Tiembla en Los Andes, ¿se incendia Ecuador?

Alrededor de 800 trabajadores de la región amazónica ecuatoriana habían sido convocados ayer 13 de enero para marchar sobre Quito e impedir la toma de posesión del nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Luis Macas. La CONAIE y el Movimiento Pachakutik están al frente de las protestas y movilizaciones populares opuestas al rumbo que ha tomado el gobierno de Lucio Gutiérrez.

No son las únicas organizaciones rebeldes; debe sumarse a ellas el Frente Popular, el Seguro Social Campesino, el Movimiento Popular Democrático, partidos políticos y otras. La particularidad de de la movilización que partió de la ciudad de Puyo es que quienes se oponen a Macas apoyan al coronel Gutiérrrez y se movilizaban, en la tarde del 13, en buses proporcionados por el el gobierno. Tres funcionarios del régimen dirigen la operación, según voceros de CONAIE y de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza.

Las mismas fuentes adelantaron cerca del mediodía del jueves que el objetivo de la movilización es sembrar el caos con el objeto de intentar la división de las naciones originarias, para quebrar la más grande y reconocida organización indígena. En la CONAIE no hay dudas de que ésta es una operación montada desde el ministerio de Bienestar Social en obediencia a las instrucciones del Ejecutivo.

El ministerio de Bienestar Social -por boca de su subsecretario- señaló en más de una oportunidad que no reconocería a las nuevas autoridades indígenas, lo que para éstos constituye «abierta y dictatorial intervención» en sus asuntos internos.

Vale la pena recordar las recientes declaraciones del mencionado subsecretario en torno a que el Ministerio a su cargo no reconocería la legalidad de las nuevas autoridades indígenas. Estiman que se trata de «romper a la mayor organización social del país», lo que no tuvo éxito en el pasado Congreso» -manifestó Luis Macas.

Se teme este fin de semana -y a partir del lunes en especial- que se desate una ola de violencia en el país. CONADEI llama a las «organizaciones fraternas del mundo a rechazar esta operación del gobierno del coronel Gutiérrez y a desarrollar una acción urgente de solidaridad para evitar el derramamiento de sangre inocente».

Vivir el final

A cinco años de la dolarización en Ecuador la pauperización de los sectores populares se convierte en algo insostenible. El martes 11 de enero ante los integrantes del Foro Ecuador Alternativo (FEA) -básicamente docentes universitarios, economistas y empresarios y representantes de movimientos sociales- el reputado economista Rafael Correa señaló que en los últimos cinco años Ecuador ha pagado el equivalente a unos US$ 3.000 millones por el proceso de pérdida de soberanía monetaria: sobre un dos por ciento del PIB anual. La economía se sostiene por los precios alcanzados por el petróleo y las remesas de la población emigrante, ya que los índices de productividad son prácticamente nulos.

Ante semejante realidad el FEA llamó a una movilización nacional para destituir al presidente Gutiérrez (foto). Según el Foro Alternativo, los grupos económicos se han adueñado del poder político y el interés nacional ha sido postergado por los apetitos de unos cuantos, autoproclamados defensores de los derechos sociales.

El documento recuerda que la dolarización, provocó un desmedido encarecimiento del costo de vida, generó un creciente desempleo y no ofreció bases para el desarrollo del país.

Secuestro, jueces y más

En la Subsecretaría de Salud del Guayas un grupo de médicos rurales mantuvo retenido el miércoles -por varias horas- al ministro Teófilo Lama, como forma de presión para conseguir la firma del contrato colectivo en el área. Los trabajadores de la Salud exigen las asignaciones presupuestarias legales y la restitución de los derechos laborales que están congelados desde 2004.

«Ecuador es un país soberano que toma sus decisiones respetando la Constitución. Así como nosotros no intervenimos en asuntos internos de otros países, igualmente exigimos el total respeto a nuestras decisiones», fue la respuesta de Gutiérrez a la ONU, que manifestó preocupación por el métodos y procedimiento gubernamentales para la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo Supremo Electoral. También la embajada de EEUU, en un confuso episodio, expresó su preocupación por la situación jurídica de Ecuador, aunque el ejecutivo negó que se le haya hecho llegar tal inquietud.

El primer mandatario defendió los mecanismos que utilizó el Parlamento para la reorganización y reiteró que las críticas provienen de «la oligarquía». Agregó que no era efectivo que la embajadora estadounidense Kristie Kenney, hubiera hecho algún comentario oficial negativo sobre la situación jurídica del país y menos que haya expresado su preocupación por la vigencia del sistema democrático. No obstante el mismo martes 12 de enero el agregado de prensa de la embajada de EEUU dijo que el gobierno de su país «está preocupado» por la situación jurídica de Ecuador, recordando que un comentario de este jaez había sido hecho por la embajadora Kenney en diciembre próximo-pasado.

No vigencia de los derechos ciudadanos

La caótica situación institucional ecuatoriana tiene una manifestación innegable: el abuso de las fuerzas policiales sobre la población. Un caso flagrante -que movilizó a Amnistía Internacional (AI) y otros grupos de defensores de los derechos humanos- se produjo en noviembre de 2003. El 19 de ese mes fueron detenidos Johnny Gómez Balda, Cesar Augusto Mata Valenzuela y Edwin Daniel Vivar Palma por el presunto asalto a una farmacia en Guayaquil.

Johnny Gómez alcanzó a enviar a su mujer el siguiente mensaje, según AI: «Estoy en los patios de la P.J. [Policía Judicial] metido en un carro rojo, ven, entra hasta el fondo, me van a matar … » Fueron la última señal de vida del detenido. Ni a él ni a los otros nadie los ha vuelto a ver. Otras ocho personas murieron durante el operativo policial operativo ejecutadas por la Policía.

En Octubre de 2004 todos los oficiales implicados fueron absueltos por una investigación policial; la investigación iniciada por los tribunales está detenida. «La historia (de este caso) es sólo una muestra más del patrón de impunidad que persiste en Ecuador. El uso de juzgados policiales en los crímenes contra los derechos humanos es la piedra angular que soporta ese patrón,» dijo hace un año Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional.

La presión colombiana

El secuestro en Ecuador del dirigente de la guerrilla colombiana, comandante Simón Trinidad -tanto como el de Granda Escobar en Venezuela en diciembre pasado- arroja luces inquietantes sobre el claroscuro de la intervención directa de EEUU -a través de Colombia- en los asuntos internos de los países latinoamericanos.

Colombia se ha convertido en el «portaaviones» terrestre y en la cabeza de puente del Pentágono en América del Sur. A cambio recibe como ayuda económica para fines militares -además de pertrechos y entrenamiento de tropas- sólo comparables a Israel.

En el caso de Trinidad llamó poderosamente la atención que se hiciera pública la intervención de la CIA y de los aparatos de espionaje y militares colombianos en Ecuador. Justo cuando el presidente Gutiérrez reivindicaba el mérito de la captura del guerrillero, los servicios de espionaje colombianos -con la venia de sus similares estadounidenses- declararon que había sido una «operación conjunta» en la que habían participad fuerzas ecuatorianas como apoyo y bajo la supervisión de la CIA.

En estos días las relaciones colombo-venezolanas se han puesto tensas, al no poder negar por más tiempo Caracas la intervención colombiana en el secuestro de Escobar Granda el 11 de diciembre recién pasado. Por su parte Brasilia observa con suma atención los desplazamientos militares y guerrilleros en su frontera amazónica.

Cabe señalar que Brasil debió comprar helicópteros y otro armamento para vigilar esta enorme área; otro tanto hizo el gobierno de Chávez.