Tesis sipiana en Ecuador: “Nosotros no necesitamos de ninguna ley de comunicación”

Alberto Maldonado*
Mayoritariamente, el pueblo ecuatoriano aprobó hace más de un año (septiembre/2008) la nueva Constitución Política del Estado. En esa carta fundamental del Ecuador se establece, con meridiana claridad, que debe dictarse una ley orgánica de la comunicación; una disposición constitucional que por primera ocasión en la historia del país, manda que debe dictarse la ley para normar una actividad que, sin la menor duda, atraviesa toda actividad humana de estos tiempos.

Una ley “mordaza” que todavía no es ley
Simultáneamente a esta obligación constitucional, los grandes medios de comunicación del país (prensa escrita, redes radiales y canales abierto de televisión) abrieron un gran frente contra la ley, por propia conveniencia y siguiendo una vieja consigna de la SIP-CIA (la declaración de Chapultepec) Para ellos (y lo confiesan paladinamente, cínicamente) “la mejor ley en comunicación es la que no existe” Por algo estuvo en Ecuador, hace un par de meses, una delegación del más alto nivel de este organismo regional que fue fundado y que ha sido administrado por la CIA (un capitán del servicio de inteligencia, Jules Dubois, fue su fundador)

Esa delegación se reunió con representantes conspicuos no solo de la “aristocracia mediática” (con los dueños o testaferros de los diarios El Comercio de Quito y El Universo de Guayaquil, entre otros) sino con sectores del poder político, económico y social. Dejaron la consigna de oponerse a cualquier precio que el parlamento (Asamblea Nacional) apruebe un texto legal semejante; y, si ello era inevitable, tratar de que la susodicha ley sea “lo menos riesgosa posible”

Desde hace un par de meses, los principales diarios del país (con El Comercio de Quito, a la cabeza) no han cesado de publicar llamativos cintillos negros con frases como “respeto a los derechos humanos” y otros de este matiz.

El mismo Comercio ha publicado (y sigue haciéndolo) en página 2 del primer cuadernillo, unas crónicas periodísticas con entrevistas incluidas respecto de supuestos contenidos de supuestas noticias que no habrían sido posible publicarlas si se hubiese aprobado un proyecto de ley que fuera presentado hace meses por un asambleísta de la bancada gubernamental (el joven periodista Rolando Panchana) quien, “por haber vivido en las entrañas del monstruo” (fue reportero de televisión y de prensa escrita) pedía que la comisión especial del parlamento aprobase un artículo creando responsabilidades posteriores si estos transgredían derechos personales o de grupos sociales; un asunto que ya está establecido en el Código Penal ecuatoriano, desde hace años.

Los sipianos de Ecuador no tardaron en encontrarle inclusive un mote al proyecto de ley: “ley mordaza” rememorando viejos tiempos en los que, gobiernos del sistema (democráticos o dictatoriales) aplicaron sin contemplaciones no solo mordazas contra el periodismo libertario de esos tiempos sino además persecución, cárcel y hasta sicariato contra periodistas también libertarios, de los que van quedando pocos, muy pocos.

Pero el objetivo de estas semanas era “diabolizar” el proyecto y a sus autores. Para ello, dieron carta blanca en sus columnas informativas a todo lo que digan o dejen de decir los agentes contrarios a la ley. Verbi gratia: el asambleísta César Montúfar (tan popular el señor que le costó (¿) mucho esfuerzo y dinero conseguir una curul entre 124) no ha dejado de aparecer en el sistema sipiano, diciendo o haciendo cualquier cosa contra la ley. No por ello en un plano inferior, otros asambleístas opositores y periodistas identificados con la derecha recalcitrante, también han ocupado los lugares de privilegio de la información “objetiva” y de los comentarios “independientes”.
Y vaya que los medios sipianos han sido eficaces en esa campaña y en ese cometido.

Han echado mano a todo con tal de abortar, sesgar, manipular un cometido semejante. En el “mejor de los casos” aceptar a regañadientes una ley que no sirva para nada; que pretenda cambios para no cambiar nada. También vieja táctica de los sectores de poder cuando ven amenazados sus intereses. Por lo menos eso es lo que parece hasta hoy (diciembre/2009) por las actitudes asumidas por el propio Presidente del Parlamento, por algunos asambleístas del sector gubernamental y por ciudadanos y ciudadanas que presumían de revolucionarios.
No hay una política comunicacional apropiada
Solo el Presidente Rafael Correa se ha mantenido coherente en esta materia.

Volviendo al tema; parece que al promediar diciembre, por lo menos un grupo de asambleístas “revolucionarios” como que pretendían rescatar los bueno del proyecto de ley de comunicación que había sido redactado por la Comisión Especial y “dado de baja” por la oposición mediática, en medio de casi un júbilo generalizado ya que suponían que ese proyecto sería “archivado” y los medios seguirían siendo “libres y democráticos”, sin nadie que les vigile peor que les tome cuentas que nunca han rendido.

La idea prevaleciente en el sector mediático es la de que ellos y solamente ellos son los dueños absolutos de la “libertad de expresión” y todo lo que se haga por controlar siquiera las mentiras mediáticas, la manipulación informativa, los sesgos y las omisiones, es “contrario a la libertad de expresión”

No admiten siquiera que el propio Jefe de Estado, en sus alocuciones sabatinas, use el derecho que tiene al debate, al desenmascaramiento de las tergiversaciones y acusaciones que han vertido contra él ya no los pocos dirigentes opositores que todavía deambulan por el país sino los propios medios comunicacionales, a través de informes tergiversados o columnas de veneno que vierten todos los días. Como lo ha dicho el propio Presidente, las aclaraciones que debe hacer cada semana, “son insultos” a la prensa independiente; lo que ellos dicen o afirman, no; eso es un ejercicio de la “sagrada libertad de expresión”.

En este panorama –nada claro desde luego- los medios sipianos no recuerdan o no quieren recordar que hace un par de años, cuando Correa asumió el poder y siguió con su discurso antipelucón, los dueños o directores (as) de los grandes medios comunicacionales, congregaron obligatoriamente a sus servidores (as) y les dijeron que “de hoy en adelante” en el diario (o en la estación radial o en el canal televisivo) solo estaba permitido informaciones, comentarios, análisis en contra del Gobierno; y que quien estuviese en desacuerdo con esta nueva política empresarial, era libre de presentar su renuncia e irse” Nadie –que se haya sabido- se fue.

Y la señora directora del periódico, junta a una líder indígena de la derecha, apareció en primer página de su propio diario, apadrinando el nacimiento del movimiento opositor que pretende, vía revocatoria del mandato, salir de un jefe de estado tan incómodo. Para ellos.

La gran prensa sipiana tampoco quiere reconocer que, desde hace décadas, aplican al interior de sus salas de redacción una autocensura contra “sus enemigos” de clase (la ex Unión Soviética, Cuba, hoy Venezuela, Bolivia, Nicaragua) y que además tienen en sus escritorios una larga lista de “individuos” (periodistas) que están totalmente marginados de sus espacios de redacción. Estos solo pueden aparecer en sus columnas si cometen algún delito o infracción.
¿Es esa práctica de la “libre expresión” la que quieren defender los medios sipianos cuando se oponen tan tenaz y cínicamente a que haya en Ecuador una ley de comunicación que pretenda siquiera poner coto a tamañas prácticas?
 

*Periodista ecuatoriano