Uruguay y Chile firmaron una nueva alianza económica
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Uruguay y Chile firmaron un Acuerdo de Asociación Estratégica y la aceleración de la desgravación arancelaria entre ambos países. El convenio se rubricó durante la visita oficial de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a Montevideo.
Luego de una reunión privada entre Bachelet y su homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez, ambos mandatarios anunciaron este acuerdo que prevé una profundización de las relaciones económicas y políticas entre ambos gobiernos.
Según consta en la declaración conjunta firmada por Bachelet y Vázquez, el Acuerdo de Asociación Estratégica tiene como fin “profundizar las estrechas relaciones entre ambos países, sobre la base de la comunidad de valores, los principios compartidos y la convergencia de objetivos”. Además se suscribieron protocolos para la coordinación de políticas sociales y de cooperación de género.
Michelle Bachelet resaltó la “coincidencia de enfoques” con Uruguay y aseguró que la firma de este acuerdo “no solo facilita y refuerza el diálogo bilateral, sino que permite robustecer los cimientos de la relación y toda su institucionalidad”.
Por su parte, el presidente uruguayo respondió a quienes cuestionaron la firma de este tratado por ser contradictorio con la participación de Montevideo en el Mercado Común del Sur (Mercosur).
“Esta asociación no es un misil dirigido a la línea de flotación del ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), del Mercosur, ni de la UNASUR ni de cualquier otra embarcación que pudiera andar por los alrededores” sentenció Vázquez.
Sin embargo, el mandatario lanzó una crítica contra los gobiernos de la región, al asegurar que “Latinoamérica debe superar la paradoja de ser una región con tantas voces, que ni se entiende a sí misma ni es escuchada por los demás”. Al mismo tiempo, Vázquez redobló su compromiso para impulsar “la convergencia de los distintos procesos de integración regional”.
En otro sentido, los presidentes mostraron su “profunda preocupación” por la llamada “directiva retorno” aprobada por la Unión Europea (UE). Esta normativa “no se compadece con los tradicionales lazos de amistad y diálogo existentes entre América Latina y la UE”, señala una declaración conjunta.