Un año lamentable en Brasil, incluso para los golpistas/ A Temer lo abandonan sus socios

Mario Osava

Este 2016 será un año recordado sin nostalgia por los brasileños, incluso por la mayoría triunfante en el proceso de inhabilitación de Dilma Roussef, culminado con la destitución de la ahora expresidenta el 31 de agosto. Poco tiempo tuvieron los nuevos gobernantes para festejar la conquista del poder, desde el 12 de mayo, inicialmente en forma interina y luego de manera plena, al culminar el juicio político en el Senado contra la izquierdista Rousseff, la primera mujer en gobernar este país, desde 2011.

El 23 de mayo, 11 días después de asumir como nuevo presidente, el conservador Michel Temer perdía su brazo derecho, el senador Romero Jucá, obligado a renunciar al Ministerio de Planificación, al difundirse un diálogo con un colaborador de la justicia en el escándalo de corrupción en Petrobras, la empresa petrolera estatal.

“Hay que cambiar el gobierno para detener esa sangría”, planteó, refiriéndose a la avalancha de denuncias y condenas, incluso a prisión, de decenas de políticos y empresarios involucrados en la desviación de dineros de los negocios petroleros.

Desde entonces renunciaron otros seis colaboradores directos de Temer por escándalos diversos. El último, en noviembre, fue Geddel Vieira Lima, también hombre clave del presidente como su ministro de Gobernación.

Acusado de presionar a su colega de Cultura, Marcelo Calero, para legalizar un edificio en construcción donde tenía interés personal, como comprador de un departamento, Vieira renunció. La obra había sido embargada por denunciados daños al patrimonio histórico de Salvador, capital del estado nordestino de Bahía.

Las previsiones son que tampoco el nuevo gobierno se sostendrá hasta el último día de 2018, cuando termina su período. Su remanente núcleo central, incluido el presidente, está involucrado en denuncias de Odebrecht, que decidió colaborar con las investigaciones judiciales sobre la ola de corrupción, de la que es probable campeón.

El conglomerado empresarial, que comprende las mayores constructora y petroquímica del país, además de ramificaciones en la industria bélica y energética, promovió que 77 de sus directivos y exdirectivos pasasen a colaborar con la justicia.

El primer testimonio trascendido apunta a 48 políticos, la mayoría diputados y senadores, como receptores de los sobornos que pagó la empresa para obtener contratos y prebendas en las leyes aprobadas en el legislativo Congreso Nacional.

Entre los denunciados, el mismo Temer, que habría negociado cerca de unos tres millones de dólares para las campañas electorales del ahora gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Además dos de sus hombres fuertes, el ministro jefe de la Casa Civil (secretaría de la presidencia), Eliseu Padilha, y el secretario del Programa de Inversiones y Privatizaciones, Wellington Moreira Franco, están involucrados en los sobornos de Odebrecht, pagados con sobreprecios en los proyectos obtenidos del Estado.

El Congreso, protagonista de la destitución de Rousseff, tiene a sus principales líderes entre los acusados y soporta los peores índices de rechazo popular de su historia. Su presidente, el senador Renán Calheiros, que ya responde a 12 procesos judiciales, casi todos por corrupción, fue nuevamente citado por dirigentes de Odebrecht.

Pero el juicio de miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo difícilmente ocurrirá antes de que termine el mandato de la mayoría a fines de 2018. Las autoridades de los tres poderes democráticos solo pueden ser juzgadas por el Supremo Tribunal Federal (SFT), cuya tradicional lentitud se acentuará por la catarata de casos.

El mismo sistema judicial, que ganó popularidad como campeón del combate a los corruptos, también termina 2016 con su reputación resquebrajada, acusado de arbitrariedades en sus acciones y de adueñarse de recursos públicos, brindando a sus miembros “supersalarios” que sobrepasan los límites constitucionales impuestos.

El juez Sergio Moro, que conduce la Operación Lava Jato (lavado de automóviles) que investiga la corrupción en Petrobras, se convirtió en un héroe nacional, así como los fiscales del Ministerio Público que integran un especial grupo de tarea investigativo.

Pero algunas de sus decisiones, como obligar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) a ser interrogado bajo “coerción” y difundir diálogos de Rousseff cuando aún era presidenta, obtenidos mediante ilegales escuchas telefónicas, dividieron el mundo jurídico.

Tambien reforzaron la campaña del ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT) de que Rousseff fue víctima de un “derrocamiento” mediante un “golpe parlamentario”.

Además, la iniciativa de los fiscales de proponer una ley con “10 medidas contra la corrupción”, respaldada por más de dos millones de firmas, generó un conflicto con el Poder Legislativo.

La Cámara de Diputados modificó algunas de las propuestas centrales del proyecto y lo volvió un bumerang contra sus promotores, al incluir castigos para jueces y fiscales que cometan “abusos de autoridad”. El propósito sería frenar la agresividad de las investigaciones sobre corrupción.

Por si fuera poco, el mismo STF también concluye 2016 sumergido en controversias y divisiones internas que debilitan su autoridad como guardián de la Constitución.

Decisiones cautelares de algunos de sus “ministros” (magistrados), como la suspensión del presidente del Senado, no acatada por esta cámara y rechazada dos días después por la plenaria del STF, fueron duramente criticadas por otros de sus 11 miembros.

La economía también tuvo un pésimo año, con una caída del producto interno bruto estimada en 3,5 por ciento, muy similar a 2015, cuando se derrumbó en 3,8 por ciento.

Con más de 12 millones de personas desempleadas, a los que se suman los millones de quienes ya desistieron de buscar trabajo, la situación en este país latinoamericano de 204 millones de habitantes, puede derivar en convulsiones sociales, al agravarse por la quiebra de algunos gobiernos estadales.

Los funcionarios públicos del estado de Río de Janeiro, a excepción de profesores y policías, reciben sus sueldos con más de dos meses de atraso y en entregas parciales. En al menos tres de los 26 estados brasileños se declaró la “calamidad financiera” para buscar soluciones.

Pese al contexto adverso, la baja popularidad del gobierno nacional y la ofensiva anticorrupción que llevó a prisión incluso al poderoso expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el parlamento operó con diligencia este año, en los temas económicos y en la destitución de Rousseff.

La alianza de una amplia mayoría con el gobierno de Temer permitió la rápida aprobación de la enmienda constitucional que congela el gasto público en los próximos 20 años, con presupuestos que solo podrán incrementarse en el porcentaje de subida de la tasa de inflación del año anterior.

Es la pieza clave del ajuste fiscal impulsado por el controversial ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.

Pero será más difícil que el próximo año se apruebe la planteada reforma del sistema de previsión social para reducir su déficit, alargando la edad de jubilación, reduciendo las remuneraciones e incrementando las contribuciones. También requiere una enmienda constitucional, con al menos 60 por ciento de los votos de diputados y senadores.

Al afectar más visiblemente la vida y los derechos de toda la población, las resistencias y protestas populares contra la medida ya comenzaron.

El avión boliviano que cayó el 28 de noviembre en la ciudad colombiana de Medellín y ocasionó la muerte de 71 personas, de ellas 19 futbolistas del Chapecoense, un modesto equipo del sur de Brasil, selló 2016 como un año trágico para Brasil.

La excepción feliz fueron los Juegos Olímpicos, disputados en Río de Janeiro en agosto, alabados por su organización y el buen desempeño de los atletas brasileños, en especial en los Juegos Paralímpicos del mes siguiente.

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Anexo 1

A Temer lo abandonan sus socios    
Dario Pignotti | Cada vez son más los que piden elecciones anticipadas en Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva auguró un feliz 2017 sin Michel Temer en la presidencia para la que no fue votado, ni lo sería si se convocara a elecciones. “Vamos a tener que pensar en un presidente electo por el pueblo, en anticipar las elecciones, la solución viene con más democracia” y para ello será necesaria una reforma constitucional que autorice el llamado a las urnas.
Según sondeos de consultoras privadas Lula se afianzó como el político con más intenciones de voto, con entre el 24 y 26 %, distanciándose de la ambientalista Marina Silva, que aparece segunda.

Y es posible que conforme se agrave la recesión y las evidencias de la corrupción de Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) la popularidad de Lula siga en alza.

El video del expresidente fue subido a las redes sociales prácticamente a la misma hora que Temer coordinaba una reunión de emergencia con su ministro de Hacienda Henrique Meirelles, que debió suspender su estancia en Nueva York.

Sucede que el gobierno surgido por fuera de la democracia tampoco demostró eficacia en la reanimación de la economía, como prometió Temer a las entidades empresariales cuando les presentó su programa bajo el nombre “Un puente hacia el futuro”.

Los números del año que se va, y después de siete meses de gestión temerista, son calamitosos: 3,5 % de recesión, 12 millones de desocupados, caída del 5 % de las ventas navideñas y colapso de las administraciones provinciales, con Río de Janeiro en estado terminal.

Monica de Bolle, economista ligada al tanque de ideas Milenio que abasteció a los agitadores del golpe contra Dilma Rousseff, admitió ayer que en 2017 el Producto Bruto volverá a caer contradiciendo al Ministerio de Hacienda que proyecta un avance del 1 %.

El Banco Santander, que es menos lulista que la señora Bolle, estimó que la desocupación seguirá creciendo en los próximos meses cuando afectará a 13 millones de trabajadores.

Atento al hundimiento económico Lula, de saco gris y expresión distendida, dedicó el grueso de su intervención a proponer una salida del pozo.

“Brasil depende mucho, pero mucho de su mercado interno, es necesario prestar dinero al pueblo, el país tiene que volver a discutir desarrollo y crecimiento, y el Estado tiene que ser el inductor”, planteó el líder del PT.

La torta de Temer

El año se cierra con la crisis agravada y el presidente ninguneado hasta por sus (¿antiguos?) aliados como Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, quien comparó al “puente hacia el futuro” de Temer con una “tinguela”, es decir una pasarela de palo que puede venirse abajo con el primer soplo de viento. Y luego sugirió, en una infrecuente coincidencia con Lula, que se convoque a elecciones, propuesta que también formuló el ultraderechista senador Ronaldo Caiado, del Partido Demócratas.

Solemne y rebuscado en su forma de hablar, Temer ve como lo abandonan sus socios del PSDB y Demócratas, y su figura, que nunca fue popular, suele tornarse motivo de risa.

Los memes dedicados al gobernante estuvieron al tope de las mediciones en Internet el miércoles luego de que se supo que había encargado la compra de 1,5 toneladas de torta de chocolate para ser servidas en sus viajes de avión.

En el mismo  llamado a licitación por 540 mil dólares sólo para los viajes oficiales se incluían otras exquisiteces como 500 potes del carísimo helado importado Haagen-Dazs. La noticia se conoció días después de que dijera que como “regalo navideño” la jornada laboral subirá a 12 horas diarias y se reglamentará la tercerización.

Ajuste contrarreloj

A Temer le corresponde aplicar un modelo similar a los impulsados por los expresidentes neoliberales Fernando Collor de Mello (1990-1992) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).

La enmienda constitucional PEC 55, aprobada este mes, que congela por 20 años los recursos destinados a salud y educación es, de algún modo, la prolongación de la Ley de Responsabilidad Fiscal pergeñada por Cardoso, para garantizar que el Estado priorice el pago de intereses de la deuda a la construcción de escuelas.

Y el desguace al que es sometida Petrobras sumado a la entrega de campos petroleros a compañías multinacionales actualiza la utopía regresiva de Cardoso, que en su segundo mandato propuso que la empresa estatal cambie su marca por la de Petrobrax, con una “x” que la haría más atractiva a los inversores extranjeros. Para muchos, incluso Dilma Rousseff, la “x” de Petrobrax era un paso hacia la privatización.

Volvamos a Temer: si bien su proyecto es una copia más o menos actualizada del que gestionaron Collor y Cardoso, su falta de legimidad electoral limita su autoridad, y es por eso que no logra disciplinar ni a sus correligionarios del PMDB.

El caso modelo es Río de Janeiro cuyo gobernador, el pemedebista Fernando Pezao, declaró el “estado de calamidad económica” antes de hacerle saber a Temer que será difícil poner en práctica el ajuste ordenado por Brasilia.

En la provincia más brasileña, que es Río donde se mezclan rasgos de un país pleno de diversidades, no hay fecha para el pago del aguinaldo de los empleados públicos, volvieron los saqueos en la playa, los “arrastoes” de los muchachos que bajan de las favelas, y al Cristo Redentor se la cae la pintura y se corta la luz por falta de mantenimiento.

Como su función es desinformar la cadena Globo no televisará los posibles “arrastoes” del sábado cuando más de un millón de personas se volcarán a la playa para recibir el Año Nuevo que tendrá 4 minutos menos de fuegos artificiales por falta de presupuesto. También habrá menos policías en las comisarías porque el Sinpol (gremio de la policía de investigaciones) votó el martes un paro de brazos caídos y ayer la Asociación de Policías Militarizados, a los que les corresponde patrullar Copacabana e Ipanema, recomendó suspender los festejos ante el riesgo de que la situación se salga de madre.