpables de esta autocensura las hemos visto, a lo largo de 2007, en la total ausencia de información detallada y debate público sobre cómo se diseñó e implementó el Transantiago; las características de sus contratos; los estudios y advertencias previas que recomendaban el rediseño o, al menos, la postergación de sus inicios; las carencias de infraestructura y logística para que dicho sistema operara tal como se había diseñado; etc.

Y en la análoga ausencia de información y debate respecto de la larga y conflictiva huelga de los trabajadores subcontratados de CODELCO, incluyendo las dimensiones y tipos de labores que aquellos efectuaban; sus condiciones de vida y de trabajo; las diferencias de ingreso entre ellos y los trabajadores de planta; el respeto de la ley de subcontratación por parte de la empresa estatal y por las empresas subcontratistas; etc…

Evidentemente que estas carencias están afectando gravemente el derecho a la libre información y expresión de la sociedad chilena. La desinforman en temas de interés público cruciales y le impiden a los sectores sociales mayoritarios de la población expresar sus críticas al modelo económico-social vigente, que en su línea gruesa fue impuesto por la dictadura en la década de los 80 y consolidado en estos 17 años por el liderazgo de la Concertación.

Tampoco podemos decir que estas carencias son nuevas, ya que constituyen otra de las múltiples herencias que nos legó –en conjunto con el modelo económico– el régimen de Pinochet.

2.- Autocensura sobre noticias muy trascendentes

Un segundo elemento que caracteriza la operación actual de la televisión chilena, y que restringe severamente el derecho a la libre expresión, es la desinformación, carencia de seguimiento o ausencia de interés en noticias que en cualquier sociedad efectivamente democrática y participativa, estarían en el centro de la agenda informativa y del debate público.

El denominador común de aquellas noticias es la incomodidad que su relevancia suscitaría en los poderes públicos y fácticos de la sociedad chilena. A su vez, el ámbito que ellas cubren es muy amplio, así como el alcance directo o indirecto que ellas tienen en la preservación del modelo y de los factores de poder de la sociedad chilena. Además, muchas de ellas se mantienen prácticamente ocultas desde los inicios de la “transición”, para no hablar del propio período dictatorial.

Se podrían llenar innumerables páginas con su relato. Por su importancia consignaremos una pequeña muestra:

– El regalo de la mayoría parlamentaria efectuada por el liderazgo de la Concertación a la derecha, a través de las reformas constitucionales concordadas en 1989;

– el virtual desvalijamiento de La Moneda en los días previos al 11 de Marzo de 1990;

la oposición del gobierno de Aylwin a los intentos judiciales de la familia Allende de recuperar los bienes que le robaron luego del golpe;

– el bloqueo del mismo gobierno de las ayudas prometidas por Holanda a las revistas Hoy, Análisis y Apsi;

– la sistemática discriminación del avisaje estatal sufridas por los medios escritos de la Concertación y la izquierda desde la dictadura hasta hoy;

– el juicio internacional respecto de los bienes del diario Clarín confiscado por la dictadura a Víctor Pey, y no devueltos por los sucesivos gobiernos de la Concertación;

– el homenaje rendido por Ricardo Lagos a uno de los creadores de la Operación Cóndor, al ser el único presidente del mundo en asistir a los funerales de Hugo Banzer, en circunstancia que ni siquiera se tenían (ni se tienen) relaciones diplomáticas con Bolivia;

– las omisiones judiciales de los gobiernos de la Concertación en favor de Manuel Contreras y Raúl Iturriaga, luego de las condenas de ambos en Italia, en 1996, por el asesinato frustrado de Bernardo Leighton y su esposa;

– las presiones públicas y privadas ejercidas sobre el juez Guzmán y los tribunales por el gobierno de Lagos con el fin de obtener la eximición de juicio a Pinochet por razones de salud mental; etc…

Por cierto, esta autocensura es también efectuada por la generalidad de los medios de comunicación nacionales. Pero es claro que ella adquiere su máxima eficacia con el concurso de la televisión.

3.- Autocensura en el lenguaje y la labor periodística

Una tercera restricción de la libre información y expresión en la televisión chilena la configura la autocensura de sus periodistas en los términos que utilizan para referirse a conceptos que tengan connotaciones conflictivas y en las entrevistas que realizan a autoridades o personas con mucho poder o influencia en la sociedad chilena.

De este modo, es muy difícil escuchar todavía en televisión referencias a la “dictadura”, la ”dictadura militar” o la “dictadura de Pinochet”. Normalmente ella recibe el apelativo de “gobierno” o “régimen militar”; o cuando más, “régimen autoritario”. En este sentido, el contraste se hace muy evidente cuando se hacen referencias a la “dictadura argentina” o al “dictador Videla”.

Así tampoco se escuchan menciones al “terrorismo de Estado” o a la “política de exterminio” desarrollada por la dictadura contra sectores de la población.

Se omiten, también, en referencia a la trayectoria de personas, menciones de que fueron “exiliados” (se prefiere casi siempre decir que “vivió fuera de Chile”) o que estuvieron en “campos de concentración” (si es que se hace mención, se designa exclusivamente con su nombre propio) o que fueron “detenidos” o “torturados” (se utiliza “que tuvieron problemas”). Además, cuando se cubren eventos deportivos en el exterior y aparecen naturalmente muchos chilenos alentando a los deportistas nacionales, se tiende a resaltar el hecho, pero omitiendo que ello es en gran parte producto del exilio. Incluso, cuando se entrevista a alguno de ellos no se le pregunta sobre las circunstancias que produjeron su emigración.

Por otro lado, se observan todavía grandes dosis del temor reverencial heredado del régimen dictatorial en las entrevistas que se efectúan a autoridades políticas y eclesiásticas; a líderes empresariales; o a miembros de las Fuerzas Armadas, tanto activos como en retiro. Aquellas se hacen, por lo general, de manera tal que el entrevistado no quede en situaciones incómodas. Existe una suerte de código tácito por el cual se admite llevarlo a situaciones que “lo apuren un poco”, pero nunca tanto como para que pueda quedar mal frente a los telespectadores.

4.- Exclusión de los dirigentes sociales populares

Una cuarta restricción grave de la libertad de expresión en la televisión chilena la constituye la virtual exclusión en los noticiarios del conjunto de los dirigentes sociales de los sectores populares de nuestro país. Nos referimos a los dirigentes sindicales, vecinales, gremiales, juveniles, de mujeres e indígenas; tanto regionales como metropolitanos.

Los sectores populares aparecen en los noticiarios solo como víctimas de la delincuencia, accidentes y enfermedades; como manifestantes o barristas que entran en conflicto con la policía; o, cuando más, como individuos que manifiestan sus quejas frente a eventuales arbitrariedades puntuales de que son víctimas por parte de autoridades, empresarios u otras personas.

Los dirigentes sociales que acaparan la cobertura noticiosa son los de las asociaciones de los grandes empresarios tales como la Confederación de la Producción y del Comercio; la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA); la Asociación de Bancos; la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI); la Cámara de Comercio; la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); la Asociación de ISAPRES y la Asociación de AFP; entre otras.

De hecho, el único dirigente sindical que hoy día es conocido a nivel nacional es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez. Así y todo –como lo reconoció el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, en entrevista al Boletín Libertad de Expresión de Julio de 2007 de la Universidad de Chile– Martínez había sido también, a la fecha, sistemáticamente excluido de “la entrevista del domingo” de Televisión Nacional.

Esta exclusión es clave para que los televidentes no perciban ninguna crítica sustancial al modelo económico-social vigente. Así, la ciudadanía “constata que todo el mundo” aprueba el orden de cosas existente y puede pasar a verlo como “natural”. Y empieza también a considerar como natural la irrelevancia absoluta de los dirigentes sociales populares y de sus organizaciones.

5.- Autocensura sobre el tema de los derechos humanos

Dada la importancia crucial que tuvieron las violaciones a los derechos humanos en la imposición del modelo económico-social neoliberal durante la dictadura, pasa a ser especialmente relevante, para la legitimidad de este modelo, ocultar lo más posible las dimensiones que alcanzaron dichas violaciones y, especialmente, su estrecha vinculación con la imposición de aquel. Como lo ha reconocido Andrés Allamand:

“Pinochet le aportaba al equipo económico (neoliberal) algo quizás aún más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones. Más de alguna vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta. ¿Ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema”.
(La travesía del desierto, Edit. Aguilar, 1999; pp. 155-6).

Es por ello que los canales de televisión solo informan, desde una perspectiva de noticia policial, de los fallos puntuales de los tribunales en casos de violaciones de derechos humanos. No hay una contextualización de los hechos, una explicación del período, ni menos una condena ética al régimen que sistemáticamente cometió dichas violaciones. Asimismo, se omite toda referencia al nexo causal resaltado de manera elegante por Allamand, esto es, que era necesaria la aplicación de todos los medios, incluída la violencia más extrema, para imponer el modelo neoliberal.

Tampoco la televisión efectuó alguna labor de información y estímulo para lograr que las víctimas y sus familiares se inscribieran ante la Comisión Rettig o la Comisión Valech, ni realizó una labor condigna de difusión posterior de la trágica realidad histórica acreditada por ellas.

Así también, hasta la fecha, la televisión chilena ignora el tratamiento de temas de gran relevancia histórica como la vida en los campos de concentración de la dictadura; la labor de defensa de los derechos humanos efectuadas por la Iglesia Católica y numerosas ONG; la solidaridad internacional con el pueblo chileno; la estructura y labor de la DINA-CNI; la precaria situación de los trabajadores, que obligó a muchos a tener que irse del país; las persecuciones y exoneraciones en la administración pública, en las universidades y en las empresas privadas; las censuras y amedrentamientos a los medios de comunicación y periodistas disidentes; etc…

Pero quizá la actitud que más llama negativamente la atención en esta materia, es la tenaz omisión de los canales –incluyendo a TVN– a abordar su desgraciada contribución a las violaciones de derechos humanos de la dictadura; ya que no solo fueron eficaces instrumentos, durante 17 años, de la desinformación gubernamental respecto de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas; sino que además se sumaron entusiastamente a las campañas oficiales de injurias y calumnias que pretendieron justificar ante la población las detenciones, exoneraciones y exilios por razones políticas.

6.- Autocensura respecto del cine del exilio
y de los documentales críticos

Estrechamente vinculado a lo anterior, los canales de televisión abiertos han omitido la exhibición de la generalidad del cine chileno del exilio y del conjunto de los documentales chilenos con una mirada crítica sobre nuestra historia reciente elaborados hasta el día de hoy.

De este modo, han impedido que los dieciséis millones de chilenos puedan acceder a la prolífica filmografía desarrollada en el exilio, por realizadores como Miguel Littin, Helvio Soto, Orlando Lübbert, Pedro Chaskel, Sergio Castilla, Luis Vera, Valeria Sarmiento y Sebastián Alarcón, entre muchos otros.

Asimismo, han impedido que los chilenos podamos ver en las pantallas de televisión documentales tan valiosos para nuestra memoria histórica
–y muchos de ellos profusamente galardonados, tanto en Chile como en el exterior– como La batalla de Chile, La memoria obstinada, El caso Pinochet y Allende, de Patricio Guzmán; La flaca Alejandra, de Carmen Castillo; No olvidar, de Ignacio Agüero; La venda, de Gloria Camiruaga; Estadio Nacional, de Carmen Luz Parot; y I love Pinochet, de Marcela Said.

La implementación de esta censura se ha hecho de manera silenciosa, de tal modo que la generalidad de la sociedad chilena ni siquiera es conciente de ella.
Además, se han utilizado para esta labor métodos extremadamente maquiavélicos como comprar películas o documentales para después no exhibirlos; asegurar su exhibición a los cineastas para luego por motivos fútiles dejar de hacerlo (como TVN con La Colonia, de Orlando Lübbert; y con Estadio Nacional, de Carmen Luz Parot); o auspiciar su muestra en un Cine-Hoyts para que la vean algunos centenares de personas, sin darlo en sus pantallas (como TVN conEl caso Pinochet, de Patricio Guzmán).

7.- Orientación conservadora de todos los canales de televisión

Las restricciones anteriores se explican no solo por el clima político-cultural de autocensura que todavía prevalece en la sociedad chilena; sino además por el carácter ideológicamente conservador del conjunto de los canales de nuestra televisión abierta.

Es así que de los seis canales existentes, tres (Chilevisión, Megavisión y Red Televisión) pertenecen a grandes grupos económicos nacionales o extranjeros. Dos de ellos (Canal 13 y UCV Televisión) son controlados por universidades católicas de tendencias conservadoras. Y la televisión pública (TVN) está regida por un directorio con un “empate político” entre la Concertación y la derecha que bloquea toda información o debate que ponga en cuestión el modelo neoliberal vigente.

El control de los canales por entidades empresariales, culturales o políticas de tendencia conservadora se ve agravado por el carácter netamente comercial de la televisión chilena. Esto es, que incluyendo al canal público (TVN), todos ellos se financian en base al avisaje publicitario que fundamentalmente pueden contratar, por su altísimo costo, solo las más grandes empresas del país, descontando un pequeño porcentaje efectuado por el Estado.

Aunque, en definitiva, este costo lo pagamos todos los chilenos (al aumentarles enormemente las ganancias a esas empresas) las decisiones del destino de dicho avisaje son tomadas, obviamente, por los más altos ejecutivos de aquellas, en consonancia con los intereses económicos de las empresas y grupos que representan. De tal manera, que cualquier atisbo de liberalización por parte de los canales (extremadamente improbable dada la orientación conservadora de sus entes controladores) puede ser inmediatamente frenado por el retiro, o la amenaza de hacerlo, del flujo de avisaje de las grandes empresas.

Todo lo anterior se vió patentemente comprobado, en el curso de 2007, con la ausencia de información y debate en dichos canales sobre las enormes implicancias que tendrán –para el futuro de la vigencia de nuestro derecho a la libertad de información y expresión– las normas y regulaciones que adopte el país respecto de la televisión digital.

A dichas entidades no les conviene un debate que desnude la profunda concentración del poder comunicacional que se da hoy en la televisión chilena. Y que esclarezca que si dichas normas y regulaciones no priorizan las concesiones a las instituciones y organizaciones sociales y culturales por sobre las empresas con fines de lucro, se reproducirá con seguridad la homogeneidad ideológica conservadora del control de la televisión chilena, esta vez por la vía incontrarrestable de su adquisición por los grandes grupos económicos, nacionales o extranjeros.

——————————-

* Sociólogo.
Artículo aparecido en www.libertaddeexpresion.uchile.cl.

Otro texto del autor sobre los efectos sociales de la autocensura, puede encontrarse en esta misma revista aquí.

X

Envíe a un amigo

Su nombre (requerido)

Su Email (requerido)

Amigo(requerido)

Mensaje

Añadir comentario