Tregua a migrantes; frenan la ley Arizona. ¿Victoria de Obama?
surysur y agencias
La decisión de una juez de bloquear las partes sensibles de la ley antinmigrantes de Arizona "ratifica acertadamente" que el gobierno federal es el encargado de hacer cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos, afirmó el gobierno de Barack Obama.
La decisión, que se produjo un día antes de que entrara en vigor la ley en el estado fronterizo con México, "ratifica acertadamente la responsabilidad del gobierno federal de velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración del país", dijo Matt Chandler, portavoz del Departamento de Seguridad Interior.
La juez federal de Phoenix, Arizona, Susan Bolton, dejó sin efecto las partes controversiales de la ley SB 1070, incluida aquella que generaba mayores críticas: que la policía corroborara el estatus migratorio de toda persona sospechosa de estar en el país sin documentos.
Chandler afirmó que el Departamento de Seguridad Interior “velará por el cumplimiento de las leyes federales de inmigración en Arizona y en todo el país de manera sensata y eficaz, enfocando los recursos a luchar contra los criminales extranjeros (…) y los empleadores de ilegales”.
El portavoz indicó que el gobierno está comprometido con la seguridad fronteriza y recordó que en la zona se dispondrán nuevos recursos y agentes de seguridad, que serán respaldados con el despliegue por un año, a partir del 1º de agosto, de mil 200 soldados de la Guardia Nacional.
La ley SB1070, impugnada judicialmente por el gobierno de Obama y grupos de defensa de latinos, y rechazada por numerosos países de América Latina, entró en vigor este jueves sin las disposiciones que en la práctica hacían que por primera vez se declarara la inmigración ilegal como delito estatal en Estados Unidos.
El gobierno de Obama seguirá trabajando con el Congreso hacia una reforma migratoria integral que "brinde seguridad real y establezca responsabilidades y rendiciones de cuentas en nuestro sistema migratorio a escala nacional", agregó Chandler.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo poco después que presentará una apelación para restaurar las previsiones de la ley, que contaba con amplio apoyo popular pero tenía la oposición de Obama y de grupos de derechos humanos e inmigrantes.
"Esta lucha está lejos de terminar", dijo Brewer. "Al final de lo que seguramente será una prolongada batalla legal, Arizona prevalecerá en su derecho de proteger a sus ciudadanos", agregó.
La legislatura estatal de Arizona, de mayoría republicana, aprobó en abril la ley con que se pretende sacar del estado a casi medio millón de inmigrantes ilegales, así como detener el tráfico de drogas y humanos a lo largo de la frontera con México.
La juez de distrito Susan Bolton bloqueó, entre otras, la parte de la ley que requería que la policía determinara el estatus de inmigración de una persona detenida o arrestada si un oficial considera que ese individuo no está en el país de forma legal. Hasta ahora, esas acciones están reservadas a los agentes migratorios, con excepciones.
La juez también retuvo la norma que exigía a los inmigrantes portar sus documentos en todo momento y la que consideraba delito que los trabajadores sin papeles de inmigración buscaran empleo en lugares públicos.
En Estados Unidos hay una cifra estimada de 10.8 millones de inmigrantes ilegales, en medio de una población de más de 300 millones de personas.El Departamento de Justicia estadounidense argumentó que las previsiones de la ley, de entrar en vigor este jueves, invadían la autoridad federal sobre la política de inmigración y su cumplimiento.
En su veredicto de 36 páginas, Bolton escribió que "la corte también considera que es probable que Estados Unidos sufra daños irreparables" si el tribunal no bloqueaba las partes seleccionadas de la ley. "La cantidad de solicitudes que emanarán de Arizona como resultado de determinar la situación de cada arrestado probablemente pondrá un peso impermisible sobre los recursos federales y alejará a las agencias federales de las prioridades que han establecido", declaró.
Bolton mantuvo algunas partes de la ley, incluidas las que consideran ilegal que los conductores recojan a trabajadores indocumentados en las calles y que transporten o resguarden a esos inmigrantes.