Una ley argentina resiste en la larga marcha hacia la democracia mediática
APM*
La presidenta misma celebró que la Corte Suprema no haya sucumbido a las presiones del oligopolio mediático, mientras una novedosa organización política se manifestó contra el “golpismo” de las corporaciones de la palabra y de la imagen
La presidenta Cristina Fernández evaluó en forma positiva el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Medios. La mandataria envió sus comentarios desde Alemania, donde la semana pasada inauguró la Feria del Libro de Frankfurt, a través de la red social Twitter, a tono con las opiniones de varios funcionarios nacionales.
“Buena noticia, los fallos de la Corte no los redacta (Héctor) Magnetto. Tampoco los firman (Joaquín) Morales Solá ni (Eduardo) Van der Kooy”. La presidenta Cristina Fernández reivindicó así el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la plena vigencia de la Ley de Medios y le puso un límite a la cautelar que mantiene suspendido el plazo de desmonopolización para el Grupo Clarín. Los citados son el principal ejecutivo de la empresa monopólica en cuestión y dos periodistas devenidos furibundos voceros de las corporaciones mediáticas y de la derecha que coquetea con la justificación de los crímenes de lesa humanidad, cometidos por la última dictadura militar.
El Grupo Clarín, con la complicad de buena parte de las camarillas del Poder Judicial, intenta no acatar la nueva ley que rige el espacio radioeléctrico y televisivo, aprobada por el Congreso Nacional.
El comentario presidencial estuvo alineado con la interpretación que horas antes había realizado Néstor Kirchner y que ayer reforzaron ministros y funcionarios del gabinete nacional. Todos ellos evaluaron como un “avance” el fallo del máximo Tribunal, que reconoció la vigencia de la norma sancionada en octubre de 2009.
El artículo que se encuentra bloqueado por el amparo solicitado por Clarín estipula que las empresas no podrán detentar más de diez licencias entre radio y televisión para evitar la conformación de monopolios mediáticos. Para ello establece el plazo de un año para que se desprendan de algunas licencias en caso de que superen la cantidad que dicta la norma. La espera del fallo de la Corte sobre la vigencia del amparo motivó una multitudinaria movilización de organizaciones sociales, políticas y culturales frente a los Tribunales para que garanticen su vigencia plena.
El presidente de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, señaló que “Clarín consiguió con este fallo ganar tiempo con respecto a ese aspecto de la ley. Nosotros vemos con mucha expectativa otras interpretaciones que hace el fallo con respecto a esa industria de medidas cautelares”.
En la misma línea que la presidenta, Mariotto afirmó que el pedido de la Corte para que se fijara un “límite razonable” al amparo “le pone un límite a esa industria, que es absolutamente funcional a los intereses de los grupos que no quieren adecuarse a la ley y quieren seguir bajo el imperio de la ley propia”. El funcionario –quizá la personalidad política del país más activa en favor de la democratización de los medios– agregó que “no cubre el fallo de la Corte nuestras expectativas de dejar fijo el año” para desprenderse de las licencias que superen el tope impuesto por la ley, pero resaltó a su vez que advierte que “la validez de la desinversión forzada no es materia sometida a la decisión de esta Corte, sino el plazo de un año para cumplirse”.
“El fallo es un aviso para decirles que no se pueden seguir manejando con medidas cautelares y quiere decir que la ley está vigente y que vamos a seguir avanzando”, explicó por su parte el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha. La Corte Suprema “declaró que la ley está vigente en general, incluido el artículo 161, salvo para el demandante que hizo el planteo (el Grupo Clarín) exclusivamente”, detalló Da Rocha al brindar su interpretación de la opinión de los magistrados que componen el máximo tribunal.
Otra voz que se escuchó fue la del subsecretario de la Presidencia, Gustavo López. “El fallo es técnicamente impecable, jurídicamente correcto, marca la independencia de ese poder del Estado, pero uno anhelaba otra cosa, hubiera preferido otro tipo de fallo, como que la Corte hubiera intervenido ya y no que se lo devuelva al juez”, dijo López. De todas maneras, destacó también el punto en el que los magistrados le dicen al juez “que resuelva en plazo perentorio” la cuestión, para que la medida cautelar “no se convierta en una triquiñuela jurídica que dilate esto tres o cuatro años”.
En tanto, en la ciudad de Mendoza, la Corriente por una Comunicación Nacional y Popular (CCNP) convocó la semana pasada a un acto callejero, en repudio a Arturo Guardiola, directivo del diario Los Andes, centenario en esa provincia y actualmente propiedad del Grupo Clarín, tras haber sido designado como responsable de “libertad expresión” de ADEPA, la cámara patronal periodística que históricamente se alineó con cuanta dictadura tuvo lugar en este país y en América Latina. Guardiola fue funcionario del último régimen de facto, responsable de miles de crímenes de lesa humanidad.
“El Grupo Clarín cerró las puertas de Los Andes porque tiene miedo. Creen que vamos agredirlos, pero en realidad somos nosotros los que tenemos miedo, porque un ex funcionario de la dictadura ocupa un cargo desde donde tiene que defender la libertad de prensa”, lanzó durante el acto de repudio Ernesto Espeche, director de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo y dirigente de la CCNP.
La Corriente es un espacio encabezado por Gabriel Mariotto y se propone como herramienta política, desde el desarrollo de la comunicación popular, para intervenir decididamente en la consolidación del proyecto de país que encabezan la presidenta y el ex presidente Néstor Kirchner.
“Nos parece demasiado sintomático que como abanderado de la libertad de prensa esté alguien que participó de la última dictadura”, cuestionó Espeche, quien a su vez pidió enérgicamente a Los Andes que “abra las puertas a la democracia”.
Además de la corriente que lidera Mariotto, en la protesta también participaron varias organizaciones sociales y políticas. Entre ellas, el Sindicato de Prensa de Mendoza, el Movimiento Evita y la Juventud Peronista. También adhirieron los sindicatos docentes a nivel nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); y su correlato local, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).