Uruguay. – LOS ARCHIVOS DEL TERROR

Los militares consideraron inconveniente y lo archivaron. Y eso que se trataba de apenas un pañuelo blanco con flores, barato y ordinario. Era uno de los presentes enviados por un grupo de solidaridad suizo, a las detenidas políticas uruguayas en la Navidad de 1982. Quedó guardado en el archivo de Relaciones Exteriores con una nota del coronel Ariel de Vecchi, en la que se lee: «a las presas, regalos, no».

Después de 23 años, el profesor de historia Oscar Destouet encontró aquel pañuelo mientras consultaba ese archivo. Cuando el gobierno del Frente Amplio se enteró del hallazgo, decidió hacer un acto especial. El 19 de junio de 2005, las máximas autoridades de la Cancillería homenajearon a Mabel Lamadrid, presa durante la dictadura, ex militante del Congreso Obrero Textil y destinataria del regalo, aunque ella nunca se enteró. Ahora, por decisión de Lamadrid, pasó a integrar la colección del Museo de la Memoria.

Se habló de que se trataba de un acto simbólico con el que el gobierno pretendía marcar un cambio de rumbo en el tratamiento de los archivos de la dictadura. Era la primera vez que un gobierno democrático reconocía oficialmente su existencia. Y parecía el momento indicado para ponerse a trabajar en ellos. Dos años más tarde, los archivos sólo fueron abiertos en parte, arbitrariamente, y aún no está claro qué hacer con tanta información.

Hay tres ministerios que contienen archivos con documentos de la represión: Relaciones Exteriores, Defensa e Interior. En los tres se pueden encontrar documentos similares. Guardan registros de grabaciones telefónicas clandestinas; conversaciones que mantenían los presos con los familiares en las visitas; partes y fotografías que detallan los seguimientos de Inteligencia (espionaje) a personas y organizaciones. También se pueden encontrar las transcripciones de interrogatorios, muchos matizados por sesiones de tortura.

Los archivos policial y militar contienen, además, el registro de la Constancia de fe democrática, que clasificaba a los ciudadanos en tres categorías según los antecedentes políticos y el compromiso con el «proceso cívico militar». A los que entraban en las categorías B y C se los vigilaba permanentemente y no podían trabajar dentro del Estado. Inteligencia Policial fichó a más de 300.000 uruguayos en estas categorías. Su nombre y su ficha correspondiente pueden estar en ese archivo.

Cada uno de los responsables de los archivos hace, básicamente, lo que quiere con esos documentos. La ministra de Defensa, Azucena Berrutti, decidió guardar los archivos militares en una habitación lacrada a la que sólo pueden acceder dos personas de su confianza. Mientras, en Cancillería las autoridades decidieron crear un grupo de técnicos encargados de permitir el acceso a víctimas, familiares e investigadores, y el archivo policial está abierto a medias, sin inventario ni profesionales a cargo.

¿Está bien que se abra a todo el mundo una información que se obtuvo con métodos represivos, en algunos casos bajo tortura? ¿Cómo saber si es información exacta o si contiene tergiversaciones? ¿Qué hacer con los documentos que ventilan detalles sobre la vida privada de los indagados? La polémica rodea a esas preguntas.

Algunos ni siquiera descartan la posibilidad de destruir los archivos. Es todo un tema dentro del Partido Nacional, que analiza interpelar a la ministra Berrutti por este asunto. A los blancos les preocupa lo que se haga con la información que hay allí. Les da recelo que el gobierno use esos documentos de forma sesgada, para sacar rédito político. Y les molestó mucho la decisión de la ministra de Defensa de permitir que sólo tengan acceso dos personas elegidas unilateralmente y con una participación directa en el bando más damnificado en la guerra sucia que prologó la dictadura.

Los blancos llegan a decir que nadie les garantiza que el gobierno no «destruya» directamente los documentos que no lo favorezcan. Por eso proponen crear una especie de «comisión para la paz» que sea la encargada de analizar los archivos de Defensa. En el Consejo de Ministros del 27 de diciembre, la ministra Berrutti informó que el presidente Vázquez aceptó la idea de crear una comisión interpartidaria que trabaje sobre los archivos de la dictadura, aunque todavía no se formó.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, es uno de los que no descarta la posibilidad de «destruir» toda la información. «Puede quizás, en alguna tesis, elevarse a la Suprema Corte de Justicia para que haya una especie de manejo de esa información o bien disponerse la destrucción total de la misma porque también hay que ver qué verosimilitud puede tener todo eso en función del origen de la misma y de cómo se obtuvo».

No es una visión tan alejada de la de José Mujica. Dentro de la misma línea de pensamiento que expresa cada vez que se habla del período de la dictadura, el ministro de Ganadería cree que tienen que «morir» todos los «involucrados directos» para que se abran los archivos al público porque «tienen cosas muy jodidas» de personas vivas.

Mientras el sistema político sube los decibeles de la polémica, la opinión de los historiadores no deja lugar a dudas. «Es una locura hablar de destruir un archivo. Hay que conservarlos y abrirlos al público. Es una posición unánime entre los colegas» señala la historiadora Vania Markarian, integrante del grupo de investigación designado por Presidencia de la República para dar cumplimiento al artículo cuarto de la Ley de Caducidad.

Este grupo, integrado por 16 especialistas, trabajó con 19 archivos, 14 uruguayos, que incluyen los documentos de Relaciones Exteriores, el archivo policial y el de la Comisión para la Paz. También consultaron los Archivos del Terror de Paraguay, los del Ministerio del Interior de Chile y de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. El resultado de ese trabajo se presentó el cuatro de junio y se puede consultar en la colección de cinco tomos sobre Detenidos Desaparecidos.

La historiadora espera que con la reglamentación de la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, aprobada en diciembre, se dé un marco institucional acertado para preservar todos los archivos, no sólo los que pertenecen al período dictatorial. Esta ley establece pautas únicas a nivel de todo el país para gestionar los archivos nacionales.

La voz de los historiadores parece fundamental, por ejemplo, para tomar decisiones sobre cómo tratar el archivo de un régimen dictatorial. Markarian señala que a nivel internacional hay ejemplos de sobra para analizar. Cuenta que a los archivos que identifican a las personas con su nombre, se les llama «nominativos». Y que para respetar la privacidad de los involucrados, se suele establecer un periodo de tiempo dentro del cual la persona mencionada y sus descendientes tienen derecho a decidir si permiten que se difunda esa información. Luego se vuelve información pública.

No hay que ir demasiado lejos para encontrar otros ejemplos. Markarian cita el caso de la Policía de Buenos Aires, que decidió tachar los nombres que aparecen en los archivos y, de esta forma, divulgar los documentos sin identificar a los protagonistas. Pero el debate por ahora sigue limitado al sistema político.

El espionaje del Servicio Exterior

Cuando llegó la izquierda al poder, el Ministerio de Relaciones Exteriores aplicó una política de puertas abiertas con sus dos archivos: el Histórico Diplomático y el Administrativo. Fue una decisión tomada al más alto nivel con el objetivo expreso de «difundir la documentación pública existente en los archivos referentes a la violación de derechos humanos durante la dictadura».

Además, es el único ministerio que tiene sus archivos en manos de técnicos. El 17 de mayo de 2005 se creó un grupo de trabajo formado por los especialistas archivólogos Juan José Ortiz, Mariela Cornes, Álvaro Corbacho y la bibliotecóloga Silvia Belli. La primera medida que tomaron fue ponerse en contacto con las organizaciones de derechos humanos para anunciarles que la información de la dictadura estaba disponible para la consulta.

Los documentos que durante décadas estuvieron escondidos, hoy son material de fácil acceso para investigadores, que tienen que pedir una autorización previa al ministro Gargano. Una vez que se cumple con ese requisito, pueden consultar el archivo en un horario extendido, de lunes a viernes de 10.30 a 17.30. En el último año, 11 organizaciones de derechos humanos se acreditaron para acceder al material. Además, el archivo recibió a más de 117 particulares. Lo consultan personas con intereses muy variados, desde exiliados que quieren saber qué documentos hay sobre ellos a historiadores. También recibe pedidos de los interesados en ampararse a la ley 18.033, que repara los derechos jubilatorios de los que puedan demostrar que estuvieron presos o exiliados durante la dictadura.

«No es el perfil de investigador típico. Acá recibimos pedidos de todo tipo. Sin olvidar a la Justicia «, cuenta Cornes, quien trabaja en el archivo administrativo. Cornes señala que también recibieron cinco solicitudes del Poder Judicial, por ejemplo en las causas abiertas por los denominados comúnmente primer y segundo Vuelo, en los que se trasladó presos políticos a través del Río de la Plata. Además , en 2006, el juez argentino Daniel Rafecas solicitó información para la investigación sobre los crímenes cometidos en Automotores Orletti en 1976.

La información del archivo de Relaciones Exteriores «fue un factor determinante» en el procesamiento de Juan María Bordaberry, sostiene Destouet. Sobre todo por la cantidad de material que consiguieron sobre Zelmar Michelini. «Dijeron que no había nada de Michelini y estaba todo: transcripciones telefónicas con un funcionario de la embajada uruguaya en Buenos Aires; la cancelación de su pasaporte, junto al de Héctor Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira; un seguimiento minuto a minuto, cuando Michelini se iba al aeropuerto de Ezeiza, supuestamente a tomar un vuelo a Estados Unidos y el pedido uruguayo para que las autoridades argentinas le cortaran el paso» cuenta Destouet, que fue el primer investigador que logró acceder al archivo.

Los documentos que reflejan la represión forman parte de los documentos de Relaciones Exteriores pero no están separados de otros relacionados con el turismo a las exportaciones de carne. Es el registro de la actividad general del ministerio a lo largo de la historia.

Gran parte del material más «comprometedor» consiste en seguimientos secretos a personas y a instituciones, desarrollados por el Servicio Exterior en el mundo. Las propias embajadas se encargaban de las tareas de espionaje y, para ello, utilizaban un criterio muy amplio. Hasta se llegó a investigar a la Arquidiócesis de Nueva York, a la que catalogaron como «fachada del comunismo internacional» por preguntar por algún detenido, cuenta Destouet.

En 2008, la Dirección de Derechos Humanos del MEC tiene previsto trabajar para conseguir que el archivo de Cancillería sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación y, de paso, pedirán a la Unesco para que lo declare Patrimonio Histórico de la Humanidad , como lo son los documentos encontrados en una comisaría de Asunción, que después se convirtieron en los Archivos del Terror.

Ortiz, jefe del archivo Administrativo, cuenta que comúnmente discuten cómo preservar la privacidad de las personas que nombran los archivos, uno de los asuntos que despierta más polémica. Sólo en los archivos de Relaciones Exteriores estiman que aparecen mencionadas alrededor de 5.000 personas.

Como pasó con todos los archivos, la existencia del de Cancillería siempre se negó. Las primeras pistas firmes que hicieron dudar a más de uno surgieron en 1999, cuando aparecieron dos documentos del Servicio de Información de Defensa. Eran los prontuarios de Graciela De Gouveia y José Enrique Michelena, un matrimonio uruguayo desaparecido en junio de 1977 en Buenos Aires. De su lectura se deducía que esas dos fichas se habían originado como respuesta a un memorándum que había llegado desde Argentina a través del servicio exterior.

Desde ese momento, Destouet pidió permiso a las autoridades para consultar el archivo ministerial. Le repitieron varias veces lo mismo: que no existía. Ya instalada la Comisión para la Paz , durante el gobierno de Jorge Batlle, el padre Luis Pérez Aguirre pidió que lo dejaran acceder. La Justicia también solicitó información. Pero en los dos casos las autoridades respondieron que no había nada relevante sobre el tema Derechos Humanos en los archivos de Cancillería. Se mantuvieron ocultos hasta que la izquierda llegó al gobierno.

Archivos en clave de agente

«De acuerdo a lo dispuesto por la superioridad, el dispositivo fue instalado a la hora 11.45 con equipos en toda la dimensión por donde estaba programada la marcha organizada por estudiantes. A la altura del Banco Hipotecario, comienzan a corear el Slogan `El Pueblo unido jamás será vencido`, lo que es acompañado prácticamente por toda la columna. En ese contingente es detectado el estudiante e integrante del Asceep, Felipe Michelini, el que llevaba claveles blancos y rojos».

El fragmento, que corresponde al memorándum elaborado por los servicio de espionaje durante la marcha de estudiantes del 25 de setiembre de 1983, fue el primer documento desclasificado por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Como con los otros, siempre se había dicho que el archivo policial no existía. Pero, en 2003, mientras se preparaba la conmemoración por los 20 años de la marcha masiva de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (la Asceep mencionada en el memorándum) contra la dictadura, los organizadores decidieron hacer el intento y le pidieron al Ministerio del Interior los documentos y fotos que hubiera de ellos. El entonces ministro Guillermo Stirling, por primera vez en la historia, hizo público material reservado de Inteligencia. En una clara muestra de la cantidad de información que generaban los servicios de espionaje, les entregaron 300 fotos y más de 100 documentos que registraban únicamente el día de la marcha.

Algunos de los materiales desclasificados se pueden encontrar en la página web www.semana83.org.uy.

El archivo policial tiene dos problemas: es muy difícil saber cuál es la información que guarda porque no cuenta con un inventario público y no lo atienden archivólogos ni bibliotecólogos sino agentes. Así, la búsqueda depende exclusivamente de la disposición del oficial de turno y de la paciencia del usuario.

El gobierno permitió el acceso a familiares, investigadores y organizaciones de derechos humanos, aunque no de una forma tan abierta y sistematizada como Cancillería. Una de las primeras organizaciones en conseguir información fue el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Guillermo Paysée, coordinador nacional de la ONG , cuenta que cuando consultó el archivo tuvo que esperar en una sala a la que, «paradójicamente nadie le cambio el nombre y hasta hoy se llama Víctor Castiglioni, que fuera director de Inteligencia en la dictadura».

Paysée opina que los archivos de la dictadura deben usarse para ayudar al Poder Judicial: «La justicia carga con una prueba que es bastante difícil porque trabaja con hechos que ocurrieron hace más de 30 años y esos archivos son necesarios».

El archivo policial ya se usó a nivel judicial. El abogado Javier Barrios Bove utilizó documentos de Inteligencia en el juicio de Cecilia Fontana de Heber, que murió envenenada el 5 de setiembre de 1978, después de haber probado el vino que llegó como regalo anónimo dirigido a su esposo, el político Mario Heber. Luis Alberto Lacalle y Carlos Julio Pereyra también recibieron botellas de vino envenenado en sus casas el mismo día que Heber, pero no las tomaron.

Barrios defiende a la familia de Fontana de Heber, en un caso que 30 años después sigue sin poder aclararse. En febrero de 2007, el ministro el Interior, José Díaz, le entregó al abogado lo que en la jerga policial se denomina un «bulto»: la recopilación de documentos que supera el tamaño de una carpeta. Barrios estima que en ese bulto, identificado con el número 619, hay más de 400 documentos referentes al caso de la muerte de Fontana y los seguimientos a Heber, Lacalle y Pereyra.

En esas documentos, quedó confirmado que los seguimientos a los tres políticos eran permanentes. Pero lo que más lo sorprendió a Barrios, y deja en evidencia el nivel de detalle que contienen, fue encontrar el nombre de su propio padre en esos documentos. Fue el día que hicieron un allanamiento en el bar de la esquina de Uruguay y Ejido, donde se juntaban los seguidores de Wilson y Carlos Julio. «Incluso encontré mi nombre y el de mis hermanos cuando a mi padre se lo llevan de ese bar a Inteligencia y le preguntan por la integración de su familia», recuerda Barrios.

Además, el abogado detectó que había más de 500 fojas de investigación policial que no estaban en el expediente judicial. Encontró documentos que hablaban de huellas digitales sin identificar en las botellas. «Eso tampoco estaba en el Poder Judicial. Lamentablemente, Policía Técnica contestó que ese informe y esas huellas no existían más. No sabemos dónde fueron a parar».

Los documentos represivos ya se usaron para resarcir a víctimas del espionaje. La Dirección de Derechos Humanos encontró información sobre un grupo de funcionarios del Banco Hipotecario que, el día del entierro de Michelini y Gutiérrez Ruiz, se quedaron parados en silencio delante de sus máquinas de escribir durante tres minutos, en señal de protesta. La madrugada siguiente los militares hicieron allanamientos y detenciones en casas de los funcionarios. Cinco de ellos perdieron el trabajo después de que los acusaran de «instigadores».

La Dirección de Derechos Humanos decidió entregar a estos funcionarios toda la información existente sobre el episodio en los archivos de la dictadura. Eligió una fecha simbólica para la entrega: el 25 de mayo de 2006, cuando se cumplían 30 años de aquel suceso. «Un funcionario nos decía que nunca lo había contado a su familia y que ahora tenía la posibilidad de venir con su nieta. El hall quedó lleno de gente de todas las edades. Esos documentos hoy funcionan como un elemento reparador», sostiene Destouet.

Documentos militares lacrados y polémicos

En febrero de 2006, a través de una denuncia anónima, las autoridades encontraron documentos de la Inteligencia militar en una habitación de la ex Escuela de Inteligencia, en Dante y República. En ese entonces, la ministra Berrutti acudió al lugar y lacró la habitación en la que aparecieron los materiales. Se negó a abrir los archivos y puso a dos personas de su confianza a trabajar en la digitalización de la información.

Se trata de tres millones de documentos pertenecientes al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y al Servicio de Inteligencia. La información está en microfilms y los dos funcionarios que designó la ministra están encargados de pasarla a formato digital, en discos compactos, informó Berrutti el 14 de noviembre en el Parlamento.

Este archivo generó una fuerte polémica con el Partido Nacional impulsada, sobre todo, con el diputado Federico Casaretto para quien «no se están dando las garantías institucionales necesarias» y analiza la posibilidad de interpelar a la ministra. «¿Cómo sé que no se está sacando material de adentro del ministerio? A mí, dos ciudadanos de la confianza de la ministra de Defensa no me dan garantías. Yo no le puedo ir a decir a un vecino de Maldonado donde fui electo: `quédese tranquilo que la ministra me dijo que hay dos personas de su confianza haciendo las cosas bien`. Necesito garantías que este gobierno no me da».

Las dos personas a cargo del archivo son María del Carmen Martínez y Jorge Tiscornia. Fue una designación directa, sin un concurso previo, que Berrutti hizo a través de un contrato de obra por dos años por 15.000 pesos mensuales. Martínez es integrante de Familiares de Desaparecidos, estuvo detenida en el centro clandestino Orletti en 1976 y su pareja, Hugo Méndez, está desaparecido, informó el semanario Búsqueda. Tiscornia fue Tupamaro y estuvo preso en el Penal de Libertad entre 1972 y 1985.

Desde Serpaj, Paysée cuenta que solicitaron entrevista con la ministra en dos oportunidades, pero todavía no los recibió. Al coordinador de Serpaj le «preocupa» la actitud que está tomando el Ministerio de Defensa con los archivos. «Parecería que la política está bastante aceitada. Los militares no dan información a la Justicia cuando van a declarar. Tienen esa especie de amnesia generalizada. Nadie sabe nada, nadie recuerda nada, no tienen conocimiento del Plan Cóndor y parecería que con los archivos hay un misterio igual. «, señala Paysée.

Berrutti repitió en más de una oportunidad que la información contiene mentiras y falsedades, y que por eso hay que ser muy cuidadoso. Es otro de los temas que genera polémica a nivel político. Incluso es un argumento usado por los que defienden la destrucción de los archivos o quieren que se mantengan cerrados al público.

Los historiados creen que el concepto de verdad o mentira es algo secundario y que los archivos tienen valor en sí mismos. Markarian destaca que la importancia de esos documentos no sólo radica en lo que dicen sino en quién los hizo. «En este caso, dirán tanto del torturado como del torturador», sostiene la historiadora.

En el archivo de Relaciones Exteriores, un investigador húngaro se acerca a Cornes y Ortiz. Con señas y algo de inglés, entienden que les pidió otra carpeta. Ellos cuentan que a diario se encuentran con información delicada y sienten que es necesario que se reglamente el acceso. De todas formas, creen que lo más importante es lograr que los uruguayos entiendan que «el acceso a la información es un derecho de todos». Pero, por ahora, es otro de los debates monopolizados por el sistema político en el que se escucha poco, o casi nada, la opinión de los especialistas.

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* Periodista.
Artículo publicado en www.elpais.com.uy.

Imágenes.

– Apertura: marcha realizada en Montevideo por los detenidos-desaparecidos durante la dictadura.
– Primera: óleo de Caspar D. Friedrich.
– Segunda: fotograma del filme Secretos de lucha, de Mariana Bidegaín.

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